Es bien sabido que el comercio colonial hispánico se articuló en torno a dos instituciones, la Casa de Contratación y el Consulado de Cargadores. La primera, creada en 1503, fue la encargada de fiscalizar todas las transacciones mercantiles con América, ejerció un exhaustivo control sobre los pasajeros a Indias y se convirtió en el tribunal de justicia mercantil relativo a la navegación. En 1717 se trasladó de Sevilla a Cádiz y tras los decretos de liberalización de 1765 y 1778 fue perdiendo protagonismo hasta que, en 1790, fue definitivamente disuelta, ocupando desde entonces su lugar los Juzgados de Arribadas que debían instalarse en todos los puertos habilitados. Por otra parte, el Consulado de Cargadores a Indias nació en 1543 y en 1717 también se dispuso su traslado al puerto gaditano, aunque su asentamiento en la bahía se hizo progresivamente en las décadas siguientes. Entre 1720 y 1750 se intentó buscar un equilibrio entre los matriculados sevillanos, gaditanos y de otras poblaciones —Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda—, y ya desde 1784 se produjo una separación definitiva entre los comerciantes sevillanos, que crearon un nuevo consulado, y los negociantes gaditanos, que instalaron definitivamente el Consulado de Cargadores en la plaza de Cádiz. Tras varias décadas de reajustes y cambios, en 1830 se adaptó al nuevo contexto mercantil hispánico convirtiéndose en la Junta de Comercio de Cádiz¹.

A pesar de la importancia capital de esta institución, la producción historiográfica española no ha sido especialmente prolija. Para la etapa sevillana del Consulado contamos con los trabajos de Enriqueta Vila Vilar, quien tras años de investigación dio forma a la obra El Consulado de Sevilla. Fundamentales son también las aportaciones de Antonia Heredia Herrera, Pedro Collado Villalta, José J. Real Díaz y, más recientemente, las de Luis Salas Almela y Alfonso J. Heredia López². Allan J. Kuethe ha profundizado en el traslado del Consulado a Cádiz y, finalmente, sobre la etapa gaditana contamos con la monografía de Manuel Bustos Rodríguez y los trabajos de Fernando Fernández González, Antonio García-Baquero, Lugardo García Fuentes, Margarita García-Mauriño Mundi, Douglas Inglis junto a Allan J. Kuethe, Julián B. Ruiz Rivera y Carlos Petit Calvo³.

El Consulado de Cargadores fue una institución poliédrica cuya definición resulta compleja. Tradicionalmente se citan sus dos funciones principales: por un lado, era un tribunal mercantil de primera instancia para los comerciantes de la Carrera de Indias; por otro lado, era una corporación que reunía a los grandes mercaderes habilitados —matriculados— y actuaba como una asociación en defensa de los intereses del grupo frente a otras instituciones o poderes. Sin embargo, el Consulado era mucho más. Las investigaciones de Manuel García Pareja, José M. Oliva, Encarnación Rodríguez Vicente, Lugardo García Fuentes y Antonio García-Baquero, entre otras, han demostrado que fue uno de los prestamistas más importantes de la Corona en toda la Edad Moderna e, incluso, durante el primer tercio del siglo XIX, lo que le permitió gestionar varias prerrogativas, privilegios e impuestos⁴. Todo ello nos lleva a entender al Consulado como un agente de primer orden en el complejo mapa de actores de la Monarquía Hispánica que, debido a su naturaleza económica —y en cierto modo política—, tuvo que negociar e interactuar directamente con la Corona, la Casa de la Contratación, otros consulados y un amplio etcétera.

Sobre la etapa gaditana del Consulado todavía hay muchos interrogantes abiertos. Desconocemos su verdadera estructura —más allá del organigrama fijado en las ordenanzas—, el personal en nómina, el proceso de elección del prior y los cónsules, las funciones complementarias que tuvo o las diferentes facciones que pudieron coexistir⁵, pero el desconocimiento es aún mayor si nos adentramos en el último tercio del siglo XVIII. Algunos trabajos nos han transmitido la imagen de decadencia y decrepitud del Consulado en esta etapa. Aparentemente, frente al proceso liberalizador de las décadas de 1760, 1770 y 1780, así como la supresión de la Casa de Contratación, la institución consular vivió un lento declinar al haber perdido su naturaleza originaria de corporación monopolista del comercio colonial. No obstante, más que de crisis, podemos hablar de readaptación. Tras el reglamento de liberalización de 1778, Cádiz siguió siendo el puerto con mayor tráfico mercantil de la Monarquía, aunque desde entonces tuvo que compartir protagonismo con los consulados de nueva creación, tanto en la península —Santander (1783), Sevilla (1784), Coruña (1785), Málaga (1785), Alicante (1785) y Tenerife (1786)— como en América —además de los ya existentes en México (1592), Lima (1613) y Manila (1769), se establecieron los de La Habana (1793), Guatemala (1793), Caracas (1793), Buenos Aires (1794), Cartagena de Indias (1795), Veracruz (1795), Guadalajara (1795) y Chile (1795)—⁶.

A finales del siglo XVIII, el Consulado de Cádiz, además de tribunal mercantil, asociación de comerciantes y prestamista de la Corona —entre 1793 y 1801 admitió préstamos y subsidios por valor de más de cien millones de reales de vellón—, era un actor de gran relevancia en el tablero de negociaciones políticas y económicas de la Monarquía. Como tal, y aunque tenía una libertad relativa, defendió sus intereses y prerrogativas en un juego de estrategias cruzadas donde intervenían agentes, instituciones y poderes muy dispares. Las reglas de esa partida eran complejas —multitud de actores, largas distancias, intereses encontrados y un contexto económico internacional especialmente volátil—, de modo que el Consulado debía contar con un capital de enorme valor para articular sus respuestas: la información. O, dicho de otro modo, la institución consular gaditana necesitaba información relevante, actualizada y fiable de todo lo que ocurría en el escenario global para hacer valer su poder y asegurar los beneficios de los matriculados, pero el problema que aquí se esgrime es más intrincado.

Debemos alejarnos de una visión simplista de la información, ya que esta nunca ha sido un elemento objetivo, neutral ni simétrico per se. En el ámbito económico, su valor es todavía mayor, pues se trata de un elemento determinante en un escenario marcadamente competitivo. Cuanta más y mejor información tenga un actor, mejor será su posición en la toma de decisiones —como considerar diversas opciones, evitar errores, tomar la iniciativa o calcular los riesgos—. Sin embargo, durante la Edad Moderna no era un bien que circulara libremente ni de forma homogénea entre los diferentes agentes del mercado. Tal y como indica Frank Webster, es necesario considerar que “having information” no es sinónimo de “being informed”⁷.

El objetivo de este trabajo es analizar qué tipo de información y cómo circularon noticias entre el Consulado de Cargadores y América durante la guerra anglo-española de 1796-1802. Sin embargo, no entendemos la información como una mera sucesión de datos o mensajes, sino como un capital esencial de las operaciones económicas y de las estrategias políticas. Para ello nos valemos del enfoque que Luciano Floridi, entre otros, ha propuesto y que consiste en analizar los ciclos de información —en donde incluye la creación, transmisión, procesamiento, gestión, modificación, clasificación, usos y aplicaciones—. Sobre esta premisa han trabajado en los últimos años algunos historiadores, quienes han enfatizado que la información debe entenderse como un proceso de comunicación o como una cadena de interacciones entre actores individuales y colectivos⁸. Alistair Black, Ann Blair y especialmente Toni Weller han propuesto un enfoque historiográfico de la información a través del análisis de cómo fue entendida, usada, organizada, recopilada, presentada y expuesta⁹. Todo ello, si lo aplicamos al Consulado de Cargadores, nos permitirá observar las formas de generación y recepción de información, el tipo y contenido de las noticias, la variedad de agentes que proporcionaban, suministraban y emitían informes, así como la circulación y consumo dual de información oficial/pública e informal/reservada. En el presente artículo, nos centraremos en las comunicaciones del Consulado de Cádiz con los principales enclaves mercantiles americanos, atendiendo de este modo a los procesos informativos que se desplegaron entre la península y los territorios ultramarinos de la Monarquía.

Esta problemática ha tenido cierto eco en la historiografía europea de los últimos años. Varios investigadores han demostrado el papel capital que durante la Edad Moderna tuvo la información en las redes mercantiles y en los imperios coloniales¹⁰. La información permitía construir un conocimiento real, aunque limitado y efímero, de los mercados, de modo que determinaba cualquier decisión de las compañías y agentes comerciales. Podríamos señalar muchos trabajos que han abordado la información en el mundo mercantil hispánico del siglo XVIII, aunque de todos ellos podemos destacar las investigaciones de Arnaud Bartolomei sobre la información económica que circuló en Cádiz; las de Jeremy Baskes sobre la relación entre información y riesgo en el circuito comercial colonial hispano; las de Guadalupe Carrasco González relativas a la correspondencia entre comerciantes; y las de Xabier Lamikiz, que abordan la correlación entre información, confidencialidad y confianza entre los grandes comerciantes del setecientos¹¹.

Entre 1796 y 1802, el Consulado de Cádiz tuvo que hacer frente a un contexto especialmente adverso. Desde la aplicación de los decretos de libre comercio, la plaza gaditana experimentó un crecimiento exponencial de las transacciones y continuó siendo el puerto de cabecera del mercado colonial americano. Ni siquiera la guerra contra Francia (1793-1795) supuso un serio problema para el tráfico marítimo y, de hecho, en el bienio 1795-1796 se alcanzaron niveles muy altos de importaciones y exportaciones. No obstante, a partir de entonces la situación cambió drásticamente y muchos autores señalan este momento como un punto de inflexión y el comienzo de un largo proceso de decadencia que se prolongaría hasta la década de 1820. Aunque este tipo de afirmaciones son matizables, sí es cierto que el comercio gaditano tuvo que responder a varios problemas¹².

En estos años se asiste a la guerra anglo-española de 1796-1802, los conflictos de la Primera y Segunda Coalición —1792-1797 y 1797-1802 respectivamente— y el enfrentamiento hispano-luso de 1801. Este marco bélico repercutió directamente sobre el comercio de Cádiz, que vio cómo las transacciones mercantiles con Europa y especialmente con América se redujeron. La guerra dio comienzo en agosto de 1796, de modo que el volumen de exportaciones a América de ese año pudo ser bastante elevado, alcanzando 193.534.929 reales de vellón. Por el contrario, en 1797 y 1798 se produjo la práctica paralización del tráfico americano, registrando el puerto gaditano unas exportaciones mínimas de 4.852.842 y 20.043.270 reales respectivamente¹³. La breve y tímida recuperación de 1799 –71.166.352 reales de vellón de exportaciones– fue seguida del bienio 1800-1801, en el que se computaron ventas por valor de 22.969.973 y 36.380.508 reales. Con los acuerdos preliminares de paz, en diciembre de 1801, y la firma del tratado de Amiens, en marzo de 1802, se observa una clara reactivación del tráfico y las transacciones, alcanzando los 239.893.529 reales de vellón, como se muestra en la tabla 1.

Debemos recordar que durante los meses de junio y julio de 1797 la Royal Navy sitió la plaza gaditana y a lo largo de la guerra bloqueó la bahía intermitentemente —entre 1799 y 1800 levantó parcialmente el cerco—, dejándola inoperativa para el tráfico marítimo regular. A este aislamiento e inactividad, al menos teóricamente, se sumó el feroz brote de fiebre amarilla de 1800 que asoló la población gaditana. Sin embargo, los retos se estaban produciendo en un marco más amplio. Tras la concesión de varios privilegios particulares, el 18 de noviembre de 1797 se promulgó el decreto de comercio de neutrales como una medida in extremis. El hostigamiento de las embarcaciones británicas sobre las españolas hizo que la Corona tomara una decisión que, en la práctica, significaba el final del modelo monopolístico español sobre el mercado americano: varios puertos y marinas mercantes neutrales serían habilitadas para ejecutar el comercio con las colonias, deslocalizando así los centros de importación y exportación¹⁴. Además, en estos años, la hacienda de la Monarquía vivió momentos de asfixia financiera que llevaron a situaciones límite y la adopción de medidas extremas, como por ejemplo la Caja de Amortización de 1798.

Pero, ¿cómo actuó el Consulado de Cádiz ante este contexto?, ¿cuáles fueron sus prioridades?, ¿qué medidas adoptó y qué estrategias articuló? Si hacemos un balance de los principales asuntos tratados en las juntas generales y de gobierno del Consulado de estos años, podremos comprobar que las fuerzas de la institución se canalizaron en cuatro grandes temas: la protección del comercio frente al hostigamiento británico, la defensa corporativa de la institución consular gaditana, la custodia de los intereses mercantiles de los matriculados y, por último, los préstamos a la Corona¹⁵. En todos ellos, y muy especialmente en los tocantes a las relaciones con los puertos americanos, se puede observar el papel clave que jugó la información. Por ejemplo, una vez declarada la guerra contra Gran Bretaña, en agosto de 1796, el Consulado se dispuso a actuar como un agente de información de primer orden. En varias juntas se aprobó costear el flete y navegación de varias barcas para que avisaran a los buques mercantes procedentes de América en los puntos habituales de recalada. Estas pequeñas embarcaciones, algunas de ellas aprontadas desde Huelva, tenían como objetivo comunicar “el actual estado de los asuntos públicos de Europa y para que con esta noticia naveguen con la precaución correspondiente”¹⁶.

En 1797 se despachó una nueva expedición de esta naturaleza. Según “voces y noticias que se han divulgado” entre varios comerciantes, se tenía constancia de que el navío de guerra Ángel había salido de Veracruz con más de cinco millones de pesos fuertes y estaba en el puerto de La Habana pronto para salir a Cádiz¹⁷. El Consulado razonaba que, a pesar de haber despachado varios correos marítimos, la noticia del bloqueo de la bahía debía llegar con toda seguridad a La Habana para evitar a toda costa la salida del navío, y máxime cuando el cónsul de Dinamarca había remitido una carta del almirante Nelson en la que afirmaba que el bloqueo se extendería a cualquier embarcación neutral. La misma estrategia se utilizó cuando ese mismo año, “por las últimas noticias que acaban de recibirse del Perú”, se sabía que el navío de línea San Pedro y la fragata Astrea habían partido de Callao con un registro de más de cinco millones de pesos. En este caso, el Consulado envió urgentemente dos barcas, costeadas de sus propios fondos, para dar aviso¹⁸. Esto mismo se repetiría en 1800 tras haber recibido “noticias particulares” de que los ingleses se encontraban cruzando el cabo Ortegal, de modo que asumieron los 10.000 pesos fuertes del apronto de varias barcas de aviso¹⁹.

No obstante, el asunto que centró las principales discusiones del Consulado fue la defensa de los intereses mercantiles gaditanos frente a los privilegios que se concedieron a varios puertos americanos, las marinas neutrales y otros agentes; pero, en todos estos reclamos, la circulación de la información condicionó la estrategia que se siguió. En abril de 1797, los diputados del comercio expusieron en junta general “haber oído por varios sujetos [que] se habían obtenido permisos para embarcar en buques neutrales géneros extranjeros”; semanas más tarde denunciaban la introducción de efectos y géneros en La Habana por buques neutrales; y en el mes de septiembre exclamaron, “en razón de las noticias divulgadas”, contra el privilegio obtenido por el conde de Cabarrús para despachar buques mercantes desde Hamburgo hasta Lima. El hastío del Consulado llegó a tal extremo que, en octubre de 1797, solicitó formalmente a la Corte el cierre de todos los puertos de América hasta que no se firmaran los acuerdos preliminares de paz²⁰.

Lejos de oír sus peticiones, la Corona promulgó el decreto de comercio de neutrales el 18 de noviembre de 1797²¹. La medida era en un origen extraordinaria e intentaba responder a las numerosas amenazas que había en la navegación marítima, los apresamientos realizados por los corsarios británicos y el bloqueo de la bahía de Cádiz. En la práctica, el decreto permitió que las marinas mercantes neutrales, como la norteamericana, la danesa, la sueca o la hamburguesa, pudieran operar directamente con América desde los puertos peninsulares e, incluso, extranjeros, siempre y cuando se respetasen las normas dictadas en el reglamento de libre comercio. Ante estas coordenadas, no es fácil calcular los agravios que todo ello pudo ocasionar al comercio gaditano al despojarlo del control directo de las transacciones. Sin embargo, una medida de tal calibre solo podía entenderse por la presión que algunos consulados americanos –y muy especialmente el habanero– hicieron para flexibilizar el tráfico mercantil y continuar con sus negocios.

A partir de entonces, el Consulado de Cádiz articuló una compleja estrategia para derogar el decreto y puso en marcha una extensa maquinaria de agentes e informantes. Entre 1797 y 1799, las juntas generales y particulares bombardearon a la Corona con correos extraordinarios, memoriales y representaciones para solicitar la anulación inmediata del mencionado decreto, e incluso en la junta del 11 de enero de 1798 se convocó a todos los matriculados para manifestar y exponer “oficios con noticias muy importantes para el comercio”²². Las denuncias sobre los neutrales y otros privilegios continuaron en los años siguientes, como por ejemplo a finales de 1798, cuando el Consulado se manifestó en contra de la concesión dada a Tomás José Romero, vecino y del comercio de Buenos Aires, para extraer cueros al extranjero.

Tras muchos esfuerzos y una movilización sin precedentes, el Consulado de Cádiz consiguió que algunos de los privilegios fueran anulados, o al menos que se derogaran teóricamente. En 1799, los comerciantes de Cádiz, en colaboración con sus apoderados en Veracruz y el virrey de Nueva España, llegaron a interponerse en el requerimiento que el Consulado de La Habana había hecho solicitando la introducción de efectos directamente en Veracruz. Finalmente, la derogación formal del decreto de neutrales se hizo pública el 20 de abril de 1799 y una de las primeras medidas adoptadas por el Consulado fue comunicar esta orden a todos los puertos americanos, yendo más allá de las notificaciones de oficio que hiciera el ministerio correspondiente a través de los correos marítimos. El objetivo era claro: el Consulado de Cádiz quería dejar constancia a los consulados americanos de esta medida para que, en lo sucesivo, se abstuvieran de permitir el arribo de embarcaciones neutrales y fueran conscientes de las consecuencias legales de la inaplicación.

En paralelo, el Consulado desplegó una serie de acciones orientadas a consolidar y hacer valer sus privilegios dentro del conjunto del espacio mercantil hispano. En este contexto, y con el propósito de mitigar los efectos derivados de las concesiones otorgadas a los comerciantes neutrales, la corporación logró la promulgación de la Real Orden del 24 de marzo de 1798. Dicha disposición confirmaba el derecho del Consulado de Cádiz a percibir un gravamen del uno y medio por ciento sobre todas las “expediciones en derechura de puertos extranjeros”. Este beneficio fiscal tenía su origen en años anteriores, cuando el Consulado obtuvo tal prerrogativa como compensación al donativo realizado durante la guerra franco-española de 1793-1795, así como por el nuevo préstamo emitido en 1797 por un monto de dos millones de pesos fuertes. No obstante, la Real Orden de 1798 supuso un avance significativo, pues garantizaba que el cobro de ese derecho se extendiera también a las navegaciones efectuadas por buques neutrales con destino tanto a los puertos americanos como a los peninsulares²³.

La mayor parte de las iniciativas emprendidas por el Consulado de Cádiz se orientaron al continente americano, puesto que representaba el mercado dominante entre los matriculados²⁴. Esta conexión también se manifestaba en las delegaciones que el Consulado gaditano estableció a lo largo de América, especialmente tras la promulgación de los decretos de liberalización de 1765 y 1778. No obstante, en estos años finales de la centuria, la corporación tuvo que hacer frente a una profunda reconfiguración del tablero mercantil hispánico con la constitución de nuevos consulados en las principales plazas americanas. Junto a los de México, Lima y Manila, en la década de 1790 emergieron los de La Habana, Veracruz, Guadalajara, Guatemala, Cartagena de Indias, Caracas y Buenos Aires²⁵. Desde sus inicios, todos ellos mantuvieron una comunicación constante con el consulado gaditano²⁶.

La relación entre los consulados fue ambivalente y basculó entre la cooperación y la competición. El gaditano trató de defender sus intereses y mantener su posición de preeminencia en el mercado colonial; sin embargo, durante la guerra, las adversas circunstancias le obligaron a negociar, cooperar e, incluso, oponerse a algunos consulados americanos debido a la aplicación del decreto de neutrales y otros privilegios concedidos.

La comunicación generada resulta de gran interés porque se construyó sobre un discurso que, en ocasiones, era contradictorio y porque la circulación de la información fue asimétrica e interesada. Todo parece indicar que, en el transcurso de la guerra, se forjaron dos grandes facciones de consulados: por un lado, aquellos que lucharon por derogar el decreto de neutrales y cualquier medida que alterara el esquema mercantil colonial fijado en el reglamento de 1778, donde se pueden incluir los de Cádiz, Barcelona, Veracruz, México, Buenos Aires, Guatemala y Lima; y por otro lado, aquellos que negociaron para mantener las medidas extraordinarias a lo largo del conflicto, especialmente el Consulado de La Habana y el de Caracas²⁷.

El vínculo de cooperación generado entre los consulados de Cádiz y Guatemala en este periodo resulta especialmente ilustrativo. Ambas instituciones tuvieron intereses convergentes, compartieron información y se prestaron colaboración en algunos asuntos. Por ejemplo, en 1800 el Consulado de Cádiz y su apoderado en Madrid, Nicolás Fernández de Ribera, intercedieron en la Corte para la resolución positiva del expediente de alcabalas dobles que había promovido el de Guatemala²⁸. Similar fue con el Consulado de Veracruz, ya que compartieron estrategia e intereses. A modo de ilustración se puede citar el apoyo que prestó el gaditano a la instancia que hizo el veracruzano ante el Secretario de Estado y del Despacho de Marina en 1802 cuando denunció “la rigurosa e intempestiva leva de marineros y gentes de mar” que había hecho el comandante del navío de guerra Santo Domingo, el cual estaba siendo aprontado para cargar caudales y frutos preciosos²⁹. Desde Veracruz, la protesta radicaba en que esa matrícula dejaría sin marinería a un elevado número de expediciones mercantiles que estaban siendo preparadas, y desde Cádiz se tomó nota de lo ocurrido maniobrando para que no volviera a ocurrir³⁰.

La cooperación entre consulados fue continua durante los años de la guerra y tuvo dos prioridades: la buena marcha de las expediciones mercantiles cuyos intereses fueran conjuntos y la circulación de información relevante. A comienzos de 1797, el Consulado de Cádiz proporcionó noticias actualizadas al de La Habana sobre la navegación de la polacra Carmen y declaró que haría todo lo posible para la “seguridad del crédito que dejó pendiente”³¹. Años más tarde, en 1802, el Consulado habanero notificó los problemas que había tenido en ese puerto para el envío del cargamento de la fragata Plasentino, procedente de Honduras, e intentaría “disminuir los perjuicios que los interesados habían sufrido con la demora”. Y lo mismo ocurrió cuando hubo que gestionar la carga recuperada del naufragio de la fragata Nuestra Señora del Carmen y las Ánimas³².

La información compartida era muy variada y abarcaba asuntos muy dispares, como la situación de los mercados, la seguridad de los mares y cualquier tema relativo a la navegación. Así es cómo el Consulado de Buenos Aires avisó al de Cádiz de haber puesto un fanal en el cerro de Montevideo para mejorar el arribo de los buques, y desde el gaditano, además de agradecer la noticia, comunicó que pasaría la noticia a Madrid para que fuera publicada en la Gaceta³³. En definitiva, tal y como expresó el Consulado gaditano al de Veracruz en marzo de 1803, había muchos “negocios de común utilidad”, de modo que era necesario fomentar “la mutua buena correspondencia entre los cuerpos que representamos”³⁴.

No obstante, donde mejor se observan las formas de comunicación y circulación de información fue en las tensiones generadas por el decreto de comercio de neutrales. Entre su promulgación —el 18 de noviembre de 1797— y su teórica derogación —el 20 de abril de 1799—, se sucedió una intensa negociación entre los diferentes consulados en la que se compartieron noticias que resultarán esenciales para sus respectivas alegaciones. En octubre de 1798, los Consulados de México y Veracruz remitieron al de Cádiz varias cartas informando de la negociación que estaban teniendo con el virrey de Nueva España y sobre la situación del mercado americano. En esta correspondencia se dejaba constancia del estado “lastimosísimo” del comercio porque “como el precio de muchos artículos es tan excesivo, los consumidores sufren escasez”. Se lamentaban de los ocho grandes buques que estaban cargados en la bahía de Cádiz, pero no podían salir por el bloqueo británico, y protestaban por los excesos provocados por el comercio de neutrales. A pesar de las representaciones hechas desde Cádiz y Cataluña, el decreto seguía vigente:

Las noticias desde Veracruz eran todavía peores y el balance que se ofrecía era especialmente sombrío por las perversas consecuencias que provocaba el decreto³⁶. Este Consulado generó una frontal oposición al expediente “suscitado por los habaneros”, quienes pedían admitir en puerto cualquier buque “cuyo capitán declare ser pertenencia española sus cargamentos”. Según los veracruzanos, esta medida provocaría un trastorno profundo del mercado y tendría dos grandes consecuencias: por un lado, que a través de este sistema quedaría surtida Nueva España, de modo que los comerciantes peninsulares estarían excluidos de facto en los negocios; y por otro lado, que los sucesivos privilegios que se estaban concediendo producirían un desorden en toda América. Las alarmas volvieron a dispararse en octubre de 1798, cuando el Consulado de Veracruz informaba al de Cádiz del expediente instruido desde La Habana “solicitando permiso para introducir en Veracruz los efectos admitidos al comercio de Indias”. Esta reflexión procedía de las últimas noticias recibidas en el puerto novohispano:

La tensión entre los consulados no terminó con la derogación formal del decreto de neutrales. El 17 de mayo de 1799 el Consulado gaditano hizo un envío masivo a todos los americanos y sus respectivos apoderados comunicando la Real Orden del 24 de abril y recordando su derecho de 1,5 % sobre todas las transacciones. Aunque eran noticias que debían ser comunicadas de oficio por el ministerio correspondiente, el Consulado de Cargadores se aseguró de que esta información llegara de forma efectiva a sus homólogos americanos, especialmente a Buenos Aires, Cartagena de Indias, Veracruz y La Habana. Pero no solo eso, además de informar se pidió a los consulados afines que remitieran informes de las embarcaciones que habían arribado y descargado en aquellos puertos para hacer una valoración global de los efectos del comercio de neutrales.

Las respuestas no se hicieron esperar. El Consulado de Veracruz contestó el 27 de agosto y el de La Habana lo hizo el 20 de septiembre “participándole hallarse con la Real Orden por la que se prohíbe a los neutrales el comercio con nuestra América”. Sin embargo, apenas un mes después, el 24 de octubre, el Consulado habanero envío a Cádiz una carta informando de la “resolución provisional del rey para dejar abierto aquel puerto a los neutrales”. A pesar de los esfuerzos del Consulado gaditano, la derogación no tuvo los efectos esperados y en la práctica prosiguió. Ya en el ocaso de la guerra, e incluso después del conflicto, desde Cádiz se exigía a algunos Consulados “que se tomen disposiciones para que no haya comercio extranjero”³⁸, ya que el decreto había normalizado no solo el comercio con potencias extranjeras, sino también enemigas.

El intercambio de correspondencia formal entre los consulados fue solo el nivel epidérmico de unos procesos de comunicación más complejos. En paralelo a las notificaciones de oficio, el Consulado de Cargadores a Indias desplegó un sistema de comunicación informal y discrecional a través de una extensa red de apoderados en los principales puertos americanos³⁹. En los años finales del siglo XVIII, la nómina de estos agentes abarcaba La Habana —Gabriel Raimundo Azcárate—, Veracruz —Francisco Antonio de la Torre—, Guatemala —José Aycinena, Rafael Trulles y José de Isasi—, Cartagena de Indias —Francisco Díaz Catalán y Manuel García del Río—, Caracas —Juan Bernardo Sarrián y Juan Bautista de Echezuría—, Buenos Aires —Casimiro Francisco Necochea, Fernando Sáenz de Gándara y Miguel Fernández Agüero—, Lima —Silvestre Amenábar y Sebastián Comparet— y Manila —José Blanco Bermúdez—⁴⁰.

Los apoderados de Cádiz jugaron un papel clave; fueron los responsables de un intenso intercambio de noticias que determinó las formas de respuesta, las estrategias y los discursos del Consulado con otros agentes. Estos eran, por lo general, hombres de negocios procedentes o con fuertes conexiones con la plaza gaditana, pero ejercían como negociantes en los puertos coloniales. En teoría, su función era que “represente y pueda practicar con título legítimo las diligencias correspondientes a beneficio de este comercio en los casos ocurrentes”⁴¹. De este modo, el apoderado podría personarse ante las autoridades —virreyes, gobernadores, comandantes y otros consulados— en representación del comercio de Cádiz y velar por sus intereses. No obstante, esta función representativa y mediadora iba pareja a una labor de recopilación, procesamiento y envío de datos y noticias relevantes, convirtiéndose en agentes de información de primer orden. Al respecto, son muy expresivas las palabras del apoderado en La Habana, Lorenzo Quintana, cuando en 1794 solicitó el relevo de su cargo y lo justificaba por su avanzada edad y porque:

Durante la guerra anglo-española de 1796-1802, los apoderados en América cumplieron una amplia gama de funciones, a saber: (a) se personaban en cualquier pleito y representación que incumbiera al Consulado; (b) transmitían, canalizaban y se aseguraban de la recepción de instrucciones o reales órdenes enviadas desde Cádiz a otros consulados americanos, de modo que verificaban la entrada de la información; (c) proporcionaban noticias generales sobre embarcaciones, salidas y entradas de los puertos, precios y el estado de las plazas; (d) realizaban informes reservados con datos confidenciales de los consulados o de cualquier otra materia de interés; (e) remitían noticias, publicaciones e impresos de los puertos americanos; (f) recogían la opinión general e incluso rumores difundidos en el ámbito mercantil; (g) intercedían y se entrevistaban con las autoridades, manteniendo conversaciones “confidenciales” sobre asuntos que afectaban al Consulado de Cádiz; (h) realizaban recomendaciones y hacían indagaciones secretas sobre personas que eran de interés al Consulado, como por ejemplo las propuestas de maestres de plata; y finalmente (i), se encargaban de verificar la información que era demandada desde Cádiz.

Entre todas estas funciones, una de las más importantes fue la transmisión de información. Los apoderados recibían órdenes, informes, instrucciones y normativa desde el Consulado de Cádiz, y su misión era transmitir esa misma información a los consulados americanos, asegurándose que era recibida y procesada. Este aspecto resulta interesante al entender los diversos procesos que se conjugaron en la circulación de información y las variables que entraron en juego. Como muestra de todo ello, se puede observar la Real Orden de 24 de marzo de 1798 sobre el cobro del 1,5 % para el Consulado gaditano. A lo largo de 1798 y en los años sucesivos, los apoderados tuvieron constancia por vía extrajudicial de esta orden y velaron por comprobar que había sido recibida de oficio en los consulados americanos. Pero no solo eso, además emitieron valoraciones e informes de gran valor.

A Buenos Aires llegaron varias cartas extraoficiales en septiembre y octubre de 1798 en las que se especificaba que el apoderado debía “inquirir si ha llegado la Real Orden original, y cuidará que se cumpla la extracción del uno y medio por ciento”, pero por entonces no había constancia de la recepción por vía de oficio debido a los problemas de comunicación en el Atlántico y el apresamiento de los correos marítimos. De hecho, en septiembre de 1799, Casimiro Necochea afirmaba: “acabo de saber que el señor virrey hasta que no venga la Real Orden de 24 de marzo no puede hacer exigir el cobro del 1 ½ por ciento”⁴³. La interrupción del tráfico marítimo provocó que incluso a finales de 1799 la citada orden de la Secretaría de Estado de Hacienda no hubiera llegado, a pesar de haber duplicado el aviso por petición expresa del propio Consulado de Cádiz. En La Habana, el apoderado Azcárate tuvo la misma instrucción en septiembre de 1798, pero emitió una valoración muy clara: “aunque llegue la referida Real Orden, juzgo que no producirá ningún efecto en favor de ese consulado, porque en la multitud de expediciones que han llegado de puertos extranjeros, y últimamente algunas de Hamburgo, no se ha manifestado ningún interés por cuenta de comerciantes españoles de esa ni otra plaza”⁴⁴.

Algo similar ocurrió en Caracas, donde la noticia fue conocida ese mismo año, pero la comunicación oficial se demoró. En enero de 1800, el apoderado recibió por cuadruplicado la instrucción del Consulado gaditano de vigilar las embarcaciones llegadas a La Guaira y velar por el cobro. Sin embargo, en diciembre de 1801 aún estaban a la espera de la orden oficial, de modo que se requirió “averiguar que al fin no fue cierta la noticia de haberse dirigido a esa Intendencia la anunciada Real Orden de 24 de marzo de 1798”⁴⁵.

La agencia informativa de los apoderados se volcó en proporcionar noticias fiables y reservadas de los mercados americanos y de la ejecución del decreto de neutrales, así como su derogación formal. Es muy ilustrativo el informe que Gabriel Raimundo Azcárate envió desde La Habana en marzo de 1797, incluso antes de la promulgación del decreto de neutrales. Por entonces, se informaba de los acuerdos de la junta del Consulado de La Habana solicitando al rey que “concediese a los angloamericanos y demás potencias neutrales permiso para introducir en esta plaza toda clase de víveres con exclusión de la harina y bacalao, y varias clases de tejidos y ferretería”. La carta de Azcárate incluía una copia del Papel periódico de La Habana de 19 de marzo, donde se hacían públicos los acuerdos del Consulado, pero además explicaba la idiosincrasia de la institución habanera:

En octubre de 1799, Azcárate recibió la instrucción de redactar un informe sobre “las pérdidas del puerto de La Habana por el decreto de neutrales” y en enero de 1802 volvió a escribir asegurando que los acuerdos preliminares de paz habían llegado a ese puerto, así como la orden de suspensión de admitir buques extranjeros. Sin embargo, el apoderado retrató la realidad en toda su crudeza y constató que la derogación del decreto de neutrales fue solamente nominal:

A Lima llegó el decreto de derogación de neutrales a finales de 1799, pero el apoderado Amenábar informó de varios incidentes⁴⁸. El 4 de marzo de 1800 comunicó que arribó a Callao una fragata de Hamburgo llamada Armenia, “que parece salió de aquel puerto en 17 de octubre último conduciendo la carga (…) que consta en la adjunta razón dada por su maestre Luciano Lopetegui, expresando haber emprendido viaje sin noticias de que se hubiese derogado la orden, sin embargo, de haber mediado seis meses menos tres días desde su fecha hasta la salida de dicho buque”. Amenábar hizo una descripción muy exhaustiva de este caso y relató que no se le permitió descargar a excepción del cobre que iba a cuenta de Su Majestad. Sin embargo, lo más interesante de todo ello fue el proceso de indagación que hizo el apoderado, informando que “es opinión general que las principales clases de lienzos que traía excederían al triple de las señaladas en su capcioso manifiesto y que lejos de volver a Europa con la carga la expenderá en las costas desde Guayaquil hasta San Blas”. Amenábar creía que este buque había sido tratado con excesiva indulgencia, pues “comieron en palacio el capitán, maestre y el sujeto que venía con el título de interprete”, pero además añadía en una nota: “la expedición que suena hamburguesa, aunque los más opinan pertenece en la mayor parte (cuando no en el todo) a ingleses, ha facilitado no solo salir libre después de obsequiado el capitán Law, maestre Lopetegui y el figurado interprete si también no pagar derecho alguno del acero y cobre”⁴⁹.

Algo similar ocurrió entre mayo y julio de 1800, cuando arribó una fragata nombrada Clothier. En este caso, el buque fue embargado y la carga conducida a la aduana. “El público se persuade que la carga se dará por comisada, aun cuando el buque se declare libre, suponiendo haber venido fletado por un comerciante de Montevideo, y que los efectos se rematarán en esta aduana por lotes de 20 a 25 pesos, caso que no lleguen a Callao para principios del junio próximo los buques que debían salir de esa bahía [de Cádiz] a principios de enero atendiendo a la escasez de especies de primera necesidad”⁵⁰. En su carta incluyó el suplemento de la Gaceta de Lima del 2 de julio de 1800 con las instrucciones oficiales dadas por el virrey. También desde Lima llegó uno de los informes más expresivos sobre los efectos del comercio de neutrales, en este caso redactado por Sebastián Comparet:

Esta misma operación se repitió en otros puertos americanos. Desde Caracas, el apoderado Echezuría afirmaba en octubre de 1799 que no se cumplía la derogación por orden directa del intendente Esteban Fernández de León, ya que este “no estima adaptada a la estrecha situación de la provincia por defecto de giros y expediciones mercantiles de la metrópoli interceptadas por el enemigo y que manifiestamente se aventurarían a sus repetidas sorpresas”⁵². Al apoderado en Veracruz, Francisco Antonio de la Torre, se le pidió en marzo de 1799 noticias detalladas del tráfico de aquel puerto, pues “puede convenir mucho el que este consulado tenga circunstanciadas noticias de los buques de comercio que entren en ese puerto procedentes de este y de los demás de la península y también de puertos neutrales, con expresión de su cargamento porque podremos servirnos de ellas en ocasiones oportunas”⁵³. Y desde Guatemala, el informe del apoderado fue incluso más expresivo, dando cuenta de la representación que ese Consulado había hecho a la Corte:

El objetivo de este trabajo era analizar la red de información que tuvo el Consulado de Cargadores en América durante la guerra anglo-española de 1796-1802. Examinando varias dimensiones, hemos comprobado que el Consulado envió y recibió información de muy diverso tipo, incluyendo noticias básicas del comercio, el tráfico marítimo, la seguridad de los mares o el estado de los mercados. Sin embargo, también hubo otros asuntos tratados en la correspondencia con América, como por ejemplo la actitud de las autoridades políticas y comerciales, las particularidades de cada puerto y las reacciones de los grupos mercantiles americanos. A pesar del bloqueo de la bahía gaditana y la interrupción de los correos marítimos, el Consulado consiguió mantener la comunicación con América a través de embarcaciones mercantes, ya fueran nacionales o extranjeras, y multiplicando los envíos para asegurar la recepción de las cartas.

En paralelo, hemos analizado la propia red de información, es decir, el entramado de emisores y receptores, los agentes que intervinieron, las fuentes de información y los intermediarios. La red del Consulado gaditano tuvo dos niveles claramente diferenciados. Por un lado, la comunicación formal entre consulados, donde la información compartida variaba según la afinidad, los intereses y las estrategias de cada institución. Esto parece especialmente evidente por la cercanía que mostró con algunos consulados americanos, como el de Veracruz, Guatemala o Buenos Aires. Por otro lado, estaría la comunicación informal a través de la red de apoderados que el Consulado sostuvo en los principales puertos americanos. Estos apoderados, más allá de su función legal, eran agentes de información que proporcionaban noticias extraídas directamente del quehacer diario de las ciudades marítimas americanas, verificaban la información recibida en Cádiz y recopilaban datos de interés para la estrategia consular gaditana.

Finalmente, es posible observar las consecuencias directas e indirectas, previstas e imprevistas, de esa circulación de información. El adverso contexto al que se enfrentó el Consulado de Cádiz durante estos años —el bloqueo y asedio de la bahía, la reducción de las transacciones y el comercio de neutrales— tuvo una respuesta que estuvo determinada por la información recibida. Esto fue especialmente evidente en los memoriales y representaciones que el Consulado envió a la Corona para negociar medidas efectivas y cambios en la política comercial. Con la información recibida, el Consulado constató los efectos perversos que el permiso de comercio de neutrales estaba ocasionando en el mercado americano y las pérdidas que provocaba a los comerciantes gaditanos. Igualmente, la información permitía modular el grado y la orientación de los discursos para la negociación política, enfatizando y, en cierto modo, teatralizando los perjuicios que en el contexto internacional estaban generando al Consulado preeminente del mercado hispano.