Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País fueron entidades inspiradas por los escritos ilustrados de Campomanes y Jovellanos y eran la vía de entrada del cambio social a través de la agricultura, la industria, el comercio, las artes y los oficios o las actividades científicas7. Excede mi objetivo bucear en el papel que desempeñaron estos organismos, más allá de recordar que sus miembros empujaron al gobierno colonial a tomarse en serio reformas que combatieran el ocio y la pobreza, de ahí su interés en reforzar la transmisión de los saberes y la motivación laboral.

Las Cortes de Cádiz habían empezado a deshacer el nudo del problema gremial y a ubicar a las Sociedades Económicas como palanca renovadora a nivel educativo8. Con esos antecedentes y ordenanzas gremiales que iban y venían, la Real Sociedad Económica de La Habana tuteló desde 1839 hasta 1849, a partir de su sección de industria, el aprendizaje de artes y oficios, tratando de intervenir en los contratos entre maestros y aprendices. Esta institución canalizó un proyecto reformista basado en premios y castigos y en favorecer la integración del colectivo no blanco, pero como sucedió con otros proyectos, se quedó a medio camino por la resistencia de los hacendados y las limitaciones racistas de la sociedad a la que pertenecía9. Como máxima institución cultural de la isla, la Real Sociedad Económica, propuso, guiada por las nociones de progreso, juzgar el estado de la enseñanza de los artesanos cuando se encontraban en la mitad de su término de aprendizaje. ¿Cómo? Con un premio o recompensa para aquellos que obtenían una destreza sobresaliente, sin importar su origen racial.

Con ánimo de incentivar a los maestros para que mejoraran los resultados de sus discípulos, un rasgo de este tutelaje, que continuaría en el tiempo, fue que se quiso distinguir con un reconocimiento público la buena enseñanza. Pero este intento de la administración colonial dirigido a impulsar los convenios y la laboriosidad de los artesanos, o lo que se etiquetaba en la época como “el adelanto de la juventud”, cayó en saco roto: a lo largo de más una década se anunció continuamente la obligación de los maestros de presentar a los aprendices al público, porque esto se incumplía10. La relación privada entre maestros y aprendices tenía unos contornos muy cerrados. Muchos aprendices trabajaban sin estar agremiados. ¿Cómo se iban a controlar los plazos del periodo de aprendizaje si los maestros no presentaban a sus aprendices en el espacio público? En el caso de las aprendizas relegadas al espacio doméstico, esta tendencia fue aún más generalizada. En suma, no todos los trabajadores de oficio eran o habían sido aprendices escriturados y contratados. Todos los intentos previos para formalizar esta cuestión antes de 1839, desde luego, habían fracasado. Desde un punto de vista político, en tiempos de Tacón (1834-1838) ya se habían sacado a los criollos y reformistas de las más altas esferas de poder11. Y esto acabó impactando también en la Sociedad Económica de Amigos del País y su capacidad de influencia.

Mientras Cuba se convertía en una de las economías más internacionalizadas del mundo, en la capital de aquel importante puerto mercantil se reorganizó el artesanado en dos momentos bien delimitados: en noviembre de 1849, con un primer reglamento específico, pues fue entonces cuando la Junta de Aprendizaje pasó a estar vigilada por una delegación gubernamental y no por la Real Sociedad Económica.

El segundo momento de reorganización del artesanado fue con el Capitán general Concha en 1851, cuando el ramo se eleve a sección autónoma de artes, con la voluntad declarada de convertir a la población afrodescendiente libre de las ciudades en artesanos útiles12.

La supervisión de la relación entre aprendices y patronos se antojó una tarea difícil. No en vano, lo primero que dispuso el decreto de 1856 de Concha fue dar libertad en la dinámica contractual para que maestros y dueños de talleres contrataran directamente aprendices, porque vigilar la formación de artesanos era una pretensión inalcanzable y no se podía evitar que los maestros contrataran sin escritura, algo que a mediados de la década de 1840 se había hecho notar y había favorecido el propio gobierno colonial. La libertad de oficio empezaba a estar servida. A partir de la segunda mitad de la década de 1850, las autoridades (gobernadores o tenientes gobernadores) y las juntas de aprendizaje, en plural, porque las iba a haber en cada jurisdicción, de manera coordinada debían acomodar también a niños y adultos huérfanos entre 13 y 21 años, en caso de que fueran del sexo femenino, y de entre 10 a 18 en caso del sexo contrario. Este colectivo procedente de las instituciones de caridad sí seguirá requeriendo de escritura abonada por el maestro, y en teoría se legalizaban, ya fuera en establecimientos privados o públicos, o en lugares agrícolas o ganaderos, para el oficio que elegían, aunque en la práctica no fue así.

Bachiller y Morales, síndico y cabeza de la cátedra de economía en el Colegio Seminario de San Carlos, propugnaba en 1857 que era necesario que los “negros” libres regresasen a las labores artesanales, a sus oficios de antes. En la Revista de Jurisprudencia quedó plasmado ese lamento: “hasta hace poco nuestros artesanos de toda especie pertenecían a la clase de color”13. La comunidad de los libres afrodescendientes había crecido en la colonia hasta mediados del siglo XIX, cuando este crecimiento se frenó14. La inmigración blanca peninsular empezaba a nutrir las filas del artesanado de La Habana desplazando en muchos sectores a la clase de color, cuyo porcentaje en la capital de la colonia sufrió una severa reducción hacia 187715. Sin embargo, en la clase dominante no había una mirada unánime al respecto. Bachiller tenía una opinión claramente desfavorable a esta disminución, ya que un proletariado blanco podía comprometer los intereses de la integridad nacional y mostrar más indisciplina, aunque este argumento solo se deslizaba. Se ha señalado por la historiografía el inicio de la proletarización de la sociedad cubana con el arranque de la segunda mitad del siglo XIX y la presencia de formas intermedias de trabajo asalariado ejercidas, sobre todo, por trabajadores migrantes españoles en competencia con el trabajo esclavo y en condiciones de supervivencia16.

Observamos en la documentación que, en 1849, en la ciudad de Matanzas se empleaban en las artes y los oficios 1.226 personas, de las cuales solo 438 eran de color. Esto se registró como algo insólito por el principal órgano de expresión de la Junta de Fomento17. Y en ese sentido, se dice:

Desde 1843, cada semestre del año, la Junta de Fomento elevaba al gobierno colonial una memoria. Entre sus tareas estuvo esta. Las memorias en cuestión eran de la Sociedad Económica hasta 1849, año en que pasaron a ser anales de ambas instituciones. Mientras los reformistas investigaban lo que rendían los productos de las artes y los oficios en una ciudad demográficamente tan destacada como Matanzas, se hicieron eco de la rareza de que en algunos oficios los trabajadores blancos superaran a los de color, sobre todo en las tabaquerías, en las zapaterías, en las talabarterías y en las sastrerías.¿Cuál sería la causa de esta disonancia respecto al resto de la colonia? No era propaganda colonialista, sino consecuencia real del incremento de la inmigración blanca en los trabajos mecánicos y las manufacturas. Habían sido los grupos reformistas los que habían apostado, de hecho, por el fomento de la inmigración blanca para trabajar en labores agrícolas.

El registro matancero mencionado no se presta a una comparación directa con el censo de O’Donnell divulgado por Pezuela para La Habana, porque este último, de 1847, recoge subdivididos por distritos todas las profesiones, no solo los quehaceres artesanales19. Con todo, las personas de color libres superaban con creces a las de Matanzas en las mismas ocupaciones solo tomando como muestra cinco barrios habaneros: Templete, San Felipe, Santo Cristo, San Juan de Dios y Santo Ángel. Únicamente se recogen para esos barrios 56 aprendices escriturados no blancos, lo que es un signo también de cuán infrarrepresentados estaban los aprendices, pues en términos generales solo figuran en los censos los escriturados. Si en una ciudad como Matanzas había 63 obreros carpinteros entre maestros y oficiales, se repartía el grueso del valor del jornal (53 pesos) entre los maestros y los oficiales, fueran o no de color. Sin embargo, a los 25 aprendices distribuidos en las 18 carpinterías registradas, no les llegaba nada en calidad de salario20. Si hubiera esclavos asignados en el oficio en una categoría superior a la de aprendiz, estos ganaban algún real al día. Pero los esclavos carpinteros no aparecen en los censos, al igual que sucede con el resto de esclavos aprendices.

La relación de los aprendices que se escrituraban y recibían posteriormente sus títulos de oficiales fue cuantitativamente escasa, porque la mayoría de los aprendices no estaba notificada ni controlada por ningún organismo, muestra de que para poder ejercer un oficio no hacía falta estar escriturado, y por tanto inspeccionado. Ante la escasez de mano de obra especializada, funcionaba la vía informal de la transmisión de conocimientos técnicos con monopolios poco claros por la tensión inexplorada respecto a la libertad laboral y de comercio. Hay que tener en cuenta que la primera escuela de artes y oficios de La Habana no se inaugurará hasta 188221. Entre 1840 y 1846 inclusive se expidieron un total de 3641 escrituras en La Habana22. No obstante, en un recuento más amplio desde 1840 hasta 1852 se contabiliza la expedición de 4055 títulos, incluidos en ese cómputo oficiales y maestros23. Con este desnivel parece que el Reglamento para organizar el aprendizaje de artes y oficios que se redacta en 1849 respondía también al deseo de controlar el artesanado y evitar la falta de escrituración. A partir de entonces, se insistió en que por cada escritura se esperaba recaudar 4 reales, pagados por los maestros, quienes los podían descontar luego de los primeros jornales24. Sin embargo, se observa que, según cifras oficiales, en el año 1849 se había escriturado un total de 1089 individuos, pudiendo registrarse en solo un mes 100 de ellos, 56 de los cuales serían de color25. En 1850, se podría hablar de un total de 44 individuos escriturados en el mes de octubre, la mitad de color, en la ciudad más dinámica en el contexto artesanal, La Habana; en el mes siguiente, 55 más, casi la mitad “negros”26. Esto se repite en 1852, habiendo adquirido el título 87 trabajadores, el 45,9 % de ellos de color27. Los aprendices escriturados, cuando completaban el proceso, eran candidatos a recibir un título oficial expedido por la Real Sociedad Económica. Si optaban por ello, les costaba un peso. Por el título honorífico de maestro se pagaban 25. Es bien probable que no todos recogieran su título. En consecuencia, el conteo más amplio señalado más arriba no es necesariamente erróneo, sino un reflejo de lo que se viene de afirmar.

La juventud de color prisionera por delitos se convirtió en la cantera predominante de aprendices, y viceversa. Sus itinerarios laborales estaban marcados por las fugas. Se consideraba prófugo ya solamente a quien pernoctase una noche fuera del taller sin el permiso de su maestro. Los menores sin recursos eran retenidos en un centro especializado que no era solo de enseñanza de artes y oficios, ni tampoco un simple establecimiento de beneficencia: el asilo de San José experimentaba a mediados de siglo su conversión hacia un centro carcelario de corrección más que de enseñanza. La Junta de Fomento se lamentaba en el contexto de la guerra de los Diez Años (1868-1878) de que este se hubiera convertido en una pequeña colonia penitenciaria. Con esta institución se forzaron los límites de lo benéfico. Su origen se remontaba a los años 1837-1838. En 1857, año en el que se extingue la delegación del ramo de artes y oficios, se reconoció que era indispensable reformar el asilo, dotarlo de un carácter general para que se sumaran a él jóvenes no solo de la capital, pero el proyecto se quedó estancado en el tiempo por opiniones cruzadas entre funcionarios y cúmulos de informes que trataban de salvar el obstáculo de que los terrenos contiguos para ampliarlo pertenecieran al depósito de material de obras públicas, sobre el que había bastante resistencia a moverse al edificio de San Isidro28. El asilo de San José se había pensado para categorías muy diferentes, nominalmente no salpicadas por la raza, aunque la realidad social hacía que sí lo estuvieran. Esta mezcla de razas y de sexos se presentaba como inmoral e inconveniente. En esa línea ideológica, se hallaban las siguientes categorías preestablecidas, aplicadas de manera consistente para allí relegarlas:

- Niñas que salían de la beneficencia a los 9 años y empezaban entonces el aprendizaje de un oficio.

La dirección del asilo, que se autoadministraba porque no dependía del ayuntamiento, contrataba a los jóvenes directamente con maestros de artes y oficios, que suscribían el compromiso de alimentarles y enseñarles un oficio, pagando una cuota a cambio. Estos contratos estaban incurriendo en fraudes, que se ponían en conocimiento del gobierno colonial, muy proclive a la inacción. Todavía en 1870 el taller general allí ubicado estaba reducido a la mínima expresión, en un espacio pequeño dentro del edificio30. En diciembre de 1869 se anunciaba, por ejemplo, la falta de cumplimiento de la contrata de tabaquería para la enseñanza de los aprendices del asilo firmada en 185731.

En la praxis, esta institución estuvo marcada por el abuso y la corrupción, muy alejada pues de la motivación social expresada tras la instrucción elemental a sus residentes. El asilo fue una institución vivamente punitiva y, como reformatorio, se ha repetido muchas veces de forma equivocada que se fundó en 185732. En realidad, en ese momento de cambios en las relaciones socioeconómicas la función del centro, preexistente, se estaba decantando más hacia el cumplimiento de condenas de presidio y como cárcel de afrodescendientes “incorregibles”, ya fueran huérfanos o no, pero seguía albergando como antaño, intramuros, el taller base de artes y oficios, sin privarse de los alquileres de los esclavos del depósito judicial, cuyo director era a su vez director de la Junta de Aprendizaje, que no del asilo en su conjunto33. A partir de 1857, el depósito judicial de esclavos iba a depender, nada más y nada menos, que de la Junta de Aprendizaje. Y la administración del depósito judicial se puso a cargo, a su vez, del administrador del depósito de emancipados, quien retenía para sí el 5 % de la recaudación por las consignaciones34. Huelga decir que la ley dictaba que los emancipados no eran esclavos, pero, de facto, lo eran. Los emancipados habían sido apresados en buques negreros cuando la trata era ilegal y debían ser libres. No obstante, al mismo tiempo que se consignaban como esclavos, muchas veces llevados a las plantaciones, también se destacaban en el empleo como “cigarreros, aguadores, caleseros, panaderos, lavanderas y cocineras”35. Detrás de los contratos de aprendizaje también había esclavos, tuvieran el estatus de emancipados o no.

Cuando se quiso ampliar el edificio del asilo, se pretendía utilizar el material procedente de las antiguas murallas y aplicar los 17.516 pesos que se guardaban en el Banco español de un bazar benéfico que se había abierto, con ese objeto de caridad pública, desde noviembre de 1858 y que en 1870 todavía no se había invertido. Hasta 1872, momento en el que ya el Rey aprobó que el Ministerio de Ultramar procediera por fin con la reforma36.

En la Cuba del siglo XIX hubo, pues, una junta, un organismo directivo, que organizaba a las personas de color que trabajaban en los talleres o en las mismas casas de los maestros, no importa bajo que condición jurídica: libres o esclavos. A partir de noviembre de 1849, esa junta comenzó a estar supervisada muy de cerca por el gobierno colonial, para progresivamente estarlo de lleno, cada vez con más interés y atención, por la alta dirección gubernamental. Por los establecimientos artesanales, ya fueran tiendas, talleres o fábricas, se pedía la correspondiente recaudación municipal. En 1850 el coste de estas licencias se habían subido un peso. Más adelante, un Real Decreto de 12 de febrero de 1867 decía que estaban exentos de pagar la tarifa si ejercían un arte u oficio “los oficiales de sastre o zapatero quee trabajasen por cuenta de su maestro (…) y sin aprendices, no contándose como tales la mujer ni los hijos solteros que los auxilian en su trabajo”37.

Entre finales de noviembre de 1849 y marzo de 1851, en solo un año y un par de meses, el taller general de artes y oficios que estaba en el asilo de San José, debido a la necesidad de dar cabida a más aprendices, se extendió más allá del edificio de la calle Teniente Rey, entre las calles Compostela y Habana, llevándolos directamente al edificio del Consulado, extramuros en el Cerro, donde ya estaba enclavado el llamado depósito judicial de esclavos emancipados y cimarrones, estos últimos encerrados por prófugos. Debido a la descentralización de la gestión de los esclavos emancipados, los ayuntamientos gastaban dinero en alquilarlos, a veces en lotes, para su propio servicio, porque eran muy rentables por la aplicación de los fondos que producían. En supuesto beneficio de la caridad pública, el fondo general de emancipados se constituía con la tercera parte del salario de estos esclavos presuntamente temporales. Los considerados emancipados aprendices, cuyas consignaciones se hacían por cinco años, no recibían ningún salario38.

Los talleres artesanales doblaron sus instalaciones y, con las enormes limitaciones que conlleva una documentación disponible muy escasa, la hipótesis es que los aprendices destinados a estos talleres debieron de multiplicarse, pero no se consolidaban en sus oficios. Al Al mismo tiempo, sin estar legitimado para ello, el asilo de San José estuvo alquilando esclavos en litigio o coartados a través del depósito judicial, que retenía a afrodescendientes esclavizados en litis, algunos pleiteando por su libertad39.

Si pensamos que dicha dinámica se multiplica por la doble vertiente correccional y de supuesta instrucción que asume dicho asilo, es lógico que esta operación de los alquileres financiara a su vez los propios talleres, que crecerían en número de alumnos, no censados, por supuesto. Los amos insolventes, o con apuros económicos en general, recurrieron a menudo al banco de alquileres de esclavos que fue el depósito judicial para no perder más dinero o saldar sus deudas. A los dueños endeudados no les quedaba más remedio que ver alquilados a sus siervos por este tipo de instituciones municipales con ánimo de lucro. Los esclavos con oficio y en proceso de coartación se vieron impedidos muchas veces de hacer posibles los progresos de su compra de libertad porque, al realquilarse, las instituciones mediadoras no reconocían sus derechos laborales y, en consecuencia, no solo perdían el dinero depositado en manos de sus amos, sino que no podían retener el porcentaje del salario que ganaban como esclavos arrendados.

En medio de la inminente abolición de la esclavitud en Estados Unidos, se puso en marcha un informe para revisar las leyes vigentes sobre coartación de esclavos en Cuba, y se sugirió que los asilos de beneficencia públicos acogieran a los párvulos coartados, es decir, con su libertad en el complicado proceso de ser comprada. Al gobierno colonial le era muy útil que nuevos individuos estuvieran en deuda por formarse profesionalmente a cargo de la sección de aprendizaje de artes y oficios40. Con respecto a los pequeños siervos libres, hijos de esclavos y rescatados por estos o por cualquier otra persona, se solicitó primero que pudieran quedarse con los dueños hasta la edad de tres años, para facilitar la lactancia y la maternidad de las esclavas. Después se alentó a sacar el máximo partido a su utilidad y, tras algunas enmiendas, se subió a los siete años. Que el amo costeara el parto y la manutención del bebé liberto justificaba para su mentalidad el poder disfrutar de sus servicios hasta la edad de siete años.

A la altura de 1862, la situación de los párvulos libertos no estaba clara. Tampoco se había legislado todavía la costumbre de otorgar la libertad a un hijo de esclava en gestación por 25 pesos o en la pila bautismal por 50. Morales Lemus, que era consejero en esa sesión de gobierno y había sido síndico en La Habana, opinó que “no era conveniente tratar de este asunto en las actuales circunstancias, [ya] que hasta [entonces] se había ido venciendo por sí mismo”41. Pedía mantenerse cautos frente al interés privado de los propietarios. Los cambios no podían ser demasiado restrictivos ni demasiado liberales, dado el contexto en EE. UU. La inmensa mayoría de los votantes defendió a ultranza la continuidad del rescate del feto esclavo, bien en el vientre materno o bien en la pila bautismal, incluso si fuera otra persona quien lo liberase; defendían que hasta los tres años madre e hijo estuviesen juntos al menos durante las horas de lactancia. Esto les parecía prudente.

El 23 de marzo de 1851, según se recogía en la Gaceta de la Habana, se había celebrado algo que se pretendía convertir en tradición, una celebración equivalente a poner la primera piedra: un acto solemne de exposición de las mejores obras de los aprendices de ambos sexos que habían obtenido la calificación de sobresaliente42. Estas exposiciones abiertas a las gentes de color acababan de idearse, pero tampoco pudieron mantenerse más allá de la década siguiente, a pesar de que el Reglamento de artes y oficios se siguiera publicando, corrigiendo y ampliando, hasta al menos 1879.

Cuando la Junta de Aprendizaje estaba todavía incluida en la sección de comercio e industria, algunas obras de los aprendices pudieron ser mostradas, aunque fue a partir de la segregación de la sección de artes y oficios, puesta bajo el mando del gobierno colonial, que estas celebraciones se afianzaron, difundiéndose, como se ha señalado, por todo lo alto en la prensa oficial del gobierno43. La primera vez era un domingo de 1851, insisto, y se aprovechó para dar por inaugurada dicha sección. La secretaría de la misma estaba físicamente en la calle del Rayo, paralela a la Calzada de Galeano, pero las exhibiciones se hacían en la biblioteca del edificio de la Sociedad Económica de La Habana, intramuros, en la calle Aguiar, casi haciendo esquina con Obrapía. Acudía el obispo, presidiendo el evento como máxima autoridad, recibido por el delegado y subdelegado del ramo, el secretario, el vicedirector y los presidentes de las demás secciones. El obispo fue quien repartió las medallas, en cuyo anverso se podía leer la frase “El gobierno de S.M. doña Isabel II premia la aplicación al trabajo”. Y en el reverso el lema “Aprendizaje de Artes y Oficios de La Habana”. En el discurso, el prelado daba las gracias a “todos los profesores y profesoras, maestros y maestras” (la declinación de género es original), y proseguía diciendo “que llenando tan bien las benéficas miras del Gobierno de S.M. habían dado sin distinción de sexo ni de color instrucción a un número tan considerable de aprendices como el que manifestaba la Delegación, ejerciendo así un acto tan grande de caridad”44.

El tema de que no hay distinción de color se repite una y otra vez en el discurso oficial, para integrar a los alumnos afrodescendientes también premiados. El número de aprendices revistados, es decir, que eran verificados públicamente como aprendices escriturados de artes y oficios solo en el mes de febrero de 1851, ascendía a 1416, de los que 93 habían recibido una mala nota por mala conducta, y 26 eran catalogados como atrasados. El refuerzo negativo era un método para espolear mejores resultados. En 1850 se había hecho un recuento y había en total en el primer semestre, en la ciudad más urbanizada de Cuba, 5667 aprendices con escritura; a finales de ese año solo habían ascendido a 576945. Pero dos años después la cifra había subido a 679446. Esta progresión no continuó en la segunda mitad de la década de 1850, en consonancia con el decreto de la libertad de industria y la disminución del porcentaje de la clase de color habanera. De los premiados, la sección de industria unía a los suyos con los de la delegación principal del ramo, que terminó desapareciendo en 1857, justo cuando el gobierno colonial se quede con el depósito judicial de esclavos, el control de los contratos ya no se persiga, y este tipo de datos se omitan también en la prensa de la época. Pero antes de que eso ocurriera, la clasificación se había establecido de la siguiente manera:

1.º Aprendices sobresalientes acreedores a premio.

Entre los 1323 de buena conducta de 1851, se dice que hay 71 cuya actitud es intachable y se les felicita. Entre los indicadores que están a la vista, se presentan 24 oficios de los que 7 tienen una marcada incidencia de color: carpinteros, zapateros, talabartero, sastres, canteros, albañiles y cocineros. Entre los premiados hay 6 de color, que, del total de clasificados, representaban solamente un 0,77 %. Los que reciben premio, y no son afrodescendientes, son significativamente “don”: en herrería, por ejemplo, está D. José Rafael Rigau, de Don Ambrosio Tomati, su maestro, una suerte de propietario del aprendiz, o segundo padre según pretendía el Reglamento; hasta que llegamos a tabaquería, y aparece el primer “pardo” del listado, sin título de don, Francisco Pereira, de D. Miguel Castillo, y Zeferino Pérez, “moreno” de D. Benito Oseguera. En carpintería con la misma mención hay un Vicente Rodríguez, “moreno” de D. Carlos Domas y Basilio Valdés. En carpintería también fue agraciado con la nota de oficial sobresaliente con dispensa de examen, Mauricio Ruiz, “moreno” de Pablo Bosmeniel (sin el “don” este último).

La nómina de aprendices agraciados con medallas de primera y segunda clase no está reflejada porque los datos oficiales vienen sesgados. No se reparten honores en todos los oficios. El gobierno colonial era bastante arbitrario en ese sentido. En tabaquería, por ejemplo, había tres primeros premios, y 4 segundos, mientras que en hojalatería solo hay un segundo premio, que habría presentado una jaula para una ardilla. De las 26 medallas que se repartieron, 4 son para hombres de color (un 15,3 %).

Es muy interesante apreciar que cuando son maestros titulados en el ejercicio del oficio, a las personas afrodescendientes se les exime del descriptor de color. Si fueran blancos llevarían la partícula don (en el documento de la Gaceta de la Habana al que nos referimos se evidencia con un maestro platero y un maestro carpintero ebanista)47. No obstante, parece que la tendencia en algunos sectores fue que quien accedía a la máxima jerarquía soliera ser de raza blanca48. También es muy revelador detectar que cuando la persona de color era libre, esto se declaraba, como es el caso de los títulos de oficiales sobresalientes con dispensa de examen que han de recibir durante el acto a una serie de aprendices: uno de ellos fue, como hemos visto, Mauricio Ruiz, “moreno” libre, hijo de Mauricio, difunto, de 20 años de edad, aprendiz del maestro carpintero ebanista Pablo Bosmenier (es el único caso en que se da la edad del oficial, y se señala quién es su maestro, que pese a no figurar la partícula don, tampoco figura el indicador de color, rasgo que se observa en todos los maestros de esa misma categoría).

¿Y qué pasa con las mujeres? Porque pareciera que no las hay, y no es que las jóvenes escrituradas estuvieran excluidas de lo que se consideraba un signo de cultura cívica, esto es, la muestra de respeto al talento de las aprendizas. No obstante, ellas todavía están más en los márgenes de la historia del trabajo. Las no escrituradas están invisibilizadas por completo. Las escrituradas vienen siempre listadas al final de estas breves notas de prensa, marginalmente. Las autoridades coloniales decían que había que evitar la presentación personal de las niñas al acto de ser revistadas, porque se consideraba que personarse era algo que tenía que estar restringido al sexo masculino, y por pundonor debía encargarse de esta tarea al subdelegado de la sección en el barrio de Belén, Dr. D. Fco. Camilo Cuyas. A él se le encomendaba “que practicase visita a los talleres donde trabajan las jóvenes e informase del estado en que se encontraban de adelantos”.. Las aprendizas que estaban premiadas entonces (con dos premios de primera clase), lo fueron una por un ramo de flores artificiales muy bien hecho y otra en el taller de modistas, con un segundo premio, por un vestido de señora al parecer magníficamente acabado. El segundo premio lo alcanzaron una costurera de sastrería y la creadora de “una camisa acabada con la mayor perfección”49. No hay aquí nadie referido como de color en la floristería femenina ni en la sastrería femenina. Las dos mujeres eran dos huérfanas adolescentes.

Todavía en 1866 se distinguía que las mujeres escrituradas podían estar contratadas o depositadas (es decir, consignadas o destinadas a ser alquiladas) y la verificación por parte de la Junta de Aprendizaje debía hacerse a domicilio, después de la de los varones50. Ellas no eran expuestas, como se ha indicado antes. Esta exclusión violenta del espacio público contrasta sobremanera con la exhibición de los aprendices varones, incluso con aquellos con muchos menos meses de escritura. Aproximadamente el 23 % de la población de las ciudades cubanas de las décadas de 1830 y 1840 estaban compuestas por negros libres, y de ese porcentaje una mayoría eran mujeres51. El trabajo a domicilio estaba muy extendido e involucraba claramente a la desgajada mano de obra femenina. En el sistema de aprendizaje reinaba también la desigualdad en este sentido. En las planillas de las escrituras referidas a mujeres, se establece una segregación sexual clara en la que la persona otorgante de las escrituras, por defecto, es también una mujer, una maestra. Las maestras estaban obligadas a presentarlas a examen para que estas pudieran obtener su título o certificación. La única causa considerada como justa para incumplir los contratos era que la maestra fallase en sus obligaciones de cuidar como a una hija a la aprendiz, o que esta última se quedase embarazada52.

Las condiciones laborales de los aprendices no hicieron más que endurecerse bajo el recrudecimiento extraordinario del régimen esclavista a mediados de siglo. El mulato Manuel Betancourt, que no superaba los 20 años de edad, tuvo la oportunidad de que fuera recepcionada su instancia de queja, presentada a la policía pero dirigida al Capitán general. Manuel se quejaba de que su empleador, distinto al que figuraba en la contrata y que le había empleado por huérfano, le exigía un salario desmesurado53. De siervo doméstico voluntario e indocumentado había pasado a ser carpintero a la fuerza, calesero, mozo de almacén y de muelle, todo de forma involuntaria y sucesiva. Al final fue entregado a su empleador original de la mano del administrador del depósito. A Manuel le querían hacer pagar por primera vez 3 pesos y 4 reales al mes, sin manutención, alojamiento, ni licencia de trabajo. Este caso paradigmático nos sirve para apoyar la interpretación de que la institucionalización del sistema de aprendizaje fue muy pequeña, porque como en el caso de Manuel, los blancos contrataban aprendices de color a través de la Sociedad Económica de La Habana (también en otras ciudades con su correspondiente sección de artes y oficios) y luego hacían lo que querían con ellos, sin que nadie vigilase los términos de las contratas. En ese contexto, los aprendices vivieron bajo un sometimiento de facto, sujetos a trabajo forzado, entendiéndose este como la coerción a trabajar mediante la retención a los trabajadores los documentos de identidad o licencia de trabajo54. A la élite blanca tampoco se la contrarió, mientras que a los maestros no se les lograba disciplinar.

Los trabajadores urbanos, en general, vieron deterioradas sus ya ingratas circunstancias laborales55. La coexistencia jurídica entre libres y no libres determinó unas condiciones muy particulares que reproducían internamente jerarquías sociales marcadas por la raza. Cada maestro artesano estaba obligado a custodiar hasta dos aprendices escriturados por cada oficial que tuviese a su cargo: si solía tener entre 4 o 6 oficiales, estaríamos hablando de una docena de aprendices por maestro, como mínimo. Esto, recordemos, se reglamentó para entrar en vigor en 1850, cuando se intenta introducir un viraje para controlar mejor las asignaciones de esclavos a patronos. En cualquier caso, las partidas de las municipalidades destinadas a atender el aprendizaje de las artes y oficios están minimizadas a la altura de 185956. Solo en Jaruco y en Holguín hubo un gasto puntual al respecto: sus ayuntamientos dieron en todo ese año 42 y 12 pesos respectivamente para invertir en esa sección. Eran sumas totalmente ridículas para un sistema sin una estructura ni visión pedagógica detrás.

La sospecha de que la esclavitud violentaba y degradaba el estatus de otros trabajadores negros ya aparecía constatada en los expedientes escritos en ese periodo por las propias autoridades coloniales, como en el de la solicitud de introducción de “negros” libres para la agricultura, firmado en Madrid en marzo de 185457. El gobernador capitán general de Cuba da curso en dicho expediente a una instancia de un comerciante de La Habana, que descendía del ministro tesorero general de Hacienda de las islas Filipinas, y que solicitaba permiso para introducir en la isla a cinco mil aprendices africanos, en calidad de obreros libres, para destinarlos a la agricultura. Esta propuesta de Ignacio María Zangróniz, aunque apoyada por Pezuela, fue denegada por Real Orden de 4 de abril de 1854. Estos aprendices de color habrían procedido de las colonias inglesas vecinas, “en imitación de las mismas”, “por la falta de brazos y la dificultad de adquirirlos”. La idea era hacerlo por un tiempo limitado. Jamaica había instituido un sistema de aprendizaje entre 1834 y 1838, antes de la emancipación. Para Cuba se desestima por parte de la presidencia del consejo de ministros metropolitana, porque se dice que había en marcha medidas para remediar la falta de brazos que harían que la introducción de este tipo de aprendices fuera innecesaria. También se arguye que Gran Bretaña no estaría de acuerdo por la intuición de que el estatus legal de los mismos sería excesivamente sensible, al estar inmersos en un sistema esclavista tan operativo.

Por último, la parte central de su argumento es que no era “conveniente que negros libres, como son los aprendices, y que por lo tanto habrían de estar sujetos a un trato distinto al de los esclavos, estén continuamente en la isla de Cuba a la vista de los últimos, que no dejarían de hacer comparaciones diarias, cuyo resultado pudiera ser el más funesto para la tranquilidad del país”58. Si el referente básico de la noción de aprendiz era su condición libre, ¿por que las escrituras de aprendizaje dejaban un espacio para clasificar legalmente si estos eran o no esclavos?

Con el Reglamento de 28 artículos, redactado en 1849, se buscaba también asegurar el pago de impuestos por parte de los comercios y tiendas beneficiados con aprendices, además de que lo hicieran los talleres y fábricas de artes y oficios. Había una voluntad recaudatoria y de control por parte del gobierno de la isla. Las estipulaciones que se plantean en las escrituras de aprendizaje son muy estrictas y dejaban muy claro que el aprendiz no podía esperar remuneración ni siquiera si se perfeccionaba en el oficio antes de lo previsto; debía cumplir los años de contrato firmados quedando literalmente en poder del maestro. Estas herencias artesanales experimentan una intensidad nueva durante la segunda esclavitud. La reforma planteada en firme en febrero de 1850 fue aprobada automáticamente por el Consejo Real desde Madrid. Esta empezó estando vigente en La Habana y luego se quiso que se observara en otras ciudades de la isla59.

El artículo 4.º del Reglamento recogía la importancia de que los talleres acogieran exclusivamente aprendices supervisados por el gobierno colonial, y que además habían “de admitir a lo menos tres de los que le fueren entregados por el gobierno. [Se advertía de que] la resistencia a admitirlos (…) ser[ía] penada por primera vez, con igual multa si no se justificase motivo racional y justo ante el Escmo. Sr. Gobernador Capitán general, y la reincidencia con la pena de cerrar el taller”60.

A mediados del siglo XIX el sistema de aprendizaje estaba en un punto de inflexión evidente. El afán del gobierno por colocar o consignar trabajadores se explica también por el interés de incrementar el artesanado urbano con esclavos emancipados aprendices, aquellos que, por sus características físicas, tal vez, no pudieran ser enviados a las plantaciones o se prefiriera que contribuyesen primero a las obras públicas.

A pesar del esfuerzo del estado colonial por intentar regular las relaciones laborales, prevaleció la costumbre de que los maestros artesanos admitieran aprendices bajo contrato oral, con negociaciones pactadas en privado, porque las autoridades no tenían los medios para elaborar una red de datos rigurosos sobre el mercado de trabajo manual. Los excesos de los maestros quedaban fuera de todo control. El aprendiz solía trabajar sin contrato de 2 a 5 años a cambio de aprender el oficio. Esto abundaba en la desregulación, y está en la línea de que tampoco hubo una regulación pública de los contratos de los esclavos asalariados hasta época muy tardía, con la fase del patronato, cuando se establezca que “con licencia escrita del síndico [el esclavo] podrá dedicarse a trabajar mientras dure la cuestión del otorgamiento de la carta de libertad, depositándose los jornales en la caja de ahorros para quien corresponda”61. Si se pretendía, por parte de los síndicos, que se otorgasen licencias para que los esclavos ganaran jornal por su cuenta en 1878, era porque se percibía imparable la transición al trabajo asalariado. Al esclavo urbano en alquiler se le consideraba riqueza urbana y estaba gravada62.

La principal demanda de esclavos en Cuba antes del siglo XIX había sido para el trabajo doméstico, al igual que para todos los dominios americanos. Este modelo esclavista va a persistir, convivir y acelerarse con el auge de las explotaciones azucareras, que absorberán el mayor porcentaje de población esclava, llegando a su punto álgido hacia 1844. Muchos esclavos catalogados en los registros oficiales como domésticos se dedicaban, en realidad, a otros oficios y actividades, estando a veces arrendados. Antes de que se iniciara el proceso de abolición en Cuba, si un esclavo ganaba jornal era de “la clase ordinaria jornalera”, y el salario que comúnmente ganaba para el amo era de 3 reales diarios.

El amo de Juan Nepomuceno le puso a ganar esa misma cantidad, pero en 1767 el esclavo huyó y su propietario se quejó amargamente porque, en su relato, su intención era acabar dándole “el documento justificativo de su libertad”63. Juan Nepomuceno fue capturado en Santiago de Cuba, no sabemos en qué punto exacto de la jurisdicción, cuando todavía no había estallado la insurrección de esclavos en la futura Haití. Ya en 1806 se extendía por Santiago y sus alrededores, a través de un bando y circulares, la medida destinada a combatir la huida de los esclavos o el cimarronaje: los dueños o mayorales debían acreditarles con un papel dándoles la identidad y el permiso para moverse por los campos y la ciudad, y también después del toque de queda de las 22 horas, que permanecía a menos de 400 kilómetros de la isla vecina, cuyos acontecimientos revolucionarios funcionaron como pretexto racista, desde un marcado temor hacia las personas de color64. Embriagado y tirado en el atrio de la catedral de Santiago de Cuba, las autoridades se encontrarían, más de medio siglo después, a un afrodescendiente con muchos antecedentes penales: Luis Reyter, de oficio zapatero, que iba maldiciendo a los españoles y gritando que “debía haber guerra en Cuba y volverse como en Santo Domingo para vengarse de ellos”65.

También los anuncios de fugitivos en Baltimore a principios del siglo XIX mostraban que, entre los fugitivos, no solo había trabajadores jornaleros, sino significativamente muchos esclavos artesanos con oficios estables: buena parte de los fugados cualificados trabajaba en la industria naval, en la fabricación de metales, y en tercer lugar, en oficios de la construcción, además de destacar los carpinteros, pintores, vidrieros, zapateros, panaderos, sastres o carniceros66.

La formación del peculio por medio de la deuda por haber sido instruido dentro de las relaciones laborales era algo que conocía bien toda la América hispana desde finales del siglo XVIII. Si se presta atención a la dinámica “artesanado-peculio-liberación” que figura en una ley de 1780, recogida en el cuerpo legal vigente en la isla en el siglo XIX que representaba la Novísima Recopilación de las Leyes de Indias, existía la “Instrucción y aplicación de los hospicianos a los exercicios, oficios y artes útiles al Estado” [sic]67. En ella se regulaba el trabajo de los hospicianos, de los niños pobres instruidos en los hospicios. El hospicio servía no solo para sustituir o reemplazar la institución de la familia, sino como una oportunidad de formación para las clases bajas, especialmente de color. En Cuba, la Casa de Beneficencia cumplirá inicialmente ese papel. En la clase de oficial discípulo, el niño, ya fuera jurídicamente libre o esclavo, ganaba un jornal. El hospicio se quedaba las tres cuartas partes para cubrir su alimentación y vestido. El resto era administrado por el hospicio también, pero con el fin de guardarlo en depósito, para formarle un peculio. El niño solo era dueño de su peculio cuando saliera “en absoluta libertad” como “oficial perfecto”, transformado en vecino útil.

En 1852 la Junta de Fomento había presionado al Consejo de Estado para que se moderara el porcentaje de beneficios de los productos o jornales de los esclavos embargados en depósito que se quedaba la Casa de Beneficencia. Había una lucha por estos bienes68. En 1853 se presentó desde el seno de la sección de artes y oficios una propuesta que pretendía costear con fondos públicos la enseñanza de los aprendices de color, no solo de los blancos69. Las instancias superiores de la isla cortaron de raíz el carácter inclusivo de esta iniciativa, que fue frenada en seco sin explicitar argumento racista ninguno. Se asumía la prioridad al colectivo blanco. Gracias a este expediente, sabemos que se ofertaron solo en La Habana 450 plazas para que los aprendices blancos fueran a clases dominicales, de 7 a la 10 de la mañana, siguiendo el método lancasteriano, con el que recibirían una educación elemental primaria y religiosa. Se decía que sería muy oportuno que “el mismo beneficio se hiciese extensivo a los infinitos jóvenes de color que igualmente escriturados se hallan con distintos maestros”70. Pero el establecimiento de escuelas para esa “clase” se suspendió en el tiempo, mientras se pedía a los curas párrocos que inculcaran informalmente ideas básicas de moral y religión cristiana.

A mediados del siglo XIX la Junta de Fomento asumió un poder sin precedentes, evitando delegar a toda costa el alquiler de mano de obra forzada afrodescendiente. La Junta de Fomento no tuvo inconveniente en tener gestos cooperativos e interesados, como sacar de sus fondos de privilegios 34 pesos mensuales para financiar la revista de la Real Sociedad Económica, que en 1859 solicitó más dinero, 25 pesos mensuales más, porque continuaba su mal estado financiero71. También había habido previamente una concesión en 1849 del producto de las multas prevenidas en el reglamento que habían pasado a las Arcas Reales a las escuelas de aprendizaje de artes y oficios, lo que significaba en última instancia trasvasarlas a la Sociedad Económica de La Habana72.

Entre los memoriales de reclamación emitidos por esclavos y fechados en 1854, campea uno en el que un precavido trabajador esclavizado, quien con permiso de su dueño regentaba una pequeña tienda, declaraba que se había presentado con antelación “en consulta” a un abogado, puesto que al disponer de una cantidad determinada de dinero (400 pesos), aparte de un pagaré de una suma también sustancial (278 pesos), creía esencial que un letrado lo hiciera constar por escrito, antes de guardarlo en su baúl73. Esos ahorros quería encaminarlos hacia la compra de su libertad. Su amo le truncó el plan. El esclavo africano, renombrado José Antonio Gangá, de oficio hojalatero y nunca registrado a lo largo del aprendizaje de dicha profesión en ningún listado de aprendiz de artesano, firmó él mismo su memorial de protesta con una cruz y llegó a interpelar al síndico. Se le dio licencia para buscar nuevo amo. Aprovechó esos días para escaparse, pero le capturaron. En el depósito de cimarrones se entremezcló con otros artesanos de color, libres y esclavos, y muy probablemente con algún emancipado indocumentado.

El costo de la mano de obra en determinados oficios era ínfimo, y nulo si esta mano de obra se situaba en el rango de aprendiz, porque este no cobraba el jornal diario que sí cobraba el resto de los trabajadores los 250 días de trabajo oficial al año en la época. Una década antes de la abolición gradual, el gobierno colonial percibía anualmente 14.983 pesos de la Junta de emancipados, en la que el 58 % de sus integrantes eran aprendices esclavos74. Muchos fueron movilizados al mundo de las manufacturas. La Junta de Aprendizaje fue el epicentro de los alquileres de esclavos en La Habana y el depósito de esclavos emancipados tuvo mucho peso en la toma de decisiones de dicha junta.

El argumento principal es que los aprendices esclavizados están invisibilizados en el proceso de creciente progresión demográfica, urbanización y desarrollo de las manufacturas, lo que dificulta todavía más el hecho de desentrañar la desarticulación del sistema gremial en Cuba durante la segunda esclavitud. Estos aprendices no fueron antagónicos de los aprendices libres. La servidumbre por contrato aquí fue absorbida por la esclavitud. Aclaro que no estoy aplicando en esta visión la palabra esclavitud a otras formas de dependencia.

Los aprendices por sí mismos constituyen una unidad de análisis en los contextos coloniales esclavistas. Con ellos se abren muchas preguntas nuevas. El sistema de aprendizaje en Cuba se reestructuró como una reacción a la restricción previa del artesanado negro, una vez se entra en un periodo en el que el trabajo urbano requería de más mano de obra, los trabajadores blancos buscaban distinguirse socialmente, y el factor de captación de esclavos para las plantaciones se convertía en determinante. El mensaje que la administración colonial quiso dar fue que convenía integrar a la clase de color. Las escrituras de aprendizaje demuestran que un aprendiz podía ser jurídicamente esclavo o libre y que eso no afectaba a las condiciones de trabajo. Examinar esta documentación en profundidad podría proporcionarnos porcentajes raciales, así como dar a conocer si aumentaba el volumen de los maestros.

Mientras la institucionalización del sistema de aprendizaje se caracterizaba por ser deficitaria, los aprendices libres se “desapropiaban” de su propia libertad, sometidos la mayor parte de las veces a un trabajo forzado. Los municipios de la colonia desatendieron la vía formal de la transmisión de conocimientos de maestros a aprendices por falta de medios. El sistema de aprendizaje no pudo sustentarse en la escrituración y, en paralelo, contribuyó de algún modo a la conservación de la esclavitud africana en los núcleos urbanos.

Con el mismo pretexto gubernamental de que la Casa de Beneficencia no llevaba bien su contabilidad y estaba desprovista de los recursos necesarios, la Junta de Fomento le quitó a la Sociedad Económica la gestión del grueso de las consignaciones de aprendices a los talleres, que iban entretejiendo una red para cubrir necesidades de servicio y producción con pervivencias gremiales todavía por dilucidar, y en la que se tenían que llevar cada vez más esclavos a reforzar las dotaciones de las zonas rurales, con la consiguiente interrupción del modelo improvisado para los aprendices. Regular su situación instituyendo un sistema de aprendizaje tan particular salió mal. La lógica de satisfacer a corto plazo la necesidad de fuerza de trabajo urbano relativizó la importancia de este resultado. Tampoco importó que hubiera una mezcla laboral de cualificación y falta de la misma en los talleres, con la entrada obligatoria del elemento esclavo so pena de clausurarlos. Las condiciones de vida de los aprendices afrodescendientes no variaron según fueran estos libres o esclavos: en los contratos escritos, sus respectivas relaciones de dependencia para con sus maestros eran equivalentes. Este denominador común estaba respaldado institucionalmente.