Después de la derrota de las fuerzas realistas en la batalla de Ayacucho y la firma de la respectiva capitulación en diciembre de 1824, correspondía al alto mando patriota tomar el control de todas las ciudades y pueblos ubicados en las antiguas intendencias de Cusco, Puno y Arequipa, que hasta ese momento se habían mantenido dentro de la administración del último virreinato de América por la fuerza, necesidad o convicción. Desafortunadamente, no sería una tarea sencilla. En algunas regiones, como la Intendencia de Arequipa, partidas de soldados del ejército real que no habían participado en los últimos hechos de armas, continuaron operando con relativa normalidad e incluso oponiendo fuerte resistencia al desplazamiento de las primeras autoridades republicanas, como fue el caso del recién nombrado prefecto de Arequipa, coronel Francisco de Paula Otero. Para ello, contaron inicialmente con el respaldo de ciertas autoridades políticas y jefes militares como el virrey interino Pío Tristán, el intendente Juan Bautista de Lavalle y el propio general Jerónimo Valdez, uno de los capitulados en Ayacucho ¹ . Esta extraña situación se debía fundamentalmente al desconocimiento y la confusión que reinaba en el sur del Perú durante las semanas posteriores a la «desgraciada batalla», cuando aún no se conocían con detalle los acuerdos más importantes de la mencionada capitulación.

Con el fin de hacer frente a aquellos inconvenientes, el mariscal Antonio José de Sucre, como comandante del Ejército Unido Libertador, a finales de diciembre ordenó la salida de la primera división colombiana -una fuerza compuesta de 3.000 soldados al mando del general venezolano Jacinto Lara- desde la ciudad del Cusco rumbo a la de Arequipa con el fin de que allanase el camino para la pronta llegada del prefecto Otero y su comitiva. Entre tanto, el futuro presidente de Bolivia continuaba su arrollador avance en dirección al Alto Perú. Esta vez, buscaba someter al general realista Pedro Antonio de Olañeta, quien, al mando de unos 4.000 soldados, se había negado a reconocer los acuerdos firmados después de la batalla de Ayacucho y estaba decidido a defender los intereses del rey en América hasta las últimas consecuencias. Idéntica posición había asumido otro oficial español, el brigadier José Ramón Rodil, quien, junto a miles de personas, entre soldados, funcionarios y destacadas familias de la élite limeña, durante más de un año mantuvo una obstinada resistencia en el interior de los castillos del Real Felipe del Callao ² .

Superado el impase, la primera autoridad política del departamento llegó a la ciudad de Arequipa el 12 de enero de 1825. Una semana después arribó la división colombiana. Afortunadamente, no hubo necesidad de emplear tamaña fuerza, pues, apenas se conocieron los acuerdos de la mencionada capitulación, los funcionarios reales y la población local se comprometieron en cabildo abierto a aceptar la nueva realidad, deponiendo cualquier actitud de fuerza u hostilidad, aunque no necesariamente ocurriría de esa manera. Arequipa era una de las pocas regiones que mantuvo una clara postura a favor de los intereses del rey hasta el final de la guerra de independencia; por eso, a pesar de estar ocupada política y militarmente por fuerzas patriotas, algunos vecinos y autoridades, como el obispo José Sebastián de Goyeneche, no hicieron demasiados esfuerzos para demostrar su rechazo a los representantes del nuevo orden político. Aunque la independencia se juró definitivamente el 6 de febrero de ese año, los sentimientos realistas de la población continuaron manifestándose durante mucho más tiempo. Así se lo comunicó al obispo el secretario del Libertador, coronel José Gabriel Pérez, mediante una carta escrita meses después, donde le recriminaba por dicho motivo: «este departamento está plagado de personas adictas aún a la Monarquía Española y ven como un crimen profesar los principios de nuestro sistema» ³ . Su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró de que, en las misas realizadas en la ciudad y los pueblos aledaños, no pocos curas continuaban solicitando rogativas en favor de la salud del rey y su familia ⁴ .

Como era de esperar, antes de arribar a aquellas tierras, el Libertador ya estaba perfectamente informado sobre la situación y la dinámica política de la ciudad de Arequipa desde hacía bastante tiempo. En carta escrita al vicepresidente de Colombia, general Francisco de Paula Santander, un mes antes de librarse la batalla de Ayacucho le había informado sobre sus progresos militares en la región sur y también de sus dificultades: «hemos liberado más de veinte provincias sin tirar un solo fusilazo, la mitad del Cuzco está con nosotros, la otra mitad por ellos [los realistas] y [el río] Apurímac nos sirve a ambos de barrera, solamente la provincia de Arequipa está enteramente con ellos» ⁵ . En resumen, para el supremo dictador del Perú, era de suma importancia llevar a cabo cambios políticos y administrativos en el departamento de Arequipa, incluyendo sus instituciones, autoridades y empleados. Tenía la intención de realizar estas reformas personalmente durante su próxima visita a la ciudad, la cual estaba programada para el mes de mayo de ese año. Esta visita formaba parte de un viaje casi ceremonial que comenzaría en Lima y culminaría en la cima del Cerro Rico de Potosí.

Así pues, mientras una parte de la población arequipeña aguardaba la próxima llegada del “Libertador de cinco repúblicas” con expectativas moderadas y muchas incertidumbres, y las autoridades republicanas se preparaban para ofrecerle el mejor recibimiento, la ciudad entera se vio sacudida por dos eventos funestos que muchos interpretaron como una continuación de la desafortunada guerra pasada: el fusilamiento del general Pablo Echeverría y la sentencia de muerte del brigadier Baldomero Espartero. Ambos eran españoles, con sólidas relaciones dentro de la comunidad y, hasta hacía poco, miembros del ejército realista. El desarrollo y desenlace final de tales acontecimientos proporcionan más perspectiva de la situación política y social que prevalecía en la ciudad de Arequipa durante los primeros meses posteriores a la independencia. Estaban marcados, por un lado, por la necesidad de las autoridades republicanas de ganarse el favor de la élite local para el nuevo régimen, y por otro, por los fuertes lazos que aún unían a dicha élite con ciertos representantes del antiguo régimen.

Un mes antes de la llegada del Libertador Simón Bolívar a la ciudad de Arequipa, toda la provincia se vio conmocionada por un hecho trágico que paralizó temporalmente las actividades de su población: el fusilamiento del brigadier de los ejércitos reales Pablo Echeverría. La severa orden fue impartida desde La Paz por el mariscal Sucre y llevada a cabo por el prefecto del departamento, Francisco de Paula Otero, en coordinación con el jefe del ejército de ocupación, general Jacinto Lara, el día 20 de abril de 1825 en la plaza de armas de la ciudad. Tuvo lugar en medio de una gran multitud de personas y con asistencia de representantes del gobierno civil, militar y religioso ⁶ . Pero, ¿qué delito había cometido para hacerlo merecedor de tan extrema sanción?

Pablo Echeverría era un alto oficial español que cayó prisionero en la ciudad de Puno a finales de diciembre de 1824, después de conocerse la derrota realista en la Pampa de la Quinua. En esa situación, decidió acogerse a los términos establecidos por la capitulación de Ayacucho, comprometiéndose, a cambio, a no volver a tomar las armas contra las fuerzas de la patria y, mucho menos, a dirigirse «a punto alguno de la América que esté ocupado por las armas españolas» ⁷ . Para cumplir con lo establecido, Echeverría solicitó al gobernador militar de dicho departamento, general Rudecindo Alvarado, un pasaporte para dirigirse a la península a través del puerto de Buenos Aires. No solo se le concedió lo que solicitaba, sino que, además, en un gesto de generosidad, el gobernador «le dio dinero y cuantos auxilios quiso para irse donde su familia», que al parecer se encontraba en esos momentos en la ciudad de Potosí ⁸ .

Pese a tales consideraciones, después de atravesar el río Desaguadero, el tradicional límite entre el Alto y Bajo Perú, y olvidándose de sus compromisos anteriores, Echeverría se puso bajo las órdenes del general realista Pedro Antonio de Olañeta. Como se ha señalado, Olañeta mantenía una obstinada resistencia contra el avance del Ejército libertador, al mando del mariscal Sucre, en los territorios que hoy comprenden Bolivia. Este militar español, respaldado por el poder de un considerable ejército, había rechazado toda insinuación a favor de una salida pacífica por parte de los jefes patriotas, así como de antiguos amigos y camaradas de armas, entre ellos el ex virrey Pío Tristán, entonces residente en Arequipa ⁹ .

Lo controversial y censurable en el comportamiento de Echeverría, según las autoridades patriotas, era que no solo se había comprometido bajo juramento a deponer las armas, sino que además había ofrecido sus buenos oficios e influencias para interceder ante el general Olañeta y procurar, por todos los medios, poner fin al conflicto ¹⁰ . Sin embargo, esto no llegaría a ocurrir. A finales de febrero de 1825, Echeverría sería enviado a la costa de Tarapacá llevando consigo una gran cantidad de dinero en plata y oro, aproximadamente 100.000 pesos, con la peligrosa misión de conseguir armas y pertrechos militares del gobierno realista de Chiloé o de cualquier buque extranjero ¹¹ . A pesar de aquellas intenciones, en el momento en que desembarcaba del navío británico que le había conducido al puerto de Iquique, fue capturado por las autoridades locales, y todo el dinero que llevaba consigo fue confiscado en su totalidad. Ambos, Echeverría y el dinero, fueron puestos a disposición del intendente de Arica. Enterado de la identidad del personaje, el intendente envió un correo urgente al mariscal Sucre, que por entonces se encontraba en territorio altoperuano, tratando de lograr la rendición del general Olañeta.

Conocidos los detalles y circunstancias de la captura, Sucre, muy mortificado consideró al general Echeverría «un pérfido, un ingrato y un infame», alguien que había despreciado «la generosidad con que se le trató por la capitulación de Ayacucho» ¹² . En consecuencia, buscó aplicarle el mayor de los castigos. El 8 de marzo de ese año envío al prefecto de Arequipa una carta reservada en la que, después de explicarle sus razones, le ordenaba aplicar la pena capital, utilizando más o menos las siguientes palabras: «por mil títulos debe de morir [Echeverría]. VS le mandará por consiguiente fusilar sin la menor demora y bajo toda responsabilidad, puesto que renunció a todo derecho. Repito que sea fusilado brevemente» ¹³ . Ya en Arequipa, el condenado fue encerrado en la cárcel de la ciudad y su ejecución se fijó para el día 20 de abril.

Como era costumbre con los condenados a muerte, la víspera de la ejecución por la noche, Echeverría fue puesto en capilla, es decir, llevado al oratorio de la cárcel para rezar y arrepentirse de sus pecados. Mientras tanto, algunos vecinos destacados llevaban varios días solicitando su indulto ante la máxima autoridad departamental. De manera similar, los miembros de la muy ilustre Municipalidad de Arequipa se mantuvieron reunidos en la casa consistorial durante todo el tiempo «que duró el español en capilla». En el ínterin, enviaron varias peticiones al prefecto Otero solicitando su intervención ante las autoridades superiores para salvarle la vida, pero no lograron su objetivo. Por esa razón, según un testigo, aquellos funcionarios, en medio de la frustración e impotencia, «no solamente faltaron a dicho señor, sino también insultaron la autoridad del señor general Sucre» ¹⁴ . Asimismo, con la intención de acompañar a Echeverría en sus últimos momentos, algunos miembros de diversas órdenes religiosas solicitaron autorización para reunirse en la capilla de la cárcel «para encomendar el alma de Echeverría».

A primera vista, la severidad de la sentencia, que no fue consultada con el Libertador, podría resultar desmedida para una personalidad como la del Gran Mariscal de Ayacucho, generalmente considerada como «indulgente, compasiva y generosa con los vencidos», en comparación con otros jefes militares más implacables como los generales Jacinto Lara, José María Córdoba o el propio Simón Bolívar. Sin embargo, para entender tal decisión convendría tener en cuenta varias consideraciones circunstanciales. Por ejemplo, la prolongación de una guerra innecesaria ocasionada únicamente por la obstinación del general Olañeta, quien poco antes había mandado fusilar a dos capitanes patriotas «sin fórmula ni proceso». Del mismo modo, en marzo de aquel año se había descubierto un complot encabezado por un militar suizo de apellido Eclés, al parecer enviado por el propio Olañeta con la intención de que asesinara a Sucre y al general José Miguel Lanza, «por un premio de diez y seis mil pesos» y mediante el uso de veneno ¹⁵ . También estaba latente la noticia relativa a la existencia de ciertas partidas militares enviadas a principios de 1825 para vigilar las costas de Tarapacá, que después de sublevarse contra sus oficiales se habían dedicado al saqueo de «los pueblos de tránsito» ¹⁶ . También era bastante conocida la participación de no pocos oficiales capitulados en diversos levantamientos militares o alentando la resistencia contra las autoridades republicanas, caso de los generales Valdez y Carratalá ¹⁷ .

Posiblemente, el suceso que más influyó en la decisión del mariscal Sucre de aplicar el máximo castigo y de que el fusilamiento se llevara a cabo en la ciudad de Arequipa, cuya élite se había caracterizado por sus fuertes sentimientos realistas que mantuvo incluso después de terminada la guerra de independencia, fue el descubrimiento de un amago de levantamiento militar en la provincia. Lo habían protagonizado varios oficiales españoles capitulados, aprovechando el desorden que solía producirse durante los días de carnaval. Informado de la situación y con ánimo de evitar sus consecuencias nocivas, Sucre había aconsejado al general Jacinto de Lara, comandante de la división colombiana, «que, sometiendo a juicio sumario a los cómplices, hiciese fusilar al que directa o indirectamente se hubiese mezclado en dicha revolución» ¹⁸ .

Por otro lado, estos levantamientos y conspiraciones contra el nuevo régimen podrían haber influido en la imagen negativa que las propias autoridades patriotas tenían de los capitulados, a quienes frecuentemente se acusaba de traicionar su juramento para pasarse al bando enemigo o para actuar en contra del Gobierno republicano. Por tanto, la ejecución del brigadier Echeverría podría ser considerada, ante todo, como un castigo ejemplar. Al menos, así lo señalaría el mariscal de Ayacucho después de firmar la sentencia de muerte y de confesar que estaba dispuesto:

Unas semanas más tarde, tras la fácil derrota del general Olañeta en la batalla de Tumusla y de la rendición de todas las fuerzas realistas en el Alto Perú, en abril de 1825, Sucre, arrepentido de su drástica decisión, confesaría: «vi que la ejecución del brigadier Echeverría como un ejemplar era innecesaria». En ese sentido, el 5 de abril, 15 días antes de la ejecución, envió una comunicación urgente al prefecto de Arequipa Otero, para que dejara en suspenso la mencionada orden, permitiendo que con posterioridad el proceso se ventilara en las oficinas del Libertador. Parece que incluso se lo había prometido a la esposa del militar condenado. ¿Qué sucedió entonces? El futuro presidente de Bolivia, posteriormente escribiría una carta al nuevo prefecto, Antonio Gutiérrez de la Fuente, en la que en tono fatalista trataría de explicar lo ocurrido:

Pasados unos días, cuando la población arequipeña no había superado todavía la profunda tristeza por la muerte del general realista, una nueva noticia volvería a sacudir a los habitantes de la ciudad: la captura en el puerto de Quilca de otro militar español, el brigadier Baldomero Espartero.

Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro (1793-1879) fue un importante militar español que llegó al Perú en 1815, después de que las tropas napoleónicas fueran expulsadas de la península y durante la guerra de independencia, participó en diferentes acciones de armas, principalmente en los triunfos realistas de Torata y Moquegua en enero de 1823, donde, además de recibir «tres balazos de peligro y un bayonetazo», fue ascendido al grado de coronel efectivo ²¹ . A pesar de su valor, no estuvo presente en las decisivas batallas de Junín y Ayacucho porque el virrey La Serna lo envió a España en junio de 1824, llevando consigo una serie de instrucciones y documentos destinados al rey. Una vez cumplida su misión, en los primeros días de enero de 1825, se embarcó en el puerto de Burdeos a bordo de la fragata francesa Ángel de la Guarda, utilizando el seudónimo de Joaquín Fernández. En ese momento, Espartero ignoraba por completo los acontecimientos políticos que habían ocurrido durante su ausencia, es decir, todo lo relacionado con la derrota del ejército realista y la firma de la capitulación de Ayacucho.

A principios de mayo de 1825, el brigadier Espartero desembarcó en la caleta de Quilca, entonces el principal puerto del departamento, vistiendo uniforme militar y portando diversos documentos oficiales firmados por el rey, así como algunas cartas particulares pertenecientes a la familia arequipeña de Goyeneche ²² ; antes, se había asegurado de que los documentos más comprometedores fueran arrojados al mar. Al ser descubierto por las autoridades militares de dicho puerto, fue apresado y conducido a la ciudad de Arequipa, donde fue recluido en la antigua cárcel real, a la espera del correspondiente juicio por el supuesto delito de espionaje. Si bien, en un principio, un juez local «dictaminó que no había pruebas para juzgar a Espartero y que debía ser tratado como prisionero de guerra» ²³ , el Libertador, que ya se encontraba en la ciudad, rechazó el dictamen y de inmediato ordenó al prefecto Gutiérrez de la Fuente que designara a «un letrado de la mayor probidad y conocimientos», es decir, un magistrado con una actitud más complaciente con las intenciones del dictador del Perú. ¿Cuáles eran estas? Acusarlo del delito de espionaje y así poder condenarlo a la pena capital, lo mismo que Sucre había hecho en el caso del brigadier Echeverría y como el propio Bolívar haría un año después con Juan Berindoaga, vizconde de San Donás.

Mientras su futuro dependiera de la decisión de sus enemigos, Espartero era muy consciente de la complicada situación en la que se encontraba y de los propósitos que les guiaban. Años después, en una carta escrita en 1828, volvería a recordar aquellos difíciles momentos: «Bolívar me trató con una inhumanidad de la que no hay ejemplo. Fui conducido al más lóbrego calabozo de la cárcel pública y cada día me anunciaban la llegada de mi último fin» ²⁴ . Afortunadamente, nada de aquello sucedió. Después de que Bolívar abandonara la ciudad (10 de junio), Espartero, bastante enfermo, fue llevado al hospital de San Juan de Dios para su recuperación y dos meses después, el 1de agosto de 1825, se encontraba con otros oficiales capitulados a bordo de la fragata francesa Telégrafo, fondeada en la rada de Quilca y a punto de levar anclas rumbo al puerto de Burdeos, a donde llegaría a finales de ese mismo año. ¿Qué había sucedido entonces? ¿Cómo se logró su puesta en libertad? Este es uno de los grandes misterios en la vida de quien llegaría posteriormente a convertirse en regente de España y una de las figuras políticas más importantes del siglo XIX.

Se han planteado numerosas explicaciones sobre la liberación de Espartero, algunas más cercanas al relato de una novela rosa que a un libro de historia, aunque no por ello menos creíbles debido a la compleja personalidad del llamado «Padre de cinco repúblicas». La primera de ellas resalta la intervención fortuita de una antigua amante de Espartero, convertida en íntima de Bolívar, quien, aprovechando un baile organizado en su honor y «empleando todos los resortes de la seducción obtuvo, no sin grandes resistencias, el perdón anhelado» ²⁵ . Otra explicación, muy parecida a la anterior, narra la historia de una «Salomé arequipeña» de nombre Paula Prado Zavalaga, de gran belleza y mayores talentos en el arte del baile. Se dice que logró encandilar a un eximio bailarín como el Libertador y arrancarle la promesa de libertad para el condenado brigadier español ²⁶ .

Una tercera versión, al parecer la más aceptada hasta el momento, señala que la liberación fue más bien el producto de la intervención de varios amigos de Espartero, españoles como él, pero cercanos al círculo político de Don Simón, que providencialmente se encontraban por aquella época en la ciudad de Arequipa. Estos habrían sido, Antonio González, Facundo Infante y Antonio Seoane, quienes muy conscientes del «inevitable e inminente riesgo que corría su vida en tan críticos momentos, dieron muchos pasos, muy eficaces y provechosos, para salvarle del temible golpe que le amagaba» ²⁷ .

Llama la atención que estas y otras explicaciones o teorías admitan de manera incuestionable que el indulto y liberación fueron autorizados por el mismísimo Libertador durante su visita a Arequipa, en vista de su condición de dictador y encargado del supremo gobierno del Perú. Sin embargo, una primera observación sobre tales planteamientos muestra que la liberación de Espartero no se produjo durante la estancia de Bolívar en la ciudad (mayo-junio), sino casi dos meses después de su salida (agosto), cuando se encontraba de visita en la ciudad de Puno de camino al Alto Perú. La segunda observación indica que el Libertador se enteró muy tardíamente de la liberación. En efecto, en carta al prefecto de Arequipa, Gutiérrez de la Fuente, fechada el 6 de agosto de 1825, el secretario de Bolívar, el arequipeño Felipe Santiago Estenós, le informaba de la sorpresa del Libertador al enterarse de que «el español Espartero, que se hallaba arrestado por orden suprema (…) se ha marchado para la península en el Telégrafo» ²⁸ . Por tal razón, escribía Estenós:

Ahora bien, no se trataba de ningún berrinche o de una simple presunción de culpabilidad por parte del Libertador, sino de una verdadera certeza, pues el prefecto Gutiérrez de la Fuente fue precisamente la persona encargada de contratar, en julio de 1825, semanas antes de la fuga de Espartero, los servicios de Bartolomé Roux, capitán y sobrecargo de la fragata francesa Telégrafo, anclada en el puerto de Quilca, para que transportara hacia Europa, haciendo escala en Río de Janeiro, a 27 oficiales españoles, dos asistentes y una criada, «comprendidos en la Capitulación». Por este servicio, la Tesorería del departamento abonaría al capitán de la fragata la suma de 13.400 pesos. Por lo que se refiere a la fianza acordada por el juez, fue depositada por otro de los posibles implicados en la fuga, el comerciante francés Santiago Le Bris, vecino de la ciudad de Arequipa. Según se señaló «para responder por los cargos que le haga esta prefectura» ³⁰ . En cuanto a la fragata Telégrafo ³¹ , había llegado al puerto de Quilca proveniente del Callao en abril de 1825, conduciendo diversos efectos importados como agua lavanda, herramientas, tejidos y vajilla, valorados en 10.059 pesos y consignados precisamente al referido comerciante Le Bris ³² . Adicionalmente, y por encargo del ministro de Guerra y Marina del Perú, llevaba consigo 74 fardos de vestuarios para las tropas acantonadas en la región, los mismos que fueron entregados en la capitanía de dicho puerto ³³ .

Pero, ¿estaba revestido Gutiérrez de la Fuente de autoridad y poder suficientes para tomar tales decisiones? Revisemos el contexto previo. La visita de Bolívar a la ciudad de Arequipa estaba determinada por dos razones principales: la primera era ordenar los asuntos en materia de administración, hacienda y gobierno; la segunda, castigar a varios funcionarios departamentales, empezando por el primer prefecto, Francisco de Paula Otero. Aprovechándose de sus cargos, habían adoptado una serie de medidas que, en opinión del propio Libertador, eran contrarias a los intereses del Gobierno y favorecían de sus enemigos políticos ³⁴ . Por eso, no dudó en reemplazar a Otero con un nuevo prefecto, alguien de su círculo más cercano como el general Gutiérrez de la Fuente, y en separar de sus cargos a todos los funcionarios cercanos a su antecesor. Entre ellos se encontraban varios abogados arequipeños de tendencia liberal, miembros de la Academia Lauretana de Ciencias ³⁵ .

Por otro lado, la relación de Bolívar con la élite arequipeña fue siempre distante y de mutua desconfianza, por más que durante el tiempo que estuvo en la ciudad se le prodigaran magníficos homenajes y suntuosas recepciones. Sobre esta comunidad diría, en carta enviada a su ministro Hipólito Unánue en julio de 1825, un mes después de abandonar la Ciudad Blanca escribía:

En definitiva, para mediados de 1825, la única persona de confianza y con autoridad suficiente para tomar decisiones a título personal o en nombre del Gobierno en todo el departamento de Arequipa, como la mencionada liberación de Espartero, era el prefecto Gutiérrez de la Fuente ³⁷ . Con respecto a su cercanía al poder supremo, antes de que concluyera la guerra de independencia, Bolívar ya le había ofrecido un puesto en el Gobierno de Arequipa y, dos meses después de su designación como prefecto, había ascendido al grado de general de división y había sido condecorado con la medalla del Libertador, a pesar de no haber participado en la batalla de Ayacucho ³⁸ . Además de todo ello, debe recordarse que Gutiérrez de la Fuente, nacido en la provincia arequipeña de Tarapacá, formó parte del ejército realista hasta 1820 y que Espartero sirvió en ese ejército desde 1815. Por tanto, no era ningún desconocido y menos aún en Arequipa, donde el militar español estuvo destacado durante varios años y donde había cultivado numerosas amistades ³⁹ . Todas estas consideraciones permiten explicar por qué fue precisamente a esta autoridad a la que Bolívar exigiría rendición de cuentas por la puesta en libertad del brigadier.

Sin embargo, esta historia estaría incompleta si no se considerara el importante papel que desempeñaron algunos vecinos y personalidades influyentes de la localidad en aquel momento. Tanto Gutiérrez de la Fuente como Simón Bolívar contaron en su círculo más cercano con reconocidos profesionales e intelectuales liberales, entre los que se encontraba Antonio González.

Antonio González fue un abogado peninsular de tendencia liberal que, en 1823, al finalizar el Trienio Liberal y restablecerse el régimen absolutista, huyó de España con otros compañeros. Después de enfrentar mil y una penalidades, terminó asentándose en la ciudad de Arequipa, muy probablemente a principios de 1825. Así parece desprenderse de la lectura de una carta fechada en mayo de ese año, en la que uno de los secretarios de Bolívar se refería a él como «un español europeo, recientemente venido de la península» ⁴⁰ .

En Arequipa, González residiría casi durante una década, ejerciendo de manera particular su profesión de abogado, relacionándose con las principales autoridades y vecinos y participando activamente de la vida política y social de la región ⁴¹ . En una lista de suscriptores voluntarios publicada en un periódico local en octubre de 1825 con el objetivo de conseguir fondos para financiar el primer aniversario de la batalla de Ayacucho (9 diciembre), González aparecía aportando cien pesos, cantidad similar a la entregada por varios comerciantes extranjeros como Samuel B. Mardon, Daniel Schütte y la compañía Ibáñez-Marcó del Pont, pero mucho mayor que la donada por algunos reconocidos vecinos, como los hacendados Juan Mariano de Goyeneche (50 pesos), Bernardo Gamio (25 pesos) y José Hurtado Villafuerte (17 pesos) ⁴² . Por otra parte, desde fecha muy temprana, González aparecería registrado como accionista del proyecto de irrigación de Vincocaya, el más importante de su época, auspiciado por Bolívar ⁴³ .

Por lo que se refiere a su amistad con el Libertador, había comenzado muy tempranamente durante la visita a la ciudad de Arequipa en mayo de 1825. Al principio estuvo relacionada con la redacción de un texto conocido como Catecismo Político ⁴⁴ , es decir, un manual de enseñanza pública destinado a la formación cívica de los jóvenes con el objetivo de convertirlos en «verdaderos ciudadanos». González propuso este texto al líder venezolano, y este, después de firmarle el prólogo, ordenó su «publicación y posterior utilización en todas las escuelas primarias del país» ⁴⁵ . Curiosamente, aunque el borrador fue aprobado el 6 de junio de ese año, su publicación tomaría varios meses debido a la permanente escasez de fondos. Para obtenerlos, el Gobierno se vio obligado a admitir todos los suscriptores habidos y por haber.

En gran medida, como la enseñanza de las primeras letras estaba asociada a la labor de curas y párrocos, el Gobierno bolivariano obligaría a través del obispo de Arequipa, «a los eclesiásticos que han de ser beneficiados en el próximo concurso -de curatos-, que cada uno lleve a su doctrina un número competente de ejemplares para distribuirlos a su discreción» ⁴⁶ . En cuanto a la adquisición de tales ejemplares, cada religioso debía pagar de su propio peculio los ocho reales que costaban. El primero en dar el ejemplo fue el deán de la catedral de Arequipa y protegido del Libertador, Manuel Fernández de Córdoba, quien adquirió nada menos que cincuenta ejemplares, para distribuirlos «en su antigua doctrina de Salamanca, de la que fue párroco»; mientras tanto, el Gobierno departamental solicitó una buena cantidad de ellos para repartirlos gradualmente entre las municipalidades y los intendentes de las provincias ⁴⁷ .

A lo largo de 1826, la labor académica de Antonio González, además de su desempeño profesional como abogado de los tribunales nacionales, estuvo bastante ligada a las actividades políticas del Libertador. Por ejemplo, en el mes de junio, el prefecto de Arequipa recibió una copia de la Constitución Bolivariana, también conocida como Vitalicia. Venía acompañada de un discurso escrito de puño y letra del jefe de Estado, con la orden expresa de que el doctor González revisara el documento en cuanto a «la corrección de las faltas de imprenta y ortografía», con vistas a una posterior reimpresión ⁴⁸ .

Asimismo, antes de finalizar el mes, Gutiérrez de la Fuente envió al Libertador un primer ejemplar del libro Fastos de la dictadura del Perú y refutación a Brandsen y Riva-Agüero, redactado por el abogado español ⁴⁹ . Dicha obra, terminó siendo del completo agrado del general caraqueño. Al mes siguiente, después de completarse toda la impresión, se le enviaron veinte ejemplares adicionales, mientras que el prefecto de Arequipa haría lo propio, distribuyendo más de un centenar en distintos lugares, «sin olvidar Chile, donde más que en otra parte deseo se vea con anticipación», indicaba la autoridad ⁵⁰ . En la ciudad de Arequipa, la obra fue vendida en las oficinas de la Imprenta del Gobierno. Lamentablemente, su coste, de cuatro pesos cuatro reales, era bastante elevado, a decir de los editores «para indemnizar los gastos» ⁵¹ .

Entre junio y julio de 1826, el prefecto de Arequipa financió la publicación de cuatro números de un periódico titulado Interesantes cuestiones políticas aplicadas a nuestro actual estado, editado por un individuo que se hacía llamar El Federal. Se trataba de una publicación de un claro tinte oficialista, cuyo contenido se orientaba a informar y convencer a la población arequipeña de las ventajas y beneficios de un proyecto de federación de los Estados de Colombia, Perú y Bolivia que el Libertador estaba promoviendo. La llamada Federación de los Andes, la misma que debía estar regida por una Constitución de carácter vitalicio y dirigida por un presidente igualmente vitalicio, que sería el mismísimo Bolívar. El editor del periódico, conocido como “El Federal”, no era otro que Antonio González ⁵² .

Como se ha podido observar, además de sus vínculos profesionales y académicos con el Libertador, la relación que Antonio González mantuvo con el prefecto Gutiérrez de la Fuente fue muy importante y cercana. A través de él, se gestionaron canalizarían varias solicitudes para el pago de deudas, así como la promoción y distribución de algunos de sus trabajos. Por ejemplo, a principios de 1826, el prefecto envió una comunicación al Ministerio de Hacienda solicitando el reintegro de 10.000 pesos que se adeudaban ⁵³ . Del mismo modo, en agosto, la máxima autoridad departamental remitió una orden a la administración de la Tesorería de Arequipa para que se abonasen a Antonio González 5.000 pesos, «a cuenta de los 17.000 que tenía adquiridos en letras sobre el empréstito de Londres» ⁵⁴ .

Estas sumas de dinero, inusuales para alguien recién llegado, podrían indicar el relativo éxito que alcanzó gracias al ejercicio de la abogacía. Además, muestran su capacidad para establecer conexiones dentro de los tribunales de justicia en una época marcada por litigios interminables entre los nuevos patriotas y los viejos realistas. Estos conflictos se centraban en la disputa por la propiedad de tierras, minas y otros recursos en la región ⁵⁵ , y también involucraban denuncias por injurias reales o verbales entre los vecinos locales ⁵⁶ . Tales actividades seguramente le granjearon enemistades públicas, especialmente entre los propietarios del antiguo régimen, como el hacendado y ex virrey Pío Tristán y su hermano político, el coronel de ingenieros Clemente de Althaus. Esta enemistad culminaría en una brutal golpiza infligida por el segundo sobre la persona de González ⁵⁷ .

En el aspecto más positivo, sus actividades profesionales fortalecieron su prestigio como un hombre de justicia, con una conducta correcta y sólidos principios. Este reconocimiento no se limitaba a la comunidad de vecinos, sino que también alcanzaba a algunos comerciantes extranjeros residentes en la ciudad, como el alemán Cristóbal Guillermo Schütte y el inglés Luis Stevenson. Este último, en más de una ocasión otorgaría poderes al doctor González, «abogado de los tribunales de la nación para que pida, demande, reciba y cobre», en su nombre ⁵⁸ .

Después de una década de experiencia americana, especialmente arequipeña, Antonio González regresó a la madre patria en 1834. Ese mismo año fue elegido procurador de Badajoz, su tierra natal, y posteriormente, durante la regencia del capitán general Baldomero Espartero (1840-1843), quien le respaldaba, ocupó importantes cargos políticos. González se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros, ministro de Gracia y Justicia y ministro de Estado.

En cuanto a la suerte de la fragata francesa Ángel de la Guarda, que había conducido a Espartero hasta las costas arequipeñas, su tripulación y su valioso cargamento, después de la captura del brigadier Espartero, en mayo de 1825, las autoridades peruanas dispusieron su inmediata detención, su retención en el puerto de Quilca y el embargo de todas las mercancías que se hallaban en la bodega. Adicionalmente, se solicitó el encarcelamiento de su capitán Nicolás Gautier Pignonblanc, acusado de complicidad en el transporte de un oficial español provisto de una identidad falsa. De ese modo, se inició un largo y tedioso proceso judicial entre el Gobierno peruano, el capitán del navío y el propietario de la carga.

La fragata había zarpado del puerto de Burdeos el 10 de enero con dirección «a los puertos de la república del Perú». Llevaba a bordo gran cantidad y variedad de mercancías, en su mayor parte camisas de bretaña, gorros para niños y adultos, zapatos, tejidos en general, perfumes, cristalería, naipes, fósforos, peines, paraguas, barriles de harina y coñac y cajones de vino en botella ⁵⁹ . El propietario del buque era Jules Rousson, un ciudadano de nacionalidad francesa que iba como sobrecargo. Inicialmente, al igual que había ocurrido con el brigadier Espartero, el juez encargado de sustanciar la causa, Evaristo Gómez Sánchez, estimó improcedente la confiscación de las mercancías, lo cual provocó el enfado del Libertador ⁶⁰ . Después de la destitución del magistrado, Bolívar ordenó al prefecto Gutiérrez de la Fuente que nombrase una nueva autoridad judicial «de la mayor probidad y conocimientos», para que desempeñara las funciones de auditor de marina «y que se proceda con audiencia del ministerio fiscal al giro y más pronta conclusión de este juicio» ⁶¹ .

En realidad, lo que como dueño de las mercancías Rousson solicitaba del Gobierno bolivariano era un permiso para extraer los bultos depositados en la bodega del barco. Para conseguirlo, recurrió a varios de sus potenciales compradores, los comerciantes locales Manuel Marcó del Pont, Ambrosio Ibáñez, Luis Stevenson y Santiago Ygualt, quienes, junto al diputado de comercio de la ciudad, Marcelino Pareja, enviaron una solicitud al prefecto Gutiérrez de la Fuente pidiendo con insistencia que «se le diese permiso para desembarcar y expender en esta capital parte de los efectos que le corresponden». Según aseguraban, no tenían vinculación alguna con los españoles que llegaron en el mismo barco ⁶² .

Aunque el capitán del Ángel de la Guarda fue liberado semanas después, el proceso relativo al destino de las mercancías continuaría algunos meses más, obligando al sobrecargo a entregar al comerciante francés y líder de la comunidad extranjera en Arequipa, Santiago Le Bris, un poder cumplido y bastante «para que a su nombre y representando su propia persona continúe en esta prefectura y comandancia general la defensa que está siguiendo sobre que se le devuelva la parte del cargamento que de su competencia trajo» ⁶³ . A principios de agosto de ese mismo año, Pignonblanc y Rousson, volverían a entregar poderes de representación para la culminación definitiva de dicho proceso al abogado Mariano Polar, «procurador de la corte de justicia de este departamento» ⁶⁴ .

Tratando de solucionar el problema, una vez más fue el prefecto Gutiérrez de la Fuente el responsable, en este caso, de autorizar el desembarco progresivo de las mercancías a bordo de la fragata francesa: primero, de seis cajones de gorras para señoras; posteriormente, de 200 barriles de harina para su trasbordo, y en los últimos días de agosto de 1825, de 48 fardos conteniendo distintas variedades de efectos ⁶⁵ . En definitiva, para finales de ese año toda la carga había sido devuelta a sus propietarios y comercializada a nombre de diversos empresarios de la localidad. Entre tanto, una vez liberada la fragata Ángel de la Guarda, de 400 toneladas y buenos alojamientos, podía finalmente anunciar su partida con dirección al puerto de Burdeos; para ello, «admitirá flete y pasajeros», rezaba la publicidad ⁶⁶ . Meses después, retornaría a las costas arequipeñas, pero en esta ocasión las cosas revistieron un cariz completamente distinto: su capitán fue contratado por el gobierno prefectoral de Gutiérrez de la Fuente, junto a su compatriota Armand Dolley, capitán de la fragata Ernestina -la misma que había llevado de retorno a España al virrey La Serna y a «los Ayacuchos»- para realizar un estudio técnico sobre las condiciones geográficas y portuarias de la caleta de Islay, ubicada a unos 130 km al oeste de la ciudad de Arequipa, que el prefecto había elegido como principal puerto del departamento para reemplazar al de Quilca ⁶⁷ .

Haciendo honor a sus antiguos títulos de «muy noble y muy leal» y «fidelísima», Arequipa terminó convirtiéndose en la última ciudad del Perú en jurar la independencia el 6 de febrero de 1825. Sin embargo, pasarían todavía varios meses antes de que se pudiera superar la inestabilidad política y el desorden social generados durante los últimos años de la guerra. Durante ese periodo, las principales autoridades políticas y militares del flamante departamento de Arequipa, es decir, el prefecto y el comandante de la primera división colombiana, tuvieron que unir esfuerzos para controlar los tempranos desordenes provocados por los restos del extinto ejército del rey y los tímidos intentos de amotinamiento, animados por algunos oficiales realistas capitulados tanto dentro de la ciudad como en los pueblos y valles del interior. Todo ello, en medio de una situación de desconfianza y sospecha permanentes, ocasionadas por la existencia de notorias simpatías por el fenecido régimen colonial que manifestaban ciertos sectores de la élite local y por la pervivencia de cuerpos militares en actitud desafiante después de la batalla de Ayacucho en la fortaleza del Real Felipe del Callao y en el Alto Perú.

De ese modo, conforme se iban estableciendo las primeras instituciones y autoridades republicanas en el departamento, también se superaron los motines y conspiraciones que habían surgido al calor de la confusión y el desorden político; generado, por el repentino cambio en la dirección del gobierno de las provincias sur andinas, último bastión del gobierno virreinal en el Perú. Es decir, después de conocerse la noticia de la desaparición formal del régimen a consecuencia de su derrota en la «desgraciada» batalla de Ayacucho y de la posterior firma de una más bien favorable capitulación. Por otro lado, aquellas alianzas y vínculos sociales establecidos en el pasado entre destacados miembros del vecindario arequipeño y algunos jefes y oficiales del extinto Ejército español permanecieron casi inalterables. Se manifestaron en las circunstancias menos esperadas como en la ocurrida a principios de 1825 a raíz de la llegada a la ciudad de Arequipa de las alarmantes noticias relativas a la condena a muerte de dos oficiales del desaparecido ejército, los generales Pablo Echeverría y Baldomero Espartero, decretada por las autoridades bolivarianas.

Aunque tales relaciones no pudieron evitar la ejecución del general Echeverría, fueron muy importantes respecto al destino del futuro «Príncipe de Vergara», en especial, la participación del general Antonio Gutiérrez de la Fuente, el prefecto de turno. Era un antiguo oficial del Ejército español, a quien se consideraba uno de los miembros cercanos al círculo íntimo del Libertador. Durante los años de su administración, en varias ocasiones tomó decisiones claramente personalistas y, en apariencia, contrarias a los intereses del Gobierno bolivariano. Por ejemplo, la relativa a la devolución de las mercancías conducidas por la fragata francesa Ángel de la Guarda, implicada en un proceso de espionaje, y la liberación del brigadier Baldomero Espartero ⁶⁸ .

En definitiva, muchas de las conductas o comportamientos de personajes como Gutiérrez de la Fuente, el obispo Goyeneche y el propio abogado Antonio González, demuestran que en realidad la independencia no representó una ruptura radical con el pasado colonial, sino más bien un reordenamiento de individuos e instituciones en el marco del nuevo régimen, aunque sin perder de vista sus propios intereses personales, familiares o comunales tanto políticos como económicos, que anteponían a los intereses o necesidades del Gobierno bolivariano en el Perú, cuya autoridad comenzaría a resquebrajarse muy tempranamente en la ciudad a causa de su carácter centralista y autoritario que se manifestó a través de una permanente intromisión en la administración de justicia y en la persecución de destacados miembros de la comunidad intelectual arequipeña.