La muerte del gobernador Martín García Óñez de Loyola, de alrededor de cincuenta de sus soldados y de un par de centenares de yanaconas e «indios amigos» en el paraje de Curalaba a finales de 1598 a manos de los jefes indígenas Pelantaru, Anganamón y de sus konas, significó un verdadero parteaguas en la historia de Chile. No solo dio pie al alzamiento indígena más importante en los sesenta años de presencia europea en aquel territorio, que en cinco años terminó con la ocupación de la Araucanía, Valdivia y los llanos de Osorno, sino que llevó a que la Corona, con el concurso de sus agentes en el reino, estableciera una frontera fortificada en el río Bío-Bío, fundara un ejército profesional de dos mil hombres y decretara la esclavitud indígena.

Esas decisiones se derivaron de la compleja coyuntura marcada por el mencionado alzamiento, pero no solo de ella sino también de un proceso de comunicación política que es posible rastrear al menos desde una década antes y que se desplegó a través de informes, memoriales y peticiones remitidos desde Concepción y Santiago a Lima, y desde allí a la corte imperial castellana. De la mano de procuradores, oficiales militares y de los propios gobernadores chilenos se solicitó el envío de nuevas tropas y mayor financiamiento, pues se consideraba que estaba a punto de fracasar la manera en que hasta entonces se había combatido la resistencia indígena, con huestes vecinales apoyadas por tropas de refuerzo enviadas por los virreyes del Perú, que contaban con pocos hombres y recursos limitados. Problemas tácticos y logísticos hacían que esas formas de actuación militar fueran cada vez más ineficientes y eran rechazadas por los encomenderos, quienes además de estar obligados a participar en la guerra se constituían en sus principales financistas.

La esclavización de los indígenas rebeldes para dotar a los combatientes españoles de un incentivo para intensificar la ofensiva, junto con el establecimiento de un mecanismo de financiamiento estatal permanente para cubrir los gastos militares, al menos durante algunos años, eran las peticiones al mismo tiempo que las propuestas más recurrentes para acabar con el conflicto. Pero tales solicitudes obtenían poca o nula respuesta tanto de la monarquía en España como de sus representantes en Lima, que se limitaba a mandar algunos cientos de soldados cada cierto tiempo y a financiar la adquisición de pertrechos y armas, todo ello de manera discontinua, relegando una parte importante de la gestión de la guerra a los esfuerzos locales. Sin embargo, durante el año 1599, ante la rapidez y violencia que adquirió el alzamiento indígena, en aquellos aspectos como en muchas otras cuestiones, se produjo un cambió vertiginoso.

A pesar de ser considerado un reino pobre y alejado, Chile era un territorio que había que mantener por su importante valor estratégico, en particular, para proteger al virreinato del Perú de una posible invasión de los enemigos de España, por lo que en esa etapa crítica debía ser asistido con rapidez. Ello implicaba activar el reclutamiento de tropas en Lima y otras ciudades del Perú e incluso en otros territorios virreinales como Tierra Firme, Quito y Buenos Aires. En tales actuaciones, los virreyes desempeñaban un rol clave que también ejercían los agentes locales de la monarquía en cada lugar, más todavía en un contexto en el que las glorias de la época de la conquista americana se habían hecho anacrónicas y habían sido remplazadas por guerras fronterizas, difíciles de pelear y ganar, en las que pocos querían participar, pues se estaba produciendo un proceso de desmilitarización de la sociedad americana en plena marcha.

En este artículo se explora la coyuntura chilena del año 1599, cuando se extendió la sensación de que el Reino de Chile estaba a punto de «perderse» y de que había que asistirlo urgentemente con hombres, pertrechos y municiones no solo para superar la crisis militar y social producida por el alzamiento general indígena, sino también en la perspectiva de conservar ese territorio por razones estratégicas. Esto se daba en el marco de una monarquía poco preparada para ello y reactiva en sus decisiones, que, si bien una vez implementadas fueron capaces de solucionar algunos problemas en el corto plazo, al mismo tiempo se constituyeron en un anuncio de los que se producirían en años posteriores, que tuvieron que enfrentar instituciones levantadas al calor del combate contra los rebeldes indígenas como el Real Ejército de Chile.

A finales del siglo XVI, la guerra que hacían los españoles contra los mapuches rebeldes se desplegaba durante gran parte de la primavera y el verano chileno. Para ello, la movilización comenzaba con un llamamiento general de la población masculina adulta de todas las villas y ciudades del Reino de Chile, sin que nadie estuviera necesariamente exento de formar parte de las huestes que lideraban gobernadores, corregidores y otros oficiales militares. Al mismo tiempo, solía decretarse una «derrama», es decir, una contribución extraordinaria y forzosa de dinero, animales y alimentos, que se repartía a manera de prorrata entre los vecinos y moradores de las ciudades, principalmente de Santiago. A estos se les obligaba a aportar los elementos descritos según la disponibilidad de recursos y bajo pena de ser multados en oro a beneficio de la Corona ¹ . Asimismo, los asentamientos de los indígenas de encomienda, los llamados «pueblos de indios», eran los que, por lo general, contra su voluntad y mediante la violenta irrupción de soldados, contribuían con cereales y otros renglones alimenticios, con animales vivos y arreos, y con sirvientes o yanaconas, que usualmente eran raptados para cumplir dichas funciones ² .

Quienes marchaban a la guerra lo hacían de manera voluntaria y su organización guardaba una importante similitud con las huestes privadas de la conquista, aunque hoy sería más propio designarlas como huestes vecinales o, al decir de Jara, huestes indianas, con independencia de que muchas veces estuvieran encabezadas por el propio gobernador del reino y pasaran a constituir parte del llamado «campo real» ³ . Se armaban según la capacidad económica y militar de sus integrantes, y estaban formadas por hombres de distintas edades y condición social, a quienes, en general, no se les retribuía ni socorría con recursos fiscales, al menos de manera regular. Su concurrencia a la guerra, en particular la de los encomenderos, se hacía bajo la premisa de que tenían obligación de defender el suelo donde residían y en el cual tenían sus propiedades y encomiendas ⁴ . Aunque su movilización dependía de una disposición general que emanada de los gobernadores y de algunos de sus oficiales militares más cercanos, estaba lejos de constituir una fuerza única y centralizada que dependiera de un cuartel general y que tuviera una logística articulada.

Estas tropas se reforzaban con soldados que cada cierto tiempo, por lo general cada dos años, eran enviados desde el Perú u otros reinos indianos por los virreyes. En parte, esto se hacía gracias a la insistencia de los gobernadores chilenos, quienes a través de sus procuradores gestionaban dicho apoyo militar. Este se traducía en el levantamiento de banderas de enganche en Lima y otras ciudades del virreinato, con la promesa a quienes se alistaban de servir por un tiempo limitado y de abonarles por adelantado el salario de uno o dos años. Lo cierto era que a su llegada a Chile se encontraban con una Real Hacienda pobre, cuyos fondos apenas alcanzaban para proveerles de algunas armas blancas, ropa y, en ocasiones, de caballos, lo que significaba que una vez consumidos los recursos recibidos en el Perú debían arreglárselas por sus propios medios. En conjunto, los dos tipos de soldados, integrados en las huestes vecinales o indianas, alcanzaban un número de unos 400 o 500 hombres en armas por campaña. Eran apoyados por aliados militares, los llamados «indios amigos», que para esa época compartían tanto las funciones de apoyo logístico (como cargadores y sirvientes de los españoles) como la de guerreros, y que llegaban a un millar ⁵ .

En tanto, las ciudades del sur del reino, incluyendo Concepción y Chillán, vivían en una situación de guerra casi constante. Ello tenía por correlato que los habitantes de lugares como Angol, La Imperial o Villarrica estuvieran casi permanentemente sobre las armas, además de tener que procurárselas por sí mismos y, en lo ideal, armar a quienes estaban bajo su dependencia, como sus hijos o sus criados ⁶ . También los indígenas de encomienda, o aquellos con quienes estaban ligados de manera personal por relaciones de trabajo, podían ser armados en caso de tener que asistir a sus señores en el conflicto y, en particular, cuando los asentamientos o las fortalezas eran sitiadas. No obstante, dicha dinámica de estar «con las armas en la mano» la mayoría del tiempo o la propia concurrencia de las tropas del gobernador a Concepción no se traducía en una ofensiva española continua, pues, como ya se ha indicado, el enfrentamiento bélico se producía con preferencia en primavera y verano porque en la estación lluviosa la blandura del terreno y la densidad de los bosques y montes del sur chileno dificultaban la movilización de la caballería y los numerosos bagajes españoles.

De modo tal que durante ese periodo el «campo» español, es decir, la agrupación armada que hacía la guerra se deshacía y sus integrantes volvían a sus ciudades o villas de origen, donde asumían una posición defensiva, en particular los habitantes de las urbes sureñas, que permanecían atentos a los ataques de los mapuches, cuya movilización, por el contrario, se veía favorecida por esas circunstancias medioambientales ⁷ . Este conjunto de tropas de variopintos orígenes, características y financiamiento, además de su actuar en terreno, ha sido conceptualizado por Concha Monardes como un sistema de «coparticipación militar», que se mantuvo casi sin cambios desde el comienzo de la guerra contra los mapuches hasta el alzamiento general de 1598, produciéndose entonces modificaciones cuya génesis se tratará en este artículo ⁸ .

Los meses de otoño e invierno permitían a los españoles ocuparse con mayor dedicación de sus emprendimientos productivos, lo que en el caso de los propietarios de Chile central se fue ampliando cada vez más en el tiempo. Cabe recordar que a partir de la década de 1580 la ganadería y la agricultura se convirtieron en los ramos principales de la economía del reino, reemplazando a la minería del oro ⁹ . No obstante, la esquila, matanza y producción de sebo y cordobanes; la cosecha del trigo; o la vendimia y posterior elaboración de vino se realizaban en parte durante los meses en que la guerra se desplegaba con toda su fuerza en el distrito penquista y en la Araucanía, lo que contribuía a tensionar la relación de los encomenderos y terratenientes con el gobernador y la Corona ¹⁰ .

Además, el retorno a las villas o ciudades de donde había salido cada tropa llevaba aparejado otro problema. Si bien permitía a vecinos y moradores retomar sus actividades productivas, para los soldados que habían sido reclutados en el Perú especialmente para la guerra, los meses de inactividad militar eran tiempos de ocio y de carencia de recursos, dado que ya no eran alimentados ni abastecidos por los gobernadores o los jefes de las huestes. Para hacer frente a esta situación, algunos intentaban acudir al distrito de Santiago para reabastecerse de caballos, alimentos y yanaconas, que en la mayoría de las ocasiones eran producto del robo y del rapto, en el caso de los sirvientes originarios ¹¹ .

Quienes permanecían en la zona de conflicto quedaban a expensas del alojamiento que quisieran proporcionarles los vecinos de las ciudades del sur. Según el gobernador Alonso de Ribera

Por cuestiones de esta naturaleza, algunos, entre los que se contaba el capitán Domingo de Erazo en una de sus procuradurías ¹³ , se tomaron la libertad de sugerir que la solución más eficiente para poner término a la guerra era que esta se realizara por dichos soldados, agrupados en guarniciones fortificadas de servicio permanente. Junto con los pobladores de las villas y ciudades del sur de reino que los alojaban (que eran los principales interesados en conservar sus familias y haciendas), debían hacer una guerra localizada, conducida mediante ataques rápidos, certeros y por sorpresa. Sus objetivos tácticos serían desgastar a las parcialidades rebeldes, impidiendo su reorganización y evitando los contrataques y la reunión de grandes contingentes de enemigos que sitiaran y aislaran los asentamientos urbanos españoles ¹⁴ .

Esta forma de combate, que hace referencia a la llamada «maloca», calificada por Jara como el estilo guerrero del siglo XVII, no era desconocida para los españoles, en particular, y para los europeos, en general ¹⁵ . Recordaba a las cabalgadas o chevauchées, tan frecuentes en las guerras medievales, que pretendían saquear bienes, quemar campos de cultivo, sacrificar la ganadería y capturar esclavos, todo ello con el fin de hacer una guerra de desgaste que permitiera debilitar al enemigo sin comprometer grandes recursos ni contingentes en batalla, y cuya versión americana poco a poco se implementó en Chile hasta convertirse casi en pan de cada día ¹⁶ .

Para finales del siglo XVI la guerra en Chile llegaba a un punto crítico. Tanto los gobernadores como las elites representadas en los cabildos, y también los funcionarios civiles y militares de rango medio y superior daban cuenta de que las agotadas fuerzas españolas difícilmente podían seguir combatiendo con el tipo de organización militar existente hasta aquel momento. Si bien nadie parecía pensar en una rebelión que involucrara a toda o a una parte importante del territorio mapuche ocupado por los españoles, la persistencia y continuidad de la guerra obligaban a poner en conocimiento tanto de los virreyes del Perú como de las instituciones metropolitanas, entre ellas el Consejo de Indias y el propio rey, las inquietudes al respecto ¹⁷ . Es más, en la perspectiva de sus actores, este conflicto podía conducir al posible fracaso de la colonización en el sur del reino o, al menos, a una crisis que podría resultar terminal; sin contar con la extensión de la violencia a la zona central del Reino de Chile, un territorio que con sus recursos materiales y humanos financiaba en buena medida la guerra y en el que el temor a semejante desenlace era permanente ¹⁸ .

Dos eran las principales medidas que se debían adoptar para acabar con el conflicto, que intentaban impulsar quienes tenían voz en Chile, personal o institucional, incluyendo a la Iglesia. La primera era decretar la esclavitud de los indígenas rebeldes. Tal medida, planteada en memoriales enviados a España y ampliamente debatida en el reino, generaba un extenso consenso y concitaba solo unas pocas voces en desacuerdo. De hecho, la esclavización de los indígenas rebeldes se había implementado hacía varias décadas ¹⁹ : disfrazada como la entrega de encomiendas de indios sueltos; planteada como el traslado a modo de castigo de aquellos sospechosos de rebeldía potencial o simplemente a través del traspaso de uno o más indios entre españoles, evitando usar las palabras compra o venta en los documentos que daban fe de la transacción. Lo cierto es que la esclavitud o, dicho de otro modo, el servicio personal forzoso y perpetuo se hallaba extendido por todo el reino, desde donde incluso se llegó a exportar indios al Perú ²⁰ .

Más allá de los problemas de mano de obra rural y de señorío político que con esta decisión se pretendían resolver y que aparecen como marginales entre los argumentos de sus impulsores, la esclavitud se planteaba como un castigo por la contumacia de la rebeldía antiespañola y un incentivo para los soldados y «gente de guerra». Como captores de esclavos recibirían un beneficio directo por su venta, que les permitiría complementar los escasos recursos con los que contaban, impulsándolos no solo a apresar a los rebeldes y sus familias, sino también a llevar adelante una guerra más agresiva que pusiera fin al conflicto con la derrota indígena y el exilio de los capturados.

Algunos de ellos podían ser enviados al norte chileno como peones mineros, rememorando lo que en 1576 había hecho el gobernador Rodrigo de Quiroga, quien capturó un número aproximado de 300 indios de la zona de Arauco, a pesar de que no estaban alzados. Estos habían sido conducidos a La Serena y entregados a mineros y encomenderos de la zona para dedicarlos a la extracción de oro, gravada con impuestos que debían financiar la guerra ²¹ . A pesar de que el traslado tuvo lugar, parece que el proyecto del gobernador Quiroga no llegó a funcionar o, al menos, no existen evidencias de que se produjera un incremento del financiamiento militar del reino por esa vía. Al contrario, a finales del siglo XVI, la situación financiera era tan precaria como lo había sido desde el comienzo del conflicto, pero aun con esos antecedentes sobre la mesa se insistía en ello, quizás solo con el fin de reforzar los argumentos en favor de legalizar la esclavitud indígena ²² .

Junto al anterior, el modo más eficiente de apurar la derrota indígena era crear una fuerza armada costeada por la Corona, la cual debía levantarse a través de un reclutamiento mucho más grande que los realizados hasta entonces ²³ . Dado que la presión sobre la escasa población española y mestiza de Chile era ya muy elevada y que, según se argumentaba, quienes habitaban el Perú carecían de las nociones mínimas de disciplina y sentido del sacrificio necesarios para combatir en el país, los soldados debían proceder de la península en un «golpe de gente». Con esta expresión se hacía referencia a la llegada simultánea de varios cientos de hombres de guerra, en lo ideal un millar, listos para entrar en acción no solo por disponer del entrenamiento adecuado, sino por venir debidamente armados con cargo a los recursos de la Corona, que también «situaría» sus soldadas ²⁴ . Es decir, con las medidas propuestas se pretendía brindar un sueldo anual y estable a quienes tomaran parte en la guerra, además de algún emolumento a modo de bonificación a los que destacarán, lo que era conocido como una «ventaja» y era usual entre las tropas profesionales de la monarquía, como los soldados del Ejército de Flandes ²⁵ . Se estimaba que serían suficientes de dos a cuatro años para que estas tropas junto a las que ya luchaban en Chile, que llegaban a 400 a 500 hombres, derrotaran a los indígenas rebeldes.

Semejantes planteamientos, sin embargo, no nacieron al calor del alzamiento general indígena de 1598. Casi una década antes ya es posible encontrarlos entre las cartas, memoriales y peticiones que se enviaban al Perú y a España. En tal sentido, el procurador del gobernador Óñez de Loyola, el capitán Miguel de Olaverría, solicitó en el memorial que debía presentar al Consejo de Indias, firmado en la localidad de Rancagua y fechado en febrero de 1593, que: «sobre todo mande Vuestra Majestad que se sitúe sueldo suficiente para seiscientos soldados por dos o tres años, hasta que den los indios paz y se saque oro en las minas ricas que tienen ocupadas los indios de guerra» ²⁶ , que proporcionarían la mano de obra necesaria y debían volver a ser sometidos al servicio personal o a la esclavitud.

Aunque la propuesta recordaba la actuación de Quiroga, en esta ocasión era en las minas de Quilacoya, cercanas a Concepción, y en las situadas en las proximidades de Villarrica, en las que pensaba el capitán Olaverría ²⁷ . Esta era una posición que suponía un proceso complejo de reconquista de esas parcialidades y territorios y que implicaba inversiones y logística que, en general, la Corona no estaba dispuesta a asumir, dejando a los encomenderos locales nuevamente a cargo de la gestión minera y de los recursos que de allí pudieran obtenerse ²⁸ .

En 1593, a menos de un año de la llegada de Óñez de Loyola a la gobernación, en Chile se consideraba que en este corto espacio de tiempo había hecho todos los esfuerzos necesarios para someter la rebeldía indígena, pero que carecía del apoyo del virrey del Perú, don García Hurtado de Mendoza. Por ello, la única solución era adoptar una política de financiamiento militar estable, sin la cual no solo era imposible ganar la guerra, sino incluso seguir combatiendo. Así opinaban los principales comandantes militares del reino, entre los que se contaban Alonso García Ramón, Lorenzo Bernal del Mercado y Francisco del Campo. Reunidos en una junta de guerra con otros oficiales, fueron más allá incluso, planteando que el financiamiento fiscal incluyera el pago de los soldados y el de un conjunto de oficiales superiores, entre los que se contaba un maestre de campo, un alférez general, un sargento mayor y un número de capitanes de compañía que no determinaban ²⁹ . En dicha petición de dinero, que era solicitado por un plazo de cuatro años, se pueden percibir los rudimentos de un ejército, en la medida que se incluía una plana mayor encargada de coordinar esas fuerzas militares, por más que sus planteamientos tácticos, como es usual en los escritos que se han analizado, fueran de corto alcance.

No es posible saber si los argumentos esgrimidos, en particular los que limitaban a cuatro años el financiamiento militar, solo tenían como objetivo convencer a la Corona de que enviara tropas y «situara» su paga, para luego, y con esos soldados ya en Chile, seguir presionando con el fin de lograr su extensión en la medida que la guerra no se ganara o, en otros términos, que la rebeldía indígena persistiera. O si bien quienes manifestaban esas opiniones estaban convencidos de que con tales medidas podía llegar a su fin ³⁰ . La experiencia sugería que el conflicto era complejo, multifocal y derivado de las condiciones de dominio impuestas por los españoles, una de las cuales era la persistencia del servicio personal en sus versiones de peonización agrícola y minera de la población que hoy se conoce como mapuche, situación que ellos no estaban dispuestos a cambiar en caso de vencer, por lo cual la rebeldía tenía pocas posibilidades de cesar.

Después de los sucesos de Curalaba estas peticiones volvieron a adquirir fuerza ³¹ . Ya en enero de 1599, los oficiales reales de Santiago habían dado cuenta al rey de la pobreza de las cajas reales, a las que continuamente se exigían fondos para proveer de los recursos necesarios para la adquisición de caballos de remuda y provisiones para los soldados que sostenían la guerra desde Concepción y las ciudades de ultra Bío-Bío. En su opinión, el alzamiento que enfrentaba el reino solo podría ser contenido si al virrey del Perú, con caudales provenientes de «poner en cabeza del rey» las encomiendas peruanas que vacasen, se le ordenaba pagar un sueldo a los 400 hombres que servían en Chile, calculando en 70.000 pesos de ocho reales lo necesario para ello. Como parecía usual en este tipo de comunicaciones, aquellos oficiales reales argumentaron que la sola acción de financiar las tropas tendría el efecto virtuoso de acabar rápido con la guerra, pues si se premiaban sus esfuerzos los soldados tendrían un incentivo para luchar con denuedo, además de evitar que cayeran en la pobreza y el hambre, ya que sus raciones, ropa y armas también serían financiadas por la Corona ³² .

Por su parte, en abril de 1599, el Cabildo de Santiago se dirigió al rey dándole cuenta de la apurada situación militar y económica del reino. Puso en su conocimiento que desde antes del gran alzamiento de 1598 la capital de Chile y sus vecinos, precisamente los que eran representados por el Cabildo, se habían constituido en los principales financistas de la guerra, con lo que solo habían logrado empobrecerse. Al mismo tiempo, aportaban al menos un par de cientos de hombres armados, entre los que se contaban los propios encomenderos y sus criados, además de muchos indios de servicio. Por ello, solicitaban que se enviasen 1.000 soldados desde España con cargo al fisco ³³ .

Tal planteamiento partía de la idea de que quienes producían la riqueza, aquella que pagaba impuestos, además de movilizar recursos y hombres veían interrumpidas sus actividades productivas por tener que acudir en persona a la zona de enfrentamiento. Todo ello mermaba la producción agrícola y ganadera y, por consiguiente, debilitaba tanto a los terratenientes y encomenderos como a la propia Hacienda Real, situación más grave en un reino donde la presión sobre los recursos productivos y monetarios era particularmente elevada ³⁴ . En el marco del alzamiento general, semejante petición parecía encontrar mayor eco en las autoridades virreinales e, incluso, en aquellas radicadas en la península.

De modo que, en agosto de 1599, el Consejo de Indias, recogiendo las numerosas informaciones que en esa fecha le habían llegado desde Chile, entre las que se incluían las enviadas por Óñez de Loyola, por el virrey del Perú y por los gobernadores y otros funcionarios de Chile antes y después de la muerte del primero, aconsejó al rey que se enviaran 1.200 hombres, que debían ser pagados con fondos fiscales procedentes de las cajas peninsulares hasta el momento de su salida hacia el reino austral. Asimismo, como ya ha destacado la historiografía, se recomendó que se le ordenara al virrey del Perú que dispusiera de 60.000 pesos de ocho reales cada año, durante tres años, para financiar las pagas de estos soldados. El rey aprobó la recomendación y, más aún, elevó la cifra de reclutas a 1.500, considerando que al menos dos tercios de ellos deberían llegar a su destino ³⁵ . El cálculo del costo anual de estas tropas se hizo basándose en las peticiones de Óñez de Loyola, en las cuales se solicitaban 500 hombres venidos de la península y 30.000 pesos para su manutención, opinión que también compartía el ex gobernador Alonso de Sotomayor ³⁶ .

Después de los hechos de Curalaba y del alzamiento consiguiente, que durante 1599 devino en un movimiento rebelde de carácter general y puso en serio aprieto la colonización hispana de ultra Bío-Bío y aun de las zonas penquista y chillaneja, muchas cosas cambiaron de manera vertiginosa ³⁷ . En algún sentido, los hechos se aceleraron y con ello las peticiones de hombres, dinero y pertrechos se hicieron urgentes. Lo dramático de los acontecimientos parecía exigir que se actuara de consuno con ellos, por lo cual era necesario pasar de leer las peticiones y memoriales a decidir y actuar con rapidez en Chile, en el virreinato del Perú y también en la corte imperial. Se trataba de comunicar un «desastre» con las palabras precisas, las que impulsaran un involucramiento de la Corona, algo que hasta entonces no había sucedido. Ello implicaba usar argumentos que graficaran el caos que este hecho había producido, por lo que el de la inminente pérdida del reino era uno de los más apropiados ³⁸ . Más aun en un contexto donde la amenaza indígena era solo una de las que atenaceaban a Chile, pues el peligro de los corsarios o piratas extranjeros también se vislumbraba en el horizonte crítico de aquellos días. Este era un ejercicio de comunicación política en que los conceptos de lo que debería ser y los argumentos respecto de lo que estaba sucediendo se extremaban ³⁹ .

Una de las primeras acciones en tal sentido fue mandar procuradores a Lima, cuya misión era tanto comunicar lo sucedido como gestionar con urgencia el envío de tropas, pertrechos y armas para Chile ⁴⁰ . Uno de ellos fue el encomendero y regidor del cabildo capitalino Luis Jufré, quien llegó a Lima a mediados de febrero de 1599, donde se unió al contador de la Real Hacienda Jerónimo de Benavides y al general Pedro Lísperguer, un notorio encomendero de Chile central, quienes se encontraban en la capital virreinal desde hacía unos meses, enviados por el difunto gobernador Óñez de Loyola con idéntico fin ⁴¹ . Según el acta del Acuerdo General de Hacienda celebrado el 18 de febrero de 1599 y en el que participaron el virrey don Luis de Velasco, los oidores de la Real Audiencia y los oficiales de la Real Hacienda limeña, tanto Jufré como Benavides

Si se tiene en cuenta que Óñez de Loyola era el segundo gobernador al que habían dado muerte los guerreros de la Araucanía y que junto a él habían fallecido cerca de cincuenta hombres que representaban alrededor del diez por ciento de la fuerza militar española en campaña, se comprende el calado del golpe anímico que hacía imaginables los peores presagios.

Por lo anterior cualquier ayuda militar se hacía urgente. De lo contrario, según lo expresaba tanto el virrey don Luis de Velasco como otros importantes funcionarios de la monarquía en distintos puntos del virreinato, retomando los argumentos que llegaban desde el reino austral: Chile se perdería. Es decir, cesaría el dominio español sobre tal territorio. Ello implicaba que el camino hacia la invasión del Perú o la toma de la Villa Imperial de Potosí por alguno de los enemigos de España, como Inglaterra o las Provincias Unidas de los Países Bajos, se hacía peligrosamente posible (al menos en sus reflexiones) y con ello la debacle del Imperio indiano de Felipe III en el sur de América, consideración que en las últimas décadas del siglo XVI empieza a aparecer, cambiándose la visión de Chile de un territorio pobre y lejano, a uno de importancia estratégica ⁴³ .

Estas últimas peticiones de Chile llegaron cuando desde el virreinato, a instancias de los procuradores que ya estaban en Lima, se había autorizado la compra de un barco y de un conjunto de pertrechos para apoyar la gestión militar del gobernador Óñez de Loyola. Entre ellos se contaban 100 barriles de pólvora y 50 quintales de plomo, pero también hachas y rejas de arado que debían ser repartidas entre los vecinos de las ciudades de ultra Bío-Bío. Sin embargo, esto se había decidido sin información actualizada de lo que sucedía en Chile en esos precisos momentos, a casi dos meses de la muerte del gobernador, y con un alzamiento en pleno desarrollo y expansión.

En paralelo un nuevo refuerzo de tropas estaba siendo reclutado para el reino austral, como se puede apreciar por el compromiso que el 3 de enero de 1599 asumió Pedro de Recalde, quien se convirtió en fiador de Bernardo Arias, que estaba: «asentado por soldado en la compañia del capitan Jusepe de Ribera para el reino de Chile» ⁴⁴ . Esta no era una fuerza mandada a reclutar por el virrey, sino por el Cabildo de Lima, que esperaba alistar un centenar de voluntarios, aunque recién en sus actas de junio de 1599 aparece tratado el asunto y se oficializa el nombramiento de uno de sus alcaldes, el ya mencionado capitán José de Ribera, como comandante de esta compañía. Para su alistamiento, según lo plantearon los ediles limeños, se comprometían a entregar a Ribera dos mil pesos como ayuda de costa y mandar ropa a Chile para la vestimenta de sus soldados una vez que estos arribaran allí, a donde debían servir por dos años. La remuneración de tales hombres debía correr por cuenta fiscal, pues el cabildo carecía de dinero para ir más allá de lo comprometido ⁴⁵ .

Al menos desde enero de 1599 hasta agosto del mismo año se estuvo levantando hombres para dicha fuerza, como puede comprobarse por el documento citado y por otra carta de fianza que dio el fundidor y artillero Bernardino de Tejeda por su hermano Juan Jiménez solo un día antes que se embarcaran para Chile ⁴⁶ . Tal arco temporal, bastante amplio si se considera que en dichos meses se debía hacer todo lo posible para evitar que los soldados permanecieran alistados y no desertaran, puede explicarse considerando no solo la falta o escasez de voluntarios, sino también porque a mitad de febrero de 1599, y después de conocerse la muerte de Óñez de Loyola, desde el propio palacio virreinal se ordenó hacer una leva para Chile ⁴⁷ . Esta se puso a cargo de don Francisco de Quiñones, a quien se había designado gobernador interino del reino.

Según el auto en que se decretó, el reclutamiento debía ser de 300 hombres, a quienes se prometió un salario anual de 170 pesos de ocho reales (cifra bastante más elevada que la soldada habitual), además de ropa y nuevas pagas a su llegada a Chile. Todo ello a costa del fisco ⁴⁸ . Para realizar el alistamiento se nombró a varios capitanes de compañía, cada uno con la misión de reclutar 100 soldados para lo cual se les autorizó a levantar banderas de enganche en la ciudad de Lima y en los valles aledaños, privilegiándose dicho reclutamiento en desmedro del que hacía el cabildo. A pesar de ello, transcurridos dos meses el proceso de enganche arrojó un saldo de solo 60 reclutas, cifra bastante alejada de la que se había propuesto el virrey ⁴⁹ .

Con evidente desazón, el gobernador Quiñones escribió al rey sobre estos hechos y le advirtió incluso de que si se dilataba más la partida los hombres que había conseguido reunir no tardarían en dispersarse. Por tal razón, ordenó que fueran embarcados en el Callao durante los días de semana santa de 1599, de donde zarparon el 12 de abril. Manifestaba que dichos soldados no solo eran «desiguales y bizoños», sino también que el virrey no había «sido poderoso para otra cosa y aunque lo a procurado con particular aficçion y cuidado» ⁵⁰ . Difícilmente podía ser de otra manera, pues el desinterés de los posibles voluntarios en embarcarse para tomar parte en una guerra, que a todas luces parecía a punto de perderse y en la cual los beneficios a los que podían aspirar distaban de ser evidentes, se concretaba en la no concurrencia de los individuos que podían ser reclutados, que era la población española y mestiza tanto de Lima como de los parajes aledaños a la capital virreinal.

Dos meses más tarde, el Acuerdo General de Hacienda manifestaba que la población susceptible de ser alistada había estado muy reclamada en las semanas previas, pues se habían enviado tropas tanto a Panamá como a otros destinos. Ello sin contar los soldados que habían ido en la flota del general don Juan de Velasco custodiando los valores que se mandaban del Perú a la península por la vía de Portobelo. La suma de todos aquellos hombres ascendía a un total de setecientos ⁵¹ . En ese contexto, las tropas que se pudieran juntar en Lima eran insuficientes tanto por el escaso número de aquellos a quienes se lograba reclutar como por las urgentes necesidades militares chilenas, que requerían un fuerte aumento en la cantidad de combatientes.

De tal modo, a finales de marzo de 1599 don Alonso de Sotomayor escribía a Felipe III desde Panamá informándole de que el virrey del Perú le había solicitado que levantara quinientos hombres en su jurisdicción para enviarlos a Chile por la vía de Buenos Aires. Debían seguir el camino que, veinte años atrás, él mismo había descubierto para arribar a la jurisdicción de Santiago cruzando la cordillera de los Andes por la provincia de Cuyo ⁵² . Los voluntarios tendrían que buscarse entre los soldados que el propio virrey había enviado a Tierra Firme a bordo de la flotilla que llevaba los impuestos del Perú a España. Junto a ellos, otros sujetos que también podrían ser reclutados eran los españoles recién llegados de la península a Panamá. Algunos de ellos eran soldados y marineros de los navíos de la Carrera de Indias, que, al margen de su empleo, huían de sus barcos para asentarse ilegalmente en alguna ciudad americana como Portobelo o Cartagena de Indias ⁵³ . Estos contaban con cierta formación y experiencia militar aprovechables en Chile, aunque incluso esas condiciones eran requisitos que se podían obviar dado lo apurado de la situación.

Según la Real Audiencia de Panamá, fue el propio general Velasco quien levantó banderas de enganche, apuntando en particular a los pasajeros de los navíos llegados de España. El número de los reclutados no está consignado, al menos hasta la fecha de la carta, escrita en junio de 1599, pero los oidores panameños aseguraron que se seguían sumando soldados, por lo que calificaban un éxito la gestión de Velasco. No obstante, hubo que sortear un obstáculo que se repetiría cada vez que se llevó adelante una leva: el pago de los voluntarios tanto en el momento de engancharse como durante el periodo de tiempo que debían esperar hasta su trasladado a Chile. Los recién llegados de España, debido a su pobreza

Tal socorro se resumía en la paga del salario que ganaba en uno o dos años un soldado de presidio, es decir, entre 100 y 130 pesos de ocho reales de plata.

Por su parte y algunos meses después, en Quito, el corregidor de la ciudad, don Diego de Portugal, acusaba recibo de las órdenes virreinales para reclutar gente de guerra para Chile. En noviembre de 1599, dicho funcionario, destacando los méritos que le cabían y el peculio personal que había gastado en mantener a quienes se reclutaron, informó al rey de que solo un mes después de recibir las instrucciones de Lima había logrado enganchar a

Portugal los condujo personalmente hasta la isla Puná en el distrito de Guayaquil, a más de 270 kilómetros de su lugar de partida, desde donde, una vez reabastecidos, debían continuar su viaje hacia el Perú y de allí a Concepción ⁵⁶ . Como era usual en estas comunicaciones, Portugal destacaba que la mala fama de Chile había sido uno de los principales escollos para juntar a los reclutas y que se había visto obligado a alimentar y pagar sus sueldos para evitar su deserción ⁵⁷ . Fue haciendo lo mismo hasta dejarlos en Lima, a donde llegaron en noviembre de 1599. Allí tomó el mando el coronel Francisco del Campo, y los reclutas fueron enviados directamente a socorrer la ciudad de Valdivia.

El corregidor manifestó que la mayor parte de los dineros empleados había salido de su propio peculio, con lo que pretendía demostrar los sacrificios en que estaba dispuesto a incurrir para servir a la monarquía, esperando (sin formularlo expresamente) ser premiado por ello. Su declaración fue cuestionada por el presidente de la Real Audiencia de Quito, el licenciado Esteban de Marañón. Dicho funcionario consignó que el costo de tal leva había ascendido a más de 30.000 pesos, que se habían conseguido mediante un préstamo de los particulares, que en abril de 1600 se iba cancelando con recursos procedentes de las cajas reales quiteñas. Además de implicar un gran desembolso para la Real Hacienda local, la cancelación de aquella deuda se tradujo en la carencia de recursos para cubrir los impuestos que debían remitirse al Perú ⁵⁸ , argumento que se repetiría en comunicaciones posteriores, pero que no es posible demostrar desde el punto de vista contable ⁵⁹ .

Mientras tanto, durante todo año 1599 y el siguiente en la Ciudad de los Reyes el virrey seguía intentando obtener más recursos y soldados para enviar a Chile, además de constituirse en el principal informante de la corte respecto de lo que pasaba en el reino austral, en desmedro de las comunicaciones enviadas por los gobernadores, los oficiales militares o por los cabildos chilenos. Según Araneda, todo ello fortaleció el poder de don Luis de Velasco frente a sus subalternos ⁶⁰ . En cualquier caso, esto era algo que hubiera sido imposible si Velasco no hubiera adoptado el conjunto de medidas que tomó para intentar acabar con el alzamiento, incluyendo el envío de un nuevo gobernador y, más tarde, su reemplazo por el capitán Alonso García Ramón, un militar que contaba con amplia experiencia en la guerra chilena.

En ese contexto, el 18 de junio de 1599 el Acuerdo General de Hacienda aprobó el envío de 500 infantes, que debían ser reclutados en Lima y en aquellos lugares del Perú que el virrey dispusiera. Reconociendo, como antes se apuntó, la dificultad para juntar ese número, pero al mismo tiempo consciente gracias a las nuevas comunicaciones llegadas desde el sur, que podían resumirse en una intensificación de los ataques mapuches a los asentamientos rurales y las villas de ultra Bío-Bío, el despoblamiento de estas y de algunas casas-fuertes, junto a la muerte de más de 100 españoles, sin contar los heridos, desplazados y cautivos ⁶¹ , no quedaba más remedio que tomar dicha decisión ⁶² .

La decisión no solo venía a avalar lo que el virrey había mandado unos meses antes, sino que al comprometer el apoyo de los oficiales reales se garantizaba que el financiamiento de dichas levas estuviera asegurado. Con ello los equilibrios políticos se resguardaban en la medida que el virrey, la Real Audiencia y los administradores de la Real Hacienda concurrían a la adopción de la mencionada decisión, siempre compleja, pues cada vez con mayor urgencia las cajas reales se veían compelidas a desviar importantes sumas de dinero para sustentar la guerra de Chile lo que, de una u otra manera, respondía a las peticiones que desde hacía casi una década se realizaban de aquel reino.

En los días posteriores al Acuerdo General de Hacienda, se designaron en Lima nuevos capitanes de leva, que se encargarían de reclutar a los hombres que todavía quisieran sumarse a la campaña militar chilena. Asimismo, se enviaron mensajeros a distintas ciudades peruanas trasmitiendo a sus corregidores órdenes de proceder al alistamiento del número de soldados que pudieran. Deberían enviarlos a la capital virreinal, desde donde se dirigirían hacia el sur. Para principios de noviembre de 1599 el número de reclutados se elevaba a 830, que se habían alistado en Arequipa, Huamanga, Huánuco, Trujillo y Tierra Firme ⁶³ . Además, se esperaban noticias de Paraguay, donde también se habían levantado banderas de enganche, mientras que desde El Cusco marchaban 120 hombres al mando del capitán Francisco de Loaiza ⁶⁴ .

Estos soldados eran, sin ninguna duda, el mayor refuerzo que se había hecho llegar a Chile desde el comienzo de la ocupación española. De una u otra manera, quedaba patente el nivel de preocupación de los altos funcionarios del virreinato incluidos los oficiales de la Real Hacienda, que se mostraban dispuestos a inyectar recursos tanto para el reclutamiento de soldados como para el envío de indumentaria, alimentos, pertrechos militares y artillería. También para pagar a los militares incluso más de lo que habitualmente se abonaba a quienes servían en los presidios de la Corona a lo largo de América, como un incentivo necesario mediante el cual compensar, aunque fuera en parte, los recelos de aquellos a quienes se intentaba reclutar.

Aquellas tropas fueron llegando paulatinamente a Chile e incorporándose a la lucha contra la rebelión. Su número, en unión de los que ya peleaban en el reino, logró elevarse a más de un millar de soldados el año 1600. Si bien para el «golpe de gente» solicitado habría que esperar, se trataba de un número de hombres y de recursos nunca visto hasta entonces, pues junto a aquellos se recibieron vestimenta, pertrechos y dinero por importe de 60.000 pesos. Junto con los 157 soldados que condujo el gobernador Alonso de Ribera desde la península, a los que deben sumarse los 326 que llegaron a cargo del capitán Juan Martínez de Leiva en 1601, el conjunto podría considerarse el rudimento de lo que sería el Real Ejército de Chile, aunque habría que esperar tanto para su profesionalización como para su permanencia, como lo ha planteado Vargas Cariola ⁶⁵ . De momento, lo necesario era derrotar la rebelión, aunque cada vez parecía más evidente que por su violencia, extensión y por sus consecuencias para la colonización y las vidas españolas tardaría todavía bastante más de tres o cuatro años en ser definitivamente extinguida. Por ello, la organización de una fuerza militar permanente y «situada» por la Corona parecía ser la decisión que se consideraba como más adecuada, dada la coyuntura de los últimos años y el diagnóstico de la situación militar, económica y social de Chile.

A finales del siglo XVI la conducción de la guerra que se hacía en los territorios sureños de Chile estaba encargada a las tropas vecinales procedentes tanto de Santiago como de las villas de Chillán, Concepción y de ultra Bío-Bío. Dichas agrupaciones militares recordaban más a las antiguas huestes de la conquista que a un ejército propiamente tal, más aún cuando su financiamiento y el de las armas y caballos de sus hombres corría, de una parte, de lo proporcionado por los encomenderos y, de otra, de las obligatorias prorratas y derramas de alimentos y otros bienes. En este esquema, la Corona se hacía presente mediante el envío de tropas de refuerzo desde el virreinato del Perú, que eran pagadas con recursos fiscales, al menos hasta que se embarcaban hacia Chile, después de lo cual los soldados quedaban entregados a la generosidad de las elites locales, a los recursos que pudieran allegar mediante la captura de esclavos y a algún socorro eventual mandado por los virreyes limeños. El gobernador junto a los corregidores y otros oficiales militares, designados al efecto, dirigían aquellas tropas, combinando su actuación entre las ofensivas de la época estival y la reacción defensiva de los asentamientos urbanos y rurales españoles durante el invierno.

Esta forma de conducir la guerra parecía haber llegado a un punto crítico. El enfrentamiento se producía en un reino agotado económicamente, con una población hispano-mestiza sometida a una presión extrema y con recursos escasos y discontinuos. Todo ello permitía presagiar lo imposible del triunfo, a menos que desde la Corona se inyectaran hombres y recursos fiscales recolectados en la península o en el Perú, aun cuando fuera solo por algunos años. Ello permitiría revitalizar la ofensiva española, en particular si iba de la mano de una entrada masiva de soldados al reino, «un golpe de gente», que debía sumar varios cientos y quizás un millar de combatientes. Un sueldo para las tropas y la posibilidad de esclavizar a los rebeldes fueron las demandas que, al menos desde el comienzo del gobierno de Martín García Óñez de Loyola, se esgrimieron en peticiones y memoriales para acabar con rapidez la guerra. Estos eran escritos y firmados tanto por los gobernadores y sus principales capitanes como por las elites representadas en los cabildos, a quienes interesaba dejar la guerra en manos de profesionales para poder ocuparse de sus actividades productivas y comerciales. Las suscribieron también los oficiales de la Real Hacienda y los miembros de la jerarquía de la Iglesia, si bien no faltaron entre ellos quienes se opusieron a la esclavización de los indígenas, algo que ya se había producido desde hacía años.

La muerte de Óñez de Loyola dio un giro inesperado a los acontecimientos. Los tiempos se aceleraron y las peticiones de tropas y financiamiento para pagar hombres, pertrechos y municiones se hicieron urgentes. Chile podría «perderse», del mismo modo en que el gobernador había perdido la vida. Tal peligro parecía evidenciarse no solo por la extensión del alzamiento a todo el territorio del sur del Bío-Bío, sino también a Chile central, dejando el camino expedito a la violencia maloquera mapuche y a los enemigos europeos de España, que con ello podrían tener fácil acceso a la Villa Imperial de Potosí y a la propia Lima. En definitiva, era el futuro de una parte importante del Imperio lo que se estaba jugando en la frontera chilena.

La situación requería un rápido envío de procuradores, sobre todo, a la corte virreinal. Del virrey se esperaba un socorro inmediato o, al menos, en un plazo breve. No obstante, las comunicaciones de don Luis de Velasco y de los funcionarios a quienes se encargó el reclutamiento de tropas para Chile en sus diferentes jurisdicciones, mostraban a una monarquía a la que se exigía un esfuerzo militar pero que estaba poco preparada para responder a tales presiones. Lo anterior por los conflictos que los Habsburgo debían enfrentar en Europa y que se desplegaban en América, como peligro potencial o real, mediante la presencia de las flotillas inglesas u holandeses que amenazan su preeminencia y la necesidad de proteger tanto el oro que se mandaba a España como ciertos puertos estratégicos; o bien por los enfrentamientos contra distintos grupos étnicos, como pijaos, chiriguanos, guaraníes y mapuches, que ponían en entredicho la colonización hispana y tensionaban sus fronteras interiores.

En ello, si bien un factor importante era el número existente de hombres susceptibles de ser alistados, que debían proceder de la población hispana y mestiza (aunque legalmente solo los españoles podían servir en los ejércitos de la monarquía), muchos de ellos ya habían sido reclutados para ejercer distintos destinos en los meses previos al desastre militar que se enfrentaba en Chile. Pero otro elemento a considerar era la carencia de un estamento específicamente militar en los territorios virreinales en general y en Lima en particular, a excepción de las tropas de presidio de ciertos puertos, como El Callao, y de algunos oficiales militares y antiguos soldados que concurrían a la corte virreinal en busca de prebendas y premios; por lo cual la mayoría de los hombres aptos para ser reclutados eran civiles sin experiencia ni expectativas militares.

Más aun, esto se daba en un contexto donde, a excepción de las fronteras de guerra contra el indígena, la colonización europea se había asentado dejando atrás los episodios de violencia militar directa, lo que implicaba que quienes migraban desde España, así como los españoles y mestizos hispanizados que nacían en América esperaban desarrollar sus vidas ya fuera en la ciudad o en el campo, en un empleo o una actividad alejada de la violencia bélica y fronteriza.

Esto tampoco debiera extrañar tanto, pues la propia conquista se hizo con una minoría de militares profesionales o, incluso, de individuos que contaran con experiencia en el campo de las armas, como han demostrado los estudios de Góngora para Tierra Firme, Lockhart para el Perú o Grundberg para México ⁶⁶ . Marineros, artesanos y labriegos eran la mayoría de quienes integraban las huestes indianas y ellos, junto a algunos hidalgos y hombres de armas, fueron quienes siguieron migrando hacia Las Indias. En consecuencia, para la población civil del virreinato peruano la guerra constituía una realidad cada vez más alejada de su cotidianeidad, relegada a las alejadas fronteras del sur de Chile, a los sectores montuosos de las tierras bajas charqueñas y a los valles andinos neogranadinos. Esto indicaba que, contrariamente a lo que sucedía en los tiempos en que la conquista militar y la organización de «entradas» a territorios inexplorados eran el pan de cada día, sumarse al esfuerzo militar emprendido contra los indígenas no era una exigencia perentoria para vivir en el Perú.

Si en Europa la guerra se iba dejando cada vez más en manos de profesionales, entre los que se incluía a los soldados que adquirían dicho oficio, sus oficiales provenientes de la alta y baja nobleza, los hidalgos, quienes pasaron como ha planteado Thompson de una práctica militar heredada como en el medioevo a una aprendida ⁶⁷ . Todo lo cual provocaba una división ideológica, cultural y física entre el soldado y la sociedad que lo sostenía, lo que tenía como consecuencia la desmilitarización de esa misma sociedad, proceso que bien puede extenderse a América. Las peticiones de los cabildos, funcionarios y particulares para que se situaran pagas y se llevaran hombres a Chile parecen dar buena cuenta de ello.

En cambio, para las autoridades y los altos funcionarios la guerra fronteriza y en este caso la chilena, junto a otras exigencias de defensa, estaba mucho más presente, pero si bien el envío de alimentos, ropa, pertrechos y armas dependía de los recursos que se pudieran allegar, el reclutamiento de tropas era algo bastante más complejo. Sobre todo, en una época en la que todavía se privilegiaba la voluntariedad de los enganchados y en la que únicamente como medida extraordinaria se ofrecían conmutaciones de penas aflictivas a cambio de servir como soldados o la recluta directa de delincuentes y otros sujetos que hubieran violado la ley. Por ello, era necesario redoblar los esfuerzos cuando había que conseguir soldados con urgencia, como se planteó en el caso del alzamiento mapuche de 1598.

Esto no solo implicaba multiplicar las comunicaciones desde Lima con las diferentes ciudades del virreinato, también requería la inversión de ingentes recursos para sostener dichas tropas en el tiempo, al menos hasta que la ola rebelde chilena redujera su intensidad. Esta era una discusión de mayor aliento, pero que era necesario establecer con premura, sobre todo considerando la seguidilla de derrotas hispanas y las noticias cada vez más preocupantes del retroceso de la colonización a las márgenes del río Bío-Bío, la masiva captura de cautivas y cautivos y la muerte de cientos de colonos y soldados. En las acciones de reclutamiento que lograron llevar a más de un millar de hombres en 1599 y en la discusión sobre «situar» su paga, la que se hacía en Chile, el Perú y la propia España hay que buscar parte importante de los factores que permitieron levantar en 1602 un ejército para el reino de Chile, institución que heredaría parte importante de los problemas y visiones que en esta coyuntura se desplegaron respecto a la forma de hacer la guerra.