En mayo de 1899 un levantamiento de colonos brasileños, en su mayoría recogedores de caucho o siringueros, ocupó Puerto Alonso, el pequeño puesto aduanero fundado en enero de ese mismo año por Bolivia para tratar de establecer un control efectivo sobre el territorio de Acre. Esta extensa región amazónica fronteriza entre Perú, Bolivia y Brasil había permanecido prácticamente inexplorada hasta las últimas décadas del siglo XIX¹. Si bien Brasil reconocía la soberanía boliviana sobre la mayor parte de Acre desde el tratado de límites de 1867, rectificado por el protocolo de 1895, la falta de una frontera claramente delimitada y el más fácil acceso a esta zona desde la cuenca del Amazonas determinaron su colonización durante el último cuarto del siglo XIX por emigrantes brasileños, atraídos por la fiebre del caucho y que, en muchos casos, huían de las devastadoras sequías que entre 1877 y 1890 afectaron a la región del Sertão. Ello vinculó estrechamente a Acre con el estado brasileño de Amazonas².

El interés por beneficiarse de la creciente producción cauchera y el proyecto para abrir una ruta comercial hacia el Atlántico, tras la pérdida de su litoral en la guerra del Pacífico, despertaron el tardío interés de Bolivia por esta región. La política de colonización fue sin embargo un espejismo y se limitó a la actividad de varias casas comerciales que comenzaron a penetrar con dificultad en las regiones más occidentales de la Amazonia andina³. No fue hasta mediados de 1898 cuando el Gobierno de Severo Fernández Alonso envió una expedición por el Amazonas para establecer una aduana y una guarnición en el río Acre, aguas arriba de su desembocadura en el Purús. El nuevo enclave, unido al resto de Bolivia por rutas casi impracticables, permitía a este país abrir una vía comercial hacia el Amazonas y empezar a cobrar tasas aduaneras a la exportación del caucho⁴.

La nueva situación precipitó el levantamiento de los siringueros brasileños establecidos en la zona —que para entonces contaba con alrededor de 15.000 habitantes— instigados por grupos político-empresariales de Manaos y Belém, que habían monopolizado hasta ese momento el comercio del caucho acreano. Los colonos brasileños, liderados por José Carvalho, con el apoyo de un grupo de mercenarios extranjeros financiados por el gobernador de Amazonas, José Cardoso Ramalho Júnior, que incluía a una treintena de veteranos españoles de la guerra de Cuba dirigidos por el aventurero español Luis Gálvez Rodríguez de Arias, expulsaron a las autoridades bolivianas y el 14 de julio proclamaron la República Independiente del Acre, designando al propio Gálvez como presidente provisional del nuevo y efímero Estado⁵.

La coyuntura sorprendió a Bolivia saliendo de la guerra Federal (1898-1899). Los triunfantes liberales paceños no podían renunciar a un territorio rico en caucho en un Momento en que se disparaba la demanda mundial de goma. El nuevo presidente, el general José Manuel Pando, se había significado además como explorador de la Amazonia boliviana. Cuando las noticias sobre la Revolución acreana llegaron a La Paz, Pando anunció su propósito de restablecer por la fuerza la soberanía boliviana. Ello sentó las bases para la reapertura de los diferendos limítrofes entre Bolivia y Brasil y abrió la puerta para que el conflicto acabara extendiéndose a Perú, que reclamaba parte de la extensa cuenca de los ríos Purús y Yurúa al noroeste de Acre⁶. La nueva crisis fronteriza alimentaba además el peligro de que Washington interviniera para acrecentar su influencia sobre el continente americano. Esta última posibilidad terminaría sacando a la diplomacia y a la prensa española del marasmo en que se habían sumido tras el final de la guerra hispano-estadounidense.

La crisis de Acre sorprendió a una España bajo el efecto de la pérdida de sus últimas colonias americanas. Los primeros informes diplomáticos sobre la secesión de Acre llegaron a España en junio de 1899 desde Brasil, la única vía de comunicación de aquel territorio con el exterior. Desde un principio, la legación en Río de Janeiro siguió con interés el estallido de la crisis acreana, cuya responsabilidad achacaba inicialmente a la iniciativa boliviana de abrir una aduana en la región “sin haber llegado antes a un acuerdo definitivo en la cuestión de límites con Brasil”⁷. El ministro español en la capital carioca, Ricardo Larios y Heredia, no creía que este problema fuera a desembocar en un conflicto abierto entre ambos países, dada la negativa del palacio de Itamaraty a reconocer a la autoproclamada República Independiente de Acre ni a intervenir en ayuda de los siringueros brasileños sublevados. La posición del Gobierno de Manuel Ferraz de Campos Sales, que contrastaba con la implicación de las autoridades del estado de Amazonas en la Revolución, se vio confirmada poco después por su disposición a iniciar negociaciones con Bolivia para delimitar con exactitud la frontera amazónica⁸.

Ese análisis era compartido desde Lima por el representante concurrente de España en Bolivia, Ramiro Gil y Uribarri, más preocupado por la Revolución que acababa de estallar en Iquitos contra el Gobierno de Nicolás de Piérola en Perú, financiada por intereses caucheros locales, en curiosa coincidencia con la visita del cañonero estadounidense Wilmington a esta ciudad. Uribarri compartía las suspicacias de peruanos y brasileños hacia las actividades del Wilmington en tierras amazónicas, las cuales obligaron al presidente William McKinley a desautorizar los contactos del comandante de la nave con los revolucionarios iquiteños⁹. Uribarri también informaba a Madrid del talante negociador de Brasil tras la llegada a la presidencia de Campos Sales en noviembre de 1898, como probaba la resolución pacífica de la controversia peruano-brasileña en torno al río Yayarí¹⁰.

Descartada por el momento la posibilidad de un conflicto boliviano-brasileño, la principal preocupación de la diplomacia española hacia la cuestión de Acre pasó a estar centrada en el posible papel de Estados Unidos en la crisis. Esta inquietud fue alimentada por las alarmantes noticias transmitidas por Larios sobre la existencia de un supuesto acuerdo entre Bolivia y Estados Unidos para arrendar la explotación del territorio de Acre a una compañía norteamericana. El documento habría sido firmado en Manaos por el ministro plenipotenciario boliviano en Brasil, José Paravicini, con el cónsul estadounidense en la capital amazónica, K. K. Kennedy. Este acuerdo fue denunciado por Gálvez en el diario A Província do Pará y reproducido íntegramente cinco días más tarde por el Jornal do Commercio, de Manaos¹¹.

Larios compartía las sospechas generalizadas de la prensa brasileña hacia las intenciones estadounidenses. Estas se habían visto reforzadas por el incidente protagonizado poco antes por el Wilmington, al remontar las aguas del Amazonas sin esperar la preceptiva autorización brasileña. Un episodio que, según el ministro brasileño en Washington, constituía un reflejo del espíritu expansionista que prevalecía en este país después “das frescas e facílimas vitórias contra a Espanha”¹².

Las autoridades brasileñas dieron verosimilitud a las denuncias de la prensa amazónica y el canciller Olinto de Magalhães presentó una protesta formal ante el Gobierno boliviano, al tiempo que le cerraba la navegación del Amazonas¹³. Larios consideraba, por su parte, que era posible que la hipotética implicación estadounidense en Acre enlazara con los viejos proyectos de colonización de la cuenca amazónica con libertos norteamericanos planteados durante la guerra de Secesión¹⁴, así como con las presiones diplomáticas de Washington para truncar la convención peruano-brasileña de 1851 y forzar al Imperio brasileño a abrir el Amazonas a la navegación internacional en diciembre de 1866¹⁵.

Las actividades del Wilmington en Brasil y Perú suscitaron una intensa campaña de la prensa brasileña contra la política expansionista de Washington durante el verano de 1899, que contrastaba con las pasadas simpatías hacia este país durante su reciente guerra con España¹⁶. Este clima de opinión era favorable para los intereses de la diplomacia hispana en la región. Tras la salida de España del tablero continental, un buen número de diplomáticos españoles en Sudamérica comenzaron a coincidir en que la única barrera frente al creciente intervencionismo estadounidense era la adopción por las naciones latinoamericanas de mecanismos de resolución pacífica de sus controversias limítrofes sin recurrir al arbitraje de Washington.

El Gobierno español había seguido con inquietud cómo el diferendo chileno-argentino en torno a la puna de Atacama era resuelto por el arbitraje del ministro estadounidense en Buenos Aires en marzo de 1899¹⁷. Por ello, la diplomacia hispana en el Cono Sur contempló con evidente satisfacción cómo durante los siguientes meses crecía el descontento hacia este laudo en ambos países y cómo tenía lugar el subsiguiente acercamiento entre Argentina y Brasil, traducido en la visita del presidente argentino Julio Roca a Brasil en agosto de 1899 y en la de Campos Sales a Buenos Aires en octubre de 1900. Tanto para Larios como para el veterano representante en Buenos Aires, Julio de Arellano, ello parecía abrir la vía a una entente entre las dos potencias sudamericanas que cerrara el paso a intervenciones de Washington en el Cono Sur¹⁸. La diplomacia española confiaba además en que el reciente acuerdo entre Chile y Argentina para confiar al arbitraje británico la definición de su frontera patagónica alejara el peligro de una guerra entre ambos países. Un escenario que hubiera resultado catastrófico para la política de resolución pacífica de los diferendos limítrofes, promovida desde Madrid con miras a la futura conformación de un bloque latinoamericano opuesto a Estados Unidos.

En este contexto, una España de influencia muy reducida mostró un renovado interés por fomentar la resolución pacífica de los diferendos fronterizos entre los países latinoamericanos, al tiempo que trataba de obstaculizar las pretensiones de Washington de invocar la doctrina Monroe para imponer su arbitraje y reforzar de este modo su hegemonía continental¹⁹. Todo ello como parte de una reformulación del panhispanismo surgido en el último tercio del XIX hacia las nuevas corrientes que comenzaban a conformarse en el seno del movimiento hispanoamericanista²⁰.

La posición del Gobierno de Francisco Silvela hacia la Revolución acreana estuvo marcada por estas preocupaciones y por el escepticismo de las legaciones en Río de Janeiro, Lima y Buenos Aires hacia las posibilidades de supervivencia del Estado Independiente de Acre, especialmente tras la decisión de Campos Sales de no reconocer su independencia y presionar a los gobernadores de Manaos y Pará para que dejaran de prestar ayuda al movimiento secesionista.

Silvela se mostraba más preocupado por la debilidad de Bolivia y la inestabilidad política de la República Velha, minada por las conspiraciones de realistas y republicanos jacobinos, así como por el separatismo latente de los estados del sur. Una situación que podría ser utilizada por Washington para intervenir en la cuestión de Acre. Esta inquietud se vio reforzada por la campaña sensacionalista emprendida en Estados Unidos por los medios del grupo Hearst, que alertaban del hipotético peligro representado por la influencia germana en Brasil, a raíz de la llegada de decenas de miles de inmigrantes alemanes a Santa Catarina y Río Grande do Sul²¹. Una campaña que —a juicio del embajador español en Washington— tenía cierta similitud con la que había precedido a la intervención estadounidense en Cuba²².

El otro motivo de alarma para la diplomacia española era la implicación de un cierto número de ciudadanos españoles en la Revolución acreana. La bonanza económica del caucho había atraído a miles de inmigrantes peninsulares a los estados amazónicos. El viceconsulado en Belém calculaba que la colonia española en Manaos y Pará estaba formada a fines de 1899 por más de 12.000 individuos, lo que la convertía “en la segunda en número y riqueza”²³. Ciertamente, una parte de esta inmigración se había enriquecido, abriendo hoteles, fondas y comercios, al tiempo que invertía en plantaciones de azúcar y serrerías madereras²⁴. El viceconsulado en Pará era desempeñado a fines de 1899 por Antonio González, que trató de cabildear directamente con el Gobierno de Silvela la apertura de una ruta subvencionada de vapores entre España y la ciudad de Belém, situada estratégicamente en la desembocadura del Amazonas. Para González, la promoción del comercio bilateral debía venir acompañada por una reactivación de la presencia naval española. Por ello, solicitó a Silvela en noviembre de 1899 que Madrid enviara un buque de guerra a recorrer el Amazonas a fin de reanimar el decaído ánimo del colectivo migratorio hispano, “enfriado tras la derrota”²⁵.

Sus gestiones coincidieron con la próxima salida hacia el Cono Sur del crucero Río de la Plata, construido gracias a los fondos recaudados por la colonia española en Argentina y Uruguay durante la guerra hispano-estadounidense. Su traslado al Cono Sur era una manera de agradecer la movilización de la inmigración hispana durante la guerra, así como una operación de propaganda, al reactivar la presencia naval española en la región poco después de la derrota. Silvela trasladó las peticiones de González al Ministerio de Marina, señalando que, de incluirse Belém y Manaos en el periplo del Río de la Plata, el Gobierno “encomendaría al comandante el estudio de la situación de los españoles y del trato que allí reciben”²⁶. Finalmente, el crucero español se limitó a repostar en Recife, antes de trasladarse a Montevideo, desde donde regresó precipitadamente a España a fin de no coincidir con la inesperada visita a Buenos Aires de la escuadra del almirante George Dewey²⁷. Sería unos meses más tarde cuando el Río de la Plata llevaría a cabo su proyectado viaje por diversos puertos de Uruguay, Argentina, Chile y Perú entre junio y noviembre de 1900²⁸.

Las instrucciones de Silvela respondían a los repetidos informes del sucesor de Larios, Agustín de la Barre, acerca de las penosas condiciones de una parte de la inmigración española en la Amazonia brasileña. Interesado en fomentar la emigración europea, el Gobierno de Pará había firmado en 1894 sendos contratos con un agente colonizador español y otro brasileño para traer a 25.000 españoles y portugueses con el fin de crear varias colonias agrícolas. Los abusos de ambas compañías colonizadoras, el hecho de que muchos de los colonos contratados no fueran agricultores y la dureza de las condiciones de vida en las nuevas colonias agrícolas llevaron a buena parte de estos inmigrantes a abandonarlas para trasladarse a los núcleos urbanos paranenses, donde subsistían en condiciones miserables. La gravedad de la situación llevó al gobernador de Pará, José Paes de Carvalho, a ofrecer al Gobierno español la contratación de varios médicos españoles “con el solo objeto de atender de sus dolencias a los colonos enfermos”²⁹. Ello condujo al viceconsulado en Pará a solicitar reiteradamente a su Gobierno el envío de uno o dos buques para proceder a la repatriación de los cientos de indigentes españoles que pululaban en Belém, “todos en la mayor miseria”³⁰.

Para empeorar aún más la situación, ambas compañías colonizadoras llevaban a cabo un escandaloso tráfico encubierto de mujeres “jóvenes y solteras” destinadas a la prostitución, provocando la indignación de las autoridades consulares que denunciaban amargamente “el descrédito de la mujer española” en los burdeles amazónicos³¹. Las repetidas denuncias del vicecónsul y de su sucesor, José María Piñeiro, secundadas por El Noticiero Español de Pará, fueron respaldadas por Barre, que intentó sin éxito que Madrid fiscalizara las actividades de estas compañías y regulara la emigración a Pará y Amazonas. En este caldo de cultivo no resulta sorprendente que numerosos españoles se vieran implicados, en algunos casos de forma destacada, en el movimiento revolucionario acreano.

Desde el estallido del conflicto, los informes del viceconsulado español en Belém alertaron a la legación del elevado número de veteranos de la guerra de Cuba que afluían a los estados amazónicos, atraídos por el repunte económico provocado por la fiebre del caucho. Ello movió a Barre a solicitar infructuosamente que el Ministerio de la Guerra limitara la concesión de licencias a los soldados desmovilizados que emigraban a Pará y Manaos³². Los temores de Barre se concretaron en diciembre de 1899, cuando las primeras y confusas noticias sobre el papel de Gálvez en la Revolución acreana llegaron a la ciudad-balneario de Petrópolis, donde residía el cuerpo diplomático. Larios se apresuró a transmitir a Silvela su temor de que muchos de los excombatientes con licencia “fueran contratados para expediciones aventureras” ligadas a la Revolución que se desarrollaba en Acre:

La legación siguió con inquietud creciente los informes de la prensa brasileña sobre cómo los revolucionarios acreanos habían expulsado a las autoridades bolivianas y proclamado el Estado Libre de Acre tras ocupar Puerto Alonso, rebautizado como Porto Acre. Los revolucionarios habían elegido además como presidente provisional al aventurero español Luis Gálvez, que antes de unirse a la Revolución había trabajado en Manaos como periodista y administrador del diario Jornal do Commercio. Otro gaditano, Guillermo Uhthoff, que había formado parte de la delegación enviada en 1898 por Bolivia para administrar Acre, tuvo igualmente un papel importante como autor de la filtración del convenio negociado por Palavicini y Kennedy, denunciado por Gálvez de acuerdo con el gobernador de Amazonas, verdadero instigador de la Revolución³⁴. El protagonismo de este grupo de españoles en la primera guerra de Acre se tradujo además en el nombramiento del también gaditano Francisco Montes como jefe de la guarnición de Porto Acre y del granadino Juan Bautista Olivero como capitán del puerto³⁵.

El Ejecutivo español no recibió hasta fines de marzo de 1900 la carta enviada por Gálvez directamente a María Cristina de Habsburgo-Lorena, en la que, invocando motivos humanitarios y el derecho de autodeterminación de los acreanos para separarse de Bolivia, se solicitaba a la regente el reconocimiento de la independencia del Estado Libre de Acre³⁶. Silvela, quien desempeñaba simultáneamente la presidencia del Gobierno y la cartera de Estado, centrado en la crisis ministerial que le llevaría a remodelar el gabinete en abril, no se molestó en contestar la misiva que recibió de manos del secretario particular de la reina regente³⁷.

La decisión de Silvela estaba fundada en la determinación de Bolivia para recuperar por la fuerza Acre. Un primer destacamento había logrado retomar brevemente Porto Acre, antes de ser derrotado por los rebeldes en enero de 1900. Pese a ello, otras tres columnas bolivianas se abrían camino trabajosamente por la selva hacia la región secesionista, integrada desde ese año en el nuevo Territorio Nacional de Colonias del Noroeste³⁸. La posición del Ejecutivo español se vio reforzada por la negativa de Campos Sales a reconocer al Estado Libre de Acre. El Gobierno brasileño declaró respetar provisionalmente la línea Cunha-Gómez establecida en febrero de 1895, si bien aprovechó la situación para firmar con Bolivia un nuevo protocolo fronterizo más favorable en octubre de 1899³⁹. El intento del Gobierno provisional acreano de imponer aranceles a la exportación de goma le distanció de las autoridades de Manaos y precipitó la organización de una expedición brasileña que ocupó temporalmente Porto Acre en marzo de 1900.

La momentánea entente boliviano-brasileña condenaba a la Revolución acreana a un inevitable final. Consciente de ello, la diplomacia española apostó por la recuperación del control boliviano sobre esta región para cerrar la crisis. Su única preocupación residía en cuál sería la reacción de Washington hacia la nueva república americana, máxime cuando esta era contemplada con simpatía por sectores de la prensa republicana afín a McKinley⁴⁰. Esta incertidumbre desapareció a fines de noviembre de 1900, cuando el secretario de Estado, John Milton Hay, anunció públicamente que su Gobierno había respondido negativamente a la solicitud de reconocimiento presentada por la República de Acre⁴¹.

A fines de ese año, mientras las fuerzas expedicionarias bolivianas confluían desde Bolivia para retomar Porto Acre, nuevamente en manos de los rebeldes, el nuevo ministro de Estado, Ventura García Sancho, dispuso que Uribarri se desplazara a La Paz para presentar sus cartas credenciales al Gobierno de Pando y trasladarle la satisfacción de Madrid por la resolución de la cuestión de Acre, sin entrar en la espinosa cuestión de cuáles eran los límites de este territorio con Brasil y Perú⁴². El ministerio de Azcárraga —que sucedió a Silvela debido a la fractura del bloque conservador— apostaba, como aquel, por una negociación entre los tres países con intereses en este territorio, por lo que se apresuró a facilitar el acceso a los archivos españoles a los comisionados enviados por Bolivia y Perú para obtener los documentos sobre los que fundar las futuras negociaciones de límites⁴³.

La momentánea restauración del control boliviano sobre Acre en los primeros meses de 1901 pareció poner fin a la crisis. La cuestión estaba, sin embargo, lejos de resolverse.

En el tránsito del siglo XIX al XX todavía convivían en España la prensa de información y una prensa política, de carácter proselitista, carente de viabilidad económica y a menudo efímera, que aún predominaba ampliamente a principios de siglo. Los periódicos de información representaban menos de una quinta parte del total de cabeceras, aunque concentraban la mayoría del tiraje⁴⁴. Con alguna excepción, el interés de la prensa política por cuestiones exteriores era muy escaso. Por ello, las noticias relativas a la crisis de Acre se limitaron en gran medida a la prensa de información y especialmente a algunas publicaciones especializadas, con periodicidad semanal o mensual, dirigidas a un público más culto e interesado por la actualidad internacional.

Las primeras y confusas noticias sobre los acontecimientos que se desarrollaban en Acre no comenzaron a aparecer en la prensa española hasta agosto de 1899. Se trataba de una región hasta entonces prácticamente desconocida para el público español, por lo que los primeros reportes se referían a ella como una nebulosa región selvática en litigio entre Bolivia y Brasil. La prestigiosa revista cultural La España Moderna fue la primera en hacer referencia a Acre, al referir el incidente del Wilmington y las negociaciones que —según la prensa brasileña— sostenían los gobiernos de La Paz y Washington para entregar la explotación de este territorio a un consorcio estadounidense⁴⁵.

Las primeras informaciones en torno a la Revolución acreana no aparecieron, sin embargo, hasta septiembre, cuando el diario conservador La Época comunicó a sus lectores, en tono ciertamente burlón, la aparición de un nuevo país americano:

El artículo ponía de manifiesto la ignorancia que existía en España acerca de una región de cerca de 200.000 km² que en 1899 producía en torno al 23 % de la producción mundial de caucho⁴⁷. El diario conservador tampoco mencionaba que, hasta el estallido de la Revolución, Acre se encontraba bajo soberanía boliviana, lo que resulta un tanto sorprendente si tenemos en cuenta que el jefe de redacción del diario silvelista era el diplomático e historiador Jerónimo Bécker, que en los siguientes años se convertiría en uno de los principales especialistas españoles en cuestiones internacionales⁴⁸. Como resultado de esa indefinición, La Época se aventuraba a pronosticar que Brasil y Bolivia terminarían respetando la independencia de Acre, que pasaría a ser una especie de estado tapón entre ambas.

La nota del diario conservador constituyó la única referencia a la cuestión de Acre en la prensa española durante los primeros meses del conflicto. La noticia sería reproducida en los siguientes días por el popular Diario Oficial de Avisos de Madrid y por La Dinastía, órgano de los círculos conservadores en Cataluña⁴⁹. El resto de la prensa española ignoró por completo la secesión de Acre, quizás considerando que solo se trataba de una revolución más en un remoto rincón de la inestable Bolivia. En este sentido, El Imparcial —que para entonces había superado a La Correspondencia de España como el diario de mayor circulación en España y que debía estar bien informado de la política exterior del Gobierno, ya que estaba dirigido por el propio ministro de Fomento, Rafael Gasset Chichilla— se limitaba a informar a sus lectores sobre las exenciones tributarias otorgadas por el Gobierno de La Paz a las mercancías europeas en el puerto fluvial de Acre, sin mencionar que desde hacía meses se encontraba fuera del control boliviano⁵⁰.

Esta situación hizo que el imaginario inicial de la opinión pública española hacia el conflicto de Acre girara en torno a la visión estereotipada difundida por La Época, como pone de manifiesto el tono humorístico con que este problema fue abordado durante los meses siguientes por otros periódicos. De este modo, el semanario ilustrado Alrededor del Mundo persistía en el error de considerar a Acre como terra nullius e informaba en noviembre por primera vez sobre la figura de Gálvez, indicando con ironía que “un español llamado Rodríguez Arias ha tenido la humorada de proclamarse presidente de aquella tierra sin dueño positivo”. La visión de Acre reproducía algunos de los tópicos europeos sobre las revoluciones latinoamericanas:

En una línea similar, El Diario Catalán calificaba meses más tarde los sucesos de Acre como un suceso “gracioso”, al tiempo que achacaba la Revolución “a un cierto Gálvez, español residente en Buenos Aires (…) que había logrado enardecer los ánimos de aquellos sencillos habitantes ofreciéndoles el oro y el moro, junto con la libertad e independencia, si lo reconocían como jefe”. El diario católico barcelonés narraba con marcado sarcasmo el fracaso del primer intento boliviano para poner fin al movimiento tras “caer el vapor en que viajaban los comisionados en poder de los revolucionarios, que lo saquearon completamente”⁵².

Más allá del tono irónico y la visión estereotipada de Sudamérica como una región de continuas y a menudo absurdas revoluciones, ambos medios proporcionaban a sus lectores información más precisa que la difundida por La Época en torno a la extensión y riqueza cauchera de Acre, pero sobre todo planteaban por primera vez la posibilidad de que la Revolución desencadenara un conflicto regional, al informar sobre el fracaso del primer intento boliviano para recuperar ese territorio por la fuerza y la decisión brasileña de enviar fuerzas a la región.

Para entonces, el resto de la prensa española comenzaba a hacerse eco tímidamente de la cuestión de Acre. Tanto El Imparcial como La Correspondencia de España y El Liberal se limitaron a informar en breves notas publicadas en enero de 1900 del momentáneo restablecimiento de la autoridad boliviana sobre una región fronteriza rica en caucho. La razón de este desinterés radicaba probablemente en la competencia establecida por los tres principales diarios independientes de principios de siglo para informar puntualmente a sus lectores del desarrollo de la guerra anglo-bóer, a lo que se unió a partir de mayo el asedio de los bóxers al barrio de las legaciones occidentales en Pekín y el envío de una expedición de socorro internacional. Ambos temas monopolizaron en gran medida el interés del público y absorbieron la mayor parte del espacio dedicado a cuestiones internacionales por la prensa española de información durante la mayor parte de 1900. En este marco, la primera guerra de Acre pasó prácticamente desapercibida.

Entre la prensa política, los diarios integristas fueron curiosamente los únicos que mostraron algún interés por la posición del Gobierno español hacia la cuestión de Acre. El Siglo Futuro, que ya había reproducido íntegramente el artículo publicado en abril por El Diario Catalán, difundió en mayo la carta enviada por el Gobierno provisional de Acre a Roca en solitud del reconocimiento argentino. El diario de Ramón Nocedal, siempre beligerante, aprovechó la ocasión para preguntarse retóricamente si el Gobierno español no habría recibido una comunicación similar, ya que Silvela no había informado al Congreso como era su obligación⁵³.

Más allá de las escuetas y, en general, asépticas notas de la prensa diaria, sería en el ámbito de la prensa especializada —publicaciones con periodicidad semanal, quincenal o mensual dirigidas a un público concreto y más culto— donde se abordaría la cuestión de Acre con más detenimiento. El primero en hacerlo fue el semanario Madrid Científico, dedicado predominantemente a noticias de carácter técnico y científico, que eran complementadas con información acerca de la actualidad literaria e internacional. Este medio justificaba su interés por el tema por el desconocimiento generalizado de la opinión pública española en torno a este, ya que “habiéndose dado a esta noticia el carácter de Nota varia o de eco anónimo son seguramente muchas las personas que no se han enterado de la novedad”. La publicación dirigida por el matemático Augusto Krahe no creía que el problema de Acre pudiera tratarse como “una broma periodística”, ni tampoco despacharse como una de las habituales revoluciones que tenían lugar en Sudamérica.

Tomando como base las noticias publicadas en Francia e Inglaterra, Madrid Científico adoptó una posición favorable a las reivindicaciones de los rebeldes acreanos. El semanario informaba a sus lectores que el origen del problema radicaba en que, si bien el territorio de Acre había quedado bajo soberanía boliviana tras el tratado de límites firmado por este país con Brasil en 1867, las autoridades bolivianas no habían tomado posesión efectiva de la región. Ello habría desencadenado la Revolución de julio de 1899, “dirigida por un español llamado Arias”. El anónimo periodista justificaba la secesión de Acre por el desinterés boliviano hacia el desarrollo de este territorio. Quizás ello explique que el artículo afirmara erróneamente que el nuevo Estado había sido ya reconocido por Inglaterra y Perú, al tiempo que describía de forma fantasiosa el desarrollo de la nueva capital —en realidad un caserío compuesto por varias decenas de chozas—, donde se estaría llevando a cabo la construcción de grandes edificios destinados a albergar los ministerios, tribunales, escuelas y hospitales de la nueva república de Acre⁵⁴.

La Nación Militar, publicación próxima al ejército surgida tras la guerra hispano-norteamericana, adoptó una posición similar de simpatía hacia los revolucionarios, al describir con tintes épicos la independencia de Acre como “el sueño de un español”, remarcando que la Revolución “se hizo con voluntarios españoles que habían servido en la guerra de Cuba”. Ello explica probablemente el tono respetuoso con que abordaba el tema el capitán Antonio García Pérez, veterano del conflicto cubano y que llegaría a ser uno de los principales historiadores militares del primer tercio del siglo XX. El semanario reprodujo además la entrevista concedida por Uhthoff en Montevideo al diario uruguayo La Razón. En ella, el compañero de Gálvez describía la riqueza cauchera de Acre, las actividades y composición del gobierno revolucionario y su aparente disolución tras la llegada de tropas bolivianas a Porto Acre. García reconocía que la independencia de Acre había sido tan efímera que casi no merecía mención, pero pensaba que no carecía de interés “por si los acrenses [sic] vuelven a atentar con nuevos bríos contra la soberanía de Bolivia”⁵⁵.

El militar hispano-cubano siguió dando cobertura al desarrollo de la crisis acreana durante los siguientes meses, ahora dentro de una nueva sección del semanario titulada “Los militares de América”. En marzo tenía la satisfacción de ver cumplido su pronóstico y anunciaba que, tras haber expulsado nuevamente a las fuerzas bolivianas, el gobierno revolucionario se disponía a convocar elecciones que sancionaran la independencia del nuevo territorio tanto de Bolivia como de Brasil. Bien informado gracias a los telegramas que llegaban de Río, García transcribía la nota de protesta presentada por el Gobierno boliviano a Campos Sales por la descarada ayuda que los gobernadores de Amazonas y Pará prestaban a los revolucionarios acreanos⁵⁶. Un mes más tarde, transcribía parte del manifiesto publicado por los rebeldes en Belém, en el que estos se mostraban dispuestos a aceptar la soberanía de Brasil, si bien García creía que los revolucionarios se mantendrían a la expectativa de que los problemas de Bolivia con Argentina en torno a la puna de Atacama y del posible estallido de un movimiento separatista en Río Grande do Sul les permitieran afianzar su independencia⁵⁷.

La prestigiosa revista quincenal El Mundo Naval Ilustrado adoptó un enfoque más analítico que las anteriores, al vincular acertadamente la cuestión de Acre al “verdadero caos de límites fronterizos” existente en la Amazonia, donde no existían fronteras definidas entre los distintos países y colonias. El capitán Alfonso Barrado dimensionaba acertadamente el problema de Acre, aunque enterraba prematuramente a la nueva república, al afirmar que “a este constante desbarajuste han debido su rápida existencia repúblicas como la de Acre, que, fundada hace algunos meses en el litigioso terreno entre Brasil y Bolivia, en medio de los inmensos bosques del Alto Amazonas, no existe en la actualidad”⁵⁸.

No obstante, sería La España Moderna la publicación que abordaría con más interés la primera guerra de Acre. Esta revista mensual había sido fundada por José Lázaro Galdiano como una versión española de la francesa Revue des Deux Mondes y era, junto a la conservadora Revista Contemporánea, la revista cultural española más importante de la primera década del siglo XX. Su vocación americanista y su eclecticismo ideológico se reflejaban en la existencia de una extensa sección sobre la actualidad americana, titulada “Revista Hispanoamericana”, a cargo del periodista e historiador conservador Juan Pérez de Guzmán, bajo el seudónimo Iob, que sería sustituida desde marzo de 1901 por la sección “Lecturas Americanas”, dirigida por el regeneracionista Rafael Altamira, quien firmaba como Hispanus⁵⁹.

La España Moderna siguió con interés el desarrollo de la primera crisis de Acre bajo el prisma del hispanoamericanismo conservador del responsable de su sección americana. En febrero de 1900, Pérez de Guzmán publicó la crónica periodística más extensa hasta ese momento sobre la Revolución acreana, en la que curiosamente atribuía a Uhthoff un mayor protagonismo que a Gálvez dentro del movimiento revolucionario, quizás por su acceso a las entrevistas concedidas por el primero a varios medios bonaerenses. Desde un primer momento, el escritor asumió la defensa de la bolivianidad de Acre y situó la crisis en el marco de los intentos de Washington para desestabilizar la región y establecer un protectorado estadounidense en la región amazónica. No resulta sorprendente, por tanto, que Pérez de Guzmán sembrara dudas acerca de las motivaciones de los principales dirigentes revolucionarios, a los que acusaba de haber actuado “acaso para traspasarlo [Acre] a algún sindicato de Estados Unidos”⁶⁰. Un mes más tarde, el periodista andaluz se hacía eco de los rumores esparcidos por varios periódicos brasileños para acusar al Wilmington de haber transportado armas para los revolucionarios acreanos⁶¹.

Durante los siguientes meses, Pérez de Guzmán recrudeció su campaña en La España Moderna, calificando a “la usurpadora república del Acre” como “la cuña yankee más peligrosa entre los términos de tres repúblicas” y calificando a Gálvez y a su sucesor, Antônio de Souza Braga, de “meros administradores de otro sindicato americano, que tras la explotación de las gomas, pretende introducirse soberano en territorios que hoy son políticamente de Bolivia”⁶².

El periodista y polígrafo español consideraba que la cuestión de Acre conducía inevitablemente a un enfrentamiento entre Bolivia y Brasil que sería utilizado por Washington para incrementar su influencia en la región. Desencantado por la incapacidad boliviana para restablecer su control sobre Acre, Pérez de Guzmán pasó a criticar la debilidad de Bolivia y a defender que ese territorio fuera entregado a Perú como compensación por las pérdidas sufridas durante la guerra del Pacífico⁶³. Su pluma se veía además amplificada por el hecho de que La España Moderna no fuera su única tribuna, pues el periodista reiteraba su postura desde las páginas de La Ilustración Española y Americana⁶⁴, al tiempo que varios de sus artículos serían posteriormente reproducidos por La Época, lo que ponía de manifiesto la influencia del periodista rondeño sobre los círculos oficiales del conservadurismo español⁶⁵.

La idea de la implicación de Washington en la crisis de Acre difundida por Pérez de Guzmán acabó calando en buena parte de la prensa española, especialmente entre los medios más próximos al Gobierno, que todavía en enero de 1901 especulaban acerca de los supuestos viajes del cónsul norteamericano en Belém a Manaos para negociar la posible compra de Acre⁶⁶. La campaña de Pérez de Guzmán en La España Moderna y en otros medios contribuyó además a que los principales diarios de información general, como El Imparcial o La Correspondencia de España, comenzaran tardíamente a informar a sus lectores de la última fase de la guerra de baja intensidad que se libraba en las selvas amazónicas⁶⁷.

Para entonces, en el imaginario de buena parte de la prensa española, la crisis de Acre se había convertido en sinónimo de la necesidad de que las repúblicas latinoamericanas encontraran algún mecanismo de resolución pacífica de sus diferendos fronterizos para evitar conflictos que solo favorecían la penetración estadounidense. Este planteamiento coincidía plenamente con el clima de opinión que se iba generando paralelamente en las legaciones españolas en América del Sur y que pronto se vería reflejado en el impulso dado por el Gobierno español a la Unión Iberoamericana, especialmente tras el Congreso Social y Económico Hispanoamericano celebrado en noviembre de 1900⁶⁸, y en sus intentos para socavar subrepticiamente la posición de Washington en la Segunda Conferencia Panamericana, que tuvo lugar en México entre octubre de 1901 y febrero de 1902.

El restablecimiento de la soberanía boliviana sobre el Acre parecía haber puesto fin al problema. Sin embargo, la crisis volvió a estallar en julio de 1901 al hacerse pública la firma de un contrato entre el Gobierno boliviano y el Bolivian Syndicate, un consorcio de inversores estadounidenses e ingleses con sede en Nueva York, dirigido por Willingford Whitridge, representante de la casa Vanderbilt. El contrato entregaba al consorcio la administración fiscal, así como la explotación y colonización del territorio durante treinta años. El Sindicato recibiría el 40 % de las rentas recaudadas y “el único y exclusivo derecho de comprar en propiedad todas o cualquier parte de las tierras (…) en cuanto dichas tierras no estén ya legalmente adjudicadas”, así como “el derecho exclusivo de otorgar concesiones para la navegación en dichos ríos”⁶⁹.

El Gobierno boliviano esperaba de este modo poder administrar una región rica y difícil de controlar, así como obtener el respaldo de Washington para hacer frente a la creciente presión de sus vecinos sobre sus fronteras⁷⁰. En la práctica, ello suponía arrendar el Acre a un consorcio angloestadounidense, lo que abría la puerta a la creación de un protectorado norteamericano en el corazón de la Amazonia. Un escenario inaceptable tanto para Brasil como para Perú y Colombia, que se apresuraron a denunciar el contrato y exigir a Bolivia su rescisión⁷¹. La situación se complicó aún más en agosto de 1902, al estallar en el Acre una nueva Revolución independentista dirigida por el exmilitar brasileño Plácido de Castro.

La prensa española siguió con interés la reactivación del problema de Acre, con el que la opinión pública española se había familiarizado entre 1899 y 1900. La Unión Iberoamericana fue el primer periódico en criticar la aprobación del contrato por las Cámaras bolivianas. El órgano cuatrimestral de la sociedad hispanoamericanista del mismo nombre reflejaba el sentir de la mayoría de la prensa sudamericana al advertir que Acre “en poder de los norteamericanos es un peligro para la América del Sur”⁷². Una preocupación que no compartía Mercurio. Revista Comercial Hispano-Americana, fundada pocos meses antes, que se limitaba a enunciar los principales puntos del contrato y recordar que “el Estado boliviano continuaría ejerciendo sus derechos soberanos sobre el territorio del arrendamiento por medio de un delegado nacional”, en lo que parecía parte de la campaña de prensa emprendida por la diplomacia boliviana y sus aliados del consorcio en algunas capitales europeas⁷³.

La mayoría de la prensa adoptó sin embargo durante los siguientes meses una posición muy similar a la de La Unión Iberoamericana, al tiempo que seguía con preocupación la creciente tensión entre Bolivia, Estados Unidos y Brasil. El Imparcial informaba a sus lectores de manera muy crítica sobre la petición realizada por Pando para que Washington interpusiera su mediación en las diferencias con sus vecinos en torno al Acre. El principal diario español, que había defendido la bolivianidad de esta región entre 1899 y 1900, veía ahora con creciente preocupación cómo el Gobierno de La Paz parecía resuelto a involucrar a Washington en el conflicto. Ni siquiera la negativa a intentar siquiera dicha mediación por parte de la administración de Theodore Roosevelt, que había sucedido a McKinley tras su asesinato, disipó las suspicacias del periódico de Gasset⁷⁴.

Esta posición coincidía con la manifestada poco después por La Unión Iberoamericana, al interpretar en sentido intervencionista las declaraciones de Hay relativas a que su Gobierno “se limitaría a apoyar las demandas razonables que formulen los súbditos de Estados Unidos interesados en explotar el territorio aludido”⁷⁵. Para la revista, dirigida por el silvelista Faustino Rodríguez San Pedro, dicha declaración abría la puerta a una intervención estadounidense so pretexto de la defensa de las inversiones norteamericanas en la zona, como había sucedido antes en Cuba. El temor a la implicación de Washington en Acre llevó incluso a algunos medios a publicar notas sensacionalistas sobre la inminente salida de Nueva York de “una comisión del sindicato angloamericano concesionario del Acre con tropas de Estados Unidos (…). En Washington ni se afirma ni se niega, lo único que se dice es que no hay nada oficial”⁷⁶.

La Correspondencia de España iba más allá de denunciar “los planes yankees en el Acre” y expresaba la esperanza de que Argentina, Perú y Chile se unieran a Brasil para obligar a Bolivia a rescindir su contrato con el consorcio angloestadounidense, “a fin de impedir que los yankees consideren aquel territorio una colonia recién anexionada como Cuba y Filipinas”⁷⁷. En la misma línea se manifestaba el popular El Heraldo de Madrid, situado en la órbita del Partido Liberal Demócrata de José Canalejas, que en un curioso artículo firmado por el senador José María Lazaga contraponía la doctrina de Bolívar a la de Monroe para defender la unidad de las repúblicas latinoamericanas frente al expansionismo norteamericano⁷⁸.

Este era, en líneas generales, el planteamiento defendido por Pérez de Guzmán durante la primera guerra de Acre. La desaparición de su sección sobre la actualidad americana en La España Moderna no impidió que aprovechara sus ocasionales colaboraciones para retomar su campaña contra el expansionismo estadounidense en el Amazonas, denunciando ahora “el criminal tratado” firmado por Bolivia. El periodista conservador se vio obligado, sin embargo, a distinguir entre la primera Revolución acreana, encabezada por Gálvez, al que seguía considerando un agente estadounidense, y el nuevo movimiento revolucionario contra el arrendamiento de Acre al consorcio angloamericano, en el que veía ahora la expresión de la legítima aspiración de los acreanos a rechazar el “yugo yankee”⁷⁹. Sus errores en torno al origen del primer movimiento secesionista acreano no impidieron que sus artículos sobre la guerra de Acre siguieran constituyendo una referencia para numerosos periódicos, como La Época o El Imparcial⁸⁰.

Esta esperanza en la conformación de un bloque hispanoamericano contra Estados Unidos constituía una de las bases del hispanoamericanismo finisecular del que era un buen exponente el geógrafo Ricardo Beltrán Rózpide, director de la sección “Revista Hispanoamericana” del semanario barcelonés La Ilustración Artística. El catedrático de la Universidad Central de Madrid había dado seguimiento a la cuestión de Acre desde la aprobación del contrato con el Bolivian Syndicate⁸¹. En sus muy documentados artículos había resaltado la importancia de Acre en la articulación de un eje pacífico-amazónico a través de la construcción del proyectado ferrocarril Madeira-Mamoré⁸². Beltrán lamentaba que el Gobierno de Campos Sales no hubiera apoyado decididamente desde el primer momento a los revolucionarios de Acre, como se esperaba, “y dícese que acepta el contrato de arrendamiento del Acre con las modificaciones propuestas por Bolivia, de acuerdo con el sindicato angloamericano”. Sin embargo, el académico barcelonés auguraba acertadamente que la cuestión de Acre tomaría pronto otro derrotero:

La diplomacia española mostró una inquietud similar hacia el contrato de Bolivia con el Bolivian Syndicate. Las legaciones españolas en Río y Lima informaron inmediatamente a su Gobierno de las protestas formuladas por los representantes de ambos gobiernos en La Paz y Washington y del cierre del Amazonas a la navegación boliviana. La diplomacia española observó con satisfacción cómo las notas intercambiadas, publicadas por la prensa, presentaban el acuerdo como un caballo de Troya para la penetración anglosajona en el Amazonas⁸⁴. Para Uribarri, resultaba especialmente peligroso el intento de Pando de involucrar a Estados Unidos en una mediación internacional, frustrado por la cerrada negativa brasileña, así como por la intervención peruana en lo que hasta entonces había sido un conflicto boliviano-brasileño, formalizada por el presidente Manuel Candamo en su mensaje al Congreso en julio de 1902:

La decisión de la administración Roosevelt de desestimar la solicitud boliviana de mediación no contribuyó a tranquilizar a la diplomacia española, que desconfiaba de las declaraciones de Hay en torno al respaldo de su Gobierno a “las demandas razonables” que pudiera tener el consorcio angloamericano⁸⁶. En este marco, la reactivación de la cuestión de Acre condicionó la política americana del ministerio liberal constituido por Práxedes Mateo Sagasta en marzo de 1901. El nuevo ministro de Estado, Juan Manuel Sánchez, duque de Almodóvar del Río, reorientó la actividad de sus representantes en el continente en una doble dirección: relanzar el viejo papel de España como árbitro de los conflictos limítrofes interamericanos y frustrar el proyecto estadounidense para establecer un tribunal panamericano de arbitraje en Washington durante la Segunda Conferencia Panamericana, celebrada en México entre octubre de 1901 y enero de 1902.

Respecto al primero de estos objetivos, la diplomacia española trató de reactivar el arbitraje español sobre los diferendos limítrofes ecuato-peruanos, paralizado desde 1890, así como extender sus gestiones mediadoras al conflicto fronterizo entre Bolivia y Perú, agravado ahora por la cuestión de Acre. Estas gestiones tuvieron éxito tan solo en el primer caso, al lograr la reactivación del arbitraje español en febrero de 1904⁸⁷; no así en el segundo, donde el monarca español quedó como árbitro suplente en caso de que el Gobierno argentino no aceptara la mediación propuesta, lo que finalmente no sucedió⁸⁸.

Paralelamente, Almodóvar movilizó a las legaciones en América para avivar el temor al intervencionismo estadounidense durante el desarrollo de la Segunda Conferencia Panamericana y frustrar la pretensión estadounidense de establecer un tribunal permanente de arbitraje en Washington⁸⁹. Si ello no se materializó fue tanto por la inquietud latinoamericana como por el cambio de rumbo de la administración norteamericana, que pasó de defender el arbitraje obligatorio durante la Primera Conferencia Panamericana, celebrada en 1889, a oponerse a cualquier compromiso que pudiera coartar su política intervencionista, iniciando el giro que llevaría a la proclamación del denominado Corolario Roosevelt en diciembre de 1904. El cambio de posición estadounidense se vio reforzado además por la negativa chilena a someter a un arbitraje internacional la cuestión de los territorios conquistados a Bolivia y Perú durante la guerra del Pacífico. Esto impidió que la conferencia llegara a un compromiso sobre esta cuestión y solo nueve países suscribieron la propuesta de arbitraje obligatorio, abierto a potencias europeas, impulsada por México y Argentina, refrendada finalmente por seis de ellos⁹⁰. La diplomacia española respaldó esta iniciativa y su representante en México, Arturo Prat, suscribió ad referendum convenios bilaterales de arbitraje obligatorio con los firmantes de este último acuerdo⁹¹. En cambio, no fructificaron las gestiones realizadas por Prat para conseguir que el dividido bloque hispanoamericano votase una resolución para que el tribunal americano de arbitraje tuviera su sede en Madrid si alguna vez llegaba a crearse⁹².

En este clima de división entre los países latinoamericanos, la diplomacia española siguió con interés el giro experimentado por la crisis de Acre tras la llegada a la presidencia brasileña de Francisco de Paula Rodrigues Alves en noviembre de 1902, en especial tras la designación como canciller de José Maria da Silva Paranhos Júnior, barón de Río Branco, que —según el encargado de negocios interino en Río, Antonio Benítez— respondía a la voluntad del nuevo Gobierno de resolver de una vez la cuestión de Acre con Bolivia y Estados Unidos⁹³.

Lo cierto es que Río Branco desplegó en los siguientes meses una ingente actividad para poner fin al problema mediante la incorporación de Acre a Brasil. Con este objetivo, incrementó la presión diplomática para obligar a Bolivia a cancelar el contrato con el consorcio angloamericano, declarando ahora que Brasil no reconocía la soberanía boliviana sobre la totalidad de este territorio, al tiempo que respaldaba a los revolucionarios acreanos, que en enero tomaban Puerto Alonso y solicitaban su anexión a Brasil. Pando reaccionó tardíamente, intentando sin éxito rescindir el contrato con el Bolivian Syndicate y dirigiendo personalmente la contraofensiva boliviana, a lo que Brasil respondió con el amenazador despliegue de su ejército en la frontera de Acre y Mato Grosso⁹⁴.

El agravamiento de la crisis acreana coincidió con el retorno de Silvela al poder en diciembre de 1902. La diplomacia y la prensa españolas contemplaron con creciente preocupación la escalada. Madrid compartía plenamente la posición de Río Branco respecto a que el arrendamiento de Acre al consorcio angloamericano supondría la penetración estadounidense en el Amazonas. El nuevo ministro en Río, Manuel María Aranguren, que estaba al tanto de las conversaciones confidenciales entre Bolivia y Brasil, no creía que la crisis fuera a desembocar en un conflicto, pero tampoco lo descartaba⁹⁵. Aranguren informó a Madrid de que “en caso de estallar la guerra, Brasil acabaría sin duda imponiéndose, pero inicialmente la ventaja estaría del lado boliviano, con un ejército más aguerrido, aclimatado y cercano”⁹⁶. Para el diplomático español, esta situación podría dar pie a una intervención estadounidense si el enfrentamiento se prolongaba. En coincidencia con esta opinión, varios periódicos españoles alertaban nuevamente en marzo de la posibilidad de que Washington impusiera su arbitraje⁹⁷.

La firma de un modus vivendi y el inicio de negociaciones dirigidas a la adquisición del territorio en disputa fueron seguidas con alivio por la diplomacia española. Aranguren remitió a Madrid una copia del acuerdo firmado el 21 de marzo en La Paz por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Eliodoro Villazón, y el representante brasileño, Eduardo Lisboa, a la vez que informaba al nuevo ministro de Estado, Buenaventura Abárzuza, del repliegue de las fuerzas bolivianas al occidente de Acre⁹⁸.

El final de los enfrentamientos en la región amazónica coincidió con el inicio de las presiones de la administración Roosevelt sobre el Gobierno colombiano para la ratificación del Tratado Hay-Herrán, firmado en enero y que otorgaba un estatus de cosoberanía a la zona de Panamá donde se construiría el futuro canal interoceánico⁹⁹. El inicio de la crisis de Panamá y el final de las operaciones militares desviaron pronto a un segundo plano el interés de la prensa española por la cuestión de Acre, no así el de la diplomacia, que siguió con atención las negociaciones a través de las legaciones en Lima y Río de Janeiro.

En junio, Aranguren comunicaba a su Gobierno la llegada a Río de los ministros de ambos países en Washington para iniciar las negociaciones. Aranguren se mostraba a la vez optimista y cauto, “pues cada día aparecen nuevos incidentes en el territorio en litigio”¹⁰⁰. La situación se complicaba además por la creciente implicación de Perú, que envió un nuevo representante a Río con la misión de defender las reclamaciones de Lima en Acre¹⁰¹.

El representante concurrente en Bolivia era menos prudente respecto al desenlace de las negociaciones. Uribarri, que en julio se había desplazado a La Paz para canjear la ratificación del tratado bilateral de arbitraje firmado en México, envió a su Gobierno un largo informe sobre la crítica situación de Bolivia, sometida a la presión simultánea de sus vecinos, con múltiples contenciosos territoriales abiertos y condicionada “por las relaciones o inteligencias secretas que tal vez existen entre Chile y el Brasil y por las complicaciones que, de no resolverse en breve plazo, pueden traer con el Perú”. En este marco, el diplomático español concluía que la única cuestión a determinar era el monto de la compensación entregada por Brasil a cambio de Acre:

El acuerdo indemnizatorio alcanzado poco después por el Gobierno de Brasil con Whitridge a través de la casa Rothschild & Sons despejaba el último obstáculo¹⁰³. La firma del Tratado de Petrópolis en noviembre de 1903 fue contemplada por la diplomacia española con un alivio generalizado, satisfecha porque la crisis de Acre no hubiera desembocado en la extensión de la influencia estadounidense al corazón de la Amazonia y confiada en las posibilidades de desarrollo que el acuerdo brindaba tanto a Brasil como a Bolivia¹⁰⁴. El acuerdo no reanimó el debate en la prensa española, que había ido perdiendo interés por la cuestión desde la firma del armisticio y se limitó a informar escuetamente de las condiciones del tratado que entregaba Acre a Brasil a cambio de dos millones de libras, reajustes territoriales menores para dar a Bolivia acceso al río Paraguay, el compromiso brasileño de construir el ferrocarril Madeira-Mamoré y el derecho de Bolivia a exportar libremente sus mercancías por el Amazonas¹⁰⁵. Para entonces, la atención periodística se había desviado drásticamente hacia la independencia de Panamá, impulsada en noviembre por Estados Unidos para controlar el futuro canal interoceánico.

La crisis de Acre coincidió con un momento de reconfiguración de la política y del propio imaginario español hacia América tras el Desastre del 98. El análisis de la posición española hacia la cuestión de Acre refleja las preocupaciones de una diplomacia obligada a reposicionarse tras la pérdida de Cuba y Puerto Rico. El clima de opinión existente en las legaciones españolas en Perú, Bolivia y Brasil muestra los cambios experimentados por la política americana de España en el tránsito de los siglos XIX al XX. Un momento en que esta pasó, de girar casi exclusivamente en torno a la defensa de sus colonias antillanas, a promover una suerte de alianza entre las repúblicas latinoamericanas, dirigida tanto a obstaculizar el creciente imperialismo norteamericano como a sentar las bases para la futura extensión de una cierta influencia moral de España. Ello coincidió con la nueva orientación del movimiento hispanoamericanista, liberado ya de la carga que había representado la pervivencia de España como potencia colonial americana. En este contexto, hay que situar el renovado interés de una España de influencia muy menguada por fomentar la resolución pacífica de los diferendos limítrofes entre los países latinoamericanos, así como su ingente labor propagandística para concienciar a los gobiernos del continente del peligro representado por el creciente intervencionismo estadounidense.

La evolución de la crisis acreana contribuyó, a su vez, a alimentar y matizar algunas de las preocupaciones que determinarían la nueva política americana de España: desde el peligro representado por la penetración económica norteamericana hasta el riesgo de que los numerosos contenciosos territoriales, que enfrentaban a las repúblicas sudamericanas entre sí o con otras potencias europeas, acabaran abriendo la puerta a la intervención de Washington en aplicación de la doctrina Monroe, reforzada desde 1904

por el Corolario Roosevelt. No es extraño que la diplomacia y la prensa españolas pasaran a contemplar con esperanza la formación de un poderoso bloque entre Brasil, Argentina y Chile —materializado hasta cierto punto en 1915— como freno al expansionismo estadounidense.

El conflicto de Acre hizo también que la prensa reforzara estereotipos ya existentes o modificara el imaginario español en torno a Bolivia y Brasil, al tiempo que alimentaba el resentimiento antiestadounidense de la opinión pública española al sembrar la alarma sobre la política imperialista de Washington. La prensa de información contribuyó a consolidar la imagen de Bolivia como un país anárquico y débil, sacudido por continuas revoluciones e incapaz, por ello, de explotar sus recursos y defender su territorio. Este imaginario fue reforzado por los cablegramas de las agencias internacionales de noticias que constituyeron una parte de la información sobre el conflicto. El arrendamiento de Acre a un consorcio angloestadounidense ahondó esta percepción y convirtió a Bolivia en un reflejo de la debilidad de muchas naciones latinoamericanas y de la propensión de sus élites a aceptar la hegemonía de Washington.

Este imaginario contrastaba con la construcción de una nueva imagen de Brasil como potencia militar y económica emergente, capaz no solo de ampliar su territorio a costa de sus vecinos, sino incluso de impedir la penetración estadounidense en su zona de influencia. Una imagen que, en el caso de la Amazonia brasileña, aparecía ligada a la aparentemente inagotable prosperidad derivada del boom del caucho y a la fascinación representada por las noticias —a la vez fantasiosas y reales— sobre el surgimiento de modernas ciudades en el interior de la selva y el papel desempeñado por un puñado de aventureros españoles durante la primera guerra de Acre. Un imaginario colectivo que probablemente contribuyó a reforzar el atractivo migratorio de Brasil y que contrastaba con los informes diplomáticos y consulares sobre la gravedad de los problemas internos de la República Velha y las dificultades afrontadas por la inmigración española en Manaos y Pará.

Los imaginarios sobre Brasil y Bolivia creados por los informes diplomáticos y la prensa, no siempre concordantes, determinaron la percepción de la clase política y de la opinión pública españolas sobre la cuestión de Acre y —lo que es más importante— permiten entrever algunas de las preocupaciones y reflexiones en torno a las cuales se articularía en las siguientes décadas la nueva política americana de España.