La policía, y de manera más amplia el campo de la denominada cuestión criminal, constituye un eje temático poco atendido por la historiografía bolivianista, a diferencia de un cada vez más nutrido corpus latinoamericano en el que Argentina ocupa un lugar destacado. Si nos atenemos al ámbito historiográfico que explora la policía, excluyendo los también crecientes enfoques etnográficos y sociológicos, son de especial relieve los trabajos de Caimari (2012), Galeano (2009; 2018), García Ferrari (2010), Galeano y Kaminisky (2011), Bretas y Galeano (2016), Alpini (2018), Caimari y Galeano (2023a) y Palma (2023), solo por mencionar los más representativos de una tendencia que ha complejizado y redefinido, con estudios de caso y perspectivas comparativas, un objeto problemático que hasta hace dos décadas tenía un estatus epistemológico oscuro, en contraste con una tradición académica más larga desarrollada en Estados Unidos y Europa.

Gracias a la constelación del nuevo ciclo historiográfico proyectado desde el cono sur americano, hoy se puede decir que existe un conjunto de consensos que sigue generando desafíos y preguntas novedosas. Como bien han resumido Caimari y Galeano, los consensos pasan por un prisma de cuestiones que incluyen, entre otras, la de asumir la noción de policía de manera no esencializada y entendida más bien como práctica, la cual no siempre está en armonía con los esquemas institucionales, deontológicos y normativos. Esto se traduce en la necesidad de desplegar perspectivas centradas en el análisis de lo que la policía hace, en lugar de agotar la reflexión en lo que es o debería ser. Otro aspecto relevante radica en la utilidad de examinar los diferentes niveles jerárquicos y sus procedencias, particularmente la tropa y no únicamente los altos mandos, así como avanzar hacia una indagación cada vez más pormenorizada de las diversas áreas de intervención: identificación de individuos, patrullaje urbano o rural, vigilancias, entre otras. También resulta fundamental analizar a la policía en sus circunstancias sociales y políticas, así como los efectos de su accionar más allá de sus dinámicas internas, y, por último, considerar su cada vez más evidente cercanía —pese a todo— con la sociedad civil¹. En suma, se trata de adoptar una mirada que trascienda el análisis de la faceta represiva, sin dejar de tener en cuenta la muchas veces violenta premisa del orden social, que justifica normativamente la existencia misma de la institución.

El presente artículo se inscribe e inspira en esta corriente de nuevos estudios sobre la policía, indagando el caso boliviano, que hasta ahora no ha sido suficientemente explorado, ni en detalle ni en profundidad. Si bien existen avances iniciales, como el de Quintana (2012), un trabajo ambicioso y generalista, pero útil —y, de hecho, hasta hoy el único intento de historia académica de la policía—, así como el de Mansilla (2003), centrado en la época reciente, resulta evidente que aún queda mucho que hacer en este terreno. Estos estudios no han abordado cuestiones específicas y reflejan un conocimiento muy limitado del campo de la cuestión criminal por parte de sus autores. En el caso de Mansilla, su trabajo no constituye propiamente una investigación histórica, sino más bien un análisis de corte sociológico. Por su parte, Quintana, al haber sido ministro de Gobierno durante la elaboración de Policía en Bolivia… (2012), introduce un sesgo y una intención política que, en cierto grado, restan valor al análisis. Además, su enfoque se centra excesivamente en cuestiones estructurales y económicas que, si bien resultan útiles, no permiten abordar otro tipo de problemáticas.

Lo que se propone aquí es explorar una etapa significativa en la evolución de la policía boliviana: la reforma implementada entre 1937 y 1952, un conjunto de medidas de gran relevancia que terminó redefiniendo a “la institución del orden” e integrándola “al concierto de las naciones modernas”. Esta reforma apenas es mencionada por Mansilla, y, aunque Quintana le dedica algunos pasajes, tampoco profundiza en ella.

¿En qué consistió esta reforma y cuáles fueron sus elementos constitutivos y sus límites? ¿Cuáles fueron sus influencias externas, sus pilares principales, sus contenidos y sus efectos? El argumento que se plantea aquí es que la reforma constituyó un proceso importado, impulsado por los intereses políticos del denominado “socialismo militar”, pero también respondía a una necesidad real desde el punto de vista de la estatalidad: la policía era una agencia precaria, desalineada con la modernización que, desde el periodo liberal, se buscaba construir a toda costa, tanto en términos de racionalidad burocrática y administrativa, como de tecnificación y adopción de estándares científicos, aspecto que será retomado a lo largo del artículo. Los pilares de la reforma fueron la Escuela Nacional de Policías y la Revista de la Policía Boliviana (en adelante la Revista), espacios que articularon discursos y prácticas orientadas a la profesionalización de nuevas generaciones de agentes, la producción de identidad corporativa y la materialización del concepto de “policía científica”, todo lo cual se logró con un éxito relativo. En el epicentro del proceso, y más allá de los discursos nacionalistas y moralizadores, se encontraba la criminalística, un conjunto de procedimientos técnicos que empezaron a desplazar a la criminología positivista en la manera de entender, procesar y gestionar la criminalidad.

Metodológicamente, se ha optado por un abordaje temático antes que cronológico, basado en el análisis cualitativo de la Revista y en reportajes y notas de la prensa civil periódica, pero también en un conjunto complementario de materiales procedentes de repositorios en La Paz, ciudad desde la que se irradió la reforma. Los ejes en torno a los que se desarrolla el argumento se han limitado al rol profesionalizador de la Escuela, a ciertas innovaciones técnicas, a la construcción de identidad corporativa y al factor político. Si bien no son los únicos, estos aspectos se han seleccionado porque ilustran de modo muy claro las ambiciones y limitaciones del proceso reformista en sus primeros años de implementación.

En junio de 1826 una ley creaba la policía boliviana como la institución específicamente encargada del orden urbano, en sustitución de las milicias descentralizadas del periodo colonial². Sus atribuciones básicas —conservar “el buen orden de las ciudades”, perseguir a los delincuentes y presidir las juntas electorales³— se fueron ampliando gradualmente a medida que las problemáticas de las ciudades iban creciendo durante el transcurso del siglo XIX, y a la larga la policía pasó a ocuparse también de los desórdenes políticos. Esta nueva burocracia armada adquirió un rápido desprestigio ante la sociedad civil debido a la corrupción estructural y a los innumerables casos de abusos y actos de violencia cometidos por agentes de toda clase, una característica que perduró durante distintos ciclos estatales⁴.

El primer intento sistemático de cambiar la situación se realizó en 1886 con la promulgación de la Ley Reglamentaria de la Policía de Seguridad. Mucho más completa que la de 1826, esta normativa redefinió y amplió las atribuciones policiales, estableciendo como principio rector la “conservación del orden público”. Asimismo, manifestaba la intención de subordinar la institución al servicio del poder judicial y de restringir su utilización con fines políticos⁵. Sin embargo, la despolitización no fue posible, y la policía continuó funcionando como un brazo de la lucha interna, más que como una entidad auxiliar de la justicia encargada de resguardar los derechos de la ciudadanía. Entre 1895 y 1899, los escándalos protagonizados por policías que, con la aquiescencia y apoyo de los gobiernos de turno, actuaban como matones políticos e incluso bandidos comunes, alcanzaron un punto insostenible en las vísperas de la guerra Federal (1898-1899)⁶. Tras esta confrontación, el liberalismo triunfante intentó impulsar reformas entre 1900 y 1932, a lo largo de distintos gobiernos, pero sin lograr ningún éxito relevante⁷.

Ante este panorama de desorden y debilidad institucional, comenzó a asumirse que los cambios solo podrían provenir del exterior. Desde los primeros años del nuevo siglo, la policía boliviana volvió la mirada hacia otros países en busca de ayuda y modelos de referencia. En principio, consideró a Argentina como ejemplo a seguir, en gran medida por el protagonismo que adquirió tras el reconocimiento científico internacional otorgado en 1905 al sistema dactiloscópico desarrollado por Juan Vucetich en La Plata⁸. Por ello, los gobiernos liberales enviaron funcionarios a capacitarse en Buenos Aires y, a su vez, contrataron personal argentino para crear laboratorios en La Paz, Cochabamba y Oruro entre 1905 y 1910⁹. Posteriormente, en el contexto de los efectos de la crisis económica de 1929, el gobierno de Daniel Salamanca, urgido por fortalecer el aparato represivo frente a las masivas protestas sindicales y populares, inició una negociación con España en diciembre de 1932: documentos interministeriales reservados revelan que se pretendía contratar a un técnico español para que llegara a Bolivia “en calidad de Inspector General y cuya misión sería reorganizar la institución policiaria”¹⁰. No obstante, y pese a la insistencia del Gobierno, fue imposible concretar un contrato con España, y la inminencia de la guerra del Chaco (1932-1935) terminó por cambiar las prioridades del momento.

La guerra con Paraguay dejó al país en crisis, contexto en el que una joven oficialidad militar tomó las riendas del poder estatal, instalando un ambicioso régimen corporativo y nacionalista conocido como “socialismo militar”, encabezado por David Toro y Germán Busch, entre 1936 y 1939, que tuvo cierta continuidad durante el gobierno de Gualberto Villarroel (1943-1946). Es en esa coyuntura posbélica, marcada por discursos políticos oficiales para “rejuvenecer y salvar la nación”¹¹, cuando finalmente se inició la esperada reforma policial.

El primer paso fue contratar una misión extranjera que ofreciera directrices modernas y científicas: el “socialismo militar” puso su mirada en los regímenes fascistas europeos, hacia los cuales mostraba admiración, optando por contratar personal procedente de Italia. Un contrato preliminar se firmó en La Paz durante octubre de 1936 entre el Ministerio del Interior de Bolivia y un representante italiano, estableciendo la estancia de la Misión Policial Italiana (en adelante Misión o Misión Italiana) durante un año, con posibilidad de renovación. Por su parte, el responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia reveló, en un documento interno, que el régimen de Mussolini tenía interés en influir no solo en Bolivia sino también en otros estados sudamericanos¹².

Mientras la prensa informaba acerca de la contratación de diez técnicos —aunque en realidad fueron nueve—, los preparativos se aceleraban y una avanzada de la Misión partió hacia Bolivia a mediados de octubre de 1936¹³, con el objetivo general de reorganizar la policía siguiendo el modelo del sistema fascista¹⁴. En efecto, la procedencia de la Misión originó suspicacias y críticas en la prensa sobre la posible implantación de la ideología y los procedimientos fascistas. El Gobierno desmintió rápidamente estas acusaciones, señalando que se había optado por el contrato más favorable económicamente y que, además, Italia era un ejemplo “en materia de organización policiaria”. Con todo, y pese a los desmentidos, son conocidas las simpatías del presidente Toro por el régimen de Mussolini. Los voceros oficiales del Gobierno manifestaron también que los extranjeros no tenían ninguna autoridad para deliberar y se insistió en que la contratación no tenía que ver con la implantación de sistema político alguno, sino con la formación de funcionarios y técnicos especializados¹⁵. El grupo completo de italianos llegó finalmente a La Paz el 3 de enero de 1937, dirigido por Domenico Ravelli y formado por dos miembros del Corpo della Pubblica Sicurezza, tres de los Carabinieri y tres de la temible Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale¹⁶, cuyos integrantes eran conocidos como camicie nere.

Una de las tareas iniciales fue corregir la desconexión interna y la contraposición de funciones, consolidando una Dirección General de Policías centralizada y reorganizando el Cuerpo de Carabineros con sus respectivos regimientos y secciones. En términos generales, la Misión planteó definir una nueva identidad policial y proporcionar formación técnica orientada al control del delito y al manejo de situaciones de desbordes sociales. En ese marco, la primera acción contundente —y la más importante de todas— fue la creación de una escuela policial, con miras a un proceso de profesionalización que no fuera contradictorio con la promoción de la lealtad ideológica al Estado corporativo del “socialismo militar”. Por otro lado, se refundaron de inmediato varias secciones dependientes de la División de Investigaciones: Identificación, Archivo, Informaciones, Extranjería y Gabinete Técnico¹⁷. Todas estas, junto con otras nuevas ramificaciones especializadas, continuaron transformándose durante la década siguiente en un proceso de permanente reajuste institucional.

Sin embargo, la Misión no logró organizar su trabajo como se había previsto y tuvo que retirarse después de un año, debido tanto a problemas internos como a malentendidos con las autoridades bolivianas¹⁸. Las dificultades se debían a que el Gobierno de Toro atravesaba diversas turbulencias que podían alterar sus prioridades, en medio de la nacionalización del petróleo, demandas populares crecientes y serias disputas en la cúpula militar entre el propio presidente y Germán Busch. A esto se sumaba un conjunto de indefiniciones políticas y experimentos variados, dada la heterogénea composición del Gobierno, entre agentes de izquierda y derecha ocupando las altas esferas de la administración¹⁹. Además, el 13 de julio de 1937, Toro fue forzado a renunciar, allanando el camino para el ascenso de Busch al poder, cuyo gobierno fue aún más errático. En esa coyuntura, Gabriel Gosálvez, uno de los primeros ministros de gobierno de Busch, suspendió la coordinación con los italianos, mientras que entidades obreras exigían el fin “de las actividades de la misión policial fascista”. Posteriormente, el nuevo ministro, César Menacho, intentó convencer a Busch de la utilidad de la Misión, pero se vio obligado a solicitar a Ravelli, el jefe de la misma, que pusiera fin a “la campaña propagandística” que los policías italianos estaban efectivamente realizando en el desempeño de sus funciones²⁰.

Tomando en cuenta estos factores, no es difícil comprender por qué la Misión se volvió cada vez más insostenible. Ya en septiembre de 1937, se vislumbró que no habría una renovación contractual y, a fines de ese año, la mayoría de sus miembros —excepto dos que se quedaron a título personal como asesores— regresaron a Italia con cierta frustración, pese a que la prensa boliviana hablaba de un “contrato cumplido satisfactoriamente”²¹. Por su parte, Ravelli estaba notoriamente decepcionado e intentó explicar a su Gobierno la imposibilidad de presentar grandes resultados. Consideraba que el camino de la reforma ya estaba trazado y que solo se necesitaban algunos funcionarios especializados para supervisar su ejecución. Era consciente, sin embargo, y así lo expresó, de que Bolivia atravesaba una situación demasiado inestable y de que la injerencia política del Gobierno constituía un problema, además de que el costo monetario de la Misión no era sostenible para la economía del país²².

Con todo, y pese al balance pesimista del jefe de la Misión, la reforma tuvo un resultado trascendental: la Escuela Nacional de Policías, fundada el 26 de febrero de 1937. El mérito de su establecimiento, según la propia policía boliviana, correspondió a su entonces director general: Zacarías Murillo, un oficial veterano muy activo cuyas iniciativas venían de años atrás, pero que solo encontraron condiciones para su realización en el contexto generado por la presencia italiana. De este modo, la reforma quedó en marcha con directrices técnicas e institucionales que prometían profesionalización y cambios relevantes, aunque todavía faltaba un elemento fundamental: un medio que sirviera de vínculo con la sociedad y reforzara la identidad corporativa. Ese medio fue la Revista, concebida explícitamente como un órgano de prensa destinado a coadyuvar al proceso reformista y difundir los avances de la nueva institucionalidad. Se fundó en marzo de 1937 con la ambición de convertirse en una publicación mensual, objetivo que se logró solo en algunos periodos y de manera irregular, ya que varias ediciones terminaron agrupando dos o más números en uno solo, como intento de paliar los múltiples retrasos²³ (figura 1).

La nueva revista de la policía expresa cabalmente el proceso de aplicación de la reforma y no sorprende que uno de los directores de sus primeros números fuese Rosario Oreste Barranco, un miembro de Misión Policial Italiana. Se inspiraba explícitamente en las publicaciones homólogas de otros países y se ajustaba al formato de revista policial “estándar”, el cual, por cierto, podía llegar a ser bastante flexible: funcionaba como un medio para divulgar avances técnico-científicos y contribuir a la formación de nuevos funcionarios con identidad corporativa, como plataforma de expresión de la vida institucional y de formulación de demandas, y, al mismo tiempo, como un intento de nexo con la sociedad civil y un emprendimiento periodístico²⁴. Un editorial la definió como “instrumento de difusión de conocimientos científicos policiarios”, y resulta llamativa la disposición crítica que se promovía, ya que se afirma que la Revista mostraría las “deficiencias y necesidades” de la institución, aunque sin dejar de “orientar su misión” y “demostrar su capacidad” a la opinión pública²⁵.

Más allá de tratarse de un órgano oficial, la publicación apelaba a los lenguajes de las culturas populares, echando mano del estilo narrativo de la literatura de folletín. Era a la vez un experimento periodístico que cabría, por lo menos en parte y pese a su especificidad, dentro del género de las revistas ilustradas generalistas, de amplia difusión en el país a partir de los años veinte. A lo largo de sus distintas secciones, discurrieron por sus páginas discursos cívicos y moralistas, muy encuadrados en el nacionalismo de la época, y sobre todo decenas de artículos de opinión, textos científicos y técnicos, legislación y noticias en torno a la nueva policía, la criminalidad y su represión. Si bien la mayor parte de los contenidos eran propios, también se incluyeron muchos materiales tomados de revistas policiales de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Honduras, todo ello compartiendo espacio con el registro de los pormenores de la vida institucional, algunos poemas y cuentos, así como un nutrido avisaje comercial que, por cierto, constituía la principal fuente de su financiamiento. En 1943, los editores afirmaban que el número 46-47 había alcanzado un tiraje de seis mil quinientos ejemplares, y se jactaban de que era la publicación de “mayor difusión” en el país²⁶, lo cual es muy probable, aunque quizá solo en algunos periodos.

La Escuela Nacional de Policías era sin duda el gran emblema de la reforma, y su consolidación y desarrollo fue un proceso de innovaciones permanentes y ajustes sobre la marcha, tal como se aprecia en la Revista, convertida rápidamente en su vocero oficial. Allí se ve que, desde su fundación, todos los gobernantes dieron amplia propaganda a la Escuela y la usaron como un nuevo medio de fasto y exhibición de poder: las inauguraciones y clausuras de cada ciclo escolar contaban con la presencia de los presidentes y jefes del ejército que contemplaban desfiles y demostraciones de gimnasia y judo, para entregar luego diplomas y premios de estímulo a los mejores alumnos, en medio de discursos patrióticos y grandilocuentes.

Con todo, la Revista evidencia también que la gestión interna resultaba difícil; por ejemplo, los editores aluden a críticas de la prensa respecto a que la Escuela preparaba únicamente oficiales de carabineros y no funcionarios civiles. Ante ello se anunció que a principios de 1942 se formaría una comisión integrada por el Ministerio de Gobierno y las direcciones policiales, incluyendo “representantes de la prensa”, para delinear “los programas definitivos de estudio para los diferentes cursos”²⁷. No se sabe si se formó tal comisión, lo cierto es que, en 1943, según extensas notas publicadas en la Revista, la formación se estaba diversificando, de acuerdo a una división de cursos sujeta a transformaciones casi permanentes a lo largo de los años. El curso básico regular de cadetes —para preparar agentes, detectives, comisarios y oficiales de carabineros destinados, según el caso, a las ramas de seguridad o vigilancia— estaba orientado a las áreas de investigación, identificación, extranjería y comisarias, tenía dos años de duración y fue ampliado a tres a partir de 1941. Por otra parte, existían cursos cortos para funcionarios específicos, que podían durar solo unos meses, con el objetivo de “profesionalizar” lo más pronto posible a la mayor cantidad de personal. Se admitían “muchachos de 15, 16 y 17 años en el primer curso”, cuya procedencia de sectores populares no era precisamente del agrado de las altas jefaturas, aunque con el tiempo supieron aprovechar esta circunstancia para mostrar una policía “del pueblo”²⁸.

Al defender “científicamente” la promoción de la gimnasia y el atletismo en la Escuela, el teniente Erich Strauss planteó que la “cultura física” serviría para “construir una raza fuerte y sana”, establecer vínculos con la sociedad y animar a “muchachos de buena familia” a que ingresasen en las filas policiales. Además de intensificar la práctica del box y, especialmente, del judo, —considerada “un arma invisible y secreta”— Strauss recomendaba la “gimnasia moderna del sistema sueco, combinada con la gimnasia militar alemana”²⁹. La importancia del deporte en la formación era evidente: se realizaban con frecuencia “matchs” públicos y demostraciones de diversas disciplinas, tendientes a consolidar el espíritu de cuerpo y a mostrar al público las capacidades físicas del nuevo personal en formación.

Por otro lado, Víctor M. del Castillo, destacado profesor civil de técnica policial, cuyos aportes a la Revista fueron de gran importancia, señaló que desde 1942 se podía recibir en cada convocatoria a cien aspirantes jóvenes seleccionados, quienes en el curso regular recibirían lecciones de “psicología experimental”, “derecho penal y criminológico”, topografía, código militar, legislación y “técnica policiaria”, materias complementadas por cursos anexos de medicina legal, derecho administrativo e instrucción militar, aparte de la ya mencionada “cultura física”. En la sección de “técnica policiaria” se enseñaba balística, grafología, nociones para reconocer, clasificar y registrar huellas digitales —básicamente el “sistema dactiloscópico argentino”—, elaboración de informes periciales y el “retrato hablado de Bertillon”, aún parcialmente vigente, así como los deberes y procedimientos a seguir en el lugar del crimen. Entre otros contenidos, se incluía el reconocimiento de signos de ahorcamiento, la mecánica de sofocación y sus tipos, el reconocimiento de signos de muerte por sumersión y la reconstrucción del delito por pruebas indiciarias³⁰.

Más allá de todo el aparato pedagógico y técnico de la nueva institución, subyacía una nueva doctrina, o al menos eso es lo que sostenía el coronel Ocampo Brun, director de la Escuela en 1943. Se trataba, en sus palabras, de “la doctrina del Hombre-policía”: una construcción que debía forjarse con la “tecnificación en el conocimiento científico” para crear un futuro “ciudadano enérgico” que eliminara los “procedimientos perniciosos” que aun pervivían en la institución. Los tres aspectos de la “formación de la personalidad” del policía eran, en su criterio, la técnica, la ciencia y la moral. De ese modo, el nuevo “Hombre-policía” formado por la Escuela debía ejecutar sus acciones cerca de la sociedad civil con un espíritu cívico expresado en una “cultura nacionalista”³¹. Empero, más allá de la retórica cívica y patriótica, había una necesidad pragmática de consolidar una nueva institucionalidad capaz de ejercer un control social más eficaz. Al respecto, un colaborador de la Revista, llamado Roberto Zapata, planteaba que la división del trabajo y el desarrollo de la técnica habían convertido al mundo criminal “en industria y empresa”. Era esa la razón por la que, a su juicio, la policía debía hacerse científica. Aludiendo a la distancia entre las viejas narrativas del crimen y la situación de la criminalidad en un mundo de cambios acelerados sentenció lo siguiente:

Y todo este culto al desarrollo de la ciencia se expresaba mediante el énfasis en las tecnologías de identificación, las prácticas de detección y la relación con los muertos. En efecto, la Revista muestra la importancia que se concedía a la cercanía de los estudiantes de la Escuela con los cadáveres y su tratamiento, una faceta que empezó a considerarse fundamental en la formación. Por ejemplo, se utilizaban cuerpos de la morgue del hospital general de Miraflores, generalmente ya en grado avanzado de descomposición, para “familiarizar” a los postulantes a “las emanaciones pútridas” y al “gesto macabro del occiso”. También se realizaban lesiones de todo tipo en los cuerpos inertes, incluyendo disparos, a modo de tiro al blanco, con la posterior extracción e identificación de proyectiles. En la Revista aparecen un par de fotografías de grupos de estudiantes posando con naturalidad junto a los restos humanos utilizados en las actividades de formación³⁴.

En algunas de las prácticas se realizaban disparos a quemarropa, que generalmente producían la “proyección de masa encefálica, esquirlas de hueso o sangre coagulada”, y eran consideradas una especie de “bautizo profesional” de los alumnos³⁵. También se impartían lecciones sobre el desarrollo de dípteros y otros insectos u organismos que integraban la llamada “fauna cadavérica”, útil para determinar la cronología de la muerte. Por otra parte, se utilizaba sangre procedente del matadero público para llevar a cabo ejercicios de identificación de rastros hemáticos y el estudio de sus características.

La estrecha vinculación con los cuerpos fallecidos que exigía la formación profesional también se expresaba en la aplicación de técnicas de “restauración plástica facial”, ya fuese mediante maquillaje o procedimientos de toilett, o con inyecciones de una solución caliente de “gelatina glicerinada”, utilizada para rehidratar y reconstruir tejidos dérmicos y epidérmicos, devolviendo elasticidad a distintas áreas del cuerpo. Este método resultaba especialmente útil para recuperar la forma de las extremidades digitales dañadas o previamente sumergidas, pues, una vez superada la rigidez post mortem, era posible obtener dactilogramas legibles incluso en casos de notable degradación de los cuerpos sometidos al análisis³⁶.

Desde principios de 1942 comenzaron a evidenciarse los resultados de la aplicación de estas técnicas. En enero de ese año, el asesinato de un hombre llamado Andrés Paucara —perpetrado por su esposa y el amante de esta— se convirtió en un caso que permitió demostrar públicamente la eficacia de los nuevos procedimientos. La Revista difundió un informe detallado sobre “los métodos usados por la ciencia policial” que posibilitaron la identificación de la víctima, quien había sido estrangulada y posteriormente arrojada al río Choqueyapu, en La Paz. Tras una compleja intervención de restauración plástica, se logró, “por primera vez en la historia criminal de Bolivia”, identificar un cuerpo empleando las nuevas pautas de recuperación epidérmica, pese a que la exposición al agua había alterado gravemente los rasgos del rostro, al extremo de que “la morfología facial era una masa informe, tumefacta y cianótica”. Por otro lado, las huellas dactilares, inicialmente ilegibles, también pudieron ser recuperadas con éxito, lo que permitió no solo establecer la identidad del fallecido, sino resolver el caso. El Departamento Técnico calificó este logro como un “triunfo de alcance esencialmente científico”, afirmación que fue respaldada por la prensa³⁷.

Un año después, el jefe del Laboratorio de la Policía de La Paz, Alberto Mariño, junto con el asesor técnico, Víctor del Castillo, invitaron a varios periodistas a visitar el Departamento de Scopometría con el fin de mostrar los avances alcanzados. Durante la visita se realizó una “demostración de reconstrucción plástica de extremidades digitales de un cadáver desecado de hace muchos años”. Allí se informó también que Mariño se estaba formando en el “procedimiento Stockis”³⁸, empleado ya en Argentina y Brasil para la clasificación de las crestas papilares de las palmas de las manos³⁹.

El enfoque técnico —y en cierta medida también médico— fue consolidado durante la década por Víctor del Castillo, quien, tras visitar varios países vecinos para conocer “los procedimientos pedagógicos en las instituciones policiales”, concluyó que la formación debía centrarse prioritariamente en la práctica más que en la teoría, tanto en el ámbito militar como en la que debía impartirse con cada vez más rigor en los “anfiteatros autópsicos”. La importancia concedida al conocimiento médico, y al tratamiento de los cuerpos sin vida, se resume claramente en un informe donde se concluye que “los cadáveres hablan ante el escalpelo de la ciencia”⁴⁰.

Sin embargo, no existía consenso respecto a las materias que debían impartirse en la Escuela. En un texto titulado “La orientación de la Escuela Nacional de Policías”, Jorge Gallardo —colaborador ocasional de la Revista— comentaba una iniciativa que aspiraba a convertir la Escuela en una especie de “Instituto de Criminología”, eliminando materias como Derecho Constitucional, Código del Trabajo y Legislación Aduanera, entre otras, para introducir “asignaturas que resultarían más adecuadas para un juez en materia criminal o para un abogado especialista en asuntos penales”. Gallardo expresa su desacuerdo y defiende el plan de estudios vigente desde 1942, más enfocado en la criminalística que en la criminología. Su postura pone de manifiesto la existencia de una sutil disputa interna en torno a la orientación general de la Escuela, así como respecto a los contenidos y métodos de enseñanza que debían primar⁴¹.

A pesar de los constantes reajustes, en 1948 se consolidó un programa más orientado a la formación técnico-científica, con énfasis en dactiloscopia, química legal, medicina forense, anatomía, balística, grafología, técnicas de inspección, planimetría y prácticas en laboratorios y gabinetes de las Brigadas Departamentales. Este plan incluía, además, formación en procedimiento penal y legislación general⁴². No obstante, un área que permaneció pendiente fue la gestión carcelaria. Melquíades Salazar, jefe del Gabinete Dactiloscópico de la Policía de La Paz, subrayaba en una nota la necesidad de reorganizar el sistema penitenciario siguiendo “sistemas europeos”, y proponía que la Escuela formara un “cuerpo técnico de oficiales penitenciaristas”⁴³, iniciativa que no pudo concretarse. Mientras tanto una evidente crisis carcelaria se agravaba, y las reiteradas fugas de distintos centros penitenciarios acaparaban escandalosamente los titulares de la prensa.

La modernización técnica derivada de la reforma incluyó otros aspectos relevantes, como la incorporación tardía de equipos de radiocomunicaciones⁴⁴ y el fortalecimiento de laboratorios y gabinetes con personal enviado regularmente a formarse en Argentina y, a comienzos de la década de 1950, en Estados Unidos y varios países europeos.

Hacia 1945, se habían modernizado de manera significativa varias dependencias, entre ellas el Gabinete Central de Identificación que adoptó un sistema de casilleros inspirado en el de la policía española, considerada “una de las mejores del mundo”, según Roberto M. Silva, secretario de redacción de la Revista. Este sistema comprendía, entre otros elementos, un registro con tarjetas dactilares, un archivo de “conceptuaciones policiales” organizado según las especialidades delictivas identificadas en los bajos fondos el hampa, un registro de apodos de delincuentes aprehendidos y un álbum “criminológico” con fotografías⁴⁵. Antes de incorporar una nueva ficha en cualquiera de los casilleros, se realizaba una búsqueda previa en los archivos del Gabinete Central de Investigación y en el Registro Central Antropométrico y Dactiloscópico del Panóptico Nacional, con el fin de evitar duplicaciones. Gracias a estos procedimientos, simples pero sistemáticos, se logró establecer un nuevo orden en la recopilación, clasificación y organización de datos. Silva desempeñó un papel destacado en este proceso y, en 1945, se anunciaba la próxima publicación de su libro Prácticas de policía científica, destinado al nuevo personal formado en la Escuela⁴⁶.

Otra área relevante, por su utilidad y especificidad, estaba constituida por un renovado Gabinete Dactiloscópico, desde el cual su jefe, Melquíades Salazar, aportó varios textos divulgativos a la Revista sobre la inmutabilidad de las crestas dérmicas y la revolución técnica que su clasificación y sistematización significó para la policía. Salazar y otros colaboradores destacaron en numerosas ocasiones el papel crucial del sistema dactiloscópico desarrollado por Vucetich, que, subrayaban, estaba reemplazando progresivamente al método antropométrico de Bertillon en diversas latitudes. A los procedimientos de registro y clasificación dactiloscópica se sumaban técnicas novedosas de revelación de huellas latentes mediante sustancias químicas, trasplante de vestigios y nuevas formas de análisis de manchas de sangre y otros fluidos, que ya se estaban comenzando a emplear en la policía boliviana⁴⁷ (figura 2).

En la misma línea de tecnificación se encontraba el Gabinete de Criminalística, cuya modernización constituyó otro logro destacado de la reforma. En 1948, con un espíritu de apertura, sus responsables recurrieron al ámbito intelectual y médico, dado que la criminalística se consolidaba progresivamente como un campo interdisciplinario capaz de materializar el concepto de “policía científica”. Al abarcar múltiples áreas del conocimiento, el Gabinete de Criminalística adquirió un papel central, condensando los saberes de los demás gabinetes. En su laboratorio y oficinas se manejaban conocimientos de química, medicina legal, planimetría y balística, entre otros. Por ello, los jefes policiales, siguiendo las recomendaciones de sus asesores directos, crearon un Cuerpo Consultivo ad honorem, integrando a distintos profesionales y profesores universitarios para labores de asesoramiento, ya que dicho gabinete era el que requería el personal más cualificado y actualizaciones constantes de instrumental y saberes expertos⁴⁸.

Por otro lado, también se fue sistematizando el uso de la fotografía. Su aplicación como método de identificación en Bolivia fue una consecuencia de la introducción gradual del bertillonage⁴⁹, desde principios del siglo XX, quizá en parte como efecto del paso de una misión científica francesa conocida como “Créqui-Montfort” en 1903⁵⁰. Lo poco que se conoce, a partir de los prontuarios conservados en el Archivo de La Paz, indica que se contrataban servicios auxiliares de fotógrafos privados que, en coordinación con los agentes, aplicaban el método Bertillon de fotografía métrica. Es probable que solo a partir de la década de 1920 la policía dispusiera de personal propio formado en el extranjero, un aspecto que aún requeriría una investigación específica.

El clima reformista impulsado por la Misión Policial Italiana generó un contexto propicio para la innovación y la experimentación. Una nota firmada por “Marcast” en la Revista, titulada El delincuente y su fotografía, informaba de que el Gabinete Criminalístico encontró en una publicación europea un tipo de fotografía, utilizada en clínicas dentales alemanas, que se obtenía mediante la disposición de dos espejos a un ángulo de 40º detrás de la persona retratada. El sencillo artilugio fue adoptado por la policía boliviana, de modo que con un solo disparo del obturador se podía obtener una imagen quíntuple del “filiado”, del cual se veían simultáneamente el rostro de frente, los perfiles derecho e izquierdo y las regiones occipito-temporales⁵¹. Pero el entusiasmo duró poco y se volvió al estándar fotográfico confiable de Bertillon, de dos tomas, una de frente y otra de perfil.

Las fotografías ocupaban también un lugar clave dentro de una forma relativamente novedosa de organizar los datos archivísticos: el prontuario. Llegado desde Argentina —donde José Rossi contribuyó a su desarrollo en 1901—, el prontuario consistía en una carpeta que reunía fotografías, datos dactiloscópicos y otras informaciones más allá de las fichas antropométricas, vinculando la existencia de una persona con los registros conservados sobre ella en un archivo estatal. Este instrumento representaba un paso más en el proceso de descentramiento de la identidad física que venía gestándose desde comienzos de siglo, en beneficio de un registro de información más amplio y que trascendía al cuerpo. La recopilación múltiple de datos sobre aspectos en apariencia irrelevantes —como las relaciones sociales, los espacios frecuentados, las habilidades y las debilidades de los delincuentes— resultaba, en muchos casos, más valiosa y práctica para la identificación y las técnicas modernas de detección que las simples medidas antropométricas⁵². Si bien la dactiloscopia y el prontuario ya se utilizaban en Bolivia antes de la reforma —quizá desde la década de 1920—, su implementación fue notablemente perfeccionada y ampliada a partir de 1937. Con estos avances, los archivos policiales bolivianos se modernizaron y adoptaron los estándares internacionales de la época.

Cabe mencionar además que, aunque tardíamente, el género de las galerías criminales también llegó al país. No obstante, nunca se produjo una publicación específica, como la célebre Galería de ladrones de la capital de Fray Mocho en Argentina, o como tantas otras que circularon en distintos países a ambos lados del Atlántico. A lo sumo, parece haber existido alguna forma de composición mural, lo que se deduce de una exigencia de Roberto M. Silva quien, en 1945, pedía que en todas las sedes policiales se exhibiesen álbumes murales con las fotografías de los delincuentes más avezados de la zona o de la ciudad⁵³. Donde sí aparecieron estas colecciones de imágenes de criminales —acompañadas de diversa información sobre los sujetos retratados— fue en la Revista. Allí, los retratos se publicaban junto con resúmenes de los prontuarios, los cuales, en ocasiones, aparecían claramente contaminados por licencias narrativas de los editores. Por lo demás, puede afirmarse que la profusa utilización de la fotografía —tanto la estandarizada y “científica” como la destinada a registrar la vida cotidiana en la Escuela y los actos cívicos— constituyó un rasgo clave del período. La Revista es particularmente rica en este material, con motivos muy diversos, más allá de los saberes policiales o la construcción de archivos. De hecho, las fotografías de desfiles y paradas militarizadas, así como el propio desarrollo de los gabinetes, fueron parte de la construcción de la identidad corporativa. Tanto el uso de la fotografía en fichas y prontuarios, como la amplia gama de ilustraciones e iconografías difundidas en la Revista, permitieron construir una narrativa visual que contribuyó de manera significativa a la conformación de una nueva cultura policial.

La fotografía fue utilizada igualmente en la ampliación del Museo Criminológico de la Policía, una dependencia creada en 1935 por iniciativa de Víctor del Castillo y Alberto Mariño, “dos quijotes (…) consagrados a la rama criminalística”⁵⁴. Tras algunos años de incomprensión y relegamiento, el Museo fue reinaugurado en enero de 1942⁵⁵ y enriquecido con rarezas, piezas teratológicas, nuevas fotografías e instrumental diverso incautado a ladrones y otros criminales. Desde entonces adquirió amplia visibilidad y difusión pública, llegando incluso a instalarse, durante un tiempo, en el propio edificio de la Escuela, donde era visitado obligatoriamente por el estudiantado como parte de su formación. El compromiso de Víctor del Castillo con la institución era tan profundo que, paradójicamente, no dudaba en transgredir la ley si lo consideraba necesario. En una ocasión, para incrementar el acervo del Museo, llegó a organizar el robo nocturno de una “codiciada” y peculiar cabeza en el cementerio de La Paz, un acto “novelesco” en el que participó personalmente⁵⁶.

Otro elemento a considerar es la deliberada construcción de una identidad corporativa renovada. Un paso significativo en esta dirección fue la declaración, en 1937, durante la presidencia de Busch, del “Día del Carabinero y del Policía”, celebrado cada 13 de julio⁵⁷, fecha que se trasladó al 18 de enero a partir de 1940⁵⁸. En esta efeméride se llevaban a cabo actos cívicos tanto dentro como fuera de los recintos policiales; el más llamativo era un desfile que exhibía armas, motocicletas blindadas y máscaras antigás, material adquirido como parte del proceso de modernización, el cual incluyó también la renovación de uniformes. Los aspectos simbólicos fueron relevantes y cuidadosamente diseñados. En enero de 1948 se estrenó el “Himno del Policía y del Carabinero”, cuya composición fue encargada a figuras destacadas: la letra a Adrián Pereira, “un laureado poeta nacional”, y la música a Adrián Patiño, uno de los más importantes compositores de la tradición musical boliviana del período. Además de versos como “Del derecho, en la antorcha encendida, te dio el cielo su inmenso poder” o “Eternicen los pueblos en coro las hazañas del gran policial”, había una línea del himno que resultaba particularmente inquietante: “Hiere al pueblo si el pueblo es felón” ⁵⁹. Esta advertencia contradecía ciertos discursos presentes en la Revista, donde en ocasiones se resaltaba la composición popular —e incluso indígena— de la base policial y la cercanía de la institución con el “pueblo”. Sin embargo, la frase adquiere pleno sentido desde la perspectiva del poder político porque el himno se inscribe en un contexto de intensa agitación social y de continuas revueltas obreras e indígenas, que el Estado oligárquico estaba combatiendo por todos los medios, en la antesala de la Revolución de 1952.

Paralelamente, se buscó un emblema que representara a la institución y se terminó adoptando a la grulla, ave a la que se atribuía la capacidad de mantener un estado de vigilia permanente⁶⁰. El uso de alegorías animales no era novedoso en los cuerpos policiales; por ejemplo, en la Argentina decimonónica se había elegido al gallo como emblema policial⁶¹. No obstante —y pese a que se llegó a proponer la domesticación de grullas en los cuarteles⁶²—, este símbolo no perduró en el tiempo. Lo que sí perduró, en cambio, fue la construcción de la figura del “policía héroe”, muy presente en la Revista hacia finales de los años cuarenta (figura 3).

Asimismo, en este período se establecieron las bases de lo que paulatinamente comenzó a conocerse como “familia policial”, término utilizado para designar a los “círculos” o asociaciones policiales, y a sus amigos cercanos y familiares directos⁶³. En Bolivia, la expresión aparece en los años cuarenta en la Revista, definida por un alto jefe como el “vocero espiritual de la familia policiaria nacional”⁶⁴. Ante la imposibilidad de conformar sindicatos, esta noción se había extendido entre varias policías del continente, y en Bolivia el contexto de reforma generó las condiciones para el surgimiento de asociaciones de nuevo cuño, inspiradas en experiencias similares cuyas noticias llegaban desde el extranjero. En 1941, el capitán Carlos Godoy planteó la necesidad de fundar un “Círculo Policial o Club de Carabineros”, “de aspecto mutualista”, que contara con biblioteca, billar “y otras diversiones o expansiones sanas”⁶⁵, pero solo en 1948 se anunció la inauguración de un Centro Social de Carabineros, para que los agentes pudieran “pasar momentos de sano esparcimiento en las horas libres”, “afianzar el espíritu de camaradería” y “culturizarse” con una biblioteca también nueva⁶⁶. Al año siguiente se instaló un Casino de Oficiales, en las dependencias de uno de los regimientos más importantes en La Paz, donde los oficiales se reunían “para departir y hacer franca camaradería”⁶⁷. Y fue también a fines de los años cuarenta que se definió el lema institucional oficial “Contra el mal, por el bien de todos”, apelando a un maniqueísmo elemental pero eficaz en su intento por caracterizar “al otro”, al criminal, pero también al comunista, al sindicalista o al “indio alzado”, como un enemigo interno al que combatir en “defensa de la sociedad” (figura 4).

Por otra parte, los cambios implementados desde 1937 abrieron espacios para que la tropa expresara sus demandas de beneficios, mejoras salariales e infraestructura. En 1943 se creó el escalafón “para establecer la antigüedad de los grados, el orden de los ascensos (…) y asegurar la carrera policial”⁶⁸, aunque aún se requerían nuevos reglamentos específicos y una ley general, tema ampliamente debatido durante los años cuarenta. La antigua Ley Reglamentaria de 1886 continuaba vigente y se consideraba cada vez más anacrónica; por ello, en 1945 se constituyó la “Comisión Codificadora Nacional de Legislación Policiaria”, encabezada por el abogado Benigno Carrasco, destacado impulsor de la Revista⁶⁹. Cinco años después, la nueva legislación, inspirada en modelos de “policías extranjeras”, estaba lista y comprendía un extenso cuerpo normativo de 895 artículos, cuyo objetivo principal era promover una mayor centralización frente al “caos administrativo”, problema que todavía no se había superado del todo. Tras retrasos ocasionados por los vaivenes políticos, el Congreso Nacional aprobó finalmente, durante el segundo semestre de 1950, la Ley Orgánica de la Policía. Este hecho representó un hito para la institución, ya que consolidaba el escalafón e incorporaba diversos beneficios, indemnizaciones, pensiones y montepíos, aunque las reglamentaciones específicas tardaron aún algún tiempo en redactarse⁷⁰.

Junto a otras figuras ya mencionadas, Isaac Vincenti fue un hombre que desempeñó un papel clave en la implementación de la reforma en la etapa posterior a 1946, gracias a su estrecha vinculación con los sectores más conservadores, del poder político y del ejército, que retomaron el control del Estado a partir de ese año. Oficial destacado que combatió en la guerra del Chaco, había sido retirado del ejército por conspirar contra el régimen de Gualberto Villarroel (1943-1946)⁷¹, el cual, a su manera, reeditaba el “socialismo militar” y contaba, a diferencia de los gobiernos de Toro y Busch, con la participación de un partido sólido y en plena expansión: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). El gobierno villarroelista depuró las cúpulas policiales e intensificó la transformación de la institución en un instrumento político. Durante esos años, la Revista se convirtió en un medio de propaganda del régimen, mientras la oposición oligárquica tradicional acusaba al gobierno de albergar simpatizantes del “nazi-fascismo”. Las ambivalencias del MNR en este período, sumadas a la política errática de Villarroel —quien apoyaba al movimiento indígena y minero mientras reprimía al estudiantil, a los sindicatos artesanales urbanos, a la prensa opositora y a sectores oligárquicos mediante estados de sitio y expropiaciones—, generaron un clima de conspiración en múltiples frentes. En 1944, se desató un escándalo cuando un agente de investigaciones de la Policía de La Paz, siguiendo órdenes de la jefatura, realizó un atentado fallido con arma de fuego contra José Antonio Arze, destacado dirigente de izquierda enfrentado al MNR⁷². El mismo año, otros opositores fueron secuestrados y eliminados con éxito, y la situación empeoró aún más. A inicios de julio de 1946, un estudiante murió durante una protesta, a causa de la acción de los carabineros, y la policía ocultó el cuerpo y falsificó los informes. Cuando el caso salió a la luz, el prestigio de Alberto Mariño —otra figura relevante en la implementación de la reforma— se vio comprometido, pues había sido obligado a realizar el “trabajo sucio” en un intento de hacer desaparecer las pruebas. Tras conocerse la verdad y después de la caída de Villarroel, Mariño fue destituido de su cargo como jefe del Gabinete Criminalístico, aunque posteriormente fue exonerado y recuperó su puesto en 1949⁷³.

Esta coyuntura desembocó finalmente en una revuelta confusa y heterogénea, impulsada por estudiantes, maestros, sindicatos y diversos sectores opositores, que culminó con la muerte de Villarroel y su cuerpo colgado de un farol el 21 de julio de 1946. En este escenario emergió la figura de Vincenti, quien actuó como conspirador, agente y agitador durante esas jornadas, especialmente entre las barricadas universitarias⁷⁴. Su participación en la revuelta le valió ser designado director general de policía y ascendido a coronel de carabineros por el nuevo gobierno. A partir de entonces asumió la tarea de reorientar la reforma, que a su juicio se había tergiversado y desviado.

Vincenti reunía las condiciones para ejercer un liderazgo sólido y eficaz. Joven, educado, carismático, de buenos modales, atractivo y audaz, fomentó un auténtico culto a su personalidad, respaldado por la nueva cúpula policial, ya depurada tanto de elementos villarroelistas como de simpatizantes del MNR. La Revista pasó entonces a promover intensamente su figura, casi omnipresente: sus fotografías ocupaban con frecuencia páginas completas, acompañadas de panegíricos que exaltaban las virtudes del líder idealizado. Se convirtió en el hombre fuerte de los gobiernos de Enrique Hertzog (1947-1949) y Mamerto Urriolagoitia (1949-1951), neutralizó conspiraciones internas e impuso el orden frente a diversas asonadas armadas. Su papel decisivo en la represión política le otorgó un poder superior al del propio ministro de Gobierno, pues la “mano dura” de Vincenti se convirtió en uno de los pilares de la estabilidad gubernamental, constantemente amenazada por el movimiento indígena y popular en ascenso, que salía a las calles y carreteras por la acción del MNR, por facciones de la izquierda marxista y por sectores sindicales anarquistas.

Íntimamente ligado a Hertzog, la creciente acumulación de poder y autonomía de la que empezó a disfrutar el carismático jefe policial provocó, con el tiempo, indignación y escándalo entre la oposición parlamentaria⁷⁵, mientras la Revista no dejaba de dedicarle numerosas páginas. Con frecuencia se exaltaba su “indomable rebeldía” y se destacaba su “figura joven y austera”, “forjada en la Revolución Libertadora del 21 de julio de 1946”. Su “sagacidad” durante la caída de Villarroel, habría permitido “el control de las pasiones populares, que, en esos momentos de prueba de la Revolución, amenazaban desbordarse”⁷⁶.

El joven coronel aprovechó el protagonismo que se le atribuía en la “revolución” de 1946 y se propuso llevar a cabo una “refundación” de la policía para “reorientar” la reforma, utilizando como recurso simbólico la “gesta” del 21 de julio y una retórica que atribuía todos los males al derrocado Villarroel. Con este propósito introdujo varios cambios en la institución, y una de sus primeras medidas fue la creación del Regimiento de Carabineros 21 de Julio, el más poderoso de la época, dotado de cuartel propio y de una disciplina que aspiraba a ser ejemplar, hasta convertirse en un cuerpo policial modelo⁷⁷. Gestionó asimismo la incorporación de jeeps y otros vehículos motorizados como parte de la modernización técnica, los cuales desfilaban cada vez que Vincenti encabezaba un acto oficial. Entre otras dependencias, impulsó también la creación de un Escuadrón de Bomberos⁷⁸, de departamentos de “Orden Político” y de un Servicio de Matrícula y Registro Domiciliario. Además, fortaleció la Escuela y reorganizó varias “áreas vinculadas con labores de investigación, vigilancia social y prevención criminal”⁷⁹.

En 1948 el gobierno decidió enviarlo a Estados Unidos para una “misión de estudio”, no sin antes rendirle diversos homenajes con almuerzos oficiales y otros actos públicos a los que asistían el presidente y varios ministros⁸⁰. Ese mismo año realizó otra visita a la Policía de Santiago, en Chile⁸¹, y en enero de 1950 la Revista anunció que emprendería una “misión especial” de formación en España y otros países europeos no especificados, con el objetivo de conocer nuevas técnicas de lucha contra el crimen⁸². Antes y después de estos viajes, Vincenti continuó recibiendo constantes homenajes e incluso premios: en 1949 el gobierno le concedió la medalla “Cóndor de los Andes”, una de las más altas distinciones del Estado boliviano⁸³, y poco después se le entregó una “bella casa” como recompensa por sus servicios⁸⁴. De este modo, toda la actividad policial empezó a girar en torno a él, lo que generó no pocos temores en sectores del gobierno, del ejército y de la propia institución que dirigía.

Entretanto, la crisis social llegaba a niveles de gran desestabilización. Entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre de 1949, tras una serie de enfrentamientos violentos entre sectores mineros y la policía, estalló la llamada “guerra civil del 49”, un levantamiento dirigido por cuadros del MNR en distintos puntos del país, que fue rápidamente sofocado. Varios meses después, en mayo de 1950, grupos fabriles armados emprendieron un nuevo intento insurreccional, librando duros combates urbanos en La Paz que dejaron un saldo de tres carabineros muertos y varios heridos⁸⁵. En esa coyuntura, Vincenti condujo con éxito la represión, pero también comenzó a enfrentar problemas internos. En una nota publicada por el propio coronel en la Revista, mencionaba —sin ofrecer detalles— ciertas “incomprensiones y susceptibilidades” que empezaban a manifestarse desde el ejército. Preocupado, insistía en la necesidad de mantener la armonía entre la policía y las Fuerzas Armadas⁸⁶, pues entendía que el distanciamiento que se estaba gestando entre ambas constituía un grave peligro que debía conjurarse. Las fricciones entre los dos cuerpos se convirtieron en una fuente permanente de ansiedad. Se percibía un clima de desconfianza al interior de estas instituciones, probablemente alimentado por las conspiraciones del MNR, que contaba con presencia en diversos sectores políticos y, al parecer, también entre parte de la tropa policial. Además, Vincenti era cada vez más visto como una figura sospechosa debido al poder que había acumulado, lo que propició la aparición de enemigos internos.

Finalmente, el 25 de agosto de 1950, el coronel presentó su renuncia “irrevocable”. En una carta dirigida al presidente Urriolagoitia, hizo un repaso de su carrera desde 1946, autodefiniéndose como “fiel y entregado”. El punto de inflexión fue un decreto del 11 de agosto de 1950, mediante el cual el gobierno, presionado por la crisis económica, exigió a las empresas mineras entregar un mayor número de divisas al Banco Central por la exportación de minerales. El caso es que el aparato de espionaje de Vincenti había descubierto una “obra conspiratoria” entre algunos empresarios afectados por la medida. Ante esto, el jefe policial se presentó como un patriota, expresando a Urriolagoitia su “adhesión formal” a la “política tocante a establecer en el país un régimen económico que ponga fin a la servidumbre de la Minería”, en favor de “una política de liberación”. Siguiendo lo que consideraba su deber, afirmaba haber convertido la vigilancia de los personeros de la minería en “una cuestión personal”, identificando indicios de afanes “subversivos”. Sus tareas de inteligencia culminaron con el apresamiento de algunos individuos implicados en una “sedición” encubierta, pero el ministro de gobierno ordenó la liberación de los presos, y esto era, según Vincenti una “contravención” a las órdenes del presidente y una ruptura del principio de autoridad. Al finalizar su carta de renuncia se mostraba pesimista: “los hombres han perdido”, decía, “el sentido político del momento”, advirtiendo al gobierno del clima enrarecido que se vivía al interior de las instituciones de seguridad. Sabía demasiado, pero no quiso decirlo todo: concluyó afirmando que prefería “silenciar cargos que podrían aparecer como producto de un despecho”⁸⁷. Días después, Urriolagoitia respondió con una carta sucinta en la que aceptaba la renuncia, reconociendo la lealtad de Vincenti, su labor para garantizar la continuidad de la reforma y el rol central que desempeñó en el control de “los tumultos comunistas”⁸⁸.

Sin embargo, esos tumultos se reprodujeron con particular fuerza tras la anulación de las elecciones en las que el MNR aparecía como ganador, lo que derivó en la insurrección de abril de 1952, en la que los carabineros tuvieron un papel importante. La temida rivalidad que Vincenti había identificado entre la policía y el ejército se había hecho realidad y fue un factor determinante para el inicio de la Revolución Nacional.

La reforma policial boliviana fue un proceso importado de transformaciones graduales generadas a partir del “socialismo militar”: el Estado corporativo de los regímenes de Toro y Busch, entre 1936 y 1939, requería una nueva fuerza policial que respondiera a principios de orden, renovación y modernización frente al descontento social producido por la guerra del Chaco y sus secuelas. La llegada de la Misión Policial Italiana fue el primer paso de ese proceso, iniciándose desde entonces un periodo de experimentación y adopción paulatina de tecnologías, provenientes de diversos países, que trazaron el camino hacia la profesionalización de la institución.

Uno de los ejes centrales del proceso reformista desarrollado entre 1937 y 1952 fue, sin duda, la Escuela Nacional de Policías que, además de formar a nuevas generaciones de agentes y funcionarios, articuló una dinámica de retroalimentación de conocimientos y prácticas con los gabinetes y laboratorios. Paralelamente, la Revista desempeñó un papel relevante como medio de difusión de la imagen institucional y de la identidad corporativa, además de constituirse en un instrumento para articular vínculos entre la policía y la sociedad civil. Sobre la base de estos pilares se desarrollaron, difundieron y aplicaron los saberes especializados importados, siendo la denominada “policía científica” el eje central de las transformaciones. Este concepto resume el trasfondo de la reforma: modernizar la acción policial y sus técnicas mediante instrumentos y procedimientos científicos, con el objetivo de presentar a los transgresores ante el poder judicial acompañados de pruebas irrefutables.

La puesta en práctica de este concepto implicaba múltiples dimensiones. Por un lado, estaba la obligada relación de los aspirantes al oficio con la muerte: en la Escuela se aplicaba con severidad una auténtica tanatopraxia, como técnica y como rito iniciático, junto con la enseñanza de un conjunto de innovaciones en materia de inspección, abarcando todas las ramas que este campo comprende. Por otro lado, la creación de un nuevo archivo policial resultó igualmente relevante, labor en la que se aplicaron métodos de identificación que combinaban elementos persistentes del bertillonage con la sistematización dactiloscópica y otras formas de organización de datos. La conjunción de estas prácticas fue lo que finalmente permitió consolidar la especialización y la división del trabajo, hasta entonces muy precarias.

En suma, se observa la expansión y consolidación de la criminalística en detrimento de la criminología. Esto resulta evidente en los discursos de la Revista y en las prácticas allí retratadas. La cuestión de las causas y factores del delito, es decir, la etiología o el “por qué” del crimen, dejó de ser el centro de las preocupaciones, imponiéndose con mayor urgencia la pregunta por el “cómo”. Esta orientación resulta comprensible: las mediciones antropométricas y las especulaciones sobre el atavismo o el “criminal nato” aportaban poco a las pesquisas en un contexto de aceleración técnica, en el que lo fundamental era la recolección y análisis de pruebas para garantizar, al menos teóricamente, juicios más rápidos y efectivos. José Medrano Ossio, colaborador habitual de la Revista, resumió con claridad esta perspectiva al definir la criminalística como “un conjunto heterogéneo de conocimientos encaminados al descubrimiento de los delincuentes y de los delitos” y como “una ciencia auxiliar del Derecho Penal”⁸⁹. No es que las nociones de la criminología positivista, entonces ya en gran parte anacrónicas, hubieran desaparecido de los discursos policiales, médicos, jurídicos o periodísticos; simplemente resultaban cada vez menos útiles frente al predominante ideario de la época: la “policía científica”, concebida como la única capaz de revelar pruebas y determinar la “verdad material” de los hechos y los crímenes, para contribuir al ejercicio de la justicia.

¿Fue realmente exitosa la reforma? Resulta difícil responder con certeza, considerando los ríos de tinta que corrieron en la prensa civil, que documenta denuncias recurrentes sobre abusos policiales sistemáticos, ineficiencia y corrupción. Como contrapeso, existían discursos grandilocuentes y apologéticos, incluso provenientes del exterior; por ejemplo, en la Revista Policial del Perú, en enero de 1941, se afirmaba que la policía boliviana, gracias a sus progresos recientes, se encontraba “entre las primeras del Nuevo Mundo”⁹⁰. Sin embargo, declaraciones de este tipo, al compararlas con los avances alcanzados por otras fuerzas policiales vecinas, resultan una exageración, especialmente si se considera el caso de Argentina, donde las reformas en materia policial estaban notablemente más adelantadas que en Bolivia o Perú.

En síntesis, puede afirmarse que la reforma policial en Bolivia logró un éxito moderado, al haber iniciado la profesionalización de la principal agencia de seguridad interna del Estado. Este éxito, aunque relativo, se percibe desde la perspectiva de la estatalidad y de la propia policía, cuyos miembros consiguieron mejorar su estatus y acceder a nuevas vías de ascenso social. No obstante, desde el punto de vista de la sociedad civil, el proceso reformista probablemente no tuvo un efecto positivo significativo en términos de mayor seguridad ni de calidad en los servicios. Si bien aún no existen estadísticas confiables sobre las tasas de criminalidad del periodo, diversos estudios cuestionan la idea de que la tecnificación policial genere de manera automática un mejor servicio o una reducción de los delitos⁹¹.

Otros límites de la reforma estuvieron relacionados con las restricciones presupuestarias, la corrupción y, de manera particular, con la lucha política. No resulta casual que tanto el ascenso como la caída del régimen de Villarroel hayan estado determinados, en parte, por la acción policial, como tampoco es gratuito que un sector de la institución desempeñara un papel decisivo en la insurrección de abril de 1952, que dio inicio al proceso de la Revolución Nacional. Así, en paralelo a los avances técnicos en la lucha contra la criminalidad, se evidencia nuevamente que el control social, una dimensión constitutiva de la llamada “razón policial”,⁹² no es un ideal ajeno a la disputa por el poder político. Es desde esa articulación que habría que plantear nuevas preguntas para una mejor comprensión de la policía y su peso en las sociedades contemporáneas.