La situación de los pueblos indígenas en México ha estado históricamente marcada por la marginación, la discriminación y la vulneración de sus derechos. Hasta 1992, año en que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos pueblos no contaban con un reconocimiento explícito en los textos constitucionales. A lo largo de la historia —desde la época colonial, pasando por la independencia, la consolidación del Estado mexicano, el Porfiriato y la Revolución Mexicana, hasta llegar a nuestros días—, su tratamiento ha variado según el contexto histórico, aunque siempre orientado a excluir o a asimilar a la población indígena a la sociedad mayoritaria. Las formas de gestión de la diversidad cultural han abarcado el exterminio, la aculturación, el asimilacionismo, el segregacionismo y el multiculturalismo, hasta llegar, en la actualidad, a la interculturalidad como propuesta ético-política. Cabe señalar que el paradigma intercultural, más que una política pública, un hecho dado o una categoría adquirida formalmente, constituye un proceso permanente, una aspiración y una manera distinta de concebir la realidad. Su base radica en la interacción positiva, el diálogo intercultural, el conocimiento y el enriquecimiento mutuo, en el marco de la diversidad cultural.
The situation of indigenous peoples in Mexico has historically been marked by marginalization, discrimination, and the violation of their rights. Until 1992, when the Political Constitution of the United Mexican States was reformed, they also lacked explicit recognition in constitutional texts. Throughout history – from the colonial era through independence, the consolidation of the Mexican State, the Porfiriato, and the Mexican Revolution, to the present day – their treatment has depended on the specific historical context, but always with a view either to their exclusion or to their assimilation into mainstream society. The management of this cultural diversity has covered everything from extermination, acculturation, assimilation, segregation, and multiculturalism, to the ethical and political advocacy of interculturality. It is worth noting that the intercultural paradigm, rather than a public policy, established fact, or formally acquired category, is the result of an ongoing process, an aspiration, and a different way of conceiving reality, based on positive interaction, intercultural dialogue, knowledge, and mutual enrichment within the framework of cultural diversity.
El presente trabajo tiene como objetivo describir el proceso histórico del tratamiento de la diversidad hacia los pueblos indígenas, desarrollado desde la época colonial hasta la actualidad en el territorio que hoy conforma México. Dicho proceso se inscribe, en términos generales, dentro de lo que se denomina “modelos de gestión de la diversidad”, entendidos como el conjunto de políticas o estrategias que los Estados implementan para atender la multiplicidad cultural existente al interior de sus fronteras. En este sentido, las formas en que se ha gestionado lo indígena en México han transitado por distintos enfoques, que van desde el exterminio, la aculturación, el segregacionismo y el asimilacionismo, hasta el multiculturalismo, para plantear, finalmente, en el plano teórico, la interculturalidad
Es decir, no existió necesariamente un orden lineal ni uniforme en la configuración espacial y temporal de las políticas y estrategias dirigidas a la cuestión indígena. A modo de ejemplo, mientras en algunos territorios se optó por la segregación o incluso el exterminio de los pueblos indígenas, en otros, de manera simultánea, se intentó su asimilación a la sociedad mayoritaria. Por último, respecto al paradigma intercultural o la interculturalidad, más que una política pública acabada, un hecho consumado o una categoría cerrada, debe entenderse como un proceso permanente, una aspiración y una forma distinta de concebir la realidad. Este enfoque tiene como base la interacción positiva, el diálogo intercultural, así como el conocimiento y el enriquecimiento mutuo entre diversas expresiones culturales que coexisten en un mismo contexto
En este orden de ideas, puede afirmarse que, desde la época colonial, los pueblos y comunidades indígenas han sido considerados y tratados como minorías culturalmente inferiores y distintas de la sociedad dominante, razón por la cual fueron sistemáticamente excluidos y marginados en los ámbitos social, cultural y jurídico. Posteriormente, con la conformación del naciente Estado mexicano, la situación no mostró mejoras sustanciales, pues prevaleció un desconocimiento generalizado de los pueblos indígenas, sustentado en políticas de carácter homogeneizador y en la omisión de sus derechos tanto en la normativa federal como en la local
En otras palabras, cuando México alcanzó formalmente su independencia de España en 1821, este sector de la sociedad comenzó a ser objeto de políticas orientadas, según el grupo en el poder, ya sea a su segregación o a su incorporación al proyecto nacional, con el propósito de conformar una sociedad homogénea sustentada en un mismo idioma, una sola religión y un único sistema jurídico. De esta manera, se buscó la construcción de un país con una cultura nacional uniforme, bajo la premisa de que únicamente a partir de una identidad común sería posible alcanzar el desarrollo y el crecimiento que el país requería en ese momento. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, con el Porfiriato y la Revolución Mexicana como trasfondo, y a pesar de los considerables avances observados en diversos rubros, no se produjeron mejoras significativas en las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Ello se explica porque, aun cuando el país experimentó cierto desarrollo económico, incremento de la inversión extranjera y avances en ámbitos como el arte, la cultura y la educación, persistió la idea de asimilar a los pueblos indígenas al proyecto nacional, con el objetivo primordial de construir una única identidad nacional.
No fue hasta periodos recientes cuando el multiculturalismo, o la multiculturalidad como política hacia los pueblos indígenas, se materializó en reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en las de 1992 y 2001
Dicho en otros términos, la persistente violación de sus derechos fundamentales, la marginación y la vulnerabilidad, así como, en la actualidad, la invasión de sus territorios ancestrales a causa de megaproyectos o proyectos de infraestructura —como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas o el Corredor Transístmico, vigentes en México—, ponen en riesgo constante no solo su entorno, sino incluso su propia existencia. Por ello, en el plano teórico, se plantea actualmente la interculturalidad como un enfoque o paradigma emergente que, partiendo de una relación simétrica entre los diversos grupos culturales y teniendo como eje el diálogo intercultural, propone ir más allá de los límites de los modelos previos de corte liberal-individualista.
En ese orden de ideas, y con base en el planteamiento expuesto, más que realizar un análisis estrictamente cronológico de la normativa dirigida a la población indígena, el presente trabajo pretende responder a la interrogante que a la vez sirve de guía e hilo conductor: ¿cuáles han sido los modelos de gestión de la diversidad aplicados a los pueblos indígenas desde la época colonial hasta la actualidad?, de conformidad con las categorías analíticas previamente expuestas. Para alcanzar dicho objetivo, el desarrollo del trabajo se ha estructurado en dos grandes periodos de análisis, cada uno de ellos integrado por diversos subtemas que permiten una mejor comprensión del fenómeno estudiado.
En cuanto a la metodología empleada para su realización, este escrito se basa, por un lado, en un análisis cualitativo del objeto de estudio, a partir de la búsqueda, revisión y análisis de obras especializadas en la temática indígena, tales como libros, diarios y revistas científicas, tomando como referencia a autores reconocidos en la temática indígena
La convivencia de pueblos y culturas en México no es un fenómeno social que comienza rigurosamente a partir del periodo colonial. Desde tiempos muy lejanos, según Frankowska, “hubo ejemplos de grupos étnicos o culturas que poseían una manera de vivir diametralmente diferente y con elementos de cultura distintos que convivían conjuntamente durante largo tiempo”
En términos generales, la aculturación, cuyas consecuencias se perciben hasta nuestros días, se inicia con la conquista española tanto en lo material como en lo espiritual, conocida también como “la otra conquista”. Este proceso representó un choque cultural que modificó el sistema de relaciones políticas, económicas, sociales y culturales en México, con resultados que no siempre fueron favorables para los pueblos indígenas, a pesar de constituir una parte numéricamente importante de la población. Fabregas Puig
Es decir, los pueblos indígenas no constituían un grupo homogéneo, sino que pertenecían a diferentes etnias, grupos o comunidades, cada una con sus propias lenguas, usos, costumbres, cosmovisiones, sistemas normativos, tradiciones religiosas e instituciones de impartición de justicia. Se puede incluso decir que, si bien
… compartían muchos rasgos culturales y había semejanza entre sus creencias, forma de vida y tradiciones, carecían de una identidad común. De hecho, el concepto y término “indio” no les era propio, sino que fue acuñado por los españoles para englobar a los nativos y diferenciarlos de los españoles, negros y mezclas
El proceso de aculturación dio lugar a lo que Aguirre Beltrán
Por otro lado, para Schmelkes la conquista inicialmente constituyó un intento literal de acabar con los indígenas. Sin embargo, al reconocer la utilidad económica de la mano de obra que los indígenas podían proporcionar, la idea del exterminio total fue descartada. Aun así, su situación no mejoró significativamente, ya que “al exterminio siguió la explotación, que también es una manera de mostrar temor a la diferencia”
Pese a que la idea del exterminio fue desapareciendo paulatinamente, de acuerdo con datos de Marín, citado por Maldonado, “se calcula que en el periodo que va de 1521 a 1621, en la Nueva España murieron alrededor de 20 millones de indígenas”
Por lo tanto, la intensidad y rapidez de los procesos de aculturación hacia los indígenas dependieron de diversos factores, entre los cuales destacan el establecimiento de centros administrativos, económicos y políticos españoles en las principales ciudades. A pesar de la difícil situación de marginación, segregación y discriminación, los pueblos indígenas desempeñaron un papel fundamental en el movimiento de independencia, pues constituían una parte importante de los ejércitos insurgentes. Según Chávez Padrón, “se habían incorporado con la ilusión de recuperar lo que habían sido sus territorios y mejorar sus niveles de vida”
Tradicionalmente, se ha atribuido a personajes como Hidalgo, Morelos, Allende y Guerrero, entre otros, el logro de la independencia de México. Sin embargo, y sin pretender minimizar en ningún momento su importancia y trascendencia, gracias a diversos estudiosos como Brian Hamnett, John Tutino y Eric Van Young
… los indígenas tenían motivos más que sobrados para luchar contra el gobierno colonial y de hecho lo hicieron por siglos: la demanda por las tierras, la defensa de la autonomía de las repúblicas de indios, la lucha contra los crecientes tributos impuestos por la corona, (…) no es casualidad ni espontaneísmo que los indígenas constituyeran el grueso de los ejércitos insurgentes y que los primeros decretos de Hidalgo y Morelos atendieran las demandas de tierra y contra los impuestos
A partir de la consumación de la independencia en 1821, los gobiernos que se sucedieron en México sostuvieron que la frágil unidad existente, fruto del movimiento independentista y amenazada por posibles invasiones extranjeras, solo podía mantenerse mediante una política orientada a consolidar la unidad cultural del naciente Estado. Desde entonces, se mantuvo la firme creencia de que, para alcanzar esa unidad nacional tan anhelada y propiciar el crecimiento y desarrollo del país, era necesario construir una cultura única. Con ese objetivo, el incipiente sistema educativo comenzó a promover la cohesión nacional bajo la premisa de lograr uniformidad cultural e ideológica, fundamentada en postulados liberales e individualistas. En consecuencia, la idea predominante de la época consideraba que la diversidad cultural representaba una amenaza para el Estado mexicano. En este contexto, la situación de los pueblos indígenas no mejoró en ningún aspecto, a pesar de la igualdad proclamada para todos los habitantes por el Gobierno republicano tras la caída de Agustín de Iturbide, quien gobernó como emperador entre 1821 y 1822 bajo el título de Agustín I.
Lo anterior se debió en gran medida a que el principio de igualdad se proclamó desde la perspectiva de los derechos y obligaciones, derivado del derecho civil de tradición occidental, en contraste con el derecho propio de los pueblos indígenas. Además, durante mucho tiempo, este principio existió solo en teoría, sin contar con una base sólida que permitiera su ejercicio efectivo. De este modo, más allá del reconocimiento constitucional de los indígenas y de sus derechos, cultura, costumbres, tradiciones, instituciones y jurisdicción propia, “la Independencia consumada en 1821 representó todo lo contrario, empezando por abolir legalmente las identidades indígenas en aras de una supuesta igualdad jurídica”
Así, después del movimiento armado, las políticas estatales respecto a la diversidad cultural se orientaron hacia la uniformidad, pues se consideraba que solo de este modo México podría sostener su unidad, constantemente amenazada no solo por conflictos internos, sino también por posibles intervenciones extranjeras. Esta política de Estado, como veremos más adelante, se prolongó incluso más allá de la Revolución Mexicana, periodo en el cual persistió la convicción de que una hegemonía cultural permitiría construir un país más fuerte. Tras el periodo conocido como la República Restaurada o República Triunfante (1867-1880), encabezado por el presidente Benito Juárez, la situación de los pueblos indígenas se deterioró de manera considerable, principalmente “a causa de la cancelación de la propiedad de las comunidades indias realizada por la Reforma”
Durante este lapso, se retomaron y elevaron a rango constitucional las Leyes de Reforma (1855-1863), cuyo objetivo principal era la separación Iglesia-Estado, el fin de la propiedad comunal o colectiva de la tierra, y la eliminación del fuero eclesiástico. Parafraseando a Frankowska, estas leyes buscaban liquidar las grandes propiedades de la Iglesia y de la clase pudiente —muchas de las cuales habían pertenecido previamente a los pueblos indígenas y habían sido incluso respetadas por las autoridades coloniales— para redistribuirlas entre los sectores más necesitados.
En suma, durante el siglo XIX, el modelo imperante para con los indígenas (en general) fue el asimilacionista, en virtud del cual, y bajo la ilusión de crear un Estado homogéneo, serían aplicadas diversas políticas de construcción nacional a fin de establecer una sola lengua, una sola religión y una sola cultura en el territorio nacional
Durante la Reforma, los pueblos indígenas no se beneficiaron del desarrollo y avance que paulatinamente experimentaba el país. Soto Flores sostiene que, aunque las Leyes de Reforma tenían como objetivo lograr un equilibrio, “no funcionó muy bien porque los ricos terminaron teniendo lo mismo”
… se desarrolló una política de etnocidio a través de una política agraria basada en la privatización de las tierras comunales de los indígenas, de una política educativa y cultural centrada en el exterminio de las lenguas originarias y de la imposición del español en toda la población mexicana e, inclusive, en una política poblacional que fomentaba el mestizaje para «blanquear» a las razas indígenas y constituir una población mestiza
Durante este periodo, la educación se consolidó como una estrategia clave en el proceso homogeneizador, adquiriendo cada vez más fuerza como herramienta de asimilación y aculturación con el fin de integrar a los pueblos indígenas a la vida nacional. Gutiérrez Chong señala que esta forma oficial de aculturación “significó el telón de fondo de los inicios de la legislación educativa bajo el control del Estado, al suprimir la instrucción religiosa y ofrecer un contenido educativo nuevo y secular con temas tales como instrucción cívica, geografía e historia”
Durante el Porfiriato (1876-1911), denominado así por el hecho de que Porfirio Díaz detentó el poder presidencial durante este lapso de tiempo (a excepción del periodo comprendido entre 1880 y 1884, cuando Manuel González asumió la presidencia del Ejecutivo Federal), se experimentaron algunos cambios en la vida económica, derivados de las reformas constitucionales, muchas de las cuales se implementaron antes de la llegada de Díaz al poder, como las Leyes de Reforma. Estas reformas fueron, en su mayoría, estuvieron orientadas a sectores como la hacienda, inversión extranjera, agraria, entre otras, lo que propició un avance significativo en estos sectores. El desarrollo económico en este periodo, se dio, en gran medida, gracias a la inyección de capitales procedentes del exterior, principalmente de Europa y Estados Unidos, que favorecieron la expansión de la infraestructura en comunicación, tales como caminos, puentes, puertos, la ampliación de vías de ferrocarril y la expansión de servicios como el telégrafo, la telefonía y la electricidad. Además, se impulsaron sectores clave como la intensa producción del petróleo, la actividad minera y el comercio de importación y exportación de bienes.
Además, durante el Porfiriato se logró un avance en diversas áreas del conocimiento, como en las ciencias exactas, medicina, arquitectura y las artes, todas ellas con marcadas influencias externas. Como era de esperar, el desarrollo y crecimiento en todos estos sectores favoreció la aparición de una nueva clase social opulenta, que disfrutaba de los mayores beneficios. Esta transformación económica, política, social y cultural, según Ávila Ortiz, “se inicia muchos años atrás con las reformas jurídicas emprendidas desde la época de Juárez, con las Leyes de Reforma y la Ley de Desamortización de Bienes de la Iglesia”
La política agraria, por su parte, trajo consigo una serie de consecuencias hacia los indígenas, dado que muchos de ellos fueron despojados de sus principales medios de subsistencia al promover la idea de propiedad privada individual como eje del progreso y bienestar nacional, pues “toda propiedad entr[ó] en el esquema de capitalización”
En ese marco, y en un escenario de desarrollo nacional en diversos rubros, se consideraba que los indígenas constituían un obstáculo para el progreso del país, y que la conversión de la tierra comunal en propiedad privada aseguraría que el propietario indígena se responsabilizara más de la producción. Asimismo, se creía necesario destruir la comunidad y fraccionarla en propiedades
Estos grupos perdieron sus propiedades como resultado de las políticas de la Reforma, salvo aquellos que se encontraban más alejados o cuyas tierras eran de difícil acceso. En síntesis, durante este periodo de desarrollo y crecimiento, su situación no se vio favorecida, pues continuaron en condiciones de vulnerabilidad y estuvieron constantemente expuestos a la explotación y la marginación, permaneciendo al margen del proyecto nacional por ser considerados inferiores. Porfirio Díaz marcó una época de autoritarismo, caracterizada por la falta de sensibilidad política para resolver el cúmulo de tensiones sociales que existían en México, así como por la incertidumbre para garantizar una transición institucional y pacífica del poder, lo que dio lugar a la Revolución Mexicana en 1910.
Es posible afirmar, entonces, que “el siglo XIX fue una época obscura para con los indígenas, situación que se vio radicalizada en el Porfiriato bajo la premisa de que uno de los obstáculos mayores para el progreso de México eran precisamente las comunidades indígenas”
Dentro del campo intelectual comenzaron a producirse pronunciamientos sobre la existencia, situación y tratamiento de los indígenas. Francisco Javier Pimentel fue quien introdujo los fundamentos del racismo y del nacionalismo criollo y, por tanto, excluyente. Para Ávila Ortiz, “dicho racismo se agravó con los postulados de la
… la ideología oficialista y sostenía que, si bien el elemento español había predominado en el mestizaje, la mezcla racial sería beneficiosa, pero para los criollos. Las comunidades indígenas, concluyó (…) eran las auténticas depositarias de la mexicanidad
Por su parte, el clero, en el contexto del positivismo, mantenía una percepción de desprecio hacia los indígenas, hasta el punto de considerar que “el indio mexicano era un ser biológica y culturalmente inferior, condenado a la extinción por el avance evolutivo de otras especies, la de los propios «científicos»”
… a las demandas indígenas nunca se les dio particular importancia, nunca se consideró que los indígenas, como tales, tuvieran problemas propios y exclusivos, por el contrario, sus reclamos fueron diluidos dentro de los de la clase campesina como si fueran un todo homogéneo
Durante la época postrevolucionaria, los gobiernos surgidos de la Revolución (1917), al sentirse deudores de la causa indígena, se propusieron hacer a los pueblos indígenas partícipes de la vida y desarrollo nacional. Sin embargo, esta parte de la población continuó, en esencia, siendo ignorada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (vigente hasta nuestros días), al no existir mención expresa hacia ellos en ningún precepto. Según Fábregas Puig, “en los primeros años del siglo XX e incluso hasta la década de 1990, la teoría de la aculturación dominó el escenario de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indios por los Estados nacionales de América Latina”
Lo anterior permite deducir que, durante el periodo posrevolucionario, respecto al tema indígena y a su tratamiento por parte del Estado, predominaba la firme idea de que “la propuesta teórica que permitía comprender el contacto cultural [era] la aculturación”
… es el proceso de cambio que emerge del contacto de grupos que participan de culturas distintas. Este proceso se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas, entre formas de vida de sentido opuesto, que tienden a su total identificación y se manifiesta, objetivamente, en su existencia a niveles variados de contradicción
La aculturación, por lo tanto, se convirtió en el fundamento y la justificación del indigenismo mexicano, siendo considerada la manera adecuada de incorporar e integrar al indígena a la vida nacional. El interés por el contacto cultural en México surgió con la acción institucional de la Revolución Mexicana y con el desarrollo de lo que se denominó antropología mexicana, como se puede constatar en obras como
En México, el indigenismo tuvo en sus inicios como máximo representante a Manuel Gamio, pionero no solo de la antropología mexicana, sino también de los estudios interculturales en general. Asimismo, José Vasconcelos y Moisés Sáenz figuran como importantes exponentes del indigenismo mexicano. La teoría de la aculturación predominó desde los primeros años del siglo XX hasta la década de 1990 en las políticas dirigidas hacia los pueblos indígenas. Según Fábregas Puig, esta teoría “plantea que, en la interacción entre culturas distintas, se produce un proceso de asimilación que va configurando una cultura nueva, resultado de esa síntesis”. Además, “supone que el proceso es inevitable: se terminará imponiendo un mestizaje ampliamente dominado por la cultura colonizadora”
Los gobiernos postrevolucionarios, al igual que los grupos en el poder a mediados del siglo XIX, implementaron el modelo de asimilación-integración principalmente a través de la educación básica. “Así, una de las primeras medidas y estrategias para mexicanizar a los indígenas consistió en ampliar la red de escuelas rurales e internados para los niños indígenas” y en establecer las llamadas misiones culturales en los pueblos indígenas”
Para Yrigoyen Fajardo
El 4 de diciembre de 2018 se aprobó la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la cual abrogó la
Por lo tanto, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es actualmente la autoridad responsable de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos. Su función es definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, con el objetivo de garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como su desarrollo integral y sostenible, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales aplicables. Además, esta ley, en su artículo 3.º, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
Para López y Rivas, con la reciente creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y sus 32 coordinaciones regionales, “a cargo de integrantes de las propias etnias, los viejos fantasmas del indigenismo regresan como formas de mediación del apoyo asistencialista del Estado, impuestas desde arriba y desde afuera”
Estas instituciones tenían, en última instancia, como objetivo principal mejorar la existencia de la población indígena y su mexicanización, es decir, su integración nacional y cultural. Además, no solo se crearon organismos de carácter estrictamente político, sino que surgieron otros de carácter cultural relacionados implícitamente con el tema indígena. Por citar algunos, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), se crearon dos instituciones clave en el indigenismo mexicano: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939 y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en 1938.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia se desarrolló bajo la dirección de la Subsecretaría de Cultura, que en 1988 fue sustituida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) durante la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Posteriormente, en 2015, por iniciativa del Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto (2012-2018), se transformó en la Secretaría de Cultura. Durante este periodo, la antropología “fue retomada como instrumento para la aculturación y la asimilación de la diferencia en el continente americano y como parte de un proyecto de Estado en la elaboración de sociedades nacionales”
En la década de los ochenta, los estudios sobre la cultura y los pueblos indígenas experimentaron un importante desarrollo en México. Bonfil Batalla “desarrolla interesantes planteamientos teóricos para interpretar los procesos culturales que nuestra realidad genera”
Bonfil Batalla subraya respecto a los pueblos indígenas que “su opresión no sólo es económica, sino, sobre todo, cultural o ‘civilizatoria’: la sociedad india conforma ‘otro’ proyecto de nación”
A finales de la década de 1980, solo existía un tratado internacional destinado a las poblaciones indígenas: el Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de la OIT, aprobado en 1957, considerado la primera iniciativa internacional en abordar asuntos indígenas. Entre sus características, destaca su enfoque integracionista, que, según Hernández Pulido, “provocó una serie de acciones de ciertos Estados que, con el fin de impulsar un proceso de desarrollo global de la nación, no respetaron la diversidad de estos pueblos, ignorando sus valores culturales, sociales y religiosos”
En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó un acuerdo que actualizó el Convenio 107, dando lugar a la entrada en vigor del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Este instrumento establece derechos fundamentales, como el reconocimiento y respeto de los valores, instituciones y prácticas culturales de los pueblos indígenas, y ha estado vigente en México desde 1991. Según algunos autores, el Convenio 169 “constituye, sin lugar a dudas, un paso más en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, pero sobre todo responde a una de las reivindicaciones más reiteradas de las organizaciones de estos pueblos al abandonar la filosofía integracionista que pregonaba el Convenio núm.107”
En este contexto, el 1.º de enero de 1994 tuvo lugar en Chiapas el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que asumió la defensa de los pueblos indígenas de México frente a la segregación y discriminación de la que eran objeto. Los integrantes de este movimiento “proponen una democracia nueva, una refundamentación del concepto de democracia, porque sólo la conciben con justicia y dignidad, y una nueva forma de hacer política. El llamado «problema indígena» lo plantean recordando una vieja demanda de los pueblos indios: la autonomía”
Después de varios intentos de negociación, se produjo un rompimiento con el Gobierno federal, lo que provocó que el proceso entrara en una profunda crisis que no se resolvió durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). No fue hasta la presidencia de Vicente Fox Quezada (2000-2006) cuando se retomó el diálogo, culminando con la reforma del artículo 2.º constitucional en 2001. Según Sánchez Bringas
Retomando el ámbito internacional, se han logrado avances que se han consolidado de manera gradual. Por ejemplo, el 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, por mayoría, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este documento establece derechos fundamentales para estos pueblos, incluyendo la autodeterminación, el control de sus tierras y recursos naturales, así como la preservación de su cultura y tradiciones. Además, aborda aspectos relacionados con los derechos individuales y colectivos, la identidad cultural, la educación, la salud, el empleo y el idioma. La Declaración reconoce que los pueblos indígenas, tanto a nivel individual como colectivo, tienen derecho al pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional correspondiente.
A nivel nacional, la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) otorga, según su artículo 4.º, validez legal a las lenguas indígenas habladas en el territorio mexicano. Esto implica, de manera implícita, que no existe un idioma oficial único, ya que estas lenguas, junto con el español, se reconocen como lenguas nacionales. Por su origen histórico, todas gozan de la misma validez, lo que garantiza los derechos humanos y el acceso a la justicia conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales México es parte.
De acuerdo con Fábregas Puig, “de la teoría de la aculturación se pasó en México al reconocimiento de la variedad cultural como componente de la nación, lo que quedó establecido en la Constitución Mexicana”
Estas políticas multiculturales no han implicado necesariamente una convivencia ni una relación simétrica entre pueblos y culturas divergentes; por lo tanto, con la reforma del artículo 2.º, al reconocer la composición pluricultural de México sustentada en sus pueblos indígenas, se alude más a una coexistencia que a una convivencia. Al respecto, Schmelkes señala que, “en las realidades multiculturales existen profundas asimetrías, es decir, relaciones de poder que discriminan a unas culturas en relación a otras. Se pueden generar entonces relaciones de segregación y de discriminación cuando existen profundas asimetrías, es decir, relaciones de poder que discriminan a unas culturas con relación a otras”
En el apartado anterior pudimos observar que, a consecuencia de las luchas de pueblos y comunidades indígenas que se gestaron desde finales del siglo pasado, y después de un largo y complejo proceso de negociación para la reivindicación de sus derechos, se llegó a consensos que dieron como resultado reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1992, 2001 y 2024
Como ejemplo, puede mencionarse la participación real y efectiva en consultas previas e informadas y de buena fe —previstas en el Convenio 169 de la OIT— para otorgar o no consentimiento sobre el destino y uso de sus territorios, muchos de ellos ocupados ancestralmente. Aunque este mecanismo se encuentra establecido de manera dispersa en la legislación nacional, su aplicación sigue siendo escasa, como ocurre en el caso de megaproyectos o proyectos de infraestructura, ya que dichas consultas no se han realizado de forma adecuada en detrimento de los intereses de los pueblos indígenas. Lo anterior se vincula con la implantación del modelo neoliberal en el país, con el cual “se introdujo también el proyecto multiculturalista que significó el reconocimiento de la diversidad cultural e identitaria del país”
Analistas en el ámbito del reconocimiento de los pueblos indígenas, como Hale, “han señalado que en el multiculturalismo no todas las reivindicaciones de las organizaciones indígenas son reconocidas ni tienen cabida, puesto que responden en gran medida a los intereses de agencias supranacionales como el Banco Mundial”
… busca dar respuesta a las problemáticas generadas por la diversidad cultural. Sin embargo, (…) en México no ha sido éste su enfoque primordial pues, al parecer, se ha establecido como un neo-indigenismo con tintes conservadores, cuyos tintes se remontan al siglo XVI
Esta corriente de corte individualista, considera que la “homogenización en derechos fundamentales y universales debe ser aceptada como válida y racional por cualquier ser humano, independientemente de su contexto cultural, afirmando que hay una noción común de racionalidad en todos los individuos y que por lo tanto se deben tomar criterios absolutos en las cuestiones éticas y sociales”. Díaz Polanco, por su parte, concibe la corriente multiculturalista desde una perspectiva esencialmente liberal y subraya que “se ocupa de la diversidad en tanto diferencia cultural, mientras repudia o deja de lado las diferencias económicas y sociopolíticas que, de aparecer, tendría como efecto marcar la disparidad respecto al liberalismo que está en su base”
En nuestro país, a pesar de las reformas constitucionales de 1992 y, sobre todo, de la de 2001 en materia indígena, que, en palabras de González Galván, representaron un cambio de gran importancia en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, han resultado insuficientes, pues no han atendido sus demandas más apremiantes
Siguiendo con la línea de las reformas en materia indígena, se puede afirmar que, si bien estos avances han abierto espacios que permiten la defensa de muchos de sus derechos colectivos, algunas reivindicaciones relacionadas con una mayor autonomía en el interior de las comunidades y pueblos indígenas aún encuentran límites establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. En este sentido, pese a las modificaciones a este ordenamiento, que, entre otras cuestiones, definen a México como una nación con una composición pluricultural y multiétnica sustentada en sus pueblos indígenas, no es factible considerar que las problemáticas por las que atraviesan estos pueblos hayan sido resueltas únicamente por medio de este reconocimiento formal.
Por ello, resulta necesario transitar de un modelo o política multicultural (multiculturalismo), desde el cual se hicieron las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hacia un enfoque intercultural que favorezca la interacción y el enriquecimiento mutuo entre diversas culturas. Tras la reforma de 1992, el Estado mexicano se ha definido constitucionalmente como un país pluricultural, como lo establece el artículo 2.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta disposición busca poner fin al afán de homogeneización cultural; sin embargo, lo hace desde la óptica del multiculturalismo, que simplemente reconoce las diferencias sin ir más allá.
A pesar de lo que se ha indicado, la mencionada reforma constituye una ruptura que podría considerarse paradigmática respecto de su concepción histórica, ya que, durante casi cinco siglos desde la conquista por parte de los españoles, la ideología dominante estuvo marcada por el temor a la diferencia y a la diversidad cultural, y años más tarde por el convencimiento de que la unidad y el progreso nacional dependían de la uniformidad cultural de la sociedad mexicana. Al reconocer constitucionalmente la composición pluricultural del país en 1992, el Estado mexicano lo hizo desde un pluralismo desigual, “de un reconocimiento solo de hecho que contrasta con la pobreza, el racismo y la migración forzosa que sufren los pueblos indígenas”, de acuerdo con M. Barabas
Por ello, la aplicación del concepto de interculturalidad en un país como México implica un proceso de cambio que trasciende al modelo imperante actualmente e involucra a la sociedad en su conjunto. Para Hernández Pichardo, el multiculturalismo en México “parte de las mismas ideas de los frailes mendicantes del siglo XVI, pues aborda el tema indígena como un problema de índole moral y no como un problema socio-económico y de índole político”
Aguilar Rosales considera que “la formulación de legislación intercultural tiene que ir más allá de las diversas culturas y Estados sin desconocer las particularidades de cada uno y sus derechos, y sin ánimos hegemónicos”
El multiculturalismo, como indica García Martínez, no administra las diferencias, sino que, simple y llanamente, las inventa. En su base se encuentra la ideología sustentadora del racismo y la xenofobia
Para Borrero García, este paradigma constituye una alternativa frente a los postulados liberales e individualistas que han predominado en el tratamiento de la diversidad. Según este autor, la interculturalidad
… supondría una especie de superación del multiculturalismo (…). En otras palabras, actualmente no es políticamente correcto posar de multiculturalista, y quien lo haga debe ser consciente que su postura incluye una defensa más o menos explícita de la supremacía de los valores y principios de la cultura dominante, en nuestro caso la llamada occidental o mestiza
Por último, el enfoque intercultural permite comprender la diversidad cultural desde una perspectiva que promueve la relación simétrica, el respeto, la interacción y el enriquecimiento mutuo, con el objetivo de alcanzar un nivel más profundo de entendimiento. Como señala Rojas Hernández, “se [le] ha considerado como una concepción pasiva, limitada e insuficiente, pues en realidad todas las sociedades son dinámicas: el multiculturalismo ha quedado rezagado para darle paso a la interculturalidad”
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir el proceso histórico de la gestión de la diversidad en México, desde la colonia hasta nuestros días, con particular atención a los pueblos indígenas. A partir de este análisis, es posible llegar a diversas conclusiones. Por un lado, se ha podido observar que la existencia de múltiples expresiones culturales, capaces de converger en un mismo espacio geocultural, no es un fenómeno exclusivo de las sociedades contemporáneas, como ha ocurrido en México. No obstante, como consecuencia de este fenómeno pluricultural, a lo largo de la historia mexicana la clase dominante ha dado diversas respuestas a la diversidad cultural existente. Estas respuestas, aunque han adoptado distintas formas y matices, se han manifestado consistentemente en acciones concretas dirigidas a los pueblos indígenas, con el propósito de aniquilarlos, segregarlos o asimilarlos —aculturarlos— a la sociedad mayoritaria.
Se encontró que la gestión o el tratamiento de la diversidad en México se manifestó en diversas políticas, que abarcaron desde el segregacionismo, el asimilacionismo y la aculturación, hasta el multiculturalismo y la interculturalidad, esta última como propuesta teórica vigente en la actualidad. Durante el periodo colonial, se identificaron múltiples expresiones de estas políticas dirigidas hacia los pueblos indígenas, siendo la aniquilación, la segregación y la asimilación el común denominador. Posteriormente, en el contexto del movimiento independentista, se observó que, pese a la participación activa de los indígenas en la gesta armada, su situación no mejoró en ningún aspecto de sus vidas; por el contrario, se puede afirmar que su situación empeoró significativamente bajo la ideología asimilacionista. A lo largo del siglo XIX, en un escenario político cambiante, los indígenas continuaron sin ser incluidos en los textos constitucionales, lo que perpetuó su estado de vulnerabilidad. Para finales del siglo XIX y principios del XX, se constató que, a pesar de algunos avances en diversos ámbitos, los pueblos indígenas permanecían segregados de la vida nacional.
Con la Revolución Mexicana como trasfondo, se observó que la política hacia los pueblos indígenas consistió en su aculturación y asimilación a la cultura dominante, estrategia que se mantuvo hasta finales del siglo XX, teniendo como principal instrumento la educación oficial. En México, la composición pluricultural de la Nación fue reconocida en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primero en 1992 y posteriormente en 2001. Pese a estos avances significativos, la situación de este sector de la sociedad no ha mostrado mejoras sustantivas, principalmente debido al carácter multiculturalista de dichas reformas, que se limita al reconocimiento de la diversidad. Por ello, se considera necesario avanzar hacia la interculturalidad, la cual promueve el diálogo, la interacción positiva, la tolerancia, el reconocimiento y el aprendizaje mutuo.
En este sentido, es posible plantear la interculturalidad como el enfoque que mejor se adapta a la realidad, ya que va más allá de lo que propone el multiculturalismo. Sin perder de vista que la interculturalidad, actualmente es más un proyecto que una realidad comprobada, permite comprender y aceptar una relación simétrica entre diversas expresiones culturales en un mismo escenario. Este modelo facilita un mayor acercamiento a la forma de vida de diferentes culturas y, en consecuencia, un mejor entendimiento de sus necesidades, en una relación de igualdad y sin que prevalezca un sistema sobre otro. Por lo tanto, es imprescindible avanzar del multiculturalismo hacia la interculturalidad.
El autor declara que no tiene intereses económicos ni relaciones personales que pudieran haber influido en este artículo.
Investigación, conceptualización, análisis formal, metodología, edición y revisión.
Para profundizar sobre la interculturalidad como enfoque o paradigma emergente, véase
Véase
Por ejemplo, en el Plan de Iguala (1821) se proclamó la igualdad sin distinción entre los habitantes, desconociendo a la población indígena. En el Acta Constitucional de la República Mexicana (1824), no se hace mención de los derechos indígenas. La Constitución de 1814, de igual manera, no hace referencia alguna a este sector de la población. La misma suerte corrieron los indígenas en la Constitución de 1857, donde fueron omitidos. De acuerdo con López Bárcenas, algunas excepciones se dieron en los estados de Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Chiapas, donde sus normas hacían mención expresa o implícita a los indígenas, reconociéndoles ciertos derechos. En cambio, otros estados actuaron de manera completamente opuesta, implementando políticas y leyes que atentaban directamente contra sus intereses. Ejemplo de ello, son los estados de Hidalgo y Yucatán. Para un estudio detallado sobre este punto, véase
Sobre este aspecto, véase
De acuerdo con
Entre otros:
Véase
López y Rivas, Gilberto, “Neoindigenismo versus autonomías de los pueblos indígenas”.
López y Rivas, Gilberto, “Neoindigenismo versus autonomías de los pueblos indígenas”.
Decreto DOF 30/09/2024. Reforma al artículo 2.º de la Constitución en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.
Hernández Castillo, R. Aída, “Luis Villoro y la autonomía indígena”.