Como ya indicamos, ante la presión cruzada de los estados y el Ejecutivo federal, el segundo Congreso Constituyente impulsó que la Comisión de Sistema de Hacienda de la cámara presentase sin demora su dictamen sobre el reparto de las rentas públicas a efectos de iniciar el debate y adoptar una resolución. Firmado por seis diputados de la comisión ³⁰ , se presentó el 5 de marzo de 1824, siendo impreso por orden del Congreso ³¹ . Su lectura e inicio de la discusión parlamentaria se produjo el 29 de mayo y se prolongó hasta el 19 de julio de 1824 ³² .

Compuesto de 19 artículos, el dictamen de 5 de marzo procedió de dos maneras en materia de rentas. Primeramente, repartió los ramos existentes entre las dos soberanías fiscales contempladas en el Acta Constitutiva. Como “rentas generales de la federación” se señalaron nueve ramos, a saber: los derechos de importación y exportación establecidos o que se establecieren en los puertos y fronteras de la república; la renta del estanco de tabaco; la del estanco de la pólvora; la alcabala que pagaba el tabaco en los países de su cosecha; la renta de correos; la de lotería; la de las salinas; la de los territorios de la federación ³³ y los bienes nacionales -los de la Inquisición, Temporalidades y resto de fincas urbanas y rústicas de la nación- (artículos 1.º y 3.º-9.º) ³⁴ . La única excepción prevista a esta delimitación de las rentas generales se refirió a los derechos de exportación. El estado de Yucatán sería su titular, dado que no contaba con aduanas interiores y que su producción local solo pagaba alcabala cuando era extraía por sus puertos (art.13.º) ³⁵ .

Por “rentas generales de la federación” la comisión consideró aquellas “que por su misma naturaleza solo pueden ser útilmente administradas por el gobierno general” a fin de asegurar la uniformidad en la cuota de derechos, evitar la afectación de los diversos intereses si estos dependiesen del arbitrio de los estados y asegurar la unidad de acción para asegurar su cobro y recaudación, contemplando el impacto que los diversos sistemas de administración tenían en “la riqueza y tranquilidad públicas” ³⁶ .

En lo que atañe a las “rentas particulares de los estados”, el dictamen procedió de forma lacónica: “las rentas que no están comprehendidas en los artículos anteriores pertenecen a los estados” (art. 11.º) ³⁷ . Es decir, por exclusión se definieron las rentas de las entidades federativas ³⁸ . Para tener idea de lo que este artículo significaba, la propia comisión indicó en su exposición previa al dictamen: “con respecto a las alcabalas interiores, derechos de plata y oro, contribución directa, novenos, vacantes, anualidades, mesadas, medias annatas, pulques, gallos, etc., etc. la comisión cree que deben dejarse todas a disposición de los estados” ³⁹ .

La presencia de numerosas entidades representadas en la cámara, con actividades económicas no solo diversas y distribuidas muy desigualmente, sino también con una población disímil en número, densidad, distribución, estado, riqueza e ingreso habría exigido un listado extenso si la comisión hubiese pretendido incluir en el dictamen todas las rentas que existían en los estados, de ahí que su enumeración terminase con un elocuente “etc., etc.”. Y todo ello con la circunstancia agravante de que, muy posiblemente, no contaba con toda la información, pues eso hubiera significado que disponía de una especie de “libro de la razón” de las rentas existentes en el país ⁴⁰ , lo que no era el caso.

En segundo lugar, tras repartir lo existente, la comisión vio la necesidad de introducir dos novedades fiscales para solventar el déficit que estimó padecería el erario federal tras la entrega de rentas a los estados. La primera era un derecho denominado de internación: se cobraría un 15 % a los efectos extranjeros en los puertos y fronteras sobre los precios del arancel vigente ⁴¹ , aumentados en una cuarta parte. A cambio, quedarían libres del derecho de alcabala en su circulación interior (art. 2.º) ⁴² . Este impuesto era una novedad en el ámbito fiscal del país (no existía precedente virreinal). Su antecedente se hallaba en el derecho de internación que formaba parte de las denominadas “rentas generales” de la Corona de Castilla, las cuales gravaban básicamente su comercio externo. A finales del siglo XVIII, el arreglo de este derecho remite a una Instrucción Provisional de 1 de febrero de 1790 expedida por Carlos IV, con Pedro de Lerena como secretario de Hacienda, en la cual, a efectos de “proporcionar el mayor adelantamiento de las fábricas e industria nacional”, se imponía un derecho de internación del 5 % sobre los “géneros y efectos extranjeros en todos los puertos secos y mojados de sus reinos” ⁴³ . Con un criterio semejante, la Comisión de Sistema de Hacienda consideró que el derecho de internación sobre los efectos extranjeros debía establecerse “para conservar el equilibro que debe haber entre estos efectos y los nacionales”, además de coadyuvar a cubrir el déficit del erario federal ⁴⁴ .

La Comisión de Sistema de Hacienda consideró que el derecho de internación no cubriría la totalidad del déficit que, se estimaba, padecería el erario federal. Calculó que todavía faltaba saldar un monto anual muy elevado, concretamente, 3.148.500 pesos. Para solventarlo introdujo una segunda novedad fiscal, el contingente, que gravaría las rentas de los estados de la federación. El dictamen de la comisión propuso que ese monto se repartiese proporcionalmente entre 17 entidades federativas, yendo, desde 975.000 pesos anuales en el nivel más alto (el estado de México), hasta los 18.750 pesos, en el nivel inferior (estado de Tabasco) ⁴⁵ . Se denominó “contingente” con base en una de las acepciones del término, que lo definía como “la parte que cada uno paga, o pone cuando son muchos los que contribuyen para un mismo fin. Llámase también Quota [sic]” ⁴⁶ . El fin común, ahora, era cubrir el déficit del erario federal, los muchos que contribuirían, los estados, el monto a pagar, su cuota respectiva.

Dada esta conformación, ¿qué significado tenía el dictamen de la Comisión de Sistema de Hacienda de 5 marzo de 1824? En primer lugar, se delimitaba nítidamente que la fiscalidad indirecta sobre el comercio externo de la república pertenecía a la federación, salvo el caso de Yucatán. De ahí que no solo controlase las aduanas marítimas y terrestres, sino que se prohibiese a los estados el establecer en sus territorios impuestos sobre dichos géneros una vez se internasen. Esto implicaba restringir el alcance de la renta de alcabalas que, desde el último cuarto del siglo XVI y hasta entonces, no solo había gravado los efectos del país sino también los foráneos, en este caso a partir de figuras contables denominadas alcabalas de bienes de Castilla, de China, de Perú, etc. En segundo lugar, el hecho de que las dos rentas que explícitamente se denominaron “estancos”, de ámbito nacional, el del tabaco y la pólvora, también pertenecían al erario federal. Las reglas precisas relativas al monopolio del tabaco habían sido establecidas previamente en los decretos ya citados de 9 y 26 de febrero de 1824, mientras que en el de la pólvora, su relevancia no era propiamente fiscal, sino defensiva. Dicha renta se había militarizado durante la contienda civil novohispana, lo cual fue ratificado por el Congreso Constituyente (Decreto de 8 de marzo de 1824) cuando señaló que las “fábricas de pólvora” estarían “a cargo del cuerpo de Artillería” ⁴⁷ . Las otras rentas heredadas adscritas al erario federal (las de correos, lotería, salinas, territorios de la federación y bienes nacionales) eran ramos menores que no permitían cubrir el déficit anual que, se preveía, aparecería al entregarse el resto de rentas existentes a los estados, que -recordamos- se definieron por exclusión. Bajo esta premisa, el dictamen de la comisión reprodujo la lógica fiscal heredada del régimen virreinal: la novedad fiscal solo se justificaba ante un estado de necesidad insoslayable, como el que vivía la república (seguía en guerra contra la Monarquía católica) y el que padecería el Erario federal al desprenderse de rentas tan pingües como los derechos sobre la minería de metales preciosos, la contribución directa, la participación en las rentas eclesiásticas, los gravámenes sobre bebidas alcohólicas o las alcabalas. Solo así se entiende que la comisión propusiese introducir el derecho de internación y el contingente, más allá de que en el primero también hubiese consideraciones de naturaleza proteccionista.

La discusión parlamentaria del dictamen sobre clasificación de rentas de 5 de marzo de 1824 de la comisión de sistema Hacienda se inició, como dijimos, el 29 de mayo y se prolongó hasta el 19 de julio de ese mismo año. Los dos mayores escoyos para su aprobación, al concitar numerosas intervenciones adversas, fueron los derechos de importación y exportación y el contingente, a pesar de lo cual, los 19 artículos del mencionado dictamen fueron aprobados por el Congreso Constituyente ⁴⁸ , si bien con cambios y tras diversas aclaraciones que cabe reseñar por su significado.

El primero se refiere al art. 3.º, que en la propuesta de la comisión habló de “la renta de los estancos de tabaco y pólvora”, mientas que el decreto finalmente promulgado el 4 de agosto de 1824 solo dijo “la renta de tabaco y pólvora”. ¿Por qué esta variación? La razón básica fue la sucesión de críticas que varios diputados hicieron a la permanencia de monopolios, ante lo cual, contestó la comisión, se estaba extraviando el debate. Si dichos rubros existían, la cuestión ahora era determinar a quién pertenecían y sobre ello no debía haber dudas: a las generales de la federación. Por tanto, y más allá del régimen de gestión (el monopolio), el punto era su asignación a una de las dos soberanías fiscales reconocidas en el Acta Constitutiva y eso fue lo que se aprobó ⁴⁹ . Si algún diputado pensaba que un estanco u otra renta debía suprimirse, podía promoverlo en el Congreso, pues, afirmó la comisión, “lo que ahora se establezca en este punto no es irrevocable, ni se debe tener por constitucional” ⁵⁰ . En esta aclaración, que consideramos fue de gran calado, se fijó el alcance último del dictamen sometido a discusión. Otorgarle carácter constitucional al Decreto de Clasificación de Rentas hubiera implicado elevar sobremanera su rango jurídico y hubiese significado, entre otras cosas, que para su modificación se habrían tenido que cumplir mayores requisitos de tiempo, procedimiento, y/o mayorías. En el fondo, era una respuesta de urgencia del Congreso Constituyente ante las presiones políticas y fiscales de los estados y el Gobierno general.

El segundo cambio que resaltar atañe al contingente, tanto por el monto total aprobado (art. 14.º), como por el reparto hecho entre las entidades federativas (art. 15.º). En principio, la variación en el volumen del contingente fue mínima y a la baja ⁵¹ (-11,625 pesos, apenas del 0,4 %) y halla su explicación en dos factores, más allá de que algunos estados contemplados en marzo (Estado del Norte y Estado de Oriente) se hubiesen dividido en dos y, como tales, aparecían con sus respectivas cuotas en el Decreto de 4 de agosto de 1824. Mientras que en el caso del Estado de Oriente simplemente se dividió el monto previo entre Nuevo León y Coahuila, en el del Estado del Norte sí hubo una disminución (-5.500 pesos). La razón está en el hecho de que el Estado del Norte contemplaba a Nuevo México como parte integrante, pero desde junio de 1824, como señalamos previamente, fue separado de Chihuahua y convertido en territorio federal. En ese sentido, la Comisión de Sistema de Hacienda, al momento de presentar el contingente de Chihuahua en el Congreso (sesión del 17 de julio de 1824) determinó que pagaría 16.875 pesos, adscribiendo la rebaja del contingente del antiguo Estado del Norte (los 5.500 pesos citados, -6,1 % respecto al monto inicial) enteramente al Erario público de Chihuahua ⁵² . La otra reducción del contingente se produjo en el estado de Tamaulipas (-6.125 pesos). La rebaja se debió a dos motivos. Por una parte, la comisión afirmó que había adquirido mejores datos de población. Por la otra, que “sus pueblos fronterizos estaban exentos de derechos” ⁵³ . Al refrendarse por la cámara la nueva posición de la Comisión de Sistema de Hacienda se consolidó el estatus fiscal de dichas poblaciones, pero en ese momento se puso en evidencia que Yucatán no fue el único estado que gozó de exenciones fiscales con motivo del Decreto de Clasificación de Rentas. Eran montos escasos, sí, pero suponían un trato diferencial que otros estados también habían reclamado (caso de Nuevo León, en palabras de su diputado Servando Teresa de Mier) y no se les había otorgado ⁵⁴ .

Con este contenido básico, el primer dictamen de la Comisión de Sistema de Hacienda fue aprobado el 19 de julio de 1824.

El Decreto de 4 de agosto de 1824 abrevó de un segundo dictamen de la Comisión de Sistema de Hacienda, el cual fue elaborado el 21 de abril de dicho año con motivo de la respuesta que emitió esta contra las acusaciones vertidas por la comisión de Hacienda del estado de Jalisco ⁵⁵ . Compuesto de tres artículos (véase apéndice I) tuvo dos fines precisos. En primer lugar, otorgar un respiro a los estados en el pago del contingente fiscal durante el primer año, al proponer que se rebajase en una tercera parte, si bien se sometía la minoración a que se lograsen los préstamos que estaba negociando el Gobierno federal (art. 1.º). En segundo lugar, la comisión, retomando las críticas vertidas por el Congreso de Jalisco y varios diputados del Constituyente, intentó compensar el trato fiscal que recibían los efectos nacionales en el dictamen de 5 de marzo de 1824. En este sentido, se indicó que dichos efectos “no pagarán más que una alcabala en el lugar de su consumo” (art. 2.º). Caso de que se les hubiese cobrado en una entidad y hubiesen salido a otra sin ser consumidos, se devolvería el monto a sus propietarios (art. 3.º). Era la contraparte de lo asentado en el derecho de internación en materia de alcabalas.

La presentación, discusión y aprobación de los tres artículos del segundo dictamen en el Congreso Constituyente se produjo el 19 y 20 de julio de 1824. Por lo que atañe al art. 1.º, la comisión eliminó la condición relativa a la contratación de préstamos, pues una parte ya se había logrado ⁵⁶ . Al ser un claro apoyo para las finanzas estatales, y a pesar de la oposición del ministro Arrillaga, los diputados lo aprobaron sin disenso ⁵⁷ . En relación con el art. 2.º, relativo a las alcabalas, hubo un leve cambio entre el dictamen y lo acordado en el Constituyente: donde decía “en el lugar de su consumo” pasó a decir “en el estado de su consumo”. En apariencia era un cambio menor, lo que no era el caso. La redacción del segundo dictamen implicaba retrotraer la alcabala a su diseño original, tal y como se implantó en Nueva España entre 1574-1575, cuando se ordenó que debía cobrarse donde se vendiesen las mercancías, ya fuese para su reventa o consumo. Sin embargo, durante los siglos XVII y XVIII, la alcabala pasó a cobrarse también por su mera introducción en un suelo alcabalatorio, gravando pues el tránsito de las mercancías ⁵⁸ . Cobrar ahora solo una alcabala a los efectos nacionales en el lugar de su consumo aligeraba la carga fiscal sobre estas mercancías, pero obligaba también a las entidades federativas a monitorear más detenidamente el comercio interno en su territorio, con el consiguiente costo de recaudación asociado. Para solventar esto, y a propuesta del diputado por Coahuila, José Miguel Ramos Arizpe, se sustituyó la palabra “lugar” por “estado” pues así podrían las entidades federativas “cobrar el derecho en la introducción, quedando después libres los efectos en toda la comprensión de los mismos estados” ⁵⁹ . Con esta modificación, la alcabala continuaría gravando el tránsito de las mercancías, al arribo ahora de los bienes nacionales a un estado, además de las ventas locales de productos cuyo origen estuviese en la propia entidad. Lo que sí se eliminó fue la repetición del pago en los diversos suelos alcabalatorios existentes en un estado, y al hacerlo se dieron dos fenómenos: las fronteras fiscales del comercio interno se trasladaron a los límites estatales y se simplificó el cobro. La devolución de la alcabala, en caso de que un efecto nacional no hubiese sido vendido en la entidad (art. 3.º), se mantuvo en la redacción final.

Como hemos señalado, los tres artículos del segundo dictamen de la Comisión de Sistema de Hacienda (21 de abril de 1824), en su caso con las respectivas enmiendas, fueron aprobados y se añadieron a los 19 artículos del primer dictamen. El art. 1.º pasó a ser el 22.º del Decreto de Clasificación de Rentas de 4 de agosto de 1824, el 2.º el artículo 20.º y el 3.º el artículo 21.º (apéndice I).

Durante el debate parlamentario y a medida que se aprobaban los artículos del Decreto de Clasificación de Rentas, diversos diputados hicieron propuestas de adición a dicha norma. Algunas fueron rechazadas por el pleno, pero otras fueron aceptadas y trasladadas a la Comisión de Sistema de Hacienda para su estudio y, en su caso, incorporación a un nuevo dictamen. Este, que sería el tercero, fue presentado y leído por primera vez en el Constituyente en su sesión de 28 de julio de 1824 ⁶⁰ .

Compuesto de siete artículos (apéndice I), el dictamen no solo retomó las propuestas de adición aceptadas por el Congreso, sino que fue aprovechado por la comisión para enmendar artículos aprobados previamente. Su discusión y, en su caso, enmienda y aprobación se dio en la sesión del 2 de agosto de 1824 ⁶¹ .

El art. 1.º planteó posponer la adición hecha por varios diputados (Rejón, Ramos Arizpe, Paredes, Valle, etc.) ⁶² , en el sentido de que la renta general de las salinas solo comprendiese las que hasta entonces pertenecían a la Hacienda pública, de manera que no acabaran expropiándose las que eran explotadas por las localidades, la mayoría antiguos pueblos de indios, y particulares. El Constituyente aprobó que la discusión se trasladase a un arreglo ulterior del ramo.

El art. 2.º tenía como precedente la adición planteada también en la sesión de 9 de junio por el diputado por Jalisco, José María Covarrubias, en el sentido de que se declarase al papel sellado, soporte material de la documentación pública y la fe notarial, como renta general de la federación ⁶³ . La comisión, en su tercer dictamen, propuso desechar la propuesta (art. 3.º) y, como tal, fue aprobado por el Congreso. Con ello se mantuvo a los estados en la posesión de dicho rubro.

El art. 3.º remitía a la discusión producida el 10 de junio de 1824, cuando se debatió el art. 10.º del primer dictamen, que trataba sobre la disposición y acceso que tendría el Erario federal a los edificios y oficinas que hubiesen pertenecido o pertenecieren a las rentas generales. Tras su aprobación, el diputado por Chihuahua, Florentino Martínez, propuso que “después de la palabra oficinas, se añadiese terrenos” ⁶⁴ . La comisión apoyó la adición (si bien modificó la redacción en su tercer dictamen: “y terrenos anexos a ellas”) y el Congreso lo ratificó en su sesión de 2 de agosto de 1824. Con ello se alteró el artículo 10.º aprobado previamente por el Congreso, en el sentido de que extendió el disfrute de los bienes raíces no solo a las construcciones (oficinas, aduanas, fábricas, ingenios, etc.) donde se hiciesen presentes las rentas generales, sino también a los predios donde se ubicasen. Se ampliaba así el alcance y condición de dicha titularidad.

El art. 4.º no surgió de una propuesta de adición específica hecha por un diputado, sino que fue planteado directamente por la Comisión de Sistema de Hacienda. En él se planteaba ampliar las exenciones que gozaría el estado de Yucatán pues se proponía que el derecho de internación tampoco se establecería allí. La reacción fue inmediata. Los diputados Juan de Dios Cañedo y José María Covarrubias -ambos por Jalisco-, y José Vicente Robles -por Puebla- impugnaron el artículo, fundados en que, si esta excepción se concedía a Yucatán porque no se le hiciese odioso el sistema federal, también lo sería para el resto de los estados. Frente a este argumento, la comisión alegó que Yucatán solo tenía comunicación por tierra con Guatemala que, desde el 1 de julio 1823 se había separado, tras la disolución de Imperio mexicano, y que los efectos extranjeros que ingresaban a Yucatán no pasaban al resto de la federación, con el añadido de que, en el caso remoto de que así fuese, pagaban alcabala al llegar a Veracruz o Tampico. En estas condiciones, indicó la comisión, el exentar a la entidad del derecho de internación “no se le hace por gracia, sino justicia para que quede igual proporcionalmente a los otros estados” ⁶⁵ . Es decir, con base en criterios de geografía político-fiscal y de equidad y justicia distributiva, viejos axiomas del orden de gobierno jurisdiccional ⁶⁶ , la comisión propuso y el Congreso modificó el artículo 13.º del dictamen original ya aprobado.

El art. 5.º del tercer dictamen enmendaba lo previsto en el art. 16.º, que también estaba aprobado y hacía referencia a cuándo los estados debían pagar el contingente a la federación (quincenal o mensualmente). La nueva redacción mantenía ambos cortes temporales, pero añadía variaciones de calibre. Especificaba cuándo iniciaba el gravamen (“contados desde el día en que recibiesen las rentas”) e introducía un criterio de flexibilidad, sujeto a la potestad del Gobierno federal (“quedando al arbitrio del gobierno escoger cualquiera de los dos términos y aun prolongarlos, cuando las circunstancias particulares de un estado lo requieran”). Al hacer esto, se abrió la puerta a la negociación ad hoc de la federación con los estados en materia de rentas, ampliando su margen de maniobra. Aprobado este artículo, se modificó la redacción final del art. 16.º (apéndice I).

El art. 6.º del tercer dictamen tenía como precedente la discusión que se entabló en el Congreso relativa a las alcabalas, durante el trámite parlamentario del segundo dictamen. Al restringirse el alcance que tendría la renta de alcabalas sobre los efectos nacionales, se desató un debate paralelo en la sesión del 20 de julio de 1824, de la mano de la intervención del diputado Mier, por Nuevo León, quien alegó que su estado se iba a quedar sin rentas, ya que “el comercio de aquel estado consiste en la exportación de sus frutos que irán a pagar la alcabala en otros estados”. La respuesta de la comisión, en voz del diputado Marín, representante de Puebla, fue que, si el estado de Nuevo León lo consideraba oportuno, a efectos de compensar la pérdida que experimentarían sus rentas, podría “imponer derechos de extracción u otros que tuviere por conveniente” ⁶⁷ . Con ello se introdujo una variable nueva en la discusión: los estados estarían facultados para imponer derechos de extracción sobre los bienes nacionales generados en su territorio.

Si, según la comisión, podían convivir el derecho de alcabala, en los estados en que se consumiesen las mercancías, y futuros derechos de extracción, en las entidades en que se produjesen, cabía la posibilidad que más adelante se considerase que dichos derechos de extracción eran una especie de alcabala. Y si así se interpretaba, al haberse aprobado el art. 2.º del segundo dictamen, que prohibía que un mismo bien nacional pagase más de una alcabala, se tornaría muy conflictivo aplicar esta doble tributación. La posible amenaza motivó que tres diputados, Ramos Arizpe, por Coahuila, del Castillo, por Oaxaca, y Paredes Serna, por Tamaulipas, hiciesen sendas propuestas de adición. En el primer caso, que al art. 2.º se añadiese “menos los que hayan pagado algún derecho de extracción en el estado de su procedencia”, proponiendo así que ambos derechos podrían convivir; en el segundo, y dada la producción que tenía Oaxaca de grana y vainilla, dedicada mayoritariamente a la exportación, se planteó que a dicho art. 2.º se añadiese: “pero los frutos y efectos que se exporten para el extranjero pagarán dicha alcabala en el estado de su producción”; en el tercer caso, y bajo la misma óptica de que ambos derechos iban a convivir, se planteó que tampoco pagarían alcabala aquellos efectos que previamente hubiesen “satisfecho un derecho igual o mayor de extracción” para evitar que “sean gravados en más que los efectos extranjeros, como lo serán si pagan extracción en el lugar de su procedencia y alcabala en el de su consumo” ⁶⁸ .

Es patente que, desde tres puntos de vista (convivencia de la alcabala y el derecho de extracción; imposición de un derecho/alcabala de extracción en los bienes de exportación; exención del pago de la alcabala, si previamente se había satisfecho un derecho de extracción), se estaban discutiendo dos cuestiones. En primer lugar, si había que compensar fiscalmente a los estados que veían cómo una parte de las mercancías que producían eran vendidas en otra entidad federativa o salían al extranjero, sin percibir por ello ingreso alguno. En segundo lugar, cómo evitar que los productores/comerciantes nacionales padeciesen una doble tributación (el derecho de extracción en el estado productor y, en su caso, si no era exportado el bien, el derecho de alcabala en el estado consumidor) y, por ende, que el mercado interno se resintiese. El peligro que estas tres propuestas representaban, en especial, la del diputado Paredes que, caso de aprobarse, podía llevar a que los estados impusiesen derechos de extracción que redujesen a nulidad las alcabalas, llevó a la comisión a proponer que se desechasen las tres propuestas de adición. En el fondo, el debate sacó a flote el tránsito que se iba a producir entre una Hacienda sustentada en una única soberanía fiscal (en su caso, el rey o la nación) a otra dotada de doble soberanía fiscal (la nación mexicana y los estados), en la que si no se delimitaban claramente las esferas fiscales (por una parte, entre la Hacienda federal y la de los estados; por la otra, entre las diversas entidades federativas) se crearía una conflictiva concurrencia fiscal que terminaría afectando negativamente a los diversos erarios públicos y al mercado nacional. Bajo estos criterios, el Constituyente aprobó el art. 6.º que ratificaba el parecer de la comisión.

Finalmente, el artículo 7.º del tercer dictamen fue una repuesta directa a otra adición propuesta por el mencionado diputado Paredes y Serna, en la sesión de 21 de julio de 1824, en el sentido de que el Decreto de Clasificación de Rentas declarase explícitamente que los congresos de los estados podrían quitar la alcabala terrestre. Al rechazar la comisión que se hiciese esta declaración explícita se estaba manifestando algo que, después de meses de debate en torno al Decreto de Clasificación de Rentas, era obvio. Los estados, en su jurisdicción, podrían crear, modificar o abolir rentas que no se hubiesen declarado como pertenecientes a las generales de la federación, ni invadiesen su soberanía fiscal. Por reducción al absurdo, lo mismo hubiese podido plantear el diputado Paredes Serna para las casas de moneda, el estanco del tabaco en su etapa fabril, el derecho del pulque, el derecho del aguardiente, etc., de ahí que la comisión rechazase su propuesta de adición, lo cual fue ratificado por la cámara.

Con este último debate, celebrado el 2 de agosto de 1824, se cerró la discusión en torno a la norma que venimos tratando. Dos días después, el 4 de agosto, apareció publicada con el siguiente encabezado: “Decreto. Clasificación de rentas generales y particulares” ⁶⁹ .