Para mejor aprehender el propósito del memorial que se va a examinar, resulta imprescindible evocar el contexto económico anterior a su redacción. Dadas las promesas de las extensas conquistas de principios del siglo XVI en la América continental, la Corona vio el interés para las arcas reales de preparar su explotación, para no incurrir en las mismas improvisaciones que en el Caribe, encargando el 25 de abril de 1535 un plan prospectivo al virrey del Perú, marqués Antonio de Mendoza, aunque todavía no se excluía como mano de obra servil a los indios rebeldes:

Con la publicación en 1542 de las Leyes Nuevas a favor de los indígenas, y teniendo en cuenta su incapacidad de aguantar el clima de las tierras cálidas donde se situaban las minas de oro, el virrey, marqués de Cañete, tomó la delantera. Reiteró una demanda presentada hacía poco tiempo, recalcando el beneficio que surtiría para el erario real el suministro no solo de mano de obra servil sino también de herramientas, lo cual constituía una innovación, aunque el principio no difería mucho de lo imaginado a favor de Cuba:

De entonces en adelante, principalmente en lo que tocaba las minas de oro o de plata, esta sería una de las mayores preocupaciones de los virreyes tanto de Lima como de Méjico. Lo comprueba una carta mandada a Madrid por el de Nueva España, conde de la Coruña. El 1 de abril de 1581 informaba a Felipe II de la existencia en Zacatecas de muchas minas cerradas debido a la mortandad sufrida por los trabajadores indios y negros, de ahí el decaimiento de la producción, muy lesivo para el fisco. No veía más solución que solicitar de parte de la Corona el envío de “quantidad de negros para que los mineros se pudiessen provechar dellos para poderlas labrar”3.

Los negros, numerosos en las minas de plata de Guanajuato y de Zacatecas en Nueva España, no resistían al frío de las de Potosí en el Alto Perú, la Bolivia actual4. Así que eran las minas de oro las que requerían mano de obra servil.

La demanda presentada por Pedro González de Mendoza en 1592 al licenciado Agustín Álvarez de Toledo, del Consejo de Indias, asegura que la mina de Zaruma, cerca de Loja, "es la más rica de minas de oro que en todo lo descubierto de las Indias se sabe". Para la explotación de las vetas, estimaba en 700 el número de negros necesarios, de catorce a treinta años de edad, que estarían pues en su mayor capacidad de producción. Para asegurar la continuidad del trabajo en el porvenir, proponía que la tercera parte fueran mujeres. De modo que para evitar posibles rebeliones de estos trabajadores que no faltaron en Venezuela, en Barquisimeto por ejemplo5, el encargado de suministrar la gente a este lugar, pero también a otras partes de las Indias, tendría mucho cuidado en que fuese de diversos orígenes:

Que sepamos, en materia de minería, esta fue la primera vez que se emitió semejante propuesta. Posteriormente, vino a ser una norma, más o menos respetada según la coyuntura.

El arbitrista no concedió mucha importancia a las condiciones de venta de esta gente a los mineros. A su modo de ver, la cuestión sería de la incumbencia de los oficiales reales y del gobernador, quienes tendrían que tomar en cuenta a la vez el interés de la Corona y el de sus vasallos, en la medida en que ambos iban estrechamente relacionados7.

El año siguiente, o sea en 1593, otro arbitrista, tratando del mismo asunto, se mostró más exigente, no en relación con el número de trabajadores que evaluó entre 500 y 600, sino respecto a las condiciones de su venta a los mineros, los cuales, por disfrutar de 30.000 a 40. 000 pesos de hacienda, no tendrían dificultad alguna para abonar su deuda en un “tiempo moderado”, sobre todo dado que la tierra era muy sana para la salud de los negros y su reproducción. La Corona, aseguraba el arbitrista, no correría riesgo alguno aceptando venderlos al fiado.

Estas consideraciones que se añadían a las súplicas de los religiosos, partidarios del "alivio" de los indígenas merced a la esclavitud de los negros, no dejaban de tener cierto impacto en el Consejo de Indias y luego en las decisiones del monarca. Prueba de ello es una carta dirigida por Felipe III el 24 de noviembre de 1601 a don Luis de Velasco, virrey del Perú, que trataba de la reforma del servicio personal impuesto a los indígenas. Después de exponer los motivos para proteger a los indios, que eran “la grossedad y la riqueça de esos reinos”, de las duras faenas mineras, expresó lo siguiente:

Es conocido el disgusto originado por la real cédula entre los beneficiarios del servicio personal de los indios, que motivó la reacción del franciscano Miguel de Agia. En su obra, publicada en 1604, estudibaa el documento que se refería no solo a las actividades de los indígenas en las minas, sino también en los obrajes de paños y en los ingenios de azúcar. En cuanto a las minas, el rey aconsejó a sus dueños que acudiesen al servicio de “los españoles ociosos y aptos para estos trauajos y los mestizos, negros y mulatos libres”9. Como esta decisión podía ser sumamente perjudicial para los mineros de la Nueva Granada, Agia opinaba que la Corona había de favorecer la sustitución de los indios por negros:

Dejando aparte a los propietarios descontentos, no todos los analistas estaban de acuerdo con el recurso a esclavizados africanos para sustituir a la mano de obra indígena. En 1603 otro eclesiástico, el padre Alonso Mesía Venegas, denunció en un memorial los perjuicios que ocasionaría la medida para la quietud de los reinos de las Indias: “El primero, que se compren negros para tantos y tan diferentes ministerios y servicios téngolo por peligrosísimo al reino, pues esta gente es de suyo atrevida y libre, poca temerosa de Dios y de su Rey”.

El memorial planteaba el problema del comportamiento de los esclavizados, una de las preocupaciones de la Iglesia, como se ve en las disposiciones de los Concilios limenses y de las constituciones sinodales de las diócesis del Perú, y particularmente de la Compañía de Jesús que dedicó sus esfuerzos al “ministerio de los negros”11.

Los responsables administrativos locales se enfrentaron efectivamente con inconvenientes para aplicar la real cédula de 1601 sobre el servicio personal de los indios. El presidente de la Audiencia de Quito, Miguel de Ibarra, en una carta con fecha de 9 de mayo de 1607, avisó al monarca de los felices resultados obtenidos merced a las reformas técnicas introducidas en la explotación de las minas de Zaruma. En poco tiempo, con la misma gente y la misma inversión, los beneficios habían pasado de 90.000 a 400.000 pesos. Por lo tanto, Ibarra creyó oportuno aconsejar el envío de más negros por la Corona o particulares, con el fin de aplicar las disposiciones de la real cédula de 1601, aunque no descartaba la posibilidad de enviar a las minas a algunos de los indios de la provincia.

El 2 de marzo de 1608, después de expresar su gran satisfacción por el crecimiento de los beneficios obtenidos de las minas, el rey rechazó categóricamente la posibilidad de emplear a los indios en su explotación, a excepción de los que se contratasen voluntariamente y por un buen sueldo. Por añadidura, no estaba dispuesto a mandar esclavos al fiado, ni por su cuenta ni por la de particulares. No quedaba más remedio que volverse hacia el asiento vigente sobre la provisión general de esclavos para todas las Indias. A los mineros les correspondía solicitar al asentista el envío de negros a Portobelo, donde los comprarían al contado, avisando previamente al Consejo de Indias del número necesario y del momento en que desearían tenerles a su disposición12.

Había evolucionado el método escogido por el Consejo para suministrar esclavizados a las Indias, renunciando a las licencias de favor o concedidas a particulares, como en los primeros decenios de la colonización, con el pretexto de que para esto existían los asientos, contratos monopolísticos que le libraban de una administración de una gran complejidad.

¿Cómo no pensar que la real cédula de 1601 provocaría una ruptura esencial en la trata de negros hacia el Nuevo Mundo? El Consejo se lo dio a entender claramente al presidente Ibarra, sobre todo cuando este había admitido en su carta de petición el aumento de los beneficios sacados de las minas: era preciso abandonar los viejos métodos de tipo empírico para adoptar procedimientos más estructurados. No perderemos de vista este aspecto al contemplar la evaluación de 1644 que precisamente se ufanó de examinar la situación de un modo riguroso.

Para el Consejo, las órdenes dadas para Zaruma no podían ser una excepción. Se quiso aplicar el mismo sistema a otro tipo de minas, a saber, las de plata del Alto Perú, en la Audiencia de Charcas. En una carta de 10 de mayo de 1604, Luis de Velasco informó a Felipe III de la aplicación de la real cédula de 1601 para aliviar a los indios en dicha jurisdicción. Admitió que solo podía practicarse “en algunos ministerios del beneficio de metales y cosas anexas a ello en que los mineros se pudiesen seruir de negros”. Entiéndase que el clima de esas alturas no permitía mandar a los esclavizados a las galerías de extracción donde morían de frío. Tan solo se podía utilizarlos para la acuñación de la moneda, añadiremos, que requería de un absoluto aislamiento de los trabajadores con el fin de evitar fraudes13. En cuanto a las otras dificultades encontradas por Velasco para la aplicación de la cédula de 1601, de que no nos toca tratar aquí, remitimos al estudio de Silvio Zavala (1979).

Pero se presentaban otros problemas que el Consejo no pasó por alto en su carta a los oidores de Charcas el 28 de julio de 1608. Primero el de la ruta que debía seguirse para el envío de estos negros. La más rápida, y por lo tanto la menos costosa, pasaba por el puerto de Buenos Aires, usaba el transporte fluvial por el Río de la Plata, y seguía luego a lomo de mulas hasta las “provincias de arriba”. Lo que no precisó el Consejo fue que esta ruta no estaba abierta al comercio, salvo en unas cuantas excepciones, por ser el camino del contrabando de plata que evadía el fisco. Fue menester esperar los asientos del siglo XVIII para que se concediesen más facilidades, en particular, a la compañía francesa y después a la inglesa.

Luego convenía determinar con precisión el origen de los esclavizados. No todos eran aptos para soportar las drásticas condiciones de trabajo impuestas en la Casa de la Moneda, lo cual daba lugar a numerosas riñas y crímenes de una gran violencia14. Era preciso comprar individuos provenientes de etnias reputadas por su docilidad, según se ha de deducir de la fórmula eufemística “de la nación más a propósito para quitar el recelo que mucha multitud de negros juntos podría causar”15. Aparentemente, el caso requería mucha atención, de ahí quizá el trato especial concedido por el Consejo que no se encuentra en otras circunstancias, ni en Nueva España ni en la Audiencia de Quito donde no se sometía a los esclavizados a una existencia de tipo carcelario.

A decir la verdad, los mineros no renunciaron de buena gana al empleo de mano de obra indígena. Felipe III se vio obligado a admitir, en una carta dirigida el 26 de mayo de 1609 a Montesclaros, virrey del Perú, que el relevo se efectuase conforme al crecimiento numérico de los jornaleros esclavos. Por lo tanto requirió por parte del conde el uso de “los medios mas suaues y eficazes” para obligar a “los mineros y dueños de los ganados y demás labores [para que comprasen] la cantidad de esclauos que pudieren y no os pareciere inconveniente al estado y buen gouierno de estos Reynos” . Por fin, concluyó el rey, “yréis reduciendo al trabajo y ocupación de las minas y las otras labores, sin hazer distinción de indios, españoles, negros y mestizos y las demás naciones porque todas conuiene que se vayan introduciendo en estos exercicios”16. Solórzano y Pereyra en Política Indiana concedió un sitio relevante a la cédula de 26 de mayo de 1609, completando el texto que se acaba de citar:

Al parecer, se mostraron el monarca y sus consejeros muy poco conscientes de la realidad social del Perú, obnubilados por la voluntad de acrecentar la producción minera sin perjudicar a los indígenas, siendo las minas para ellos las “bocas del infierno” según la expresión de su defensor el dominico fray Domingo de Santo Tomás en una carta de 1550 al rey.

Es el momento de recordar que entre las presiones que motivaron la cédula de 1601 se encuentra el alegato de los obispos del Cuzco, de Quito y de Popayán, quienes protestaron abiertamente en Lima el 26 de abril de 1601 en contra de la perversión de la misión de evangelización de los naturales del Nuevo Mundo concedida por la Santa Sede a España. Exigieron el fin de

En 1617, la cédula de 1601 no había surtido todavía los efectos esperados a juzgar por un memorial enviado el 14 de agosto por el capitán Juan González de Acevedo al Consejo de Indias “sobre la gran disminución de los indios del Perú, a consecuencia del trabajo de las minas”. El autor sugirió su sustitución por esclavos negros procedentes de “la isla de Cabo Verde” conducidos al Nuevo Mundo por los galeones de la Carrera de Indias y de Panamá a las costas del Perú por la Armada de la Mar del Sur19. Aparentemente, sin haberse puesto al tanto de la coyuntura, deseaba que la propia Corona se encargase de organizar la trata negrera hacia el virreinato, a lo cual se negaba, como se ha dicho.

En 1626, Felipe IV no imaginó otra solución fuera de condenar al servicio de las minas

El rey exigió, sin embargo, que estos negros, mulatos, mestizos y españoles no se mezclasen con los indios para evitar los maltratos. Otra vez pecaban de ingenuos el rey y sus consejeros, como se lo dio a entender el virrey, quien le advirtió de que aquellos delincuentes no serían de ninguna utilidad en las minas, de donde no tardarían a escapar. Más valía condenarles a las galeras del Callao. Lo admitió Felipe IV el 1 de abril de 1630, dejando a su representante el cuidado de tomar las medidas más adecuadas al respecto hasta que lo proveyese21.

El 18 de febrero de 1632, escribió el soberano al conde de Chinchón para confirmar sus órdenes. Aparentemente no veía otra manera de “aliviar a los indios”, recomendándole sin embargo que vigilase de muy cerca “su seguridad y quietud en el trabajo”22. El caso era que el conde se encontraba entre la espada y la pared, como declaró el 11 de octubre de 1636. Distaba de ignorar el peligro que representaban los negros para la quietud del virreinato, pero no se podía prescindir de su trabajo en ningún ramo de la economía, que enumeró Chinchón de modo exhaustivo, dado el comportamiento de “los españoles venidos de Castilla ni los nacidos en la tierra”23.

Diez años más tarde, el marqués de Mancera expresó un parecer aún más dramático:

A mediados del siglo XVII, seguía pues pendiente el problema de la falta de mano de obra en todos los sectores de la economía indiana, el cual, debido en gran parte a la legislación protectora de los indígenas, imponía el recurso a la esclavitud de los africanos, particularmente en la minería cuyas rentas abastecían el tesoro real. Durante más de un siglo, el Gobierno central dio pruebas de una singular falta de realismo, errando sin rumbo fijo de tergiversaciones a contradicciones, pese a las advertencias de sus representantes en el Nuevo Mundo, que se enfrentaban con una realidad acuciante.

No perderemos de vista este aspecto para aquilatar el estudio de Fernando Silva Solís. La Corona española no sabía a qué atenerse: su obligación de proteger a los indios imponía el recurso a los esclavizados africanos, que tantos reclamaban a voz en cuello, pero dichos trabajadores no dejaban de suscitar problemas en sus relaciones con los indígenas y en materia de paz civil. Incluso los hombres de Iglesia tenían una visión contradictoria al respecto. Todo esto, al fin y al cabo, tenía como resultado una visión parcial que se oponía a un trato global de las necesidades en mano de obra servil, en relación con las potencialidades de las diferentes provincias de los dominios americanos.

De entonces en adelante, principalmente en lo que tocaba las minas de oro o de plata, esta sería una de las mayores preocupaciones de las autoridades locales.

Habida cuenta del contexto económico esbozado más arriba, se entenderá que la separación de Portugal de la unión dinástica en 1640 planteó un espinoso problema para el suministro de trabajadores serviles a las Indias occidentales. El reino luso gozaba hasta entonces del monopolio concedido por la Santa Sede para las relaciones con África. Así España, por no poseer factorías en las costas de este continente, se veía obligada a usar de la mediación portuguesa para abastecerse, por lo menos hasta que las otras potencias extranjeras denunciaran el statu quo y acabaran con el sistema vigente.

Georges Scelle trató de las protestas de los interventores económicos en ultramar, principalmente en el sector minero, ocasionadas por la suspensión del comercio negrero decidida por el Gobierno español. Los oficiales reales de Cartagena de Indias aseguraron que la agricultura y las minas estaban abandonadas, sin convencer a los responsables metropolitanos que siguieron rechazando toda proposición de los portugueses25.

Alex Borucki, David Eltis y David Wheat pusieron de realce la baja vertiginosa del comercio negrero con destino a las Américas españolas originada por la independencia de Portugal. Según sus cifras, basadas en el cómputo propuesto por el Transantlantic Slave Trade Database (TSTD) establecido bajo la codirección de David Eltis, la llegada de los esclavizados pasó entre 1581-1640, cuando Portugal y sus colonias dependían de Castilla, y 1641-1700, es decir después de la secesión, de 444.900 a 62.700 individuos, de modo que, aseveraron con mucha razón, se podía hablar de una segunda fase del comercio negrero (“second Atlantic”), en que la Corona española tuvo que recurrir a otras fuentes de suministro de mano de obra servil26. Obviamente, concluyeron estos investigadores, después de 1640, las llegadas de los esclavizados a las Américas declinaron precipitadamente (“after 1640, slave arrivals to the Spanish Americas declined precipitously”)27.

Ahora bien, no sería de creer que surgió tan repentinamente el problema. Se manifestó desde los primeros años del conflicto luso-castellano por la independencia de Portugal si tenemos en cuenta el TSTD. Aunque carece de datos precisos relacionados con las armazones de no pocos barcos negreros, en particular los que tomaban tierra en Nueva España, y aunque presenta redundancias extrañas relativas al número de los esclavizados desembarcados por ciertos navíos, no cabe duda de que el TSTD suministra una visión de conjunto fidedigna de la evolución de la trata en el periodo que nos interesa, o sea desde diez años antes de la fecha del memorial de Silva Solís.

Según el TSTD28, para este lapso de tiempo, Veracruz, el puerto de expansión de la trata para toda Nueva España, y Cartagena de Indias, que desempeñaba el mismo papel para el reino de Nueva Granada y también para todo el virreinato del Perú, eran los dos puertos más importantes para la trata en el Nuevo Mundo hispánico. Las cifras de las llegadas de los esclavizados son las siguientes:

El cuadro 1 evidencia lo constante de la caída de los aportes esclavistas a dichos puertos, conforme a la evolución del conflicto. Con una excepción, la del año 1638, posiblemente debida al atraso de ciertos barcos, dado que se necesitaba a veces más tiempo de lo previsto para cruzar el océano por dificultades de navegación. Esta evolución, no cabe duda, no podía menos de preocupar las autoridades locales, portavoces de los propietarios, como hemos visto.

¿Cuáles serían entonces los análisis de los representantes de la Corona en las Indias, y qué tipo de proyectos suscitaron?

Las mayores autoridades de los dos virreinatos dieron un respaldo oficial a las súplicas de los propietarios. El 7 de julio de 1646, el marqués de Mancera brindó su apoyo a un memorial del procurador general de la Ciudad de los Reyes dirigido al Consejo de Indias:

La visión catastrófica esbozada por el virrey, como lo dio a entender muy nítidamente, sería el resultado de las presiones de los diferentes sectores económicos de su jurisdicción. Pero lo más significativo fue que se atrevió a defender una propuesta pragmática basada en el mismo interés de Portugal, que, a su parecer, como no podía prescindir de los beneficios sacados del comercio negrero con las Indias españolas, se las arreglaría para eludir las trabas suscitadas por las contingencias políticas acudiendo a intermediarios que no debían de faltar. ¿No sería esta una manera indirecta de aconsejar a la Corona una actitud más realista?

Cinco años más tarde, o sea el 11 de julio de 1651, el conde de Aliste hizo lo mismo para el reino de Nueva España. También mandó un

El conde se mostró más explícito que su colega de Lima, asegurando que el informe a que se refería contemplaba los efectos negativos de semejante recurso. Se puede suponer que correspondían a los riesgos engendrados por el comportamiento de los esclavizados, en particular para con los naturales, lo cual era un tema tan trillado como llevado de la correspondencia de los responsables religiosos con la Corona. Pero, al modo de ver del virrey, quien, por si acaso, tomó la precaución de prevalecerse del parecer de los oidores de la Real Audiencia de Méjico, las ventajas superaban los inconvenientes. En su propuesta, a diferencia de Mancera, no aludió a Portugal sino quizá a la concesión de licencias de trata a particulares. G. Scelle asegura que el Consejo de Indias no tomó en cuenta las quejas de los colonos por estimar que incluso era excesivo el número de los negros en las Indias y, fuera lo que fuese, no podían justificar el acceso de los rebeldes portugueses a las posesiones españolas31. De ahí quizá el parecer de estos sumos dirigentes, solicitado por el mismo Consejo.

Enriqueta Vila Vilar se interesó por esta situación en su artículo sobre “La sublevación de Portugal y la trata de negros”. Citó la carta al Consejo de Indias del procurador de la ciudad de Lima, vista en 1646 o 1647:

Nuestro propósito no consistirá en poner dicha situación de nuevo sobre el tapete, sino en interesarnos por una de sus consecuencias, o sea el memorial establecido por el capitán Fernando de Silva Solís (1644)33, evocado tan solo de paso por G. Scelle34 y presentado más detenidamente por la historiadora hispalense en su trabajo.

Por haber servido durante veinticinco años en Brasil como capitán de infantería, el sevillano, de origen portugués, pretendía conocer las necesidades en materia de esclavitud en todos los dominios ultramarinos de la Corona española, lo cual no era poco decir. Las expuso de manera a justificar su proyecto de armar dos navíos de trata para las Indias.

Nos preguntaremos si en Brasil no estableció contactos con el grupo marrano limeño, encabezado por el riquísimo y poderoso mercader Manuel Bautista Pérez, cuyas actividades mercantiles se extendían por todas las Indias, quien había acogido en la Ciudad de los Reyes a muchos criptojudaizantes escapados de las garras inquisitoriales en Portugal, antes de caer, a pesar de sus precauciones, entre las despiadadas manos del Santo Oficio limeño en 163935. Varios de ellos, antes de llegar al Perú, pasaron por Brasil donde se quedaron más o menos tiempo antes de dirigirse al Cerro Rico de Potosí: fue el caso por ejemplo del converso luso-gallego Francisco de Acevedo entre 1591 y 160436.

Fuera lo que fuere resulta difícil creer que Silva Solís debía tan solo a su larga estancia en Brasil los conocimientos expuestos a continuación. Todo hace pensar que el capitán, en la capital del Betis, merced a sus relaciones profesionales, familiares, o por lo menos amistosas, recogió amplia información de parte de los mercaderes de origen judeoportugués de nuevo radicados en la ciudad merced a la política iniciada por Olivares. Llegado al poder, el conde-duque, con el fin de resolver los graves problemas financieros que se planteaban a la Corona, consiguió efectivamente en 1628 convencer a Felipe V, recuerda Henry Kamen, de que concediera

Así Silva Solís habría conocido posiblemente a Francisco Rodríguez de Solís por ejemplo, quien, en Cartagena de Indias, actuó, en relación con el asiento de su cuñado Fernández Delvás antes de vérselas con la Inquisición en 163538.

El capitán, de regreso de su larga estancia en Brasil, efectuaría un intercambio de conocimientos acerca del tráfico negrero hacia las Indias con lo que ciertos historiadores llamaron “la red marrana” de Andalucía que, según Manuel Francisco Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García, logró “desplazar a lo largo del siglo XVI a los mercaderes no lusos de Sevilla”39.

Por lo tanto, su memorial habría que considerarlo como una manifestación de la voluntad de los negreros portugueses de mantener, de un modo indirecto y pese a la Revolución de Portugal, el monopolio luso que se había acabado en 1639 con el fin del asiento de Melchor Gómez y Cristóbal Méndez de Sosa. G. Scelle alude a las proposiciones de Jorge Fernández de Olivera y de Simón Ruiz-Bueno que invocaron la falta de brazos en las minas. La junta que trataba de los asuntos de Portugal propuso rechazarlas por lo peligroso de confiar dicho comercio a extranjeros y en particular a portugueses40.

Significativa de ello es la trata ilegal que se fomentó desde Brasil por el puerto de Buenos Aires y con destino a los fundos agrícolas de las “provincias de arriba”, es decir, el Alto Perú, hasta el final del siglo XVII, que no podía desconocer nuestro arbitrista41. Y no sería imposible que los judeoconversos de Brasil metieran baza en el tráfico. So pena de rigurosas penas se tuvo que prohibir en 1595 a los gobernadores de Buenos Aires enviar por negros a Angola y Guinea, prescindiendo del permiso real42. No cesó por lo tanto la trata ilegal con Brasil pese a las recurrentes prohibiciones, hasta el punto que el rey declaró libre a cualquier negro introducido de esta manera en dicho puerto, solicitando el respaldo de los prelados de las órdenes religiosas, incluso en contra de los propios gobernadores43.

Como apuntó E. Vila Vilar, los datos exhibidos por el documento no se caracterizan por su rigor, ya que no se refieren a censos precisos, sino a informaciones procedentes de personas de confianza, por lo menos para Silva Solís. No obstante, es de notar que no carecen de verosimilitud en cuanto a las ocupaciones a que se dedicaban los esclavizados en dichos ámbitos, aunque difieren las evaluaciones numéricas de las cifras brindadas por otras fuentes a que se refirieron los estudiosos del caso como señalamos a continuación en los comentarios al cuadro 3.

Lo más novedoso del proyecto, a no caber duda, reside en la estimación de las necesidades en esclavos, relacionadas con la densidad de los trabajadores serviles en las diferentes provincias evocadas, lo cual permite sacar deducciones no desprovistas de interés en cuanto a las condiciones de vida a que se veían sometidos.

De un modo general, no se puede poner en tela de juicio lo bien fundado de la visión prospectiva de Fernando de Silva Solís, si se atiene a la información que mandaron poco después los virreyes de Lima y de México. Obviamente conocía estas necesidades que pronto llegarían al Consejo de Indias. Era el momento pues de prepararse, valiéndose de su propia información. El cuadro 2 sintetiza los datos recogidos por su memorial.

Llama la atención primero el hecho de que el proyecto concede una importancia trascendental al sector primario de la economía indiana, posponiendo el terciario y haciendo caso omiso del secundario que ocupaba sin embargo un puesto nada despreciable en los grandes centros urbanos, como Cartagena de Indias, México, Quito, Lima, etc., donde gran parte de los oficiales de la artesanía (construcción, carpintería, sastrería, joyería, etc.) eran negros esclavizados o libres cuyo trabajo servía a menudo para realzar el boato de la clase pudiente. Lo que le interesa al capitán es la producción bajo todos sus aspectos: minera, perlera, textil o ganadera y los medios necesarios para comercializarla merced a la construcción naval de los astilleros en los que también se desempeñaban muchos esclavizados, como en Guayaquil.

Lo que podría parecer como un detalle es significativo, a nuestro modo de ver, de la índole mercantil del plan, posiblemente relacionada con el grupo judeoconverso de Sevilla. Dicho de otra manera, sería este informe la manifestación de las ambiciones de esta poderosa red que veía con mal ojo la ruptura de los lazos entre los dos países ibéricos, muy lesiva para sus intereses.

Por eso el memorial adoptó una presentación que remite a un auténtico estudio prospectivo. Agrupa las regiones evocadas en ocho conjuntos correspondientes más o menos a los “reinos” o grandes provincias de Indias, con 24 unidades espaciales. El autor conoce con bastante precisión las características económicas de cada una, aunque, en lo que concierne a Nueva España, se queda muy vago, “por ser tan prolijos los gobiernos, corregimientos y alcaldías mayores”, pretexto que, es de admitirlo, carece de validez taxativa. Es de suponer que el capitán no pudo obtener suficiente información de parte de sus interlocutores.

La economía de estos ocho conjuntos se reduce a cuatro tipos básicos:

Dicho esto, hay huecos manifiestos, o más bien sectores evocados con ligereza en la evaluación global efectuada por el sevillano, particularmente para regiones del Río de la Plata. Es sabido que las estancias de Paraguay, de Uruguay y de Argentina requerían el trabajo de muchos esclavizados, los predecesores de los gauchos. Los fundos agrícolas de la provincia jesuítica empleaban a varios miles de ellos, como las haciendas de los colegios de Salta, Tucumán, La Rioja, Mendoza, Córdoba, y se dedicaban a la ganadería vacuna, mular u ovejuna, y al cultivo de la vid o del trigo. Sin hablar de la mano de obra servil de los talleres de los mismos colegios o de los de Asunción o Buenos Aires (todavía no se había fundado Montevideo)44.

Amén de estas ligerezas y de estos olvidos debidos a una información incompleta o parcial, parecen exagerados los guarismos proporcionados por el memorial en lo que se refiere a la densidad habitacional. Basta con revisar los datos recogidos por los historiadores de la esclavitud en las Américas españolas para cerciorarse de ello. Si se suman las cifras de Silva Solís, se llega a un total de 328.000 individuos. Ahora bien, para fines del siglo XVIII —época en que los asientos holandeses, franceses e ingleses eran dueños del fructífero monopolio— los esclavos de las Antillas alcanzarían el número de 80.000 y los de la América continental el de 271 000, según las cifras recogidas por Herbert S. Klein, lo cual daría un conjunto de 351.00045.

¿Cómo justificar, por otra parte, la propuesta numérica de Silva Solís si se tiene en cuenta los datos del TSTD? Las llegadas de esclavizados africanos que subieron a 444.000 individuos entre 1581 y 1640, bajaron a 61.700 entre 1641 y 1700 y a 56.800 entre 1701 y 1760. Fue preciso esperar el periodo 1761-1820 para que subieran a 298.00046, debido a la intervención de los asientos extranjeros citados más arriba. Ello da a entender que la evaluación del capitán era muy optimista, máxime si no se olvida que se quejaban las autoridades locales de la alta tasa de mortalidad que afligía a los esclavizados y de la gran dificultad para sustituir a los difuntos.

En el cuadro 3, para las regiones evocadas por el memorial, se recogen algunas cifras tomadas de censos inmediatamente anteriores o posteriores, o de estudios hechos por especialistas del tema que permiten relativizar las aseveraciones del memorial.

Lo que se ha notado para las evaluaciones del número de esclavizados en las diversas provincias evocadas de las Américas españolas, fundadas tal vez más en estimaciones abultadas que en fuentes taxativas, debido a varios factores de índole muy diferente como la casi imposibilidad de conocer las cifras exactas correspondientes a los esclavos rurales pese a las tasas fiscales vigentes, habida cuenta de que no estaban sometidos al tributo, y principalmente el interés de los mercaderes por ciertas producciones que se comercializaban con facilidad en el viejo continente (metales preciosos, perlas, azúcar, pieles), también se puede aplicar a la evocación de las necesidades anuales. ¿En qué datos se fundaba el capitán para definirlas con tanta precisión? Las informaciones del memorialista, dadas las condiciones de la redacción del documento, ¿corresponderían a guarismos inspirados de los diferentes asientos del pasado, que consultaría Silva Solís, a informes entregados por el Consulado de los mercaderes sevillanos o al examen de las reivindicaciones de los responsables administrativos de las áreas aludidas y a las peticiones de los interventores de las economías locales?