Para Fernando VII la independencia de sus dominios americanos era inconcebible. ¿Cómo era posible que se desintegrara un imperio de siglos sobre el que tenía legítima soberanía? Tras terminar con la primera experiencia liberal en 1814 priorizó la pacificación por las armas para reconquistar los territorios perdidos y mantener los que aún permanecían leales. La gran expedición dirigida por Pablo Morillo en 1815 fue la máxima realización, aunque no lograría sus objetivos. El siguiente intento de envergadura, destinado a la reconquista de Buenos Aires, fue abortado a comienzos de 1820 por el pronunciamiento de Riego, un oficial que se negó a embarcar hacia América y que removió la oposición de amplios sectores de la sociedad a la política absolutista forzando al rey a jurar la Constitución de 1812 el 7 de marzo ¹ .

Inmersos en otros asuntos más inmediatos, los gobiernos de Fernando VII durante la Década Ominosa no priorizaron la posibilidad de recuperar los territorios perdidos en la América continental. Una mirada a la realidad podría explicarlo: el contexto internacional en que primero los Estados Unidos y luego Gran Bretaña acabarían reconociendo las independencias, y los procesos internos de los países que ya trabajaban para reconstruir su vida republicana. Aun así, se llevaron a cabo intentos de recuperar los dominios perdidos. Ocupación y recuperación de territorios son parte de la dinámica de los conflictos bélicos, de ahí que, en la literatura académica sobre las independencias hispanoamericanas, bajo la cobertura de «reconquista» se alberguen investigaciones genéricas que tratan la guerra desde los parámetros de historia militar. La historiografía ha punteado casos de reconquista (que en ocasiones toma el nombre de «pacificación») desde Nueva España al Río de la Plata y Chile. En esta propuesta se han tomado como referentes algunos trabajos que sí entran de lleno en la reconquista, entendida como la recuperación de una plaza, provincia o reino perdidos previamente. En una aproximación tradicional, que sigue los acontecimientos desde un enfoque político y militar, Edmundo Heredia levanta un mapa de distintos proyectos y realizaciones entre 1810 y 1818, en que entrecruza la política española con los intereses de las potencias, y se focaliza en iniciativas privadas que contaron con apoyo del rey y los gobiernos; desde otro planteamiento, Marchena se propone superar ese relato desde una perspectiva crítica a las circunstancias políticas de las expediciones de reconquista desde 1815 hasta 1820 y proporciona una extensa bibliografía final que permite advertir esa argamasa entre guerra, pacificación, y reconquista ² .

La expedición de Pablo Morillo se reconoce como la de mayor calado de todas las enviadas a América desde 1808 por sus implicaciones políticas, los efectivos que reunió, y porque tuvo una dimensión geográfica que alcanzó a la Capitanía General de Venezuela y al virreinato de Nueva Granada ³ . A partir de entonces la falta de medios, la inestabilidad interna, la atención a problemas inmediatos y el juego de la política internacional ralentizaron el envío de recursos militares imprescindibles para ganar la guerra. Malamud incidió en la cuestión clave de cómo se financiaron los planes de reconquista a través de la Comisión de Reemplazos, que se mantuvo hasta 1826 y que tenía como objetivo buscar recursos para aprovisionar las expediciones ⁴ . Avanzado el proceso de independencia, ni las instancias de poder del Trienio Liberal, que barajaron la alternativa de negociar con los disidentes, ni las de la Década Ominosa estuvieron dispuestas a reconocer la separación. Fontana remite a las actas del Consejo de Ministros para advertir cómo el Gobierno mantenía ilusiones de reconquista que carecían de fundamento, «cualquier noticia, cualquier rumor, eran acogidos por los gobernantes españoles con un entusiasmo irracional» ⁵ . Los planes de reconquista de los territorios ganados por los insurgentes, aunque con excepciones como el caso de México en 1829, quedaron en intentos sin pasar en la mayoría de las ocasiones de ser sueños para mantener un imperio perdido ⁶ .

Un acercamiento a modo de estado de la cuestión sobre los planes de reconquista desde perspectivas distintas y con una considerable distancia temporal, lo proporcionan Jaime Delgado y Andrea Rodríguez Tapia, que sitúan la política americana en las coordenadas internacionales y desentrañan el juego de poderes para mostrar la falta de criterios unánimes a la hora de tratar el problema americano para centrarse ambos en la reconquista de México, que sí ha sido exhaustivamente tratada ⁷ . Delgado concluye que durante el Trienio los planes de reconquista fueron relegados por razones internas, pero que tan pronto como Fernando VII recuperó los poderes absolutos los proyectos reconquistadores cobraron fuerza y fue el de México (1828-1829) el que concitó los mayores esfuerzos ⁸ . Para Rodríguez Tapia la reconquista no fue un objetivo prioritario, aunque estuvo en la agenda de las instancias de la Década Ominosa. Pocas iniciativas recibieron el apoyo definitivo del Consejo de Ministros, en el que los secretarios de Hacienda ponían sobre la mesa la falta de recursos para financiarlas ⁹ .

A pesar del tiempo transcurrido y de su enfoque «tradicional», la investigación de José María Mariluz Urquijo ha servido de piedra de toque en esta propuesta, porque, aunque se interesa por la reconquista del Río de la Plata, hace referencia a otros planes que tuvieron al virreinato del Perú como escenario ¹⁰ . El plan de reconquista del Perú en que se centra este trabajo, promovido por los criollos realistas Francisco y Juan Manuel Viola y Mariano de la Torre y Vera, que, alentados inicialmente por Pedro Antonio de Olañeta, un comerciante de origen peninsular arraigado en la Audiencia de Charcas, movieron resortes en el Gobierno y contaron con la aquiescencia del rey. No fue el único, pero sí el que en mayor medida comprometió a agentes privados e instancias oficiales. Mariluz Urquijo remite a otros proyectos más efímeros y volátiles que no llegaron a concretarse, que no obstante muestran que existió un caldo de cultivo favorable a la reconquista de territorios perdidos. En septiembre de 1820 Rafael Gravier del Valle presentaba al ministro de Ultramar un escrito sobre cómo reconquistar el Río de la Plata y Chile que se extendía al Perú. Una persona designada por el Gobierno debía instruir e involucrar al virrey en Lima y conseguir la participación de líderes opositores al poder establecido en Chile y la Banda Oriental. Gravier conseguía la implicación del Gobierno y el aval del embajador en París, duque de Fernán Núñez, y el engranaje se ponía en marcha con el alistamiento de un buque en que embarcaba rumbo a Puerto Rico con el propósito de pasar a México y desde allí organizar la siguiente etapa reconquistadora en la América meridional. En este punto el plan perdía pie al desentenderse el Gobierno y dejar a Gravier en la estacada ¹¹ .

El marino Félix D´Olhaberriague y Blanco contaba con una reconocida trayectoria cuando el 20 de noviembre de 1820 salía del puerto del Callao, sitiado por la escuadra de la Expedición Libertadora comandada por el almirante Cochrane. Desde Madrid fechaba el 19 de junio de 1821 una propuesta para neutralizar la ofensiva de San Martín. La escribía desconociendo que se había producido la deposición del virrey Pezuela, al que criticaba por su inoperancia para hacer frente a los insurgentes, y que Lima ya había sido ocupada. Su proyecto requería la previa recuperación de Chile, y para su éxito había que aprestar una flota que saldría de Cádiz o el Ferrol en octubre, en la que viajaría el que sería nuevo virrey del Perú. Para llegar a su destino final debería bordear el Cabo de Hornos y recalar en Chiloé, donde aprovisionaría a los españoles que allí resistían de armas y municiones. Estaba convencido de que la reconquista de Chile sería facilitada por todos los realistas derrotados en Chacabuco y Maipú y, por descontado, por el ejército acantonado en el Alto Perú ¹² . De nuevo el proyecto no pasaría de la intención y el plan se diluiría entre otros asuntos más perentorios. Pero su fiabilidad no mermaría y junto a otro marino conocedor del Perú, Dionisio Capaz, sería comisionado para la compra de buques de guerra en Francia entre diciembre de 1821 y marzo 1822 ¹³ . D´Olhaberriague sobreviviría a los avatares políticos del Trienio y la Década Ominosa y durante la Regencia de María Cristina ocuparía altos cargos relacionados con la Hacienda.

En 1828, cuando el engranaje del régimen absolutista basculaba hacia la moderación tras ser agostado el levantamiento de los agraviados ultras en Cataluña, a pesar de las conspiraciones liberales, y cuando se había dado el visto bueno a la expedición de reconquista de México, convergían nuevos episodios relacionados con una ya utópica reconquista del Perú. Uno de ellos tenía como escenario la República de Bolivia y su ejecutor era Francisco Xavier Aguilera, un oficial realista nacido en Santa Cruz de la Sierra que inició la carrera de las armas en 1810 y tuvo una larga trayectoria de combate contra los insurgentes y los cabecillas de las llamadas «republiquetas» de Charcas. Fue gobernador de Santa Cruz y de las provincias de Mojos y Chiquitos y mantuvo relación con Pezuela cuando este fue jefe del Ejército del Alto Perú y después virrey. Estuvo al lado de Olañeta desde que en diciembre de 1823 se levantara contra el virrey La Serna y los altos oficiales a quienes consideraba traidores a la causa del rey absolutista. Mantuvo una posición ambigua en su alineamiento con el virrey y con Bolívar y Sucre, y cuando Olañeta murió en Tumulsa el 1de abril de 1824 quedó desarbolado y a merced de sus enemigos de distinto sesgo ¹⁴ . En 1826 se perdía su rastro hasta que el 28 de octubre de 1828, tras salir de su refugio en la selva amazónica, encabezaba una operación «suicida» de reconquista en nombre del rey, sobre la que casi no se han localizado datos. Apenas se sostuvo cuatro días antes de ser apresado y ejecutado ¹⁵ .

Desde Río de Janeiro el representante español José Delavat y Rincón daba cuenta al secretario de Estado de algunas notas entrecortadas sobre la singladura de Aguilera. Cuando en junio de 1825 conocía la muerte de Olañeta, al que elogiaba, depositaba su confianza en el general Aguilera, que mantenía fidelidad al rey y que resistiría si se le unía alguna tropa ¹⁶ . Solo se daba por enterado de su muerte por impresos de Buenos Aires un año después del desenlace de su acción de reconquista. Al parecer, escribía al primer secretario de Estado, el que fuera gobernador de la provincia de Santa Cruz de la Sierra había logrado reunir algunos partidarios de la Corona y capitaneándolos tuvo un enfrentamiento con una división de las tropas de la República de Bolivia en un punto llamado Campo Grande. Fue derrotado, resultó herido y la fuerza que mandaba se dispersó ¹⁷ . También en 1828 el rioplatense Cecilio de Álzaga pergeñaba desde Cádiz, y proponía a la Secretaría de Hacienda, un plan interregional de reconquista, del que de nuevo el Perú sería parte. Su padre, Martín de Álzaga, había sido un comerciante de éxito, defensor de Buenos Aires durante las invasiones británicas, que había sostenido posiciones realistas en los inicios de la insurgencia en Montevideo y Buenos Aires. Cecilio de Álzaga siguió su senda y en 1814, cuando Montevideo fue ocupado por los independentistas, se estableció en Río de Janeiro, donde colaboró con el representante de España y trazó diversos intentos de reconquista del Río de la Plata. En 1819 se había establecido en Cádiz como un próspero comerciante, sin abandonar sus intenciones de combatir por la causa del rey. La historiografía ha tratado su escrito de enero de 1825, Apuntes sobre la Revolución de Buenos Aires y medios para sofocarla por sus mismos secuaces, que llegó al Gobierno y fue archivado por considerarse disparatado y desconocedor de la realidad americana. Volvía a intentarlo en 1828 enviando al secretario de Hacienda de Indias un proyecto para la reconquista del Perú encubierto bajo el señuelo de una compañía mercantil titulada «de Chiloé», que fue sopesado, pero tampoco cristalizó ¹⁸ .

A comienzos de 1832 Mariano Torre y Vera, como canónigo de Lima, teniente vicario del ejército realista del Perú y auxiliar nombrado del arzobispo de Charcas, en cuyo carácter fue comisionado regio «a la Pacificación del Perú el año 1825», requería la revisión de su caso. Correspondía ocuparse de ello a Tadeo Calomarde, secretario de Gracia y Justicia, que solicitaba a las demás secretarías le enviaran los documentos sobre el asunto para su centralización ¹⁹ . El 9 de mayo Torre y Vera se daba por enterado y rogaba que se cumpliera la instrucción de Calomarde. Era un paso más hacia ninguna parte. A mediados de ese mes se atendía su demanda, pero para su desgracia desde el Ministerio de Gracia y Justicia se hacía constar que no podía considerársele comisionado regio porque el nombramiento debía aparecer, y no aparecía, en el Expediente de Pacificación. Así lo confirmaba el Consejo de Ministros: Torre y Vera no había recibido «misión especial de pacificador ni conquistador» ²⁰ . Todavía en 1833 el asunto pasaba al secretario de Estado y al Consejo de Indias, sin que se ocuparan de resolver sobre el expediente que podría devolver a Torre y Vera los prestigios y honores que creía merecer ²¹ . Una canonjía en Toledo sería lo más a lo que pudo llegar un hombre al que la lealtad al rey desde una posición absolutista, y la ambición por conseguir reconocimientos y premios habían conducido al sueño irrealizable de reconquistar no solo el virreinato del Perú, sino todos los territorios que le habían pertenecido antes de la creación del virreinato Río de la Plata.

El origen se remonta a enero de 1824 en el Alto Perú, donde se gestaba un plan de reconquista que se desplegó en 1825, cuando después de la derrota de Ayacucho se consideraba que todo estaba perdido. Pedro Antonio de Olañeta, que ya conocía el retorno al absolutismo en España, comisionaba al coronel Juan Manuel Viola para informar de la «insubordinación» del virrey La Serna y pedir ayuda para defender los derechos del Rey legítimo. En la metrópoli encontró apoyo en su hermano, el comerciante Francisco Viola, que como se tratará, tenía razones para renegar de la política del liberalismo y que a su vez conectó con Mariano de la Torre y Vera, de probada trayectoria realista y legitimista, que se encontraba en la Corte solicitando mercedes y ofreciéndose a retornar al Perú para defender la causa del rey. Era en principio una iniciativa privada que contaba con el aval, al menos tácito, de hombres influyentes, entre ellos el exvirrey Pezuela, que además de su filiación ideológica, tenían motivos para estar resentidos con La Serna y los altos oficiales del ejército.

La puesta en marcha coincidiría con la llegada a Algeciras, el 4 de mayo de 1825, del coronel José María Casariego a bordo de la corbeta Ica con documentos que le había entregado La Serna y la comunicación oficial de la derrota de Ayacucho ²² . Posiblemente esta noticia influyó en la decisión del rey y el Gobierno, con el visto bueno del Consejo de Indias (reinstalado el 26 de mayo de 1823), de estudiar durante meses las propuestas de los Viola y Torre y Vera. No podían aceptar que todo estuviera perdido y tras meses de reflexión se autorizó a Torre y Vera a marchar a Río de Janeiro para reconocer el escenario y recibir instrucciones sobre cómo proceder para la reconquista, no solo del virreinato del Perú sino incluso de Buenos Aires y Montevideo y hasta de Chile, en caso de contar con el apoyo del emperador del Brasil. Esperaba recibir la ayuda de emigrados de distinta precedencia, muchos refugiados en el Mato Grosso, de la población descontenta con los insurgentes y de los imprescindibles auxilios militares de la península.

Finalmente, la fuerza de las cosas y las dinámicas que se siguieron, tanto en los territorios americanos como en la península, llevaron a que las instancias centrales se desentendieran y Torre y Vera quedó desarbolado, sin misión que cumplir y sin recursos para subsistir. Este plan de reconquista ha sido considerado por la historiografía. El primer autor del que se tiene registro es Mariano Torrente que escribía, desde una aproximación sesgada, que después de Ayacucho y de que se conociera la muerte de Olañeta el Gobierno trató de enviar a las provincias del Alto Perú «una persona de probidad» con amplias facultades para «obrar de acuerdo con Olañeta si todavía se hallaba a la cabeza de las tropas», y en caso de que hubiera fallecido nombrar a una persona que estuviera en condiciones de sostener la autoridad real. Y esa persona fue Torre y Vera «virtuoso eclesiástico», del que hace una semblanza elogiosa, y sigue su plan desde que el 9 de agosto de 1825 fue nombrado obispo auxiliar de Charcas y comisionado regio. Al llegar a Río de Janeiro entabló negociaciones con el emperador del Brasil, que se mostró propicio a secundar sus planes porque podrían favorecerle en su lucha con los republicanos de Buenos Aires. Además, entabló contacto con oficiales y vecinos de Santa Cruz de la Sierra y la provincia de Chiquitos que se habían refugiado en Mato Grosso y envió a personas de su confianza para avivar la opinión a favor del rey. Para apuntalar todo esto era necesario ayuda militar de la península. Finalmente, dadas las dificultades de conexión con la Corte y agotados sus fondos, se dirigió a Montevideo, desde cuyo puerto retornó (yerra, fue desde Río de Janeiro) cuando «se convenció de que no entraba por entonces en las miras del gobierno español dirigir expediciones armadas al mar Pacífico» ²³ . Torrente no pudo conocer la Relación de Méritos y Servicios de Francisco Viola que se cumplimentó en 1834, como sí Mariluz Urquijo que sigue las trayectorias de Viola y de Torre y Vera para concluir que el plan de reconquista era un despropósito sin ninguna posibilidad de ser aplicado y así lo había entendido el Consejo de Indias cuando en septiembre de 1826 dictaminó que se trataba de una empresa irrealizable. Enfatiza el afán de protagonismo y la ambición de Torre y Vera, al que La Serna consideraba díscolo y vengativo ²⁴ . Rodríguez Tapia comparte documentos y consideraciones con Mariluz Urquijo y hace el recorrido del plan de reconquista desde el encargo de Olañeta a Juan Manuel Viola. Subraya cómo desde el comienzo la reconquista del Alto Perú estuvo abocada al fracaso una vez que murió Olañeta. A pesar de involucrarse, el Gobierno nunca tuvo un plan claro y no apoyó logística ni económicamente a Torre y Vera durante su estancia en Río de Janeiro y Montevideo. En cualquier caso, concluye, su proyecto no se puede considerar un plan de reconquista de América del Sur ²⁵ .

Durante el último tercio del año 1823 aumentaron los problemas políticos y militares en el virreinato del Perú. La llegada de Bolívar a Lima a comienzos de septiembre fue la antesala de una ofensiva contra los realistas que desde la sierra habían ido sumando victorias, las más significativas frente a las dos expediciones de intermedios ²⁶ . Las derrotas de Junín y Ayacucho se debieron al progreso de la opinión favorable a la independencia y a la estrategia de Bolívar, pero también a la deriva que tomó la guerra y a la situación cada vez más desesperada de las fuerzas realistas. Se había perdido la Armada en el Pacífico y el estado del ejército se debilitaba, y así lo hacían constar tanto el virrey como los altos oficiales, que en su correspondencia con las instancias centrales competentes insistían en que si no se enviaban refuerzos el Perú se perdería irremisiblemente ²⁷ . El golpe de gracia lo daría la «guerra doméstica» desencadenada en el Alto Perú cuando Olañeta tomó la antorcha de la defensa del Trono y el Altar después de que el rey recuperara el poder absoluto ²⁸ .

Cuando Fernando VII por Real Decreto del 1 de octubre de 1823 derogó la Constitución de 1812, solo territorios del virreinato del Perú y algunos bastiones de Chile y México permanecían bajo la autoridad de la Corona. En el Perú la restauración del absolutismo desataba un conflicto latente desde hacía tiempo, que tuvo al brigadier Olañeta en el epicentro. La Audiencia de Charcas fue un espacio alternativo de insurgencia y contra la insurgencia desde los movimientos autonomistas de la Junta de La Paz en 1809 y la reincorporación al virreinato del Perú por Abascal de un territorio que las reformas borbónicas habían adjudicado al Río de la Plata, convirtiéndolo en bastión del poder militar realista frente a los intentos de recuperación emprendidos desde Buenos Aires. Olañeta jugó sus cartas con premura y determinación conjugando en sus movimientos convicción y conveniencia. Hizo explícito su absolutismo en cuanto tuvo ocasión, pero no se trataba solo de una cuestión política o ideológica, sino de preservar su espacio de poder económico y militar en el Alto Perú, alterado cuando en diciembre de 1821 La Serna estableció la sede de gobierno en el Cuzco y removió sus circuitos de influencia subordinándole a sus órdenes ²⁹ . La dilación del virrey en llevar a cabo el retorno al absolutismo con argumentos que no le parecían razonables decidió a Olañeta a asumir la causa del rey y a desobedecer a una autoridad que no reconocía como legítima. Para que su voz se oyera en la Corte, en enero de 1824 enviaba a un hombre de confianza, el coronel de infantería Juan Manuel Viola, que informaría de lo que sucedía en el virreinato y solicitaría el envío de una expedición que evitara su pérdida, como ya se ha mencionado. En Madrid residía su hermano, el comerciante Francisco Viola, que asumió la financiación de una posible misión que acudiera en ayuda de Olañeta y en defensa de los derechos del rey ³⁰ .

En España a lo largo de 1824, en medio de turbulencias internas y con momentos de reacción de los ultra absolutistas, Fernando VII optó por gobiernos moderados. En 1825 hubo continuos virajes, la primera mitad del año fue de reformismo y la segunda de involución. El Consejo de Estado se restablecía el 28 de septiembre de 1825 con amplia representación de los ultras y en febrero 1826 se suspendía el Consejo de Ministros ³¹ . El 17 de mayo de 1825, día en que se publicó en la Gaceta de Madrid la noticia de la derrota de Ayacucho, Francisco Viola se presentaba ante el secretario de Estado, conde de Ofalia, para defender las razones por las que estaba dispuesto a auxiliar a Olañeta financiando una misión de reconquista de los territorios perdidos en el virreinato del Perú. En sus credenciales figuraba como mérito que era comendador de la Real y Americana Orden de Isabel la Católica, añadía que era natural de Buenos Aires y vecino de Madrid, que en todo tiempo se había mostrado leal al rey y a sus sagrados derechos y había contribuido a sofocar las semillas de «la insurrección y la disidencia», para lo que había sacrificado su fortuna y la de su familia. Había llegado el momento de aportar todos los recursos «para recuperar lo perdido». Si, como parecía, era cierto que La Serna había sido derrotado, no quedaba otra esperanza que socorrer a Olañeta valiéndose de personas de confianza. Y ninguna más adecuada que Mariano Torre y Vera, que había sido vicario general del ejército y canónigo de Lima, y que había dado repetidas pruebas de su celo por la causa del rey y de su interés por el restablecimiento del orden en aquel hemisferio ³² . Contaba con la amistad de Olañeta y con valedores en la Corte de la talla de Joaquín de la Pezuela y Juan Ramírez Orozco ³³ . Proponía para acompañarle a preparar «la reconquista y pacificación de aquel desgraciado suelo» a su hermano Juan Manuel Viola y en el destino contactarían con Olañeta al que entregarían pliegos e instrucciones del Gobierno. Dadas las circunstancias, era urgente que la misión se iniciara de inmediato ³⁴ .

Había razones para apostar por Mariano de la Torre y Vera, que forzado por las circunstancias se encontraba desde hacía tiempo en la Corte. Cuando el 28 de septiembre de 1822 el virrey La Serna disolvió el Ejército del Alto Perú, le cesó como vicario general, y como no podía pasar a Lima a desempeñar su canonjía (concedida por el arzobispo Bartolomé de las Heras que ya había salido de Lima) porque estaba ocupada por los insurgentes, pidió licencia para viajar a España y le fue concedido pasaporte el 30 de noviembre 1822. La Relación de Méritos y Servicios, la representación que presentaría al Gobierno en 1824 y su propio testimonio le muestran como un hombre de la tierra, nacido en Córdoba (Tucumán) en cuyo seminario había estudiado, recibiendo luego las sagradas órdenes en La Plata. La Audiencia de Charcas fue el principal escenario de una actividad en la que combinó sus deberes eclesiásticos con su implicación en política, y cuando en mayo de 1809 la «convulsión» se extendió a La Paz no solo predicó la lealtad al rey, sino que financió a un contingente de 200 hombres en armas. Siempre buscó ser reconocido con cargos y honores, y los consiguió del arzobispo Las Heras y del virrey Abascal, que le proporcionó pase para viajar a la península y le recomendó a la Regencia que en febrero de 1812 le concedió la canonjía de la Iglesia metropolitana de Lima. De regreso, en 1813 aceptó el nombramiento de vicario general del Ejército del Alto Perú y viajó a su destino con Pezuela, designado jefe del mismo ejército. La relación y connivencia entre ambos se prolongó en el tiempo y pudo ser entonces cuando tuvo ocasión de conocer a Olañeta. Estuvo en las victorias de Vilcapugio y Ayohuma contra las incursiones de Buenos Aires, e intervino a las órdenes de Juan Ramírez Orozco en la sofocación de la «rebelión» del Cuzco en 1815. Comisionado por Pezuela, se presentó ante Abascal para informarle del estado crítico del Ejército del Alto Perú y pedirle refuerzos para enfrentarse a los insurgentes de Buenos Aires, lo que posibilitó la victoria de Viluma y le valió la condecoración con la Real y Americana Orden de Isabel la Católica. Se encontraba en Charcas cuando en 1817 cayó en sus manos una lista autógrafa con los nombres de los integrantes de una logia masónica de la que formaban parte oficiales del Ejército del Alto Perú que habían llegado con La Serna en 1816, de lo que dio parte al virrey Pezuela, un asunto más que compartieron ³⁵ .

En cumplimiento de la Real Orden de 11 abril de 1820 por la que se le instaba a negociar con los disidentes, el virrey Pezuela le nombró comisionado para tratar con los gobernadores de Salta y Tucumán. Debía entrar en contacto con el general en jefe Ramírez Orozco y actuar coordinadamente. Tras el pronunciamiento de Aznapuquio de 29 de enero de 1821 por el que altos oficiales depusieron a Pezuela responsabilizándole del avance de los independentistas, La Serna heredaría un asunto al que no dedicaría particular atención. Las riendas las llevaría Olañeta que, sin contar con Torre y Vera y los demás comisionados, firmó un armisticio el 15 de julio con los jefes del noroeste del Río de la Plata ³⁶ . Durante el Trienio, probablemente por conveniencia, hizo alarde de ser favorable a la Constitución de 1812, así en carta al oficial primero de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación de Ultramar fechada en Potosí el 24 octubre 1820, recordaba que había sido nombrado canónigo en tiempos de las Cortes de Cádiz.

El 30 de noviembre de 1822 obtenía licencia para viajar a la Corte, embarcando en Río de Janeiro tras atravesar la selva. A su llegada ya se había restaurado el absolutismo ³⁷ . A lo largo de 1824 se acercó a los círculos de poder con un doble propósito: conseguir que se le concediera una dignidad eclesiástica acorde con sus méritos y ponerse a disposición del rey para auxiliar a Olañeta. Tras el contacto y acuerdo con Francisco Viola, solicitó que se le permitiera regresar al virreinato con los avales necesarios para llevar a cabo la misión que posibilitaría la reconquista de los territorios perdidos. Y las instancias centrales se involucraron. Junto a la Real Orden de 20 septiembre, el secretario de Gracia y Justicia remitía al Consejo de Indias dos representaciones de Torre y Vera «canónigo de Lima y teniente vicario general que ha sido del Ejército del Alto Perú», en las que se desvelaban sus intenciones. En la primera, fechada el 26 de junio de 1824, daba cuenta al rey de sus 14 años de servicio en el Arzobispado de Charcas y de las sumas que había invertido en la refracción de sus iglesias, el socorro de sus feligreses y el establecimiento de varias escuelas. En el relato se reiteran algunos contenidos de su relación de méritos, enfatizando cómo orientó toda su trayectoria al servicio «del Rey y la Religión». Al estallar la revolución en los años de 1809 y 1810 reclutó 200 hombres en su curato, los uniformó, les pagó sus sueldos, los condujo a Potosí y los presentó a su gobernador intendente Francisco de Paula Sanz y posteriormente al general Vicente Nieto, entregando pensiones de su propia renta para las madres y esposas. Por ese servicio se le reconoció fundador de aquel ejército en el que permaneció como vicario hasta que tuvo que emigrar para no ser pasado por las armas al tenerle proscrito la Junta Revolucionaria de Buenos Aires. En Lima se hizo merecedor de distinciones del virrey y del arzobispo. Abascal decidió enviarle a España en 1811 para que informara del estado de aquellas provincias y se le confirió la canonjía que detentaba. De regreso, su navío naufragó en el puerto de Maldonado (Banda Oriental), logró salvar su vida, se dirigió por tierra a Montevideo y pasó a Lima, donde a comienzos de 1813 fue nombrado teniente vicario general del ejército. Desde entonces, intervino en acciones de guerra exhortando a las tropas, auxiliándolas en lo espiritual y temporal, y por orden del virrey Pezuela llegó incluso a conducir efectivos a Chile. Nunca desatendió las obligaciones de su ministerio y así lo atestiguaron los generales en jefe e incluso el virrey La Serna, por lo que fue propuesto para obispo «antes del sistema constitucional». En la Corte podían corroborar su conducta el conde de Guaqui, Pezuela, Ramírez y Ricafort. Su celo por la religión y su adhesión al rey eran un delito para los «novadores» y liberales constitucionales, que le hostigaron y despojaron de sus rentas, y hasta fue suspendido de teniente vicario por el entonces virrey con el pretexto de que se había extinguido el Ejército del Alto Perú. En los atentados contra la religión que descubrió en 1817 en que estaban implicados algunos oficiales del ejército y en que tuvo que acudir al Tribunal de la Fe, procedió más bien como «Padre» con sus hijos que como un juez y tuvo en cuenta en su descargo que se encontraban empleados en el servicio del rey trabajando en «la Reconquista de todos los puntos de aquella América». Se había trasladado a España para que el rey dispusiese de su persona porque estaba dispuesto a hacer los mayores sacrificios por la religión y el trono.

En la segunda representación, fechada el 6 de septiembre, recurría a otros argumentos. Contaba a su favor con la seguridad de que quienes le habían perseguido en tiempos «del sistema destructor de lo más sagrado» le respetarían si le veían en el Perú protegido por el rey. Se consideraba capaz de remediar los males que podría acarrear «la pérdida de aquel continente» por los conocimientos que tenía del territorio desde Montevideo a Lima y la influencia que ejercía sobre sus habitantes, especialmente sobre el «general Olañeta». Hacía ya tiempo que ambos habían acordado oponerse «a viva fuerza a los del partido liberal, en el caso de haber decidido el virrey Laserna y sus partidarios no reconocer al rey con todo el poder de sus augustos padres». Olañeta había recorrido las provincias para tratar con los jefes adictos al monarca y, para que pudiera obrar con pleno conocimiento, el 10 de diciembre de 1823 Torre y Vera le había enviado desde Río de Janeiro los reales decretos del Puerto de Santa María insertos en la Gazeta. Es decir, se atribuía que Olañeta hubiera conocido la vuelta al absolutismo por su conducto ³⁸ .

Sus argumentos convencieron a las autoridades competentes. El 1 de octubre de 1824, el fiscal del Consejo de Indias consideraba que una vez que Lima se hallaba libre y leal al legítimo Gobierno (hay que recordar que desde febrero la capital estaba en poder realista) era conveniente que se diera orden a Torre y Vera para que pasara a ocupar inmediatamente su canonjía [sic], desde donde podría ser de mayor utilidad que en la Corte. El Consejo de Indias evacuaba su dictamen en el sentido de que no encontraba inconveniente en que regresara al Perú a continuar sus servicios ³⁹ . Las dos representaciones coincidían en el tiempo con el documento que el 21 de junio de 1824 La Serna dirigía desde el Cuzco a los secretarios de Estado y de Gracia y Justicia razonando el porqué de sus desavenencias con Torre y Vera. Explicaba que el 30 noviembre 1822, cuando cesó en sus funciones de capellán mayor del Ejército del Alto Perú, le había concedido licencia para pasar a la península porque Lima estaba ocupada por los enemigos y no podía restituirse a su iglesia. Suponía que ya se habría presentado ante el secretario de Estado, y que conociendo sus miras y pretensiones habría solicitado una mitra. Si bien reconocía sus servicios en favor de la Corona, consideraba que no la merecía: carecía de las cualidades precisas por su conducta hacia los insurgentes, especialmente en Potosí, Tupiza, Jujuy y Salta; no tenía luces suficientes y tampoco la moderación para ser príncipe de la Iglesia porque era «vengativo y altanero»; y finalmente preveía que su ambición le llevaría a utilizar la mitra en su beneficio. No dudaba que habría presentado recomendaciones y no habría dejado «piedra por tocar» para conseguir su propósito ⁴⁰ .

A la vista de la información que se había ido reuniendo, en sesión de 13 de mayo de 1825 el Consejo de Ministros atendía la solicitud de Francisco Viola y daba vía libre a la comisión de reconquista. El secretario de despacho de Estado Zea Bermúdez comenzaba leyendo «un papel que le había entregado el comerciante Viola, sobre las medidas que juzgaba debía adoptar el gobierno para la reconquista del Perú». Proponía que se nombrara a Olañeta virrey de Buenos Aires y se le autorizara para «combatir a los enemigos del rey en aquellas regiones, nombrar interinamente para todos los empleos de los payses que conquiste, y delegar en ellos sus facultades». No tenía, por consiguiente, conocimiento de que Olañeta hubiera fallecido el 1 de abril ⁴¹ . En una nueva sesión hacía presente que había arribado el coronel Casariego, y que entre los oficios que le había entregado La Serna estaba el de «la desgraciada acción de 9 de diciembre último en Ayacucho». Los ministros se dieron por enterados y aprobaron por unanimidad que no se diese curso por el momento al nombramiento de virrey de Buenos Aires a favor de Olañeta ⁴² . Siguiendo el procedimiento establecido, se dio traslado al Consejo de Indias para que informara con urgencia y reservadamente. El dictamen de 6 de julio pasó al secretario de Guerra, y el 12 de julio de 1825 Fernando VII firmaba el nombramiento.

La documentación examinada incluía una carta enviada por La Serna al secretario de Guerra el 7 de marzo de 1825 desde Río de Janeiro, donde se encontraba en tránsito hacia la Corte, con explicaciones sobre «las últimas desgracias ocurridas en el Perú». La carta pasó el 3 de junio al Consejo de Indias, que para elaborar el dictamen preceptivo había solicitado los documentos a los que se había referido La Serna y los que se hubieran recibido de Olañeta, del coronel Juan Manuel Viola, de Mariano de la Torre y Vera y del brigadier Francisco Xavier Aguilera, leal a Olañeta. Para completar la información, Luis María Salazar, secretario de Marina e interino de Guerra, remitía otro documento anterior de La Serna, firmado a bordo de la fragata Ernestina el 31 de diciembre de 1824, en el que manifestaba que la insubordinación del general Olañeta había sido la principal causa del resultado de Ayacucho ⁴³ . Se añadían al expediente del Consejo de Indias las representaciones dirigidas desde las provincias de Charcas por Olañeta de 6 y 7 de marzo y de 24 de mayo de 1824, por el brigadier Francisco Xavier Aguilera de 2 de junio, y por Casimiro Olañeta de 24 de agosto ⁴⁴ . Finalmente, se adjuntaban las exposiciones del coronel Juan Manuel Viola y de Torre y Vera de 24 de diciembre de 1824, y 25 y 29 de enero, 22 marzo y 7 mayo de 1825 presentando los sacrificios de Olañeta desde 1810 en que comenzó la revolución de Buenos Aires, así como sus pruebas de amor a la sagrada persona del rey y su odio al sistema constitucional. Los valedores de Olañeta exponían que cuando llegó a sus manos el decreto del 1 de octubre de 1823 lo trasladó al virrey para que lo publicara, pero como se retrasaba procedió a hacerlo él mismo el 5 de febrero de 1824 en las provincias de Charcas, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y La Paz. El Consejo de Indias se pronunció el 6 de julio de 1825 después de examinar las cartas, representaciones y exposiciones de La Serna y del general Olañeta sobre las causas de sus diferencias y las consecuencias de la batalla de Ayacucho. No había encontrado en los documentos de La Serna ninguna prueba para que el rey revocara el nombramiento de Olañeta como virrey de Buenos Aires. Además, después de «la desgraciada acción de la Quinua» era el único que sostenía la autoridad del rey en aquellas provincias ⁴⁵ .

La ratificación del nombramiento de Olañeta por Fernando VII suponía un aval para que el plan de reconquista de los Viola y Torre y Vera fuera autorizado. Entonces se cruzó una noticia que podría interrumpirlo. Fue el marqués de Zambrano el encargado de conectar con Torre y Vera el 9 de agosto de 1825 para notificarle la muerte de Olañeta «electo virrey y capitán general de las provincias del Río de la Plata con la presidencia de su Real Audiencia, con amplias facultades para obrar según las circunstancias en favor de los legítimos derechos de S.M.», anunciada en los periódicos extranjeros. De ser cierta la noticia, podrían considerarse «paralizadas e ilusorias» las medidas adoptadas para mantener la posesión de aquellos dominios y «alejar la anarquía que los devora y destruye». Pero no fue así. El rey, que veía en Torre y Vera su más firme apoyo por las pruebas de adhesión que le había dado, después de haber oído el dictamen del Consejo de Ministros y estar convencido de que era indispensable contar con una persona «de elevada dignidad, ciencia, y prudencia consumada en quien depositar su confianza», cualidades que reunía Torre y Vera, le había facultado para que, en su nombre, y entendido el fallecimiento de Olañeta, reasumiera el encargo que se le había encomendado. De este modo, como comisionado regio, podría tomar decisiones y designar a un jefe militar que reuniera a las fuerzas realistas que se hallaran defendiendo los derechos reales para que sus súbditos fieles contaran con apoyo frente a la anarquía derivada de la falta de autoridades legítimas ⁴⁶ .

Era el triunfo de los partidarios de Olañeta y del plan de reconquista del imperio perdido. En agosto se comunicaba al cónsul Delavat y Rincón que Torre y Vera era enviado a Río de Janeiro, desde donde seguiría viaje al Alto Perú a través del Mato Grosso y que debía auxiliarle en lo que precisara ⁴⁷ . Río de Janeiro era un centro neurálgico, nexo de comunicaciones entre el virreinato del Perú y la Corte, además de puerto de tránsito para los realistas que se dirigían a la metrópoli y lugar de residencia de quienes optaban por permanecer en América, bien de manera definitiva o con la esperanza de volver al lugar que se habían visto obligados abandonar.

En diciembre de 1825, Delavat y Rincón daba cuenta de la llegada de un buque procedente de Oporto en el que viajaba Torre y Vera, que le había entregado un oficio de Zea Bermúdez de 7 de agosto instruyéndole de que le prestara ayuda ante cualquier dificultad que pudiese tener para realizar su viaje al Perú por Mato Grosso. En el oficio de respuesta, el cónsul acompañaba dos pliegos que le había entregado Torre y Vera, uno para Zea Bermúdez y otro para el secretario de Gracia y Justicia, así como una carta para Francisco Viola ⁴⁸ . Su llegada coincidía con la declaración de guerra del Imperio brasileño a las Provincias Unidas del Río de la Plata el 10 de diciembre, que se prolongaría hasta el 28 de agosto de 1828 ⁴⁹ . En este escenario se movería Torre y Vera, que demoró la partida a su destino altoperuano hasta recibir nuevas órdenes. Entre tanto, se reportaba al secretario de Estado.

En cumplimiento de los deberes que se le habían asignado, desde su llegada a Río de Janeiro el 10 de diciembre había tratado de averiguar cuál era el estado del Alto Perú, el único apoyo para sostener la causa de los sagrados derechos del rey, y de planificar las medidas que se podían adoptar contra los revolucionarios tras la desgraciada muerte del «benemérito» general Olañeta, «que aunque mortalmente herido no quiso capitular y pagó con su sangre la lealtad al soberano confundiendo a los enemigos que trataban de denigrarlo». Había accedido a noticias sobre el Alto y Bajo Perú a través del «leal y benemérito» intendente de Puno Tadeo Gárate, que se encontraba en Río de Janeiro desterrado por Bolívar. Sabía que el obispo de La Paz y José María Valdez (Barbarucho) se habían embarcado en Buenos Aires rumbo a la Corte y que Valdez, un militar español que se había puesto a las órdenes de Olañeta, estaba dispuesto a participar en cualquier expedición que se organizara para reconquistar los territorios perdidos. Por su parte, no escatimaría esfuerzos, sabiendo que en Mato Grosso se habían refugiado emigrados de Santa Cruz, entre ellos el gobernador Sebastián Ramos a quien se había dirigido en busca de información. Habían viajado con él desde Madrid el coronel Juan Manuel Viola, el teniente Pedro Serrano y un dependiente, que como no tenía ninguna relación con los disidentes pasaría al Perú y haría saber a personas de influencia que el rey estaba decidido a socorrerlos. Un objetivo inmediato era entrevistarse con el emperador del Brasil para averiguar sus intenciones en relación con Buenos Aires. En Río de Janeiro 20 oficiales realistas que habían estado prisioneros en Chile le aseguraban que Chile [sic, es Chiloé] y el Callao resistían con heroísmo esperando algún auxilio del Gobierno. Finalmente, sabía que en la Banda Oriental los montoneros habían roto hostilidades contra Montevideo.

El mapa descrito le parecía suficiente para convencer al Gobierno de la utilidad de mandar fuerzas militares, y se ponía a disposición de lo que el rey quisiera ordenarle en virtud de la misión que se le había conferido, bien uniéndose a la expedición que llegara o bien permaneciendo en Río de Janeiro como su representante para tratar con el emperador del Brasil ⁵⁰ . ¿Por qué no informaba de que el 10 de julio de 1825 se había reunido la Asamblea de diputados en Chuquisaca, de que el 6 de agosto se había declarado la independencia del Alto Perú, de que la Asamblea había designado a Bolívar presidente y a Sucre para que gobernara en su ausencia y había denominado Bolivia al país y Sucre a la capital, de que un Congreso constituyente se había reunido a partir del 25 de mayo de 1825, y se había encargado a Bolívar la redacción de la Ley fundamental de la República? ⁵¹ . A partir de entonces, Torre y Vera y sus posibles avances o limitaciones desaparecían de la correspondencia de Delavat y Rincón ⁵² .

En Madrid y ante la inacción del Gobierno, a mediados de 1826 Francisco Viola se dirigía a Fernando VII buscando su lugar en la empresa de reconquista. Le recordaba que cuando Torre y Vera fue nombrado comisionado regio para pasar al Perú a través de Brasil, conocedor de los problemas del Erario para financiar el costoso viaje empeñó sus joyas y las de su mujer con el fin de que no se retrasase la salida. Estaba al tanto de las pretensiones de los ingleses, así como de la protección que España había recibido de Francia y de las potencias de la Santa Alianza ⁵³ . En América se podía esperar que el emperador del Brasil apoyara el restablecimiento del «legítimo y suave» gobierno del rey en Buenos Aires y el Perú para no verse amenazado por gobiernos independientes y republicanos. Se ofrecía a formar parte de la comisión acompañado del teniente general Ramírez, buen conocedor de aquellos países (se refería a Juan Ramírez Orozco), para que con Torre y Vera pudieran acordar con el emperador Pedro I lo que más convenía para la pacificación de los dominios de la Corona.

Para entonces, en las miras de Torre y Vera la empresa de reconquista había adquirido una dimensión regional y el objetivo ya no era recuperar solo el virreinato del Perú, sino también Buenos Aires, Montevideo, Paraguay y Chile. Su estrategia sería abrir una comunicación desde Río de Janeiro por Montevideo para de ahí contactar con el doctor Francia que mandaba en el Paraguay. Luego se podrían enviar hombres de confianza a Chile y al Perú a través del Mato Grosso para valorar con qué recursos humanos se podía contar. Dada la importancia del asunto, Francisco Viola rogaba al rey que nombrara a uno de sus secretarios de Despacho para reunir una Junta que se dedicara exclusivamente a las Américas y se entendiera directamente con el monarca. Sería una manera de mostrar a las potencias europeas la decidida resolución de Fernando VII de no reconocer las independencias y de proteger a quienes habían sido sus fieles vasallos ⁵⁴ . La propuesta de Viola fue examinada por el Consejo de Indias, que la consideró una muestra de buena voluntad y deseo de restitución «de su desgraciada patria a la legítima obediencia del soberano». El hombre fuerte del Gobierno y secretario de Gracia y Justicia Tadeo Calomarde recogía el dictamen y se lo trasladaba al secretario de Estado, último eslabón de la cadena que conducía a Fernando VII ⁵⁵ .

Torre y Vera llevaba meses en Río de Janeiro contando con Francisco Viola como su principal interlocutor en la Corte. En septiembre de 1826 le confesaba su inquietud por la falta de implicación del Gobierno. Ya conocía el resultado negativo de su petición de obtener las bulas papales que le acreditaran como obispo auxiliar de Charcas debido a que el arzobispo había abandonado la sede por no admitir la independencia, por lo que no había lugar al nombramiento. En ese momento debía concentrarse en dar pasos adelante en su insólito plan regional de reconquista. Adjuntaba copia de una representación que había enviado al rey en ese sentido, aunque por prudencia había omitido datos que podían perjudicar a muchos «hermanos americanos» que a costa de su vida mantenían la lealtad al monarca y correrían peligro si se desvelaba su identidad. Introducía lo que sería recurrente en posteriores escritos, su precaria situación económica que podría paliarse cuando se tomara Buenos Aires y se le asignara lo suficiente para su supervivencia y para pagar sus deudas porque obtendría en propiedad el Arzobispado de Charcas. Estaba dispuesto a pasar hasta Montevideo a mediados de octubre si encontraba fondos y entre tanto pedía a Viola, como su apoderado que era, que cuidara de su honor y diera a conocer al rey los sacrificios que había hecho en su nombre. Le enviaba la nota con un hombre de su confianza, Manuel Sierra, que conectaría con él y con los ministros competentes para dar cuenta de los pasos que había dado en relación con las provincias del Perú. Eran muchos los que pensaban que la batalla de Ayacucho se había perdido por falta de cautela. Sierra había estado allí combatiendo a las órdenes de Valdés y como eso podría acarrearle problemas en la Corte Torre y Vera pedía a Viola que le protegiera. No creía en los rumores sobre la aspiración de Bolívar de coronarse emperador porque se demostraría que quienes proclamaban la libertad no eran más que unos tiranos. Estaban llegando a Río de Janeiro capitulados del Callao, entre ellos el coronel Gaspar Olañeta, hermano de Pedro Antonio, y Ángel Hevia en cuyos brazos murió. Ambos iban a viajar en compañía de Sierra. Finalmente, le rogaba que le pusiera a las órdenes de Pezuela y de otros verdaderos realistas ⁵⁶ .

A mediados de marzo de 1827, había trasladado su base de operaciones a Montevideo para avanzar en su plan ya centrado en el Río de la Plata y siempre pensando en el concurso, que no se había concretado, del emperador del Brasil. A pesar del aislamiento, aún no cejaba en su empeño y en mayo enviaba a Francisco Viola una lista de las fuerzas marítimas con las que contaban la República Argentina y el Imperio del Brasil para que el Gobierno lo tuviera en cuenta «si se trata de alguna expedición» ⁵⁷ . En Montevideo ejerció funciones eclesiásticas que avalaba con todos los méritos que había acumulado. Una de ellas conectaba con su intención de buscar la cercanía con Pedro I ⁵⁸ .

La posible firma de un tratado de paz entre Brasil y Buenos Aires, que Delavat y Rincón anunciaba en julio de 1827, hacía tambalear un posible apoyo del emperador. Buenos Aires reconocía al Imperio con la totalidad de las provincias que lo componían en ese momento y no prestaría ayuda a las provincias de Montevideo que se mantuvieran en guerra, sin embargo, la inestabilidad de Buenos Aires daría al traste con el posible acuerdo ⁵⁹ . Al tiempo que alentaba un resquicio de esperanza, no podía dejar de constatar que no contaba con el respaldo del rey ni del Gobierno. El secretario de Gracia y Justicia, y era una muestra del distanciamiento, no había respondido a su solicitud de que se le nombrara y consagrara arzobispo de Charcas y se le autorizara para confirmar en el nombre del rey las dignidades y canonjías nombradas por el gobierno revolucionario para que contribuyeran al restablecimiento de los derechos del monarca. Era un asunto crucial que le proporcionaría fiabilidad y autoridad entre la población ⁶⁰ .

No eran buenos tiempos para la empresa de reconquista. En la península, Fernando VII tenía que atender a distintos frentes, el de mayor calado era el levantamiento de los ultras en Cataluña desde marzo 1827 con posibles focos en el País Vasco, Andalucía y el País Valenciano, y también los intentos de invasión organizados por emigrados liberales. La inestabilidad se agravaba por la precaria situación económica en la que pesaba la pérdida de los dominios americanos. Sin visos de recibir respaldo y acorralado por las deudas, en mayo de 1828 el cónsul Delavat y Rincón anunciaba que Torre y Vera había regresado a Río de Janeiro con la intención de volver a Madrid en el plazo de un mes ⁶¹ . Ya en la Corte y fuera de toda expectativa solicitaba que se compilara y revisara la documentación que se había generado desde el comienzo de su comisión, y así se hizo. Pero solo se trató de un movimiento administrativo de localización y reunión de papeles dispersos en la Secretaría de Estado. A mediados de 1829 el Gobierno se desmarcaba definitivamente. Por entonces, las miradas se dirigían al intento de reconquista protagonizado por Barradas en México desde la plataforma de Cuba, cuya conservación era de la más alta prioridad. En el Consejo de Ministros de 16 de mayo de 1829 se daba cuenta de la comisión nombrada por Real Orden de 16 de febrero para el examen de los expedientes instruidos en la Secretaría de Estado y en las de Guerra y Gracia y Justicia con motivo de las exposiciones hechas por Juan Manuel Viola y Mariano Torre y Vera. Y la conclusión era contundente: se consideraba que el plan para la reconquista del Perú no era sino «la extravagancia» de unos individuos que no habían hecho más que ocasionar gastos. Juan Manuel Viola era «un delincuente falsario» al que no se podía procesar por encontrase en Montevideo.

Era evidente que Torre y Vera solo contaba con sus suposiciones sobre el buen deseo de la mayoría de los habitantes de aquellos territorios y la disposición, no confirmada, del emperador del Brasil. Por lo tanto, ya no convenía enviar al Perú otros comisionados y «no había motivo para confiar en esta clase de misiones porque unos a otros se acusaban sobre su desempeño y abundaban las noticias inexactas y contradictorias». El Consejo de Ministros no tenía constancia documental de que se hubiera nombrado a Torre y Vera comisionado regio, y por lo tanto al no haber recibido misión especial de pacificación ni conquistadora no debía correr a cargo del Erario ninguna de las erogaciones, empeños o gastos de viaje, porque solo se le había ofrecido diez mil pesos anuales sobre cualquiera de las mitras del Perú, en el supuesto de que pudiese cobrarlos. Por otra parte, no se debía instar a la Santa Sede a que le confirmara como obispo auxiliar de Charcas porque habían variado las circunstancias en que se creyó que su nombramiento era útil. Solo quedaba buscarle una colocación en España según sus méritos y carácter de canónigo de Lima y facilitarle medios para su subsistencia, por lo que se pediría al rey que se dignara concederle doce mil reales anuales «sobre expolios» ⁶² .

Al iniciarse el Trienio Liberal en la América continental solo algunos territorios de los virreinatos del Perú y Nueva España se mantenían bajo control realista. El fracaso de los intentos de negociación con los disidentes y el curso de los acontecimientos fue decantando a las Cortes y al Gobierno hacia la pacificación por las armas, que era ya la opción del rey y del Consejo de Estado. Mientras los secretarios de Guerra y Marina la alentaban, los de Hacienda descendían a una realidad en que la falta de recursos impedía su concreción. Durante la Década Ominosa la reconquista se barajó en las distintas instancias del poder central. Pero de nuevo la prevención de los secretarios más significados, que alertaron sobre la imposibilidad de reparar la flota y menos aún de comprar nuevos buques que transportaran hombres y armamento, y la prioridad de atender a problemas más cercanos y acuciantes acabaron por disuadir al Gobierno de acometer empresas que no eran sino sueños de un imperio perdido.

En el virreinato del Perú los últimos virreyes Pezuela y La Serna advirtieron a la metrópoli de la necesidad de contar con recursos ante las ofensivas insurgentes. Desde la inflexión que supuso la llegada de la Expedición Libertadora de San Martín en septiembre de 1820 y el pronunciamiento de Aznapuquio el 29 de enero de 1821, se registran constantes peticiones de auxilios, no solo para detener a los independentistas sino también para reconquistar los territorios perdidos. Así, nada más acceder al poder y antes de abandonar Lima para establecer su base en el Cuzco, el sucesor de Pezuela envió a la Corte a dos comisionados, Antonio Seoane y al marqués de Valle Umbroso. El 15 de octubre de 1821 entregaban al secretario de Guerra un oficio de La Serna de 20 de marzo para justificar el pronunciamiento en el que habían participado y recabar auxilios porque era la única manera de restaurar la autoridad real en todo el virreinato ⁶³ .

En 1824, en un escenario de frentes cambiantes, cuando aún las victorias realistas se sucedían pero la cúpula militar advertía de que solo con la llegada de tropas peninsulares sería posible encarar los avances de los ejércitos comandados por Bolívar y Sucre, y cuando en marzo había aplicado la normativa absolutista y se enfrentaba a una guerra interna con Olañeta en el Alto Perú, La Serna decidió comisionar a oficiales de confianza para informar de la situación político militar y recabar de nuevo unos refuerzos que se hacían imprescindibles. Se trataba, además, de neutralizar a los partidarios de Olañeta en la Corte, entre los que se encontraba su acérrimo enemigo Pezuela. Todavía no se habían producido las derrotas de Junín y Ayacucho. El 5 de junio salía de Quilca Baldomero Espartero y comparecía ante el rey el 12 de octubre con papeles en los que el virrey solicitaba ayuda y que se reconocieran los méritos y ascensos de los oficiales bajo su mando ⁶⁴ . Días después, el 12 de junio, zarpaba Francisco Narváez que junto a Domingo Ximénez se presentaba al secretario de la Guerra el 12 de enero de 1825. Después de referirse a las desavenencias con Olañeta que habían privado de nuevos triunfos al ejército, manifestaban la necesidad de que se enviara una flota con armamento sin lo cual el Perú se perdería. Se ofrecían para pasar a Londres siempre que se les autorizara un empréstito para comprar lo necesario, que debería transportarse en un buque inglés y los materiales serían pagados en el Perú de la manera que lo considerara el virrey. Finalmente, la petición se desestimaría ⁶⁵ .

La propuesta ha incidido en un plan de reconquista, expresión que utilizan sus promotores, que se gestó a comienzos de 1824 y se mantuvo abierto hasta 1832. Involucró a realistas con trayectoria e intereses en el Alto Perú, a La Serna y altos oficiales y a instancias centrales de la península, desde el rey hasta el Consejo de Indias pasando por el Consejo de Ministros, y al Consulado en Río de Janeiro. A finales de 1823 detonaba un conflicto que se venía gestando desde tiempo atrás y que polarizaron el virrey y el comerciante y brigadier Olañeta. La Serna gobernaba en el Cuzco desde diciembre de 1821 aplicando las reformas del Trienio y consiguiendo victorias militares. El retorno al absolutismo tras el decreto de Fernando VII de octubre de 1823 y la manera en la que el virrey lo implementó meses después provocó un cisma, la llamada «guerra doméstica» liderada por Olañeta en el Alto Perú, que fue aprovechada por Bolívar para avanzar hacia la sierra y que incidiría en las derrotas realistas de Junín y Ayacucho. Al recibir noticias extraoficiales del retorno al absolutismo y ante la negativa de La Serna de llevarlo a efecto, Olañeta optó por desobedecer a un virrey que había llegado al poder en tiempos de liberalismo y por lo tanto carecía de legitimidad. Para afirmar su posición, recabar apoyo de la Corte, conseguir recursos para defender el Altar y el Trono y reconquistar los territorios que pertenecían a la Corona, envió a un comisionado que iniciaría un proceso largo y de muchas implicaciones.

En ese recorrido se produjeron las victorias patriotas de Junín y de Ayacucho (6 de agosto y 9 de diciembre de 1824 respectivamente) y la muerte de Olañeta el 1 de abril de 1825 en medio de una complicada relación con Bolívar y Sucre y la defección de muchos de sus leales. A pesar de la desaparición de su mentor, el plan de reconquista que asumieron los Viola y Torre y Vera continuó y se amplió. No solo se trataba de reconquistar el virreinato, sino que las miras se extendieron, alcanzando a Buenos Aires, Montevideo y Chile. No se consiguió implicar al emperador del Brasil, en conflicto con Buenos Aires, que era la baza imprescindible para la reconquista del Río de la Plata y el Alto Perú. En todo el entramado fue clave como nexo de información el Consulado en Río de Janeiro. El fracaso acompañó al intento. Fue una apuesta fallida que se desmoronaría cuando las instancias centrales que debían conducirlo y financiarlo se desentendieron, conscientes de su inviabilidad y porque había asuntos más importantes que atender, y dejaron de avalar a quienes lo habían impulsado, que se vieron superados por una empresa que les desbordó y que les acarreó perjuicios políticos, económicos y profesionales.