Aunque la aplicación de la ciencia de policía alcanzó su cenit durante la era borbónica, especialmente bajo Carlos III, sus principios fundamentales —bien común, disciplina social, renovación urbana y dotación de infraestructura pública— ya formaban parte de la práctica cotidiana del ejercicio capitular antes del siglo XVIII. En consecuencia, al cabildo, como entidad responsable por antonomasia de la policía urbana, le correspondía atender las demandas de infraestructura mediante la construcción, manutención y reparación de obras públicas. A lo largo del siglo XVIII, esta preocupación se materializó en la construcción de un volumen significativo de obras civiles de toda envergadura y naturaleza, promovidas directamente por un conjunto de actores del cabildo³². Para ello, desde muy temprano el cabildo —además de sus propios recursos— contó con el denominado ramo de balanza, un gravamen aplicado al comercio marítimo que consistía en el cobro de medio real de plata por cada quintal cargado en los barcos que atracaban en Valparaíso, principal puerto al servicio de Santiago. La recaudación de este impuesto resultó clave, ya que desde sus inicios fue cedido a esta capital por concesión real con el objeto de financiar sus obras públicas³³.

Si bien entre 1619 y 1717 la balanza tuvo un carácter temporal, las continuas representaciones del cabildo ante la demora de la Real Audiencia para aprobar sus gastos llevaron a que, el 4 de julio de 1717, el rey ordenara la creación de un comité encargado de autorizar el uso de esos fondos. Desde entonces, ese comité denominado “Junta de Balanza” se encargó de las solicitudes relativas al financiamiento de las obras públicas³⁴. Con su creación, las funciones de policía urbana comenzaron a integrarse progresivamente en la institucionalidad al articularse en un cuerpo colegiado que reunía a las principales autoridades del poder real y capitular. Entre sus miembros se encontraban el gobernador de la Capitanía, el decano y subdecano de la Real Audiencia, el tesorero de la Caja Real de Santiago, los dos regidores más antiguos del cabildo y su procurador general. En definitiva, el cabildo ocupaba tres de los siete puestos de la junta, además de contar con prerrogativas de importancia, como la facultad de solicitar cuentas fiscales a los oficiales reales y conservar el libro de la Junta³⁵, lo que reflejaba su gran influencia en este ámbito.

En directa relación con la alta participación del cabildo en la Junta de Balanza, este cuerpo municipal asumió buena parte de la producción de infraestructura de Santiago, tal como ilustra la figura 1, que presenta la organización institucional destinada a planificar, aprobar, financiar y dirigir los proyectos de obras públicas en esta época.

El trabajo coordinado de este conjunto de servidores se iniciaba con la presentación de las propuestas de edificación, reparación o mantenimiento de obras, las cuales eran debatidas por los cabildantes³⁶. En paralelo, los estudios técnicos y presupuestarios eran responsabilidad del alarife, figura clave en esta etapa, ya que, dada la escasa oferta de ingenieros y arquitectos en Chile³⁷, él asesoraba al cabildo gracias a su conocimiento y experiencia en construcción, con el apoyo de alguno de los regidores, del procurador general, del síndico mayordomo o incluso del escribano³⁸. Una vez confirmada la factibilidad del proyecto, se determinaba la modalidad de administración de las faenas constructivas, ya fuera mediante remate a particulares o gestión directa del cabildo. En este último caso, la discusión continuaba con el financiamiento, que provenía principalmente de los recursos del ramo de balanza y, en menor medida, de los fondos propios de la ciudad. En cualquiera de los dos casos, el procurador general actuaba como representante del cabildo, comunicando los acuerdos alcanzados a las autoridades responsables de librar los fondos: a la Real Audiencia cuando se trataba de recursos de propios o a la Junta de Balanza en caso de solicitarse fondos del ramo homónimo. Una vez aprobados los recursos, la supervisión de las grandes obras se encargaba ad honorem al corregidor, mientras en el caso de edificaciones menores recaía en el síndico mayordomo o en algún vecino destacado, actuando en calidad de comisionado del cabildo³⁹. Su responsabilidad incluía la rendición simple de los fondos utilizados en dichas obras. De este modo, se evidencia el protagonismo del cabildo santiaguino en la producción de infraestructura pública, en un contexto de gradual configuración del espacio urbano durante la primera mitad del siglo XVIII⁴⁰.

Por supuesto, el funcionamiento de esta organización no estuvo exento de conflictos, destacando tres recurrentes. El primero surgía del rol marginal —aunque relevante— de las autoridades reales. Tal como se aprecia en la figura 1, la participación de los magistrados de Real Audiencia y el gobernador de Chile, limitada a la fase final del proceso, consistía en aprobar o rechazar los fondos solicitados por el cabildo⁴¹, cuestión que naturalmente detonaba la existencia de conflictos entre los estamentos. Sobre todo, por el especial celo de los oidores en la protección de los recursos propios de la ciudad, lo que chocaba con la posición del cabildo, que reclamaba autonomía financiera para atender las demandas de infraestructura, amparándose en su deber y prerrogativa histórica de velar por la policía urbana. Así se evidenció en julio de 1748, cuando Gregorio Blanco Laisequilla, fiscal de la Real Audiencia, fue designado por el Gobierno Supremo como juez revisor de las cuentas de propios a cargo del síndico mayordomo de Santiago. Como resultado, se restringió el uso de esos fondos, prohibiéndose gastos destinados a adornos urbanos y a las bienvenidas a autoridades, medida que fue rechazada por el municipio, que protestó argumentando su derecho a gozar de:

Relacionado con lo anterior, desde mediados del siglo XVIII fueron frecuentes los reclamos del cabildo por la insuficiencia de los fondos de propios y balanza para financiar la infraestructura. Este segundo problema se vinculaba con la recaudación y administración de esos ramos, tal como denunció en enero de 1758 el corregidor Pedro José Lecaros y Ovalle, quien distinguía dos fuentes de conflicto y, a al mismo tiempo, posibles vías de mejora⁴³. Por un lado, existía la evidente evasión del ramo de balanza por parte de los maestres de navíos en Valparaíso, quienes manipulaban el arqueo para declarar menor peso de las mercancías, defraudando así la recaudación de este impuesto en un período de creciente comercio entre Chile y los virreinatos vecinos⁴⁴. Por otro lado, la falta de información precisa y oportuna de los fondos de propios también era motivo de descontento. Dado que su tutela históricamente recaía en el síndico mayordomo⁴⁵, Lecaros proponía su fiscalización mediante contabilidad administrada por un funcionario especializado⁴⁶.

El tercer foco de problemas derivaba de los conflictos de intereses vinculados a las considerables rentas generadas por el negocio de la construcción, especialmente cuando el cabildo optaba por ceder la administración de un proyecto a terceros mediante remate, dada la elevada inversión que implicaban las obras de mayor envergadura. En este caso, se encomendaba al alarife la estimación del precio de la obra para luego ponerla en remate con el fin de contratar a quien mostrara interés y tuviera los medios necesarios para ejecutar el proyecto según los parámetros técnico-financieros establecidos por el cabildo⁴⁷.

La disconformidad surgía con la tasación de la obra, como quedó patente, por ejemplo, en el remate de los tajamares del río Mapocho en 1747. En enero de dicho año, a propósito de la avenida del río a la ciudad de Santiago en 1746, el corregidor Lecaros denunciaba que la obra había sido tasada en 14.000 pesos de plata, suma que consideraba exorbitante en comparación con el menor costo de edificaciones similares ejecutadas por el cabildo⁴⁸. Esa observación motivó la suspensión del remate, al menos por ese año, ya que la imperiosa necesidad de la obra obligó al cabildo a retomar el proceso al año siguiente, adjudicándosela a José Campino. Sin embargo, en marzo de 1749, ya iniciadas las faenas, Campino consultó al cabildo sobre la obligatoriedad de ceñirse a las bases técnicas del proyecto⁴⁹, proponiendo que los tajamares prescindieran de los estribos, una parte esencial en su ingeniería. La situación puso en evidencia el alto riesgo de esta modalidad, en cuyo desarrollo primaba más la búsqueda de ganancia privada que el interés común, lo que atentaba contra el buen ordenamiento de la ciudad que debía garantizar el cabildo.

En síntesis, aunque la policía urbana fue una constante preocupación del cabildo desde su fundación, no fue sino a partir de 1717 cuando se consolidó una institucionalidad dotada de los medios para proporcionar a la ciudad la infraestructura pública acorde a sus necesidades. El funcionamiento de este aparato gubernativo no estuvo exento de dificultades, en especial de índole financiera, los que habrían limitado la posibilidad de ejecutar obras públicas más numerosas y de mayor calidad en Santiago.

Según lo señalado, la histórica preocupación del cabildo santiaguino por la policía se fue sistematizando con la puesta en marcha de la Junta de Balanza, a partir de la cual los cabildantes tuvieron una posición de privilegio frente al poder real, sobre todo en las decisiones relativas a la provisión de infraestructura pública. No obstante, a raíz del proceso de reordenamiento fiscal que comenzó a desplegarse a escala imperial desde la segunda mitad del siglo XVIII, tal esquema sufriría serias alteraciones, dando paso a una mayor intromisión de las autoridades reales en el ámbito local que en el pasado.

Ya desde fines de la década de 1740 se habían manifestado intenciones reales por ganar espacios en aquel esquema en que el cabildo tenía poco contrapeso. Una de ellas consistió en la visita revisora, ya mencionada, del fiscal Blanco Laisequilla, con el fin de velar por los fondos de propios, lo que implicaba “moderar gastos, y restringir costos, reservándolos para lo que es verdadero objeto, y fin de estas Ramas”⁵⁰. Al inicio de la década de 1760, una nueva arremetida real fue protagonizada por el gobernador de Chile, Manuel Amat y Junyent, quien se preocupó por el ordenamiento de Santiago, poniendo énfasis en reforzar la seguridad, el control del orden social y en dotar a la ciudad de infraestructura⁵¹. En consecuencia, Amat no solo luchó contra la delincuencia y el ocio mediante la represión, el estricto ordenamiento urbano y la creación de un cuerpo de dragones en la capital, sino que también mostró gran interés en la producción de obras públicas. Hacia el final de su mandato, esto último se tradujo en la solicitud al cabildo de un extenso informe sobre el estado de las distintas faenas de edificación en curso en Santiago, que debía incluir en detalle la rendición de los fondos librados de balanza y propios⁵². Si bien esta iniciativa no tuvo seguimiento debido al traslado de Amat como virrey de Perú, revela el interés regio por asumir un papel más activo en la fiscalización de las funciones policiales capitulares, particularmente en lo relativo a la dotación de infraestructura. En este sentido, años después la Real Audiencia y la Junta de Balanza aprovecharon la llegada a Chile de dos ingenieros militares en 1764, Juan Garland y José Antonio Birt, para integrarlos a la producción de obras públicas como encargados de la proyección, el presupuesto y la planificación de aquellas de mayor envergadura que por entonces demandaba la sociedad capitalina, marginando así al alarife de sus funciones tradicionales⁵³. Por tanto, aunque aisladas, tales intervenciones reales lograron de igual modo permear la organización encargada de producir infraestructura, antes dominada por el cabildo. Faltarían solo unos pocos años para que se desencadenara un proceso mayor de reordenamiento fiscal que a la larga inclinaría en favor del poder regio el gobierno de la obra pública.

Como punto de partida, los problemas de recaudación y contabilidad del ramo de balanza motivaron la disolución de la Junta homónima por Real Orden de 11 de julio de 1767, lo que significó el traspaso inmediato de su superintendencia al gobernador de Chile. Con esta medida se buscaba asegurar que esos fondos no se desviaran hacia fines distintos a los previstos, minimizando con ello el costo de su hipoteca⁵⁴. Un año después, en medio de la profunda reforma del gobierno y administración de los erarios indianos emprendida desde la península⁵⁵, se creó la Contaduría Mayor de Cuentas de Chile, otorgándose a esta capitanía autonomía fiscal respecto del virreinato peruano. Las obligaciones de este nuevo organismo real no se limitaron únicamente al manejo y ordenamiento de la Real Hacienda, sino que también se extendieron a la fiscalización de los propios, sobre todo en la capital, Santiago. Junto a este tribunal de cuentas, y como reflejo de la política centralizadora imperante, se erigió un nuevo gobierno de la hacienda, concentrado en la Junta de Ordenanzas, cuya composición se reservó en exclusiva para las autoridades regias locales (gobernador, oidor decano y fiscal de Real Audiencia y contador mayor)⁵⁶.

A partir de entonces, las medidas que afectaron a la producción de obras públicas no se hicieron esperar. Poco después, con fecha 6 de noviembre de 1769, el primer contador mayor, Silvestre García, acatando las instrucciones del contador general de Indias, Tomás Ortiz de Landázuri, ordenó al Cabildo de Santiago rendir cuentas de los propios de la ciudad. La preocupación de los capitulares fue tal que, dos días después, en sesión extraordinaria, resolvieron cumplir de inmediato dicha obligación⁵⁷, lo que dio origen a las rendiciones más antiguas de que se tiene noticia, correspondientes a los años 1758 y 1759.

Este episodio debe entenderse, por tanto, como el inicio de un proceso de erosión de la autonomía municipal sobre las finanzas locales, cuyo destino principal era la inversión en infraestructuras civiles. En adelante, el cabildo continuaría enfrentando solicitudes de las máximas autoridades fiscales para conocer en detalle las cuentas de propios, cuya obligación recaía sobre el síndico mayordomo. Al respecto, la petición del año 1760 generó un largo pleito que involucró al contador mayor García y a su sucesor, Gregorio González Blanco, con el exsíndico, Ignacio Moreno, quien declaró haber cumplido con la entrega de dichas cuentas al escribano del cabildo, aunque estas nunca fueron halladas⁵⁸. Por esta razón, la demanda recayó en el síndico sucesor, Juan Sánchez, quien, a pesar de haber postergado su respuesta, presentó el 26 de mayo de 1779 la cuenta de propios correspondiente a 1771, cuyo cierre fue ratificado por González Blanco en agosto de ese mismo año⁵⁹. En medio de este pleito, en 1775 la Contaduría insistió nuevamente debido a la falta de rendición de los caudales de Santiago.

El problema que se evidenciaba en el cabildo era que no contaba con una “caja de Depósito a su cargo para conservar caudales pertenecientes a sus Propios”, entendiendo por estos la suma de los fondos de balanza y de propios de la ciudad. Como consecuencia, la recaudación y rendición de los recursos municipales se fragmentaban entre las distintas autoridades involucradas. Por un lado, la balanza correspondía a los oficiales reales de la tesorería de Santiago; por otro, desde 1767, los ingresos provenientes de la subasta de casuchas del cabildo se destinaban a la construcción del puente y los tajamares, por lo que su administración quedaba en manos del superintendente de obras correspondiente. Los propios restantes, que ascendían a cerca de tres mil pesos anuales, estaban bajo la responsabilidad del síndico mayordomo. Aunque este último estaba obligado a rendir esas rentas “con la precisa calidad de dar cuenta mensualmente a su Ayuntamiento… para que, revisadas las quentas por el Regidor asignado, queden archivadas en este cabildo a disposición del Sor. Contador Mayor para la última revisión”⁶⁰, las dificultades para disponer de dicha información a tiempo terminaron predominando. En efecto, las rendiciones de propios posteriores solo se publicarían en la segunda mitad de la década de 1780⁶¹, como se analiza en el capítulo siguiente, lo que evidencia cierta resistencia municipal frente a la fiscalización regia. De hecho, a su vez, el cabildo presionaba a las autoridades reales para conocer el estado de fondos de la balanza. Tal fue el caso en 1775, cuando se solicitó al Supremo Gobierno autorización para que un comisionado capitular revisase los registros y pagos de las naves arribadas a Valparaíso, correspondientes a ese derecho desde 1758 hasta aquel año⁶².

En medio de esta histórica disputa por conocer el estado de liquidez de los caudales fiscales, el proceso de reforma fiscal se intensificó con la visita subdelegada a Chile del regente de la Real Audiencia, Tomás Álvarez de Acevedo, quien había sido designado el 7 de abril de 1777 por el visitador general del Perú, José Antonio de Areche. Las labores del visitador, que comenzaron oficialmente el 21 de enero de 1778, incluyeron numerosas instrucciones destinadas a conocer en detalle los estados financieros de la Real Hacienda y de los municipios, así como a proponer los remedios oportunos para su mejor administración⁶³. En consecuencia, la figura del visitador se incorporó al esquema de administración de las obras públicas, y junto al contador mayor intensificó la presión fiscalizadora incluso sobre el ámbito municipal. Para tal efecto, la visita contaba con un contador real encargado de apoyar las labores de Álvarez de Acevedo, cuya plaza, también designada por Areche, fue ocupada sucesivamente por Juan Navarro, Ramón del Pedregal, Bernardino de Altoaguirre y Pedro Dionisio Gálvez⁶⁴. Como resultado de esta nueva intromisión real en la administración de las finanzas locales, a las demandas previas sobre las cuentas de propios de Santiago por parte de la Contaduría Mayor, se sumó la presión de la visita, cuyos personeros dejaron abierto un expediente específico con ese propósito⁶⁵.

Paralelamente, por la misma época, la Contaduría Mayor implementó un nuevo método de control sobre los fondos de propios y de balanza destinados a la construcción de obras de gran envergadura. En particular, se exigía a los encargados de obras la presentación de una Ordenación de la Cuenta, con el fin de informar a las autoridades fiscales sobre la asignación y distribución de los recursos, generalmente a lo largo de un año calendario. Inicialmente, esta nueva obligación recayó en el corregidor y en el mayordomo municipal, quienes se encargaban de supervisar las faenas cuando el proyecto no se adjudicaba mediante remate. La rendición más antigua de esta naturaleza que se ha detectado corresponde a la “Ordenación de la quenta de la Obra de Tajamares de Santiago de Chile del año de 1768”, presentada a la Contaduría Mayor por el corregidor capitalino Luis Manuel de Zañartu, el 7 de mayo de 1777. Este documento contenía una descripción detallada de los ingresos de caudales y de los gastos realizados en dicha fábrica durante el año mencionado, siguiendo el formato contable de partidas de cargo y data. Al concluir la ordenación, el contador mayor Juan Tomás de Echeverz verificó su fenecimiento, con fecha 26 de mayo de 1777⁶⁶.

Un último cambio destacado de este periodo corresponde al remate de las obras, que anteriormente estaba a cargo del alarife. A partir de las actas del cabildo, se identifica un nuevo organismo responsable de este proceso: la Real Junta de Remates. Así, en 1781, este comité adjudicó las obras del canal del río Maipo a Matías Ugareta, lo que constituyó una nueva intervención real en el control de la producción de infraestructura en Santiago, aunque no puso fin a las polémicas asociadas a este tipo de contratos. En ese mismo año, el cabildo presentó un reclamo derivado de un conflicto con Ugareta, cuestionando la forma en que la Real Junta había otorgado la obra, desestimando la oferta más provechosa de otro interesado, José Manuel Lazarte, quien proponía un canal con mayor capacidad de riego para la ciudad que el proyecto finalmente adjudicado⁶⁷.

En suma, con la disolución de la Junta de Balanza, la puesta en marcha de la Contaduría Mayor y el desarrollo de la visita subdelegada a Chile, la producción de obras públicas experimentó profundos cambios, reflejados en la incorporación de nuevos actores reales a su organización (figura 2). Estas transformaciones tuvieron como objetivo, entre otros asuntos, enfrentar dos de los principales problemas identificados en la gestión de esta actividad: la relativa marginalidad del poder real y el desconocimiento y descontrol de los recursos fiscales invertidos. Puede afirmarse, por tanto, que desde 1768 la preocupación por la buena policía de la ciudad, especialmente en materia de infraestructura, evolucionó institucionalmente, a costa de la potestad capitular. Las medidas adoptadas buscaron reducir el histórico protagonismo del cabildo, que por aquel entonces debía disputar sus intereses con tres nuevos organismos reales. Este proceso, como se verá a continuación, se consolidaría jurídicamente con la adopción en Chile de una de las instituciones más emblemáticas del reformismo borbónico: las intendencias.

La implementación de las intendencias al finalizar el siglo XVIII complejizó de manera significativa el aparato administrativo del Imperio español en América⁶⁸. Aunque la época previa ya había sido testigo de un creciente reordenamiento administrativo y fiscal, la instauración de este régimen introdujo nuevas tensiones y desafíos en los gobiernos locales. En este contexto, los nuevos intendentes ejercieron injerencia en las cuatro ramas de gobierno —hacienda, guerra, policía y justicia—, convirtiéndose en autoridades centrales en el impulso de obras públicas. Esto alteró aún más las competencias policiales de los cabildos en este ámbito, sobre todo porque los intendentes pasaron a presidir el consejo municipal.

En Chile, tras culminar la visita subdelegada en 1785 y sentarse con ello las bases para la creación de las intendencias en 1786, se hizo evidente esta reorganización administrativa. Como parte de este nuevo régimen, se creó la Junta Superior de Real Hacienda, con asiento en Santiago, encargada de administrar los caudales públicos que hasta entonces habían sido supervisados desde el Perú. De este modo, se consolidó el poder en la capital, ya que el presidente de Chile asumió simultáneamente los cargos de Intendente de Santiago, Intendente General de Ejército y Superintendente Subdelegado de Real Hacienda, presidiendo además dicha Junta⁶⁹.

Acotadas al ámbito local, las funciones del nuevo intendente de Santiago incluían el gobierno de la policía capitalina, especialmente en lo relativo a la producción de obras públicas (figura 3), conforme a lo establecido en la Real ordenanza respectiva. Esta normativa fue adaptada de la legislación implementada en el Río de la Plata (1782), con ajustes para Chile realizados por el virrey del Perú. Según este reglamento, el papel de los intendentes en la producción de obras públicas se vinculaba a su “fomento”, dado que estas no solo promovían la expansión económica, sino que también reforzaban la presencia real en el territorio. Por consiguiente, los intendentes debían visitar las provincias e impulsar la agricultura, el comercio, la industria, los oficios artesanales, la minería y la explotación forestal, además de velar por la seguridad de ciudades y pueblos y mejorar, en general, la calidad de vida de sus habitantes. Para ello, resultaba fundamental atender la construcción y el mantenimiento de redes viales y edificios públicos, fomentar la elaboración de mapas topográficos, crear padrones de población, realizar estudios sobre el potencial económico de la tierra y supervisar el buen estado de puentes y caminos, entre otros asuntos relacionados⁷⁰. Establecidas estas disposiciones, los gobernadores que dirigieron el reino de Chile durante la década de 1790 —Ambrosio O’Higgins, Gabriel de Avilés y Joaquín del Pino— se preocuparon por superar un rol más pasivo en materia de infraestructura y se convirtieron en activos promotores, planificadores y fiscalizadores de un conjunto de importantes obras públicas en el obispado de Santiago. Entre ellas se cuentan el camino a Valparaíso, los tajamares del río Mapocho, la continuación de la fábrica de la Casa de Moneda, mejoras al palacio de los gobernadores, la reparación de la casa del gobierno en Valparaíso, el canal del Maipo y un plan de construcción de pilas de agua para distintos sectores de la ciudad de Santiago⁷¹.

Bajo este reordenamiento gubernativo, cuando las arcas municipales no alcanzaban para financiar la construcción de una nueva infraestructura, los cabildantes presentaban el caso al intendente, quien informaba a la Junta Superior de Real Hacienda para que decidiera la solución más conveniente. Alternativamente, el intendente tenía la facultad de imponer nuevas cargas tributarias para la construcción y el mantenimiento de las obras⁷². Asimismo, informando a la Junta, también podía decidir sobre los presupuestos municipales y su asignación a la infraestructura pública. Esto implicó su involucramiento directo en la fiscalización de las cuentas de propios de Santiago, labor que la Contaduría venía desarrollando desde casi dos décadas y que se intensificó con la visita subdelegada, como se expuso anteriormente. Las ordenanzas otorgaban amplias prerrogativas al intendente y a la Junta Superior de Real Hacienda en materia de solicitud y revisión de las cuentas municipales, estableciendo en su apartado de justicia que:

A raíz de esta normativa, el síndico de Santiago, Francisco Sánchez, debió confeccionar, entre 1788 y 1790, las ordenaciones de cuentas de propios correspondientes a los años 1786, 1787 y 1789⁷⁴. Estos documentos evidenciaron el exiguo estado de las rentas municipales en contraste con el elevado monto de obligaciones, especialmente aquellas contraídas por la construcción de obras públicas, lo que obligaba a idear diversas estrategias para financiar el creciente desarrollo urbano y el mantenimiento material de la capital.

La construcción del nuevo edificio del cabildo y de la cárcel pública durante 1785-1789 ilustra los esfuerzos municipales para financiar una obra de tal envergadura. En 1780, el antiguo inmueble fue demolido y, debido a los gastos generados por la construcción del puente “de Cal i Canto” sobre el río Mapocho durante el período 1767-1780, las obras del nuevo edificio no comenzaron sino hasta 1785⁷⁵. Para ello, se encargó al corregidor Melchor de la Xaraquemada el estudio de las entradas y gastos de los propios, así como la elaboración de una propuesta de reforma de este ramo que permitiera reunir los recursos necesarios para ejecutar la obra⁷⁶. Aunque dicho plan, que incluía diversas medidas para economizar los fondos municipales, fue aprobado, no resultó suficiente, por lo que se tuvo que complementar con un préstamo de 20.000 pesos de plata de ocho reales otorgado por la Junta de Temporalidades, cargado a la balanza, que devengaría un interés anual del 5 %⁷⁷.

En paralelo, la fiscalización del cabildo santiaguino se mantuvo activa durante este periodo. Tras conocerse el estado de los propios, en 1787 el cabildo abrió una investigación para determinar la magnitud de la deuda contraída por varios síndicos a cuenta de dichos fondos, lo que evidenció nuevamente la necesidad de establecer un sistema de control permanente⁷⁸. En este contexto, la circular emitida el 14 de septiembre de 1788 —relativa al “gobierno e inversión de los propios y arbitrios y bienes de la comunidad de los pueblos de Indias”—, ratificada posteriormente por Real Orden el 5 de abril de 1790, representó un retroceso en esa dirección. Según este mandato, se derogaron las instrucciones de la Contaduría y los artículos de las ordenanzas de intendentes que otorgaban a la Junta Superior de Real Hacienda la prerrogativa de glosar y fenecer las cuentas de propios. Esto implicaba que el destino de esos fondos quedaría “a propuesta de las Justicias Ordinarias, Cabildos y Ayuntamientos, con aprobación de las Reales Audiencias, a donde deberán acudir los Intendentes como Corregidores; y no a las Juntas Superiores de Real Hacienda”⁷⁹. Con esta disposición, la supervisión de los fondos retornaba al estado que había caracterizado la administración antes de la creación de la Contaduría. Así lo denunciaría posteriormente el gobernador Luis Muñoz de Guzmán en un informe dirigido al rey en 1807, donde expuso los principales problemas de gobierno y administración de este ramo.

En particular, señalaba que los decretos de 1788 y 1790 habían conducido su administración a un estado de “falta de sistema”⁸⁰. A su juicio el problema radicaba en la limitada potestad del cabildo para administrar sus propios, especialmente en lo relativo a la liberación de fondos destinados a la construcción de obras públicas. Las dificultades derivaban de la escasa disponibilidad de recursos municipales de libre disposición, lo que obligaba a abrir y tramitar nuevos expedientes para que la Real Audiencia aprobara sumas mayores. Este procedimiento retrasaba la oportuna inyección de los elevados caudales requeridos para la edificación de obras públicas. A esta falta de autonomía se sumó la extinción, el 5 de abril de 1790, de la Contaduría de Propios de Santiago, creada a partir de las ordenanzas de intendentes⁸¹, lo que profundizó el desconocimiento municipal sobre dichos fondos y afectó su administración. Frente a estos problemas, las propuestas de Muñoz de Guzmán se orientaron, por un lado, a restituir la plaza de contador de propios y, por otro, a modificar la jurisdicción de la Real Audiencia. En este sentido, planteó que todo gasto extraordinario de hasta doscientos pesos con cargo a los propios fuese propuesto por el cabildo y aprobado únicamente con el visto bueno del gobernador. Para gastos de mayor cuantía, en cambio, la resolución sería adoptada de forma conjunta, sobre la base del voto de la Audiencia y del Supremo Gobierno.

Mientras tanto, la recaudación del ramo de balanza continuaba siendo defraudada. Ello se debía a que, al estimarse la carga de los barcos en Valparaíso mediante el sistema de arqueo, se perdía parte de las entradas fiscales, ya que este cálculo difería del peso efectivo de las mercancías embarcadas. Frente a esta situación, en 1791 el cabildo —ante la necesidad de financiar la construcción de los tajamares del río Mapocho— elevó una solicitud al gobernador para poner fin de una vez por todas a dicho sistema y establecer el cobro del impuesto sobre la base de la carga efectiva de los barcos. La propuesta fue aprobada por esta autoridad en su calidad de superintendente del ramo⁸². En este último sentido, pese a la propensión contemporánea a centralizar las decisiones fiscales, a inicios del siglo XIX la administración de la balanza corrió la misma suerte que los propios, ya que la potestad del gobernador sobre la liberación de esos recursos fue revocada por Real Cédula de 21 de abril de 1802. En ella se dispuso que la Real Audiencia volviera a ser la autoridad encargada de velar por el destino de este ramo, tal como lo había sido antes de la constitución de la Junta de Balanza a comienzos del siglo XVIII⁸³.

Los problemas en la producción de obras públicas también podían originarse a partir de los contratos por remate. Aunque esta práctica conllevaba ciertos riesgos, continuaba siendo una alternativa viable frente a la construcción directa, debido a la escasez de recursos y a la alta demanda de materiales que en ese momento requería Santiago. En relación con este tipo de acuerdos, en junio de 1796 el cabildo suspendió el contrato celebrado con Juan Ignacio del Río para la reparación de los puentes sobre las acequias de la ciudad, a causa de su incumplimiento. Se constató entonces el estado ruinoso de las obras y las consiguientes molestias para los vecinos, situación que atentaba contra la buena policía de la ciudad⁸⁴. A raíz del deterioro en que quedaron los puentes, el costo de las nuevas estructuras se estimó en cuatro mil pesos, suma que superaba con creces la capacidad financiera del cabildo. Ante esta situación, se decidió solicitar un préstamo con intereses al monasterio de las Agustinas, hipotecando para ello los propios de la ciudad⁸⁵. El acuerdo fue posteriormente remitido a la Real Audiencia para su aprobación.

Los esfuerzos por obtener mayores recursos para la construcción también se dirigieron a la imposición de impuestos adicionales, especialmente sobre la actividad comercial. No obstante, en ocasiones, esta alternativa encontraba resistencia, lo que reflejaba las tensiones existentes entre la autoridad local, los hombres de negocios y el gobierno central. A principios de septiembre de 1789, tras dos días de intensas lluvias, el Cabildo de Santiago convocó una sesión extraordinaria para evaluar los daños provocados por la crecida del río. El asunto más urgente era reemplazar el puente destruido que conectaba el centro de la ciudad con el norte del valle santiaguino. Se acordó, por tanto, que el procurador expusiera al presidente Ambrosio O’Higgins las preocupaciones del cabildo relativas a la reparación del puente y al inicio de las obras destinadas a reforzar las contenciones⁸⁶. Para ello, el cabildo propuso dos alternativas de financiamiento. La primera consistía en utilizar los fondos recaudados en años anteriores para la construcción de los tajamares; la segunda planteaba establecer, mientras duraran las obras, un impuesto específico de un peso de plata por cada fardo de azúcar y de yerba mate introducido en Santiago, considerando la alta demanda de estas mercancías. Dado que el cobro de impuestos era la medida más inmediata y eficaz para reunir fondos, finalmente se eligió esta opción, que se materializó a finales de 1789 con la aprobación de la Junta Superior de Real Hacienda. La nueva carga tributaria fue objeto de resistencia por parte de los comerciantes santiaguinos, lo que dio lugar a un pleito que se remitió a Madrid para su resolución por el rey. Mediante la Real Cédula de 7 de diciembre de 1790, el monarca derogó el gravamen⁸⁷ y ordenó a la Real Audiencia que estableciera un medio más equitativo. En consecuencia, por Real Acuerdo de 29 de agosto de 1791 se dispuso imponer únicamente un cuartillo de real por cada quintal de frutos del país que saliera por Valparaíso, tributo similar al impuesto de balanza⁸⁸, el cual perduró hasta los primeros años de la República⁸⁹.

De ese modo, la gestión del cabildo, marcada por la constante lucha por obtener recursos, implicaba recurrir a diversos mecanismos de financiamiento, como préstamos entre ramos, remate de obras e imposición de nuevos gravámenes. Sin embargo, estas medidas a menudo resultaban insuficientes para cubrir las importantes sumas de dinero que demandaba esta actividad. Esta carencia de capitales fue la que llevó a los gobernadores de la época a impulsar la creación de nuevos impuestos específicos destinados a financiar grandes obras públicas. Entre estos destacó el impuesto de tajamares, iniciado durante el gobierno de O’Higgins, como se mencionó previamente. Vinculado a las obras viales, el ramo de Composición de Caminos —correspondiente a medio real por carga y cuatro reales por cada carreta que ingresara al puerto de Valparaíso— fue establecido por decreto supremo de 3 de agosto de 1791, dictado por el mismo gobernador, con el propósito de financiar la construcción del camino que unía Santiago con dicho puerto. Finalmente, en 1800 se creó el ramo del Canal del Maipo, financiado mediante una prorrata sobre las tomas de agua de particulares en el río Mapocho, junto con un mayor gravamen aplicado sobre la compraventa de productos de gran demanda, como la carne y sus derivados⁹⁰.

El último aspecto para destacar en la evolución de este sistema de gestión de obras públicas fue la redefinición del cargo de supervisor encargado de las grandes construcciones. A partir de entonces, el gobernador designaría a un funcionario remunerado específicamente para esta labor, denominado superintendente de obras. De acuerdo con los antecedentes disponibles, el primero en ocupar este nuevo puesto fue el regidor Melchor Jaraquemada, a quien en 1785 se le confió la superintendencia de las renovadas casas de cabildo y de la cárcel pública⁹¹. En lo referente a los tajamares, la superintendencia recayó en Manuel de Salas, destacado servidor público del cabildo de Santiago⁹², quien contó con el apoyo de un mayordomo y de varios sobrestantes para la administración de las faenas. El primero tenía a su cargo la recepción de los fondos destinados al financiamiento de las obras, la coordinación de la provisión de mano de obra y materiales, y la elaboración de las ordenaciones de cuenta junto con el superintendente. Los segundos, por su parte, supervisaban el trabajo en terreno, especialmente el de la fuerza laboral presidiaria. Salas, al igual que en su momento el corregidor, debía velar por el uso correcto de los fondos fiscales y garantizar el suministro de trabajadores, materiales, bastimentos y herramientas, además de aprobar el costo de las obras. Con esta labor especializada, se afianzaba el celo fiscalizador de la Contaduría Mayor, instaurado en el periodo anterior. Entre 1784 y 1810 se conservan, de hecho, decenas de expedientes con ordenaciones de cuentas y rendiciones de gastos particulares vinculadas a la construcción o refacción de obras de diversa envergadura⁹³. En toda esta documentación se identifican superintendentes y mayordomos que debieron someterse al juicio y fenecimiento de cuentas por parte de los contadores mayores, lo que estableció un estándar de fiscalización notablemente superior al de las etapas anteriores.