El fenómeno de las expediciones de bandeirantes que salieron desde la América portuguesa desde finales del s. XVI fue una de las cuestiones que marcaron los primeros siglos de colonización del territorio que hoy en día conocemos como Brasil, pero también de las regiones colindantes pertenecientes a la América hispánica. Los hechos ocurridos durante los siglos XVI y XVII a ambos lados del océano Atlántico deben entenderse desde la perspectiva del intenso intercambio de personas, mercancías e ideas, entre muchos otros aspectos, que se produjo entonces y que paulatinamente fue configurando las sociedades de las dos orillas, conectando tres continentes: África, América y Europa.

En este sentido, el conflicto que enfrentó a jesuitas y bandeirantes en América por el control de las poblaciones indígenas debe entenderse a la luz de las interdependencias propias de este territorio, que estaban completamente mediadas por las dinámicas atlánticas¹.

En primer lugar, es necesario definir qué eran estos bandeirantes. Thaís Chang Waldman señala que, en palabras de Maria Isaura de Queiroz, este término no fue incorporado al diccionario hasta comienzos del siglo XX, inicialmente sin ninguna connotación simbólica. Por su parte, entre 1839 y 1944, Laudelino de Oliveira Freire definía a estas personas como “individuos que, en Brasil, formaban parte de los bandos destinados a descubrir minas y cautivar a los salvajes”². Acudiendo a una definición más cercana a nuestro tiempo, Carlos Sixirei, quien estudió la cuestión de los bandeirantes para finales del siglo XVI, definía a las bandeiras como “expediciones armadas que, desde el siglo XVI al siglo XVIII, exploraron el interior de Brasil y también de los territorios correspondientes a la América hispánica, como por ejemplo Paraguay, en busca de metales preciosos o de indios para esclavizar”. Algunos historiadores, en este sentido, consideran conveniente distinguir entre las “entradas”, que tenían un carácter oficial y una misión pacificadora o de reconocimiento del territorio, y las “bandeiras”, que eran expediciones de carácter privado, más espontáneas en su organización y con una finalidad depredadora, aunque ambas encontraran sistemáticamente un mismo obstáculo en su avance hacia el interior del territorio en las misiones jesuíticas. Estas bandeiras proveían de esclavos indígenas a los principales centros de la América portuguesa, como las plantaciones de azúcar del nordeste, las minas que se fueron descubriendo con el tiempo y a las propias haciendas de los portugueses, especialmente las de los habitantes de la villa de São Paulo.

Los ataques sistemáticos contra las poblaciones indígenas americanas, que comenzaron desde los primeros momentos de la llegada de los europeos, junto con la práctica de las reducciones implementadas progresivamente por la Compañía de Jesús, provocaron un gran perjuicio demográfico³. En la América portuguesa hubo que sumar a toda esta cuestión la expansión de las practicas realizadas por los bandeirantes, un fenómeno que coincidió temporalmente con la unión de las coronas de España y Portugal, unión que también requiere ser estudiada para, entre otras razones, comprender mejor la configuración de las fronteras entre los territorios luso y castellano en América, en relación con los límites establecidos en el Tratado de Tordesillas. El período en el que se enmarca este trabajo —cuando el Reino de Portugal y el Estado de Brasil formaron parte de la Monarquía Hispánica, entre 1580 y 1640— ha sido estudiado por diversos historiadores, entre ellos Pedro Cardim, Rafael Valladares, Fernando Bouza, Jean Frédéric Schaub⁴, José Manuel Santos Pérez o Pedro Puntoni⁵, entre otros. El propio José Manuel Santos⁶ también ha organizado y editado diferentes monografías con el fin de comprender mejor el significado del entonces denominado Estado de Brasil o Estado do Brasil dentro de la Monarquía de los Habsburgo.

Las expediciones de bandeirantes fueron uno de los medios a través de los cuales, paulatinamente, se fue conformando territorialmente la región que hoy en día conocemos como Brasil en detrimento de los intereses españoles, cuyo dominio en territorio americano fue disminuyendo, lo que afectó fundamentalmente a la provincia del Paraguay e incluso llegó a poner en discusión el control sobre el Río de la Plata⁷. El tema de las expediciones de los bandeirantes ha sido ampliamente abordado por la historiografía, por lo que resulta necesario destacar algunas de las investigaciones más relevantes al respecto. Así, no es posible iniciar un estudio de estas características sin recurrir a algunos de los trabajos clásicos sobre la materia, como los de Alfonso Taunay, Jaime Cortesão o Francisco de Assís Carvalho Franco⁸. La obra de John Manuel Monteiro⁹ sobre los “indios y bandeirantes en los orígenes de São Paulo” resulta imprescindible para esta investigación. Por otra parte, en los últimos años ha resurgido el interés por estudiar esta temática, como demuestran los trabajos de Diogo da Silva da Roiz, Susana Arakaki y Tânia Regina Zimmerman¹⁰ sobre cómo el tema de los bandeirantes ha sido tratado por la historiografía a lo largo del tiempo. Asimismo, es necesario mencionar otros estudios relevantes, como los de Rodrigo Ricupero sobre Raposo Tavares y los bandeirantes paulistas, así como los de Raúl Silveira de Mello, Hernán Maximiliano Venegas Delgado y Hernán Venegas Marcelo¹¹ sobre las poblaciones indígenas, los bandeirantes y las fronteras coloniales en América. La tesis doctoral de Thaís Chang Waldman¹² sobre los caminos y descaminos de los bandeirantes en São Paulo constituye una obra de referencia indispensable para abordar una investigación de este tipo. De la misma manera, el fenómeno bandeirante ha sido estudiado desde otras perspectivas. Autores como Paulo César Garcez Martins o Carlos A. Page¹³ han analizado el conflicto con los jesuitas, línea que también han seguido Ernesto J. A. Maeder y Miguel Luciano Bispo dos Santos¹⁴. Por último, para comprender la situación de los bandeirantes a finales del siglo XVI, resulta imprescindible acudir al trabajo de Carlos Sixirei¹⁵.

Para abordar otro elemento clave de esta investigación —los jesuitas que custodiaban las reducciones atacadas por las expediciones de bandeirantes y su actuación en América durante los siglos XVI y XVII— es necesario considerar los diversos trabajos que han tratado esta cuestión. En primer lugar, deben mencionarse los estudios clásicos de Marcel Bataillon y Ángel Santos Hernández¹⁶, pero también otros como la obra coordinada por Teófanes Egido sobre los jesuitas en España y el mundo hispánico o la investigación llevada a cabo por Manuel M. Marzal¹⁷ sobre “indios” y jesuitas en la América colonial. No obstante, en este ámbito, las investigaciones más relevantes sobre la actuación de los jesuitas en el espacio fronterizo entre la América portuguesa y la América española son las realizadas por Georg Thomas, Dauril Alden y Carlos Alberto Zeron¹⁸. Estos trabajos, al igual que los de Pedro Cardim y Rafael Ruiz¹⁹, abordan también el estudio de las principales leyes de protección indígena promulgadas por la administración de los Habsburgo con respecto a la América portuguesa. Por último, para ahondar en el estudio de la frontera que separaba la América portuguesa y la América española es necesario acudir a los trabajos de Tamar Herzog²⁰ o José Carlos Vilardaga²¹, entre otros.

El objetivo de este artículo, por tanto, no es volver a abordar la cuestión de los bandeirantes en sí misma, pues ya existe una amplia literatura al respecto. Lo que se pretende en las siguientes páginas es sacar a la luz varios testimonios —en algunos casos de gran dureza— que muestran de primera mano la experiencia de estas expediciones, así como examinar qué intentó hacer la administración de los Habsburgo con respecto a ellas. Sin embargo, antes de adentrarnos en esta cuestión, a partir de la documentación inédita hallada, se abordarán una serie de temas fundamentales para comprender estas expediciones, como los problemas de delimitación fronteriza entre la América portuguesa y la América española en los siglos XVI y XVII, así como las leyes de protección indígena promulgadas por la Corona en esos momentos. De este modo, al abordar inicialmente estos dos aspectos, se obtendrá una visión más completa de lo sucedido con las expediciones de bandeirantes que penetraron en la América española durante las décadas de 1620 y 1630.

Durante el reinado de Felipe IV en la América portuguesa (1621-1640), las prioridades de la Corona de los Habsburgo respecto al territorio cambiaron sustancialmente. Mientras que Felipe III había mostrado especial preocupación por cuestiones clave de la administración regional, como la justicia, la hacienda y la legislación indigenista, durante el reinado de Felipe IV, y por consiguiente bajo la administración del Conde-Duque de Olivares, con relación al territorio que conformaba el Estado de Brasil, la atención tuvo que centrarse principalmente en los múltiples conflictos con los holandeses. No obstante, esta investigación también demuestra que, pese a la prioridad concedida a los ataques de las Provincias Unidas, la administración continuó prestando atención y concediendo importancia a un tema central: la cuestión indígena.

Uno de los principales problemas que surgieron en el territorio se refería a los límites fronterizos entre las capitanías del sur de la América portuguesa y la América española, establecidos en el Tratado de Tordesillas de 1494. Como señaló Tamar Herzog, la cuestión de cómo interpretar y aplicar dicho tratado volvió a plantearse en la década de 1530, cuando ambas cortes discrepaban sobre si el territorio correspondiente al Río de la Plata debía pertenecer a España o a Portugal. La esperanza de una resolución pacífica resurgió en 1580, con la incorporación de Portugal y sus territorios ultramarinos a la Monarquía Hispánica, momento en el que se generaron ciertas expectativas de que la disputa entre ambas potencias se solucionara automáticamente²².

En la práctica, sin embargo, esto no ocurrió, como puede observarse especialmente a partir de la década de 1620. Según José Carlos Vilardaga, fue en este período cuando se produjo un cambio profundo en las relaciones territoriales, lo que exacerbó las tensiones acumuladas en años anteriores y contribuyó a dotar a las expediciones de bandeirantes de un carácter cada vez más violento y expansivo. En consecuencia, la situación general fue generando, de manera progresiva, una creciente demanda de demarcación del espacio y de las fronteras²³. La frontera sur de la América portuguesa, entre Guairá y la capitanía de São Vicente, funcionaba como un límite territorial “brasileño” dominado, de manera retrospectiva, por los paulistas, quienes percibían la región de Guairá como un territorio “vacío” que debía ser conquistado. Ambos territorios funcionaron como espacios de tránsito e intercambio durante casi ochenta años. Así, más allá de las expediciones de bandeirantes y aventureros, se desarrolló una compleja red de alianzas, matrimonios e intercambios comerciales que configuró un entramado de relaciones, flujos de personas y mercancías a lo largo de los caminos que daban sentido a un espacio fronterizo ya de por sí poroso y dinámico, fundamentado en la existencia de negociaciones, conflictos y alianzas entre ambos territorios²⁴.

La región conformada por las capitanías del sur del Estado de Brasil, fronteriza con la América española, experimentó un desarrollo distinto al del resto de la América portuguesa. Francisco de Sousa, gobernador general del Estado de Brasil entre 1591 y 1602, se trasladó desde la ciudad donde debía residir, Salvador de Bahía, hasta la capitanía sureña de São Vicente con el objetivo de explorar la región en busca de minas. Por ello, la historiografía le ha atribuido el papel de promotor de las bandeiras, debido a su participación en la organización y disciplina de estas expediciones²⁵. Su mandato como gobernador general expiró en 1602, aunque no fue hasta 1606 cuando regresó a la península ibérica para obtener el poder y la administración de las capitanías del sur, con el objetivo de continuar la búsqueda de minas en ese territorio, solicitud que finalmente fue aceptada. De este modo, en marzo de 1608, Francisco de Sousa fue encargado de la Repartição do Sul, denominación que aparece en las fuentes contemporáneas y que abarcaba las capitanías de São Vicente, Espírito Santo y Río de Janeiro²⁶. Así, entre los apontamentos que Francisco de Sousa entregó a Diego de Silva, Conde de Salinas, con los requisitos necesarios para gobernar este territorio, en su punto número 10²⁷, ya solicitaba licencia para reducir poblaciones, lícitamente, ya fuera por medio de la “paz” o de la “guerra”²⁸.

Las sospechas de que la solicitud realizada por Francisco de Sousa, supuestamente con el objetivo de encontrar minas, era en realidad un pretexto para capturar indígenas y administrarlos llegaron al Consejo de Portugal, dado que la asociación entre emprendimiento mineral y explotación de mano de obra indígena era frecuente. No resulta, por tanto, casual que las expediciones hacia el sertão comenzaran a multiplicarse a comienzos del siglo XVII, aumentando de manera exponencial durante el gobierno de Sousa, quien consideraba a los indígenas capturados como la mano de obra esencial para su proyecto²⁹. En todo este contexto fronterizo entre la América española y la América portuguesa, la villa de São Paulo desempeñó un papel fundamental, consolidándose como un puesto avanzado hacia el interior de la región³⁰.

Al conflicto de límites fronterizos entre ambos territorios se sumó una segunda cuestión: las diferentes leyes que regulaban a las poblaciones indígenas en cada región. Mientras que en la América española estaban vigentes las Leyes Nuevas, en la América portuguesa durante los siglos XVI y XVII la legislación respecto a las poblaciones indígenas fue variable, también durante la unión de coronas. Estas poblaciones, que vivían principalmente en el interior, en el sertão, eran custodiadas en las aldeas jesuíticas. Por ello, en América los jesuitas participaron directamente en las juntas que legislaban sobre las políticas indigenistas³¹. El cautiverio de indígenas y su consecuente esclavización fue un tema ampliamente controvertido durante todo el siglo XVI, por lo que los debates que comenzaron a suscitarse al respecto tuvieron un impacto significativo en las conquistas de Portugal. El rey Sebastião I promulgó en 1570 una ley inspirada en los decretos del Concilio de Trento, en la cual se establecía la prioridad de la parroquia y del clero secular como estructura fundamental para la organización de las poblaciones locales³².

Desde el punto de vista indigenista, el año 1580, —inicio de la unión dinástica entre España y Portugal— no representó un cambio político fundamental, ya que la legislación portuguesa sobre indígenas continuó en vigor durante los años siguientes. En este ámbito, comenzaron a adquirir relevancia las deliberaciones del Consejo de Portugal, institución clave en la regulación de las políticas indigenistas en Brasil. Por otra parte, las quejas que llegaban de la región del Río de la Plata sobre los ataques de las expediciones de bandeirantes eran trasmitidas desde el Consejo de Indias a Lisboa. La influencia de los órganos gubernamentales de esta ciudad también se hizo notar en la elaboración de las sucesivas leyes que, por iniciativa de Felipe II y Felipe III, fueron promulgadas en relación con la población indígena en Brasil³³. Fue en 1587 cuando Felipe II promulgó la primera ley de protección de las poblaciones nativas. En ella se reforzaba el papel de los jesuitas en la administración de las aldeias, aunque también se concedía a los colonos la posibilidad de obtener esclavos mediante la guerra justa y el resgate³⁴. Sin embargo, aunque era una norma más extensa que la de 1570, no introdujo modificaciones sustanciales en la administración de las aldeias ni legisló sobre la libertad indígena³⁵.

La presión simultánea de jesuitas y colonos llevó a que la orientación continuista adoptada por Felipe II en esta materia fuera revisada a finales del siglo XVI. El monarca encargó entonces a los organismos gubernamentales portugueses la elaboración de un nuevo proyecto legislativo, que culminó en la ley de 1595. Esta normativa se centró en definir con precisión el concepto de “guerra justa”, estableciendo que todos los indígenas que no hubieran sido esclavizados como prisioneros en una expedición militar autorizada por el rey debían vivir en “libertad natural”, es decir, como hombres libres. La confirmación de la libertad indígena se esclareció en otra ley al año siguiente, 1596, que significó, como afirmó Georg Thomas, un triunfo de los jesuitas, puesto que se les concedió definitivamente las responsabilidades principales de la política indigenista en la América portuguesa³⁶.

Los efectos de estas leyes y su aplicación en América fueron, sin embargo, bastante moderados. Aunque los jesuitas las acogieron como una victoria, su puesta en práctica continuó siendo un problema no resuelto a pesar de las restricciones que contenían y al poder delegado en la Compañía de Jesús³⁷. Por esta razón, pocos años después, hubo que volver a legislar y fortalecer las medidas adoptadas para garantizar la libertad de las poblaciones indígenas. La ley de 1609 supuso un avance respecto a todas las disposiciones que la Corona había promulgado hasta entonces para la preservación y protección de los nativos, al reconocerlos explícitamente como “hombres libres”. Asimismo, incluía la prohibición expresa de apresarlos, aunque con la excepción de que quienes ya se encontraban en condición de prisioneros debían permanecer como esclavos. Esta medida soliviantó a los colonos portugueses, encabezados por el gobernador general del Estado de Brasil, Diogo de Meneses, pues el control jesuita sobre la política indigenista se volvió absoluto, de manera que solo ellos podían internarse en el sertão y contratar indígenas como mano de obra³⁸. De esta manera, al igual que los esfuerzos de la Corona española a la hora de implantar las Leyes Nuevas en la América española provocaron protestas en el territorio, la ley de 1609 dio lugar a la primera de las protestas contra los jesuitas en el siglo XVII en la América portuguesa³⁹.

La disconformidad del gobernador general del Estado de Brasil y de los colonos de la América portuguesa con respecto a estos decretos llevó finalmente a que la Corona de Felipe III cediera a sus demandas. Así, apenas dos años después de la ley de 1609 se promulgó una nueva normativa, el 10 de septiembre de 1611, elaborada conforme a los deseos de la población colonizadora del Estado de Brasil. La ley de 1611 reafirmaba el derecho de los indígenas a vivir como hombres libres, aunque incluía varios argumentos que permitían justificar su esclavitud. También autorizaba nuevamente el procedimiento del resgate —la práctica de intercambio y compra de indígenas utilizada por los portugueses desde comienzos del siglo XVI— siempre que se realizara con el fin declarado de salvarlos de la muerte. Además, en lo relativo a la administración de las aldeias, esta ley otorgaba a los colonos la posibilidad de compartir la administración de las mismas⁴⁰. Esta disposición legal retiró el poder que hasta entonces había sido concedido a los Padres de la Compañía de Jesús y estableció que los indígenas quedasen siempre bajo la autoridad espiritual de un cura secular, que debía ser siempre portugués, y no de un religioso perteneciente a una orden. Tal medida se debió, entre otras causas, a la interpretación que los jesuitas habían hecho de la ley de 1609, entendida por ellos como un régimen de “aldeamientos” o “reducciones” cerradas, en las cuales ejercían simultáneamente el poder espiritual y temporal sobre las comunidades indígenas⁴¹.

De este modo, fue la ley de 1611 la que permaneció vigente en el Estado de Brasil durante el resto del periodo de la unión de coronas, aunque con el paso de los años se introdujeron ciertos cambios en lo relativo a la administración de las aldeias. Para los jesuitas, esta normativa representó la pérdida de la posición privilegiada que habían ocupado en el cuidado de las poblaciones indígenas⁴², así como el comienzo de una presencia cada vez mayor de otras órdenes religiosas en el territorio⁴³.

A los problemas fronterizos y legislativos hubo que añadir un tercer factor: las expediciones de bandeirantes que cruzaban continuamente la frontera con el objetivo de capturar a las poblaciones indígenas. El sertão fue incorporado al dominio portugués, en gran medida, gracias a este tipo de incursiones que partían principalmente desde São Paulo, aunque también de la capitanía de Bahía. A partir de la década de 1620, las tierras guaraníes y las misiones jesuíticas en Paraguay fueron objeto de ataques cada vez más frecuentes. Una vez capturados, estos indígenas eran integrados en la sociedad colonial como propiedad de un señor. Dado que la legislación establecía que la autoridad de este señor era de carácter doméstico y no jurídico, las relaciones entre ambas partes —amo y esclavo— quedaban fuera del ámbito jurisdiccional de la Corona y pasaban a depender exclusivamente de la autoridad individual del propietario⁴⁴.

Desde la capitanía de São Vicente, las expediciones de bandeirantes comenzaron a dirigirse hacia el oeste y el sur en busca de esclavos indígenas y riquezas minerales. Así, durante las décadas de 1620 y 1630, estos bandeirantes asolaron las misiones jesuíticas indefensas y se llevaron a miles de indígenas⁴⁵. Las noticias de estos sucesos también comenzaron a llegar a la Corte. Como señaló Pedro Cardim, en 1626 tuvo lugar en el Desembargo do Paço, en Lisboa —en un contexto marcado por el recrudecimiento de los ataques holandeses en la América portuguesa y el apoyo que muchos indígenas ofrecían a los neerlandeses contra los portugueses— una discusión sobre la legitimidad de esclavizar a estas poblaciones. En este debate se consultó a los jesuitas Sebastião do Couto y Jorge Cabral sobre si era lícito esclavizar a los indígenas cuando fuesen capturados. Ambos sostuvieron que la cuestión debía matizarse, pues distinguían tres tipos de poblaciones. El primer grupo estaba constituido por los indígenas que vivían con ellos en las aldeias, personas que no podían ser esclavizadas. El segundo tipo eran los indígenas indómitos que vivían en la sierra, cuya esclavitud era legítima en caso de que atacaran a los portugueses. Por último, estaban los que vivían en sus aldeas, pero no bajo el amparo jesuita, que eran los que intentaban unirse a los holandeses y causar daños⁴⁶. Por tanto, y a pesar del difícil contexto que se vivía en el territorio, la cuestión indígena también fue tratada de manera particular por la administración de Felipe IV.

En la América portuguesa existió, desde finales del siglo XVI y durante la primera mitad del XVII, un conflicto latente entre jesuitas y bandeirantes por el control de la mano de obra indígena. Los miembros de la Compañía de Jesús, amparados en los principios de pacificación y cristianización, pretendían aislar a los indígenas en reducciones donde aprendían oficios y, al mismo tiempo, trabajaban gratuitamente en plantaciones o en el cuidado de rebaños. En parte, estas reducciones también actuaban como espacios de protección, pues impedían que los indígenas fueran esclavizados por las expediciones de bandeirantes. Thiago Monteiro señala que el auge de estas expediciones de bandeirantes destinadas a capturar indígenas en el territorio guaraní, entre los años 1628 y 1641, debe interpretarse más como un fenómeno vinculado al desarrollo económico de las capitanías del sur de la América portuguesa que como una respuesta a la demanda de esclavos en el litoral azucarero, tal como había sostenido buena parte de la historiografía tradicional. Esta interpretación clásica afirmaba que las grandes expediciones que avanzaron hacia las reducciones jesuíticas coincidieron con una crisis de mano de obra en las capitanías del nordeste —centradas en la producción azucarera— provocada por las invasiones holandesas (primero en Salvador de Bahía en 1624 y después en Pernambuco en 1630) y por la interrupción del tráfico de esclavos africanos. Según Monteiro, casi todos los indígenas capturados durante este periodo fueron incorporados a las propias capitanías del sur de la América portuguesa. En respuesta a esta situación, desde las capitanías del norte también se organizaron diversas expediciones hacia el interior, el sertão, en busca de mano de obra indígena, como la encabezada por Afonso Rodrigues Adorno⁴⁷.

Esta expedición de Afonso Rodrigues Adorno se organizó desde Salvador de Bahía, en un momento en que la administración del Estado de Brasil estaba a cargo del gobernador general Diogo Luis de Oliveira, quien gobernó entre 1627 y 1635. Oliveira trató de someter a las poblaciones indígenas que no se alineaban con su gobierno mediante la “guerra justa”, a través de la cual muchas comunidades fueron exterminadas o trasladadas a otros lugares. Los ataques indígenas contra diversos asentamientos coloniales también generaban el riesgo de despoblación de estos territorios por parte de los colonos, como ocurría al sur de Bahía, en la capitanía de Ilhéus. En este contexto, el 10 de diciembre de 1627, Diogo Luís de Oliveira convocó a una junta de religiosos y clérigos para deliberar sobre la declaración de “guerra justa” contra las poblaciones indígenas que atacaban la región de Jaguaripe⁴⁸. A esta reunión fueron convocados los jesuitas Simão Pinheiro y Jerônimo Peixoto, los benedictinos Anselmo de Jesus y Ângelo de Azevedo, los carmelitas Simão da Vide y Gaspar da Trindade, los franciscanos Cosme de São Damião y Manuel de Santo António, además del Deán de la Sé de Bahía, Luis Pinto Carneiro, y el capelão-mor del tercio de Bahía, Frei António da Cruz. Por unanimidad, los religiosos declararon que los ataques de los kiriris, como se conocía a esta población, quienes descendían desde el sertão todos los años para realizar rituales en la orilla del mar, justificaban decretar la guerra justa contra ellos. En consecuencia, el gobernador general Diogo Luis de Oliveira ordenó el uso de la fuerza para repeler nuevas incursiones indígenas. A esta expedición, encargada a Afonso Rodrigues Adorno —también conocido como Afonso da Cachoeira— y Jorge de Aguiar, se le ordenó que realizase una entrada contra “o gentio da Santidade”, en la región de Jaguaripe. Diogo Luis de Oliveira, antes de dictar esta orden, ya había dispuesto que el propio Afonso Rodrigues Adorno trasladase a matrimonios de indígenas desde el sertão con el objetivo de guarnecer mejor al Recôncavo bahiano⁴⁹. Fue a partir de este momento cuando la denominación de estas poblaciones como “gentio da Santidade” fue dejando paso a la de “gentio barbaro”⁵⁰.

Afonso Rodrigues Adorno, en esta incursión hacia el sertão, finalmente capturó multitud de indígenas que llevó hasta Salvador de Bahía. Conocemos los nombres de los individuos cautivados por la expedición de Rodrigues Adorno gracias a un listado conservado en el Arquivo Provincial do Estado da Bahía (APEB) que el gobernador Diogo Luis de Oliveira ordenó realizar para que fueran administrados por una serie de personas mientras el monarca no dispusiera lo contrario. En este documento figuran tanto los nombres de quienes recibieron a los cautivos como el de los propios indígenas, a quienes se les asignó un nombre “europeo”, otorgado por los portugueses y sin apellidos. Fueron los siguientes⁵¹:

Sin embargo, a pesar de que estas entradas también se llevaron a cabo en las capitanías del norte, como Bahía, fue en las capitanías del sur del Estado de Brasil, a finales de la década de 1620 y comienzos de 1630, cuando comenzaron a organizarse las grandes expediciones de bandeirantes, principalmente desde la villa de São Paulo, con el objetivo, entre otros, de capturar a los indígenas que se encontraban en las reducciones custodiadas por los jesuitas. Es posible conocer la actuación de estos bandeirantes a partir de distintos testimonios hallados en documentos conservados en archivos como el Archivo General de Indias de Sevilla o el Arquivo Público do Estado da Bahía, en Salvador de Bahía, Brasil. En las páginas siguientes se procurará examinar algunos de estos testimonios, con el fin de esclarecer qué ocurrió y cómo sucedió, así como evaluar las medidas que la Corona de Felipe IV intentó aplicar —o no— frente a la actuación de estas expediciones.

Las expediciones de bandeirantes que partían de manera constante desde las capitanías del sur del Estado de Brasil hacia el interior del continente, desde finales de la década de 1620, constituyeron uno de los principales problemas a los que la Corona de Felipe IV debió enfrentarse en este territorio. El 4 de diciembre de 1628, el gobernador general del Estado de Brasil, Diogo Luís de Oliveira, emitió una provisión informando de que desde las capitanías del sur se estaban realizando expediciones continuas hacia el sertão, vulnerando la libertad de las poblaciones indígenas. Por este motivo, ordenó una investigación sobre todas las personas que habían viajado al interior del territorio. Tras recoger los testimonios necesarios, el ouvidor Amador Bueno afirmó que estos individuos habían llegado hasta las reducciones jesuitas talando tierras, “matando indios” y profanando los templos con tal “escándalo e irreverencia” que parecía que “no fueran cristianos”.

Al mismo tiempo, señalaba que estas incursiones hacia el sertão estaban prohibidas por orden real, según las provisiones que garantizaban la libertad de los indígenas y su derecho natural, es decir, la ley de protección indigenista dictada en 1611. Como los habitantes de estas capitanías del sur eran reincidentes, el castigo que se les debía dar tenía que ser ejemplar tanto por las atrocidades cometidas como para prevenir que en el futuro se llevaran a cabo acciones similares. Por esta razón, el gobernador general Diogo Luís de Oliveira consideró necesario enviar a una persona que ejecutara directamente esta disposición, confiando la tarea a Francisco de Costa Barros, escrivão da fazenda de Río de Janeiro. Su misión consistía en encargarse del asunto, detener a todos los infractores y, posteriormente, enviarlos a Bahía previa confiscación de sus bienes⁵².

Las poblaciones indígenas del interior del Estado de Brasil a las que atacaban estas expediciones eran controladas, principalmente, tal y como se ha señalado, por los jesuitas⁵³. Francisco Crespo, miembro de la Compañía de Jesús y procurador general de las Indias, envió un memorial a Felipe IV en el que se refería a una carta fechada el 24 de septiembre de 1627 del padre Nicolás Durán, provincial de la Compañía en el Paraguay. En ella, Durán relataba que, tras visitar todas sus reducciones —tanto las antiguas como las más recientes—, pudo constatar el cuidado con que se educaba a los indígenas y el esmero puesto en el “aprovechamiento de sus almas”. Asimismo, reconoció que numerosos portugueses provenientes de la villa de São Paulo —la primera población del Brasil, situada a unas diez jornadas de distancia de las reducciones—, contraviniendo toda piedad cristiana, llegaban cada año para capturar a los indígenas que allí vivían y llevárselos para venderlos como esclavos en Brasil. Afirmaba que actuaban con tal crueldad que los niños y ancianos que no podían caminar eran asesinados y sus cuerpos ofrecidos de alimento a los perros.

Según su versión, habrían llegado desde la dicha villa de São Paulo cuatro compañías de soldados para despoblar estos lugares, como ya habían intentado hacer en otras muchas ocasiones, razón por la cual se veía obligado a avisar a Felipe IV para que ordenase al virrey de Portugal que se aplicase el remedio conveniente con respecto a estos excesos y crueldades, de manera que se diese la orden necesaria para que estas expediciones cesasen inmediatamente y fuesen castigadas de la forma conveniente. Por otra parte, el jesuita estimaba que el Consejo de Indias castellano también debía tomar cartas en el asunto, puesto que era una cuestión que afectaba a la América española, de manera que el gobernador del Río de la Plata fuese avisado para que procurase saber quiénes eran estos delincuentes y, de esta forma, recibiesen un castigo ejemplar⁵⁴. El mismo provincial de la Compañía de Jesús de Paraguay viajaría el 8 de noviembre de 1628 a São Paulo, desde donde informó de su vuelta al Guairá⁵⁵.

Tras estas primeras incursiones en las que los paulistas atacaron las reducciones, los padres jesuitas Justo Mancilla y Simón Masseta comenzaron a perseguir a los bandeirantes y a los indígenas capturados por caminos y ríos, de modo que finalmente terminaron llegando hasta la villa de São Paulo⁵⁶. El 12 de mayo de 1630, el padre Simón Masseta, jesuita italiano que había trabajado en Nápoles y Roma antes de viajar a Paraguay, escribió al procurador de las Indias en Madrid para informar sobre los continuos ataques que los portugueses de São Paulo seguían realizando contra los indígenas asentados en territorio paraguayo. Señalaba que se encontraban en el colegio jesuita de Río de Janeiro y que partirían hacia el colegio de São Paulo para inspeccionar sus reducciones, tras recibir diversos avisos sobre los ataques que los habitantes de esa villa planeaban perpetrar. Con ellos viajaba Francisco de Costa Barros, ejecutor de la provisión enviada por el gobernador general Diogo Luis de Oliveira; sin embargo, según Masseta, no podía hacer nada, ya que todo el territorio se encontraba en armas debido a la conquista de Pernambuco por los holandeses, ocurrida ese mismo año 1630.

El propio gobernador general, Diogo Luis de Oliveira, llegó a declarar que, ante esta situación, no sabía si debía emprender alguna acción para resolver el problema. Por ello, junto a Francisco de Costa Barros, solo envió a doce soldados, quienes incluso dudaban sobre si debían acompañarlos. Según el padre Masseta, aunque finalmente lo hicieran, su intervención sería inútil, ya que los moradores de la villa de São Paulo los superaban ampliamente en número. Masseta señalaba que, durante su estancia en Río de Janeiro, logró rescatar a doce “almas” aunque con gran dificultad, ya que para liberarlos de las “garras” de los compradores era necesario “sacarte la sangre” y, aun así, no siempre era suficiente. Por último, añadía que la principal razón de su viaje a São Paulo era la información recibida de que hasta 700 portugueses de la villa planeaban desplazarse para saquear otras reducciones⁵⁷.

Las incursiones de las expediciones de bandeirantes también fueron determinantes en ciertos cambios de la administración eclesiástica en la América portuguesa. En este contexto, el 10 de septiembre de 1631 se emitió una orden regia para que el Consejo de Indias⁵⁸ examinara el memorial escrito por Lourenço de Mendonça⁵⁹, cuya actuación había sido reconocida mediante una carta de servicios⁶⁰. El memorial finalmente llegó al Consejo el 30 de septiembre. Lourenço de Mendonça, administrador eclesiástico de la gobernación de Río de Janeiro, solicitó la creación de una nueva prelatura en el sur del Estado de Brasil, puesto que las capitanías agregadas a ella poseían cientos de leguas de costa hasta el Río de la Plata y otras 300 leguas de camino por tierra adentro entre São Paulo y la gobernación del Paraguay. Su propuesta respondía a la necesidad de impedir las incursiones de las expediciones de bandeirantes que se llevaban a los indígenas de las reducciones y encomiendas de Paraguay, Río de la Plata y Perú. Lourenço de Mendonça creía conveniente crear esta nueva administración eclesiástica, aunque fuera sin cabildo como sucedía en otros lugares. En su opinión, la creación de esta nueva administración eclesiástica permitiría una gestión más eficiente de la prelatura y no implicaría gastos adicionales para las arcas reales, ya que no tendría salario superior al de muchos obispos de las “Indias” portuguesas o castellanas, ni interferiría en la autoridad del obispo de Salvador de Bahía⁶¹.

Con el paso del tiempo, y tras múltiples investigaciones, se comenzó a conocer la identidad de los principales líderes de estas expediciones de bandeirantes. El 9 de diciembre de 1633 Felipe IV emitía una provisión en la que informaba de que los oficiales de la Cámara de São Paulo y el ouvidor de la capitanía habían identificado a Antonio Raposo Tavares, Pedro Leme, Lucas Fernandes Pinto, Bento Amaral y Sebastião Ramos de Medeiros como los responsables de estas incursiones. De esta manera, tanto la Corona como el gobernador general del Estado de Brasil, Diogo Luis de Oliveira, recibieron información sobre cómo estos individuos habían llegado a las aldeias de indígenas, administradas por los jesuitas, para tomar posesión de las mismas. Para hacerse con ellas, mostraban una provisión regia en la que se ordenaba que las personas que debían estar a cargo de estas aldeias tenían que ser clérigos seculares.

Al investigar estas acciones, el ouvidor Jorge da Silva Mascarenhas y el provedor-mor da fazenda del territorio concluyeron que esa provisión podía servir como prueba de las extorsiones cometidas por estos bandeirantes contra los padres de la Compañía que asistían en las dichas aldeias. Por ello, se ordenó al gobernador general Diogo Luis de Oliveira que actuara contra todos ellos y aplicara las penas correspondientes, tanto civiles como criminales⁶².

Por su parte, el padre jesuita Simón Masseta, una vez abandonó las capitanías del sur del Estado de Brasil, se trasladó a Salvador de Bahía, sede de las principales instituciones de la América portuguesa. Allí se reunió personalmente con el gobernador general Diogo Luis de Oliveira, quien le entregó una provisión que ordenaba a los habitantes de São Paulo la devolución de los indígenas apresados. Desde Salvador de Bahía se inició, según señala José Carlos Vilardaga, una campaña muy activa de comunicación y gestión. Se enviaron numerosas misivas a Felipe IV, al provincial de la Compañía de Jesús Francisco Vázquez Trujillo, al padre Francisco Crespo y al padre Diego Boroa en las que se narraban las acciones que los bandeirantes llevaban a cabo contra las reducciones del Guairá. Entre otros aspectos, se destacaba que los portugueses que participaban en las bandeiras generaban división en lo que, teóricamente, debía ser una unidad administrativa única⁶³.

Durante el periodo en el que Pedro da Silva (1635-1638)⁶⁴, sucesor de Diogo Luis de Oliveira, ocupó el cargo de gobernador general del Estado de Brasil, Simón Masseta escribió una carta donde relataba los hechos que habían sucedido una vez salieron de Bahía. Según este relato, la expedición jesuita partió de la capitanía en diciembre de 1636, portando una provisión del anterior gobernador general, Diogo Luis de Oliveira, cuyo traslado ya se había enviado al monarca. La expedición llegó a la capitanía sureña de Espírito Santo, donde presentaron la provisión al capitán del territorio, Manuel de Escobar. En un primer momento, Escobar les dirigió “buenas palabras” y les dio esperanzas; sin embargo, sus acciones posteriores resultaron contrarias a lo prometido, ya que en su propia casa alojaba a numerosos indígenas.

El padre Masseta intentó comunicarse con estas poblaciones indígenas, a pesar de que los hombres de la guardia del capitán le impedían hacerlo. Ante esto, Manuel de Escobar ordenó trasladar a los indígenas a otro lugar donde el jesuita no pudiera hablar con ellos. Posteriormente, los encerraron en un aposento con llave, donde pasaron toda la noche bajo vigilancia estricta. Según Masseta, los indígenas fueron custodiados por dos hombres, Manuel de Melo y su hermano Alberto de Melo, los “paniaguados” del capitán, quienes permanecieron en guardia toda la noche para impedir cualquier contacto con el jesuita. Incluso introdujeron en la habitación a un africano esclavizado de Guiné con el objetivo de amedrentar a los indígenas. Masseta intentó que uno de los indígenas que lo acompañaban entrase para hablar con los del capitán, pero el africano de Guiné que estaba dentro cogió un palo y golpeó al indígena, causándole una herida en el brazo que requirió ser “sangrada” dos veces. El indígena salió gritando que el esclavo intentaba matarlo y rápidamente se dirigieron al capitán, quien, sin embargo, no castigó al esclavo. Finalmente, al día siguiente, tras este incidente, el capitán Manuel de Escobar liberó a los indígenas que tenía bajo su poder, aunque no les devolvió sus pertenencias⁶⁵.

Las poblaciones indígenas apresadas en el interior del territorio terminaron, en muchos casos, en manos de las principales autoridades coloniales. Ante esta situación, el jesuita Antonio Ruiz de Montoya decidió desplazarse hasta la Corte para presentar denuncias formales contra las expediciones de bandeirantes paulistas. Al mismo tiempo, llevó ante el monarca una serie de quejas contra el gobernador del Paraguay, Luis de Céspedes Xeria, a quien los jesuitas acusaban de colaborar con los bandeirantes que atacaban el Guairá e incluso de poseer millares de indígenas cautivados en sus ingenios de la capitanía de Río de Janeiro. Antes de emprender su viaje a Madrid, Montoya, natural de Lima, hizo escala en Río de Janeiro⁶⁶, donde permaneció entre 1637 y 1638. Allí, junto con Lourenço de Mendonça y el padre Francisco Crespo, litigó para conseguir la creación del obispado mencionado anteriormente, pues todos ellos consideraban que la ausencia de una sede episcopal facilitaba que los paulistas gozaran de mayor libertad para enfrentarse a la Iglesia e, incluso, viajaran disfrazados de sacerdotes hacia el sertão con el propósito de engañar a las poblaciones indígenas.

En 1638, ya en Madrid, Montoya procuró reunirse con el Conde-Duque de Olivares con el fin de obtener una providencia más rigurosa contra los paulistas. Solicitaba, además de su condena, el derecho a armar a las poblaciones indígenas y un control más estricto sobre las capitanías del sur del Estado de Brasil mediante la creación de un obispado. La misión resultó finalmente exitosa, como lo demuestra la Real Cédula enviada al gobernador del Paraguay en 1639. En ella se argumentaba que los portugueses habían atacado territorios pertenecientes a Castilla y que profanaban y vilipendiaban iglesias. Por ello, se recomendaba imponerles la pena de lesa majestad y exigir la devolución de los indígenas al Paraguay. Además, ordenaba que los acusados —entre ellos uno de los principales líderes, Raposo Tavares— fuesen enviados presos a Madrid, y establecía que los portugueses “del Brasil no puedan pasar de la línea de la demarcación que hay entre aquella corona y la de Castilla ni entrar en ella”⁶⁷.

Estas expediciones de bandeirantes fueron, por tanto, un constante quebradero de cabeza hasta los últimos momentos de la unión de coronas entre España y Portugal. Durante la administración de Jorge Mascarenhas, marqués de Montalvão —último gobernante enviado al Estado de Brasil, esta vez con el cargo de virrey—, la cuestión siguió siendo especialmente problemática. El 31 de marzo de 1640, Mascarenhas recibió una carta de Felipe IV en la que se señalaban diversos contratiempos que continuaban produciéndose en perjuicio de las poblaciones indígenas. En ella se indicaba que, en una junta particular, se habían revisado varios documentos presentados por el administrador de Río de Janeiro y otras autoridades acerca de las entradas que los moradores de la villa de São Paulo seguían realizando, tanto en la provincia del Paraguay como en la del Río de la Plata, con el objetivo de apresar indígenas para venderlos posteriormente como esclavos.

Estas acciones no solo arruinaban las reducciones jesuitas, donde vivían y eran adoctrinadas numerosas comunidades nativas, sino que también habían provocado la despoblación de tres ciudades de la América española —Guairá, Xerés y Villa Rica—, de las cuales los bandeirantes extraían indígenas en cantidades tan elevadas que algunos testimonios mencionaban, según el monarca, hasta 300.000 almas. Al no encontrar ya más poblaciones de este tipo en las más de 350 leguas que habían devastado previamente, los expedicionarios comenzaron a desplazarse paulatinamente hacia el sur, hacia el Río de la Plata, actuando del mismo modo en las reducciones de Uruguay. Allí también habían empezado a cometer innumerables delitos, atrocidades y abusos que, según Felipe IV, era urgente remediar de inmediato.

El monarca señalaba que estas expediciones actuaban con tal autonomía que llegaban a nombrar capitanes y oficiales, formar ejércitos y penetrar armadas en Paraguay, traspasando así los límites de la Corona portuguesa y avanzando más de doscientas leguas por territorios pertenecientes a la Corona de Castilla. Procedían, además, con una crueldad que hacía parecer que entraban en “tierras de moros”: arrasaban, talaban y destruían pueblos, y capturaban millares de indígenas que luego vendían y distribuían como esclavos, llenando con ellos ingenios azucareros y haciendas. Algunos de estos indígenas, según el relato, eran enviados incluso al Reino de Portugal para ser vendidos como si fuesen “negros de Guiné” o berberiscos, a pesar de que, por ley, debían ser considerados hombres libres.

No satisfechos con destruir pueblos y reducciones, en muchos lugares incendiaban las casas con sus moradores dentro, quemando familias enteras para que el humo forzara la rendición de otras. De las 300.000 almas sacadas del Paraguay, según el testimonio mencionado, habían llegado menos de 20.000 a Brasil. Por este motivo, Felipe IV ordenó que, a partir de ese momento, todas las personas que contravinieran las leyes vigentes sobre la libertad de las poblaciones indígenas incurrirían en pena de muerte y perderían la totalidad de sus bienes. En los casos más graves, serían acusados de cometer crímenes de lesa majestad, penas que habrían de aplicarse no solo a los líderes de las expediciones, sino también a todos los participantes en el saqueo de indígenas⁶⁸.

Por tanto, como puede observarse, las expediciones de bandeirantes constituyeron un auténtico quebradero de cabeza para la Monarquía Hispánica durante prácticamente todo el periodo en que el Estado de Brasil formó parte de ella, desde finales del siglo XVI hasta 1640. Sin embargo, la situación no se resolvió tras la Restauração de la Corona de Portugal. Tal como demuestra Pedro Cardim, las discusiones en torno al cautiverio de las poblaciones indígenas de la América portuguesa continuaron después de la ruptura de la unión dinástica. Así, en 1653, el rey João IV de Bragança volvió a plantear la cuestión sobre en qué casos era legítimo cautivar a los “indios” de las conquistas portuguesas. Para alcanzar una respuesta, convocó en Lisboa a teólogos y canonistas con el propósito de debatir, nuevamente y de manera exhaustiva, bajo qué condiciones podía considerarse legítima la captura de hombres y mujeres indígenas en la América portuguesa⁶⁹.

La cuestión de cómo hacer frente a las expediciones de bandeirantes que partían, principalmente, de las capitanías del sur de la América portuguesa hacia las reducciones jesuíticas del interior del continente —incursionando incluso en territorios pertenecientes a la América hispánica, como Paraguay y el Río de la Plata— fue objeto de un debate continuo en la Corte de los Habsburgo. A partir de finales de la década de 1620 comenzaron a llegar a la Corona numerosos testimonios sobre este asunto. En este trabajo se han recuperado varios de esos documentos, procedentes de distintos ámbitos y conservados en algunos de los principales archivos relacionados con la materia, entre ellos el Archivo General de Indias de Sevilla y el Arquivo Público do Estado da Bahía, en Brasil.

Los testimonios recopilados proceden, por un lado, de fuentes oficiales —esto es, documentos emitidos por la propia Corona— que buscaban, ante todo, mejorar la situación y la administración del territorio. Por otro lado, se han considerado también diversas manifestaciones de miembros de la Compañía de Jesús, que aportan información útil e interesante sobre estas expediciones de bandeirantes, aunque sus escritos respondieran igualmente al propósito de consolidar y ampliar su posición predominante en la región. Estos últimos, además de insistir de forma reiterada en la necesidad de unidad, recurrían a distintos argumentos teóricos para criticar las prácticas de los portugueses: relataban faltas de respeto hacia lo sagrado o casos de herejía, entre otros. Asimismo, señalaban la existencia de cierta connivencia por parte de las principales autoridades locales de la América portuguesa. En este sentido, la investigación destaca a una serie de figuras: el capitán de la capitanía de Espíritu Santo, Manuel de Escobar, que poseía indígenas en su hacienda; el gobernador del Paraguay, Luis de Céspedes Xeria, acusado de tener millares de cautivos en sus ingenios de Río de Janeiro; y, por último, el gobernador general del Estado de Brasil entre 1627 y 1635, Diogo Luis de Oliveira. A este último le fueron entregados indígenas capturados por la bandeira que partió de Bahía a finales de la década de 1620, a pesar de que posteriormente sería el encargado de ejecutar las órdenes emitidas desde Madrid y Lisboa para frenar las expediciones de bandeirantes que salían desde las capitanías del sur del Estado de Brasil hacia el interior del territorio.

A lo largo de los trece años cubiertos por los testimonios analizados, se intentaron llevar a cabo diversas acciones para poner fin a los problemas derivados de las incursiones de estas expediciones. En primer lugar, el propio Diogo Luis de Oliveira señaló la necesidad de imponer un castigo ejemplar a los implicados y ordenó enviar a una persona encargada de ocuparse de esta cuestión: Francisco de Costa Barros, escrivão da fazenda de Río de Janeiro, a quien se encomendó detener a los responsables y remitirlos a Salvador de Bahía, sede del gobierno general del Estado de Brasil y de las principales instituciones administrativas de la América portuguesa. Desde la Compañía de Jesús también se formularon varias propuestas. Entre ellas, que fuese el virrey de Portugal quien interviniera directamente y dictase las órdenes necesarias para que estas expediciones cesasen de inmediato; asimismo, que el Consejo de Indias castellano escribiese al gobernador del Río de la Plata para investigar la identidad de los bandeirantes y aplicarles un castigo ejemplar. Por último, ya en los últimos momentos de la unión de coronas, la monarquía de Felipe IV decretó que quienes contraviniesen las leyes sobre la libertad de las poblaciones indígenas —vigentes desde 1611—, es decir, quienes participasen en estas expediciones de bandeirantes, incurrirían, en caso de persistir en sus acciones, en delitos de lesa majestad. Además, perderían la totalidad de sus bienes y, llegado el caso, podrían ser condenados a la pena de muerte.

Por otra parte, contamos también con documentación de 1638 que revela aspectos de gran relevancia, entre ellos que el propio Conde-Duque de Olivares había sido encargado de atender esta cuestión. En dichos documentos se denunciaban los graves excesos, robos y “tiranías” que continuaban cometiendo los portugueses de la villa de São Paulo contra los “indios” del Paraguay. Asimismo, se señalaba que el Consejo de Indias castellano venía recibiendo múltiples consultas sobre estos hechos desde 1628. Debido a ello, en 1633 se había ordenado que el asunto se tratase en la junta que se celebraba en el “aposento”⁷⁰ del Conde-Duque de Olivares para materias relativas a Portugal. A estas reuniones debían asistir el Conde de Castrillo, García de Haro Sotomayor, y dos miembros designados del propio Consejo, además de Fernando Ruiz de Contreras, marqués de Lapilla, con el fin de examinar la documentación recibida, puesto que Felipe IV había dispuesto que se mantuviesen prevenidos para actuar cuando fuera necesario. Sin embargo, surgió un problema derivado del hecho de que, pese a haber esperado a que “las muchas e importantes ocupaciones del Conde-Duque” permitiesen convocar la junta, esta nunca llegó a celebrarse. Por ello, en 1638 se estableció que, si Olivares no podía reunirse, debían hacerlo dos representantes del Consejo de Portugal designados por el monarca junto con dos miembros del Consejo de Indias, a fin de investigar todos los asuntos que continuaban llegando sobre esta materia y remitir las consultas pertinentes al rey para que este pudiera ordenar las medidas necesarias⁷¹.

Por último, es necesario hacer hincapié en el hecho de que, a través de estos testimonios, se puede conocer de primera mano cómo actuaban, en la práctica, estas expediciones de bandeirantes. Son muchos los adjetivos que se utilizan a lo largo de estos trece años. En ocasiones, señalan una extrema dureza en la forma de actuar contra las poblaciones indígenas. Así, se manifestaba que estos individuos talaban tierras, mataban indígenas y profanaban los templos con tanto “escándalo e irreverencia” que parecía que no fueran cristianos. En otro de los testimonios se llegaba incluso a afirmar que actuaban con tal crueldad que aquellas personas que no les resultaban útiles —niños, ancianos o individuos incapaces de caminar— eran entregadas a los perros como alimento. Asimismo, otro testimonio señalaba que arrasaban y quemaban tierras, destruían pueblos y capturaban a miles de indígenas, a quienes posteriormente vendían como esclavos. Por otra parte, cuando los jesuitas intentaban liberar a estos indígenas de las manos de sus señores, lo hacían con enormes dificultades, hasta el punto de tener que “sacarse la sangre” para lograrlo, según afirma el padre Simón Masseta en su testimonio relativo a la casa del capitán de Espírito Santo, Manuel de Escobar.

A través de esta investigación se pretende, por tanto, abordar varias cuestiones. En primer lugar, se busca conocer cuál era la situación existente en la frontera entre la América portuguesa y la América española a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. A partir de este punto, se analiza el papel desempeñado por los jesuitas en el territorio como “protectores” de las poblaciones indígenas, grupos que, en teoría, estaban amparados por la diversa legislación promulgada tanto por la Corona de Felipe II como por la de Felipe III para la América portuguesa.

Finalmente, una vez examinados el contexto fronterizo y el marco legal, se presentan diversos testimonios que permiten comprender cómo operaron, a lo largo de las décadas de 1620 y 1630, las expediciones de bandeirantes procedentes tanto de las capitanías del norte —como muestra la expedición de Afonso Rodrigues Adorno, que partió de Salvador de Bahía— como, fundamentalmente de las capitanías del sur del Estado de Brasil: Espírito Santo, São Vicente y Río de Janeiro, y más específicamente de la villa de São Paulo. Estos testimonios no solo permiten conocer sus modos de actuación, sino también analizar las decisiones que la Corona adoptó para intentar poner fin a un problema que, durante más de quince años, constituyó un auténtico quebradero de cabeza para la administración de Felipe IV y el Conde-Duque de Olivares, del mismo modo que lo había sido previamente para sus predecesores. En definitiva, el objetivo es arrojar luz sobre unos hechos de gran relevancia ocurridos en América durante el periodo de unión de coronas entre España y Portugal, con la finalidad de contribuir a un conocimiento más amplio y preciso de un periodo y un tema que, en los últimos años, ha suscitado un creciente interés académico y que, esperamos, seguirá dando lugar a nuevas y mejores investigaciones en el futuro.