El presente trabajo trata de analizar el período de transición y de transformación que supuso la independencia del Perú, poniendo el énfasis en el papel desempeñado por los elementos identitarios del liberalismo hispano ¹ . De esta forma, para la investigación, el acontecimiento que condujo al irreversible cambio hacia los procesos de independencia fue la crisis en que se sumió la Monarquía Hispánica tras la abdicación borbónica en mayo de 1808. El absolutismo, que acabó por escindirse, dio paso a las opciones liberales ² , y el retoño del liberalismo terminó por demarcarse y elevarse en la experiencia singular de las Cortes de Cádiz ³ . Y si entre 1814 y 1820, la pausa absolutista silenció los avances previos, la recuperación de la Constitución Política de la Monarquía Hispana durante el Trienio Liberal en España devolvió la innovadora propuesta a la vida política. Que el Trienio Liberal fuese breve y estuviese repleto de contradicciones, no aminoró el impacto mayúsculo que supuso para la época. Su impronta se hizo presente en la Europa de su tiempo y replicó con fuerza en los territorios de Ultramar ⁴ . En el caso concreto del Perú, este espacio se convirtió en un inusitado laboratorio en el que los experimentos liberales sobre el territorio y su gente eran implementados bajo la presión del conflicto armado. El artículo se aproxima al proceso de independencia del Perú poniendo de relieve la permeabilidad de un liberalismo hispano que fue más allá del disimulo coyuntural o de la actitud acomodaticia. Una visión que en años recientes va abriéndose paso con aportaciones de alto impacto ⁵ .

Tras el pronunciamiento de Aznapuquio, la dirección del virreinato recayó sobre mandos militares que, más allá de las discrepancias con respecto a la llevanza de la guerra por parte del virrey Joaquín de la Pezuela, les unía una experiencia vital en los aledaños del liberalismo gaditano a raíz de su participación en la guerra de la Independencia en España. Entonces, la placenta del golpe se nutrió tanto de desencanto castrense como de nuevos aires políticos en una combinación difícil de calibrar ⁶ . Y el gobierno de José de la Serna en el Perú, que se ajustó a un cumplimiento leal al orden constitucional, fue desplegado con el decidido objetivo de «salvar a la Patria» ⁷ . Eso se hizo, por una parte, imprimiendo un ritmo distinto a la guerra; y por otra, recuperando la iniciativa política con un profundo programa de reformas que apostó por un sistema de gobernanza en sintonía con el mandato de la Constitución. Con respecto a este último punto, el Decreto de 23 de junio de 1813, en el que se detallaban las «instrucciones para el gobierno económico-político de las provincias», fue la viga sobre la que se sostuvo la renovada arquitectura institucional ⁸ . La base correspondía a ayuntamientos y diputaciones provinciales, cogestionando funciones superpuestas en niveles territoriales diferenciados. Mientras, a un nivel más elevado, la coordinación de las grandes líneas de la acción de gobierno correspondía a diputaciones, jefes políticos y virrey. De esta forma, la diputación provincial se erigió en la institución gozne, con legitimación electiva, entre la población y las autoridades virreinales.

La investigación está enfocada en la Diputación Provincial del Puno, de la que además de disponer de las actas de sesión celebradas entre el 16 de junio de 1822 y el 27 de febrero de 1824, se ha logrado desvelar documentación hasta el momento dispersa en diversos repositorios: Biblioteca Nacional del Perú, Archivo de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y Archivo Regional del Cuzco. A partir de su abordaje, se persigue reconstruir un tiempo nuevo de los gobiernos regionales representativos que tejieron agendas políticas propias tanto en los márgenes de la guerra, como en tensa sintonía con el gobierno del Cuzco ⁹ . Y el artículo desvela la originalidad de los asuntos tratados, los vivos debates mantenidos por sus miembros, la determinación inicial con la que se impulsaron los proyectos y el modo en que la guerra y las dificultades propias del ejercicio del poder en un contexto extraordinario fueron minando la actividad y el “ánimo” en el seno de la institución. En definitiva, un bienio político corto, y sin embargo singular, con su anverso y reverso.

Antes de constituirse la diputación provincial, el origen y el desarrollo institucional del territorio tuvo un largo recorrido con la Intendencia de Puno. Creada por Real Orden de 5 de junio de 1784 y formada por los partidos de Chucuito, Paucarcolla, Lampa, Azángaro y Carabaya, tuvo una existencia oscilante entre el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, hasta su definitiva reincorporación al primero en 1796. Sin embargo, su naturaleza de territorio limítrofe complicó ciertas demarcaciones. Tras la creación en 1787 de la Audiencia del Cuzco, los distritos de Carabaya, Lampa y Azángaro fueron puestos bajo su jurisdicción, mientras los partidos de Paucarcolla y Chucuito permanecieron subordinados durante un cierto tiempo a la Audiencia de Charcas. Desde una perspectiva eclesiástica ocurrió algo parecido, repartiendo su dependencia entre el Obispado de Cuzco y el de La Paz ¹⁰ . Finalmente, a partir del 1 de febrero de 1796 y pasando Puno nuevamente bajo la égida de Lima, las demarcaciones administrativas y eclesiásticas de la Intendencia de Puno quedaron definitivamente fijadas hasta la independencia (ver cuadro 1).

Como resultado de los ajustes territoriales, la intendencia contuvo un territorio de 112.571 kilómetros cuadrados, incluyendo a las misiones de Apolobamba, que posteriormente pasaron a Bolivia, y la parte correspondiente a Madre de Dios que, tomando como referencia los ríos Madre de Dios e Inambari, estaba repartida entre el Cuzco y Puno. Pese a ello, el territorio efectivo en el que la presencia de las autoridades garantizaba una gestión política y presencia mínima probablemente no alcanzase los 67.000 kilómetros cuadrados ¹¹ .

Con relación a la demografía, la Intendencia del Puno tuvo una evolución notoria en comparación con el resto de las intendencias, aunque cambios de adscripción administrativa de territorios y discrepancias entre censos impiden hasta ahora llegar a conclusiones rigurosas. Es decir, el censo que el virrey Francisco Gil de Taboada mandó levantar en 1795 tiene singularidades propias que lo diferencian sustancialmente del conteo de población electoral de la estadística del virrey José Fernando de Abascal de 1812 y del censo «perdido» de José de la Mar de 1827. Aun con estas prevenciones, podemos determinar que en 1821 la población podría estar cerca de los 200.000 habitantes sobre un total en el Perú ligeramente superior a 1.4000.000 (ver tabla 1). Y, como característica singular de la provincia, se subraya la gran proporción de población indígena sobre el total (ver tabla 1).

En cuanto a la estructura económica provincial, ya en la configuración de la intendencia se tuvo en cuenta que las realidades regionales comprendieran la mayor parte de los circuitos económicos completos ¹² . Su economía, basada en la agricultura en hoyas, en el desarrollo de cierta actividad minera -sobre todo en el partido de Lampa-, y en el nomadismo pastoril en puna, respondía a una lógica que combinaba un alto grado de autoconsumo con el papel de apoyo logístico a las ciudades principales y a los centros mineros tanto del altiplano boliviano como del peruano. Y, tomando como referencia los datos del 1827, la renta per cápita de la provincia, aun no alejándose en demasía de la media correspondiente a la región del sur, era de las más discretas del Perú (ver tabla 2).

Definido el territorio, la demografía y la estructura económica, en lo político 1820 significó un giro. La recuperación de la Constitución de Cádiz, que venía acompañada de un profundo cambio en el sistema de gobernanza administrativa y territorial, supuso la abolición de facto del sistema de intendencias y su sustitución por una estructura de gobierno provincial formada por una diputación y un jefe político, que a su vez presidía a la primera. La diputación estaría conformada por siete diputados electos, un intendente de hacienda y un secretario ¹³ . En una primera fase, la diputación del Cuzco se activó a instancia de Pío Tristán en su calidad de jefe político de la provincia, estando compuesta por diputados del Cuzco y del Puno. Tras las elecciones celebradas el 17 de marzo de 1821, el grupo puneño se completó con los diputados propietarios Pedro José Martínez Camacho, Juan Francisco Reyes, José Manuel Salas y Andrés Bornas; y como suplentes, Crisólogo Santos y Juan Antonio Larrauri ¹⁴ . Aunque se sabe poco del desarrollo institucional de la diputación entre 1821 y 1822 porque no ha quedado rastro documental de las sesiones que celebró, sí tenemos constancia de su existencia y actividad gracias a evidencias relacionadas con la recepción de documentación oficial de carácter electoral, relativa a las elecciones de ayuntamientos y a la proclamación de alcaldes de pueblos ¹⁵ .

Con arreglo a la Real Orden de 14 de mayo de 1821, y ya instalado el gobierno de José de la Serna en la nueva capital del virreinato, se dio un impulso decisivo a las diputaciones provinciales con la creación de las de Arequipa, Cuzco, Huamanga, Huancavelica, Puno, Tarma, La Paz, Potosí, La Plata y Santa Cruz. Una vez celebradas las elecciones, el 16 de junio de 1822 se instaló la Diputación Provincial del Puno con la presencia del jefe político de la provincia e intendente de Hacienda, Tadeo Joaquín Gárate Cañizares ¹⁶ , y los diputados Pedro José Martínez Camacho, vicario del partido de Lampa, Juan Francisco Reyes, insigne minero, José Manuel Salas, Francisco Manuel Chamorro y el capitán del ejército, Manuel Pino. Todos ellos estuvieron acompañados por representantes del Ayuntamiento de Puno, corporaciones, alcaldes constitucionales, regidores y recaudadores de los pueblos. En ausencia de dos diputados propietarios, Andrés Bornas, cura de Nuñoa, y Manuel Castaño también tomaron posesión los suplentes Crisólogo Santos, cura de Santiago de Pupuja, y el teniente coronel Juan Antonio Larrauzi ¹⁷ . Dos días más tarde fue elegido en calidad de secretario José Manuel Salas. Y el 19 de junio, se consensuó actuar urgentemente en la refracción de los espacios de la Casa de Gobierno destinados como sede de la diputación provincial. Bajo supervisión del diputado Manuel Pino, la comisión de obras y presupuestos fue encargada al oficial mayor de rentas, Juan Escobedo en consorcio con Felipe Arce. Y siendo los fondos dependientes de la diputación los correspondientes al producto de Bienes de Comunidad y el Tomín de Hospital, se encomendó al intendente más antiguo de Hacienda la labor de determinar con precisión los caudales disponibles a cargo de la Hacienda Nacional mediante la separación de ingresos, inversiones y deudas ¹⁸ .

Una vez cerrado el proceso de constitución, la diputación provincial comenzó a dar los primeros pasos de la fase preparatoria. El 21 de junio fueron marcados entre las principales atribuciones detalladas en el artículo 335, capítulo segundo, del título 6.º de la Constitución, los que serían dos objetivos generales: la formación de un censo general de la provincia y el impulso de los ayuntamientos constitucionales. Asimismo, se comprometió a celebrar noventa sesiones anuales, repartidas en tres cuatrimestres correspondientes a los períodos de junio a agosto, de octubre a enero y de febrero a mayo, de tal modo que los vocales debían agruparse con cuatro días de antelación al arranque de cada cuatrimestre. Por último, se estableció que el funcionamiento orgánico se regiría por un reglamento que emanaría de una comisión encargada para tal fin, compuesta por los diputados Juan Francisco Reyes, Francisco Manuel Chamorro y José Manuel Salas.

Tras disposiciones menores tratadas en las jornadas del 22 y 25 de junio tocantes al presupuesto para reformar los espacios destinados al gobierno de la provincia, se produjo tanto la recepción de la orden del virrey de 13 de mayo relativa al desarrollo del Decreto de 25 de octubre de 1820, referente a la desamortización de bienes de regulares y monacales, y como el nombramiento del patrón de la diputación. El 5 de agosto se recuperó la actividad con impulso renovado. Recibidas contestaciones al oficio de instalación por parte de las diputaciones provinciales del Cuzco, La Paz y Arequipa ¹⁹ , de los obispos de las dos principales capitales, de la Audiencia del distrito y del teniente general Juan Ramírez, y en virtud del segundo capítulo del título 6.º de la Constitución y el segundo capítulo del Decreto de 23 de junio de 1813, y en interés de agilizar los trabajos de la diputación, se crearon tres comisiones. La primera, bajo el título de «observación de la Constitución y decretos superiores», estuvo compuesta por los tres primeros diputados; la segunda, «fondos y rentas públicas», por el intendente y los diputados cuarto y quinto; y la tercera, «ramos políticos en general», quedó constituida por el secretario y los diputados sexto y séptimo.

Mientras la diputación iba asentándose, se produjo el primer encontronazo con las autoridades virreinales en un asunto aparentemente menor. Mediante sendos oficios del virrey, correspondientes al 13 y 31 de julio, se ordenó la suspensión de las obras presupuestadas para las secciones de la diputación y la inserción de la vista del fiscal de la Audiencia del Cuzco. El tema, derivado a las comisiones de «observancia de la Constitución y decretos superiores» y a la de «fondos y rentas públicas», tuvo un recorrido tirante hasta la desabrida sesión del 23 de octubre, con gruesas calificaciones sobre la figura del fiscal y agrios reproches por el trato discriminatorio que la diputación recibía en asuntos o cuestiones de representatividad y simbolismo en comparación con las diputaciones provinciales de la península ²⁰ . El tema quedó aparcado con un malhumorado acatamiento. Pero, más allá de la disputa entre autoridades, la diputación prosiguió con su andadura.

La sesión correspondiente al 8 de agosto tuvo un carácter especial ²¹ . En cumplimiento del párrafo 13 del art. 335 de la Constitución, relativo a la vigilancia en la economía, orden y progresos en las misiones por la conversión de indios «infieles», la diputación ideó un proyecto de expansión en los confines del partido de Carabaya o, según sus palabras, en tierras «bárbaras». Con el objetivo de propagar la religión católica y activar potenciales fuentes de riqueza y de ingresos, los diputados aprobaron la fundación de dos misiones en puntos estratégicos desde donde lograr «la conversión de algunas naciones». Bajo el influjo de la ilustración y «la prudencia» se esperaba tener éxito donde todas las expediciones desde la conquista habían fracasado ²² . El establecimiento de las misiones-fortines quedaba supeditado a la obtención de información útil y veraz que los párrocos y ayuntamientos del partido de Carabaya debían proporcionar en relación con las posiciones geográficas, producciones, puntos de conexión e intercambio con los «bárbaros», estimación de la población, sus costumbres y grado de «ferocidad». El otro punto que, en paralelo, tuvo especial interés por parte de los componentes de la diputación fue el de la decadencia de la minería, controversia que se retrotraía más allá de los ciclos de la guerra.

Así, el mes de agosto fue consumido en asuntos ordinarios que abarcaron desde la obtención de fondos con los que cubrir las dietas de los diputados a Cortes por la provincia correspondientes a la legislatura de 1822-1823, hasta la inhibición en los asuntos de la administración de justicia, pasando por la elaboración de informes relativos a la constitución de escuelas públicas para la enseñanza de la «juventud» en la provincia y la fundación de una escuela de primeras letras en la capital. Pero, hubo un hecho que llamó la atención. Más allá de la puesta a disposición, por parte del jefe político, de toda la documentación recibida, procedente de las secretarías de Estado y Guerra, Ultramar, Gracia y Justicia, Hacienda, de la propia secretaría del virrey, y la publicada en gacetas y periódicos de diversa índole ²³ se repartieron entre los miembros de la diputación los tomos correspondientes a los Diarios de Sesiones de las Cortes desde su restablecimiento en 1820 ²⁴ . Este comportamiento demostraba el interés por instruirse con solvencia en los principios liberales, y de gobernar y ser gobernados desde el conocimiento preciso del marco normativo constitucional.

El segundo cuatrimestre del primer año político arrancó con la sesión del 9 de octubre. Con respecto a cuestiones de orden, el diputado Pelotieri, tercer suplente, sustituyó a Castaño, que había fallecido, y Pino hizo lo propio con Riva como Intendente interino por enfermedad. En cuanto a los debates, las sesiones se enredaron en torno a la controversia de las dietas correspondientes a los diputados a Cortes. Ante la advertencia realizada por las autoridades virreinales de evitar taxativamente para tal fin los fondos vinculados a la Hacienda Nacional e imponer nuevas contribuciones, el margen se había reducido a los magros e insuficientes alcances que dejaban las partidas presupuestarias de los Bienes de Comunidad de la provincia y el Tomín de Hospital. El expediente deambuló, entonces, en sucesivas sesiones falto de una solución operativa retornando una y otra vez para su estudio a la comisión de fondos públicos ²⁵ . Asimismo, otros temas de variada naturaleza fueron objeto de estudio y análisis por parte de los diputados ²⁶ . En sesión del 22 de octubre, y con motivo de un debate centrado en los problemas comunes que atenazaban a los ayuntamientos de la provincia, afloró la polémica en torno a los terrenos baldíos ²⁷ . Se pidió copia del correspondiente decreto soberano y de la real orden librados por el rey sobre el particular. La discusión no era menor. Los terrenos baldíos habían sido masivamente transferidos a terceros y su gestión alejada del interés general de los municipios. En la sesión del 31 del mismo mes, fue detectado otro problema sistémico relacionado con la corrupción en el ámbito municipal. Los abusos eran generalizados en los juzgados de los alcaldes constitucionales con relación a los derechos exigidos por las conciliaciones y otros trámites burocráticos, cobrándose a los ciudadanos cantidades superiores al arancel vigente establecido en el Reglamento de Audiencias y Juzgados de primera instancia. En otro orden de cosas, el 12 de noviembre fue discutida la Real Orden de 19 de enero de 1821, que suprimía el empleo de Protector de Indios. El informe, que había sido solicitado por el virrey, recogió la postura favorable de la diputación sobre la supresión de la figura, considerándola incompatible con el sistema liberal y señalando que la población indígena, al igual que el resto de la ciudadanía, disponía de los mecanismos constitucionales para ejercer la defensa de sus derechos y resolver sus demandas y reclamaciones a través de la conciliación y la vía administrativa.

En los últimos compases del cuatrimestre, cuatro asuntos clave consumieron los esfuerzos de la diputación. El plan y método general de estudios y la ampliación de la red de salud pública, el fomento de la economía provincial, la formación de censos y las instrucciones a los diputados a Cortes. Su elección no fue resultado de la casualidad. Tadeo Gárate, que disponía de un amplio bagaje político, sabía de la importancia, para definir los asuntos estratégicos en la agenda y ejercer una gobernanza efectiva, de disponer de una abundante información provincial. Diez años atrás había sido elegido diputado a Cortes en Madrid por la provincia del Puno, y contó con el apoyo del gobernador Manuel Quimper y la autorización certificada del general del Ejército del Alto Perú, Manuel José de Goyeneche. Ello le había habilitado para recopilar de obispados, subdelegaciones de partidos y ayuntamientos una amplia variedad de material estadístico de la provincia y de informes cualitativos en torno a necesidades estructurales; vastos «saberes» que le permitieron realizar notables intervenciones en la Cámara y desempeñar una actividad parlamentaria solvente ²⁸ . Sobre la base de esa experiencia, se siguió un camino conocido y fijado en los cuatro elementos ya señalados.

Con relación al primero, fue acordada la creación de una Casa Pública de Estudios en la provincia con cargo a los fondos del 3 % de la masa decimal de los sínodos de los curas y las capellanías eclesiásticas, recursos que antes se destinaban a los seminarios de las ciudades del Cuzco y La Paz. Asimismo, en cuanto a la infraestructura sanitaria, y tras un análisis crítico del Tomín de Hospital y comprobada la situación de infrautilización del Hospital San Juan de Dios, comprometido al cuidado de los naturales, se aprobó la creación de cinco casas de misericordia, una en cada una de las capitales de los partidos de la provincia. Los expedientes fueron trasladados a la comisión de fondos públicos ²⁹ .

Con respecto al fomento de la economía provincial, en sesión del 26 de octubre, las comisiones de observación de la Constitución y de los fondos públicos evacuaron un expediente sobre el auxilio del ramo económico y concluyeron en una serie de iniciativas fundamentales. Empezando por el sector minero, viejo pulmón de la economía regional, y partiendo de un diagnóstico que ponía el énfasis en la falta de conocimientos teóricos y prácticos acordes a los últimos avances, se propuso facilitar la recepción de beneficiadores científicos. En el campo comercial, se optó por eliminar las aduanas interiores y dejar operativas únicamente las marítimas. En el terreno de la fiscalidad, se impulsó la contribución única y la realización de una reforma general del sistema de rentas. Por último, en la esfera de la producción agraria, se quiso desarrollar un plan de expansión de tabacales en los valles de Carabaya ³⁰ .

En cuanto a la formación de los censos, la diputación consideró que la elaboración de estadísticas era una herramienta fundamental para su acción de gobierno. Su ausencia la dejaba ciega. En este sentido, el gobierno virreinal, con la intención de ilustrar la realidad social del territorio, había proporcionado unas directrices generales. Mediante el Oficio de 24 de octubre de 1822 había trasladado a las diputaciones provinciales, alcaldes y ayuntamientos constitucionales una copia de la Real Orden de 31 de enero de 1821, relativa a la elaboración de los censos. A la comunicación se adjuntaron catorce modelos de planillas en las que se registraría la información recabada sobre la población y la riqueza. Los datos remitidos debían recoger un censo de la población total, edades, calidad de estado, condición y modo de vida, clasificación en clases y castas, además de un informe detallado de los ciudadanos que ostentaran títulos de Castilla, mayorazgos, repartición de primera nobleza, y de los demás residentes asentados en «campos, aldeas, haciendas, chacras y ranchos» ³¹ . Sobre esta petición del virrey, la diputación instó a las autoridades subalternas a recopilar las cifras y apuntes con los que completar los formularios. Entonces, en la sesión de 31 de octubre, a raíz de la recepción del Plan de censo y estadísticas del partido de Carabaya y su devolución por inexacto y disminuido se aclararon las razones que debían sustentar la elaboración de los censos y las estadísticas para que las planillas fueran oficialmente aceptadas. El acta de aquella sesión sería remitida a los subdelegados para su preciso cumplimiento ³² . Con ello, quedó remarcado que los planes demandados requerían de dos tipos de información diferenciada: la correspondiente al censo de población y la relativa a la estadística de los pueblos del partido. Por un lado, el censo debería registrar el número de españoles y de los individuos de las distintas castas, de ambos sexos, distinguiendo también a los contribuyentes, «reservados, próximos, viudas y niños». Por otro, la estadística tendría que reflejar una información variada de amplio espectro. En términos administrativos, el registro del número de regidores por ayuntamiento, de jueces de partido, de corregidores, y una breve reseña de las visitas de las autoridades y las resoluciones de intendentes y obispos. En cuanto a los datos fiscales, además de una actualizada base de la contribución de naturales, se pedía información sobre los productos de los arbitrios ordinarios y extraordinarios, los alcances de los Bienes de Comunidad y los ingresos y emolumentos de cada párroco y su ayudante, así como del número de pilas bautismales existentes. El objetivo económico de todo ello era reflejar el nivel de las producciones naturales y fabriles. En definitiva, se estaba pensando en la elaboración de cuadros estadísticos mejorados y más completos que los evacuados por los subdelegados de la provincia en 1812 con motivo de la recopilación solicitada por los diputados a Cortes (ver imagen 1).

Además de todo lo anterior, y desde una perspectiva topográfica, se solicitaba la elaboración de un detallado plano de los ríos y sus caudales, «playas de oro», de los pasos geográficos de tránsito difícil y de las distancias entre los poblados. Y, finalmente, a modo de referencias sociales y culturales, se sugería registrar usos, costumbres, abusos, «defectos y corruptelas». En este sentido, y ante la falta de evidencias documentales remitidas a la Diputación de Puno, sirva de ejemplo la planilla remitida a la Diputación del Cuzco por parte del partido de Paucartambo (ver imagen 2).

En suma, el mapeo exhaustivo de la provincia proporcionaría a la diputación un conocimiento preciso del territorio y sus gentes. Un añejo anhelo ilustrado que volvía a aflorar en el marco del segundo momento del liberalismo hispánico.

Con relación a las instrucciones a los diputados a Cortes, se dedicaron varias sesiones monográficas a su estudio. Las primeras consistieron en reuniones en las que se fueron sumando ideas, iniciativas y reclamaciones que, vinculantes a la provincia, correspondía a las Cortes fijar su posición. La preceptiva autorización para la aprobación de una Casa Pública de Estudios, el reclutamiento de indios con destino a las labores mineras, la creación de un banco de rescate, el incentivo para la plantación de tabacales y su libre comercio o la supresión de adunadas interiores y la reforma del sistema general de rentas, fueron asuntos recogidos en el citado expediente, junto a temáticas menores relacionadas con el orden de prelación de los diputados provinciales en su renovación o en su desempeño en el cargo y su reelección en circunstancias particulares ³³ .

En esta línea destacó una sesión por la forma y el fondo de lo debatido. Como prolegómeno hay que considerar que las informaciones que llegaban desde la península reforzaban la sensación de que la vía política podía abrirse paso como solución a la guerra. La Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú de 9 de agosto de 1822 había publicado la apertura en Cortes en sesión secreta de debates sobre el estado de las «Américas» y las providencias a expedir ³⁴ . Así, el 5 de noviembre, el diputado Reyes, a quien había correspondido el encargo de ordenar y sistematizar las instrucciones que debían acompañar a los diputados a Cortes, presentó un discurso político de profunda carga. Reyes hizo explícitos los límites que suponía gobernar en tiempos de guerra al preguntarse «de que sirven proyectos y medidas en todos los ramos gubernativos y económicos si un hado fatal nos conduce a una segura ruina» ³⁵ . En su opinión, las instrucciones dadas a los diputados en medio de la guerra o lo que las Cortes dispusiesen no podrían pasar de vanos propósitos. Y, el Perú, como último resto que quedaba de la presencia española en la América continental, corría el riesgo de convertirse en la más «infeliz víctima» tras un ciclo largo de «guerra civil» que se había extendido por más de «trece años» ³⁶ . Para él, las pérdidas se acumulaban ejercicio tras ejercicio y de una población que en tiempos de paz que había superado los 200.000 habitantes, entre los que se computaron 8.000 españoles y mestizos, solo quedaba de estos últimos el centenar. Añadió que la economía, incluyendo la actividad minera, se había reducido a un «frío esqueleto» ³⁷ , de manera que de continuar así las cosas se corría el riesgo de dejar al «Perú en estado inservible» ³⁸ . El diputado finalizó su discurso instando al Gobierno de España a que pusiese, por los medios más conducentes, fin a la guerra de América ³⁹ . El pleno de la diputación suscribió, de forma unánime, en todos sus términos la intervención. La solicitud realizada se insertó como décimo y último punto en el documento final de instrucciones para los diputados a Cortes, proponiendo «la terminación de la guerra en América como el primer interés de ella» ⁴⁰ . Y con estas reflexiones se cerró el segundo cuatrimestre del primer año político.

El tercero dio comienzo con la sesión del 20 de febrero de 1823. El ambiente político, económico y social era otro. Quedaba lejos el empuje inicial de junio de 1822. Los bríos con los que se había desenvuelto la diputación, con la determinación de hacer valer las funciones que el gobierno provincial tenía reconocidas en el Decreto de 13 de junio de 1813, y con el impulso de proyectos de largo aliento, como lo habían sido el plan de censos y estadísticas, la colonización de nuevas tierras, el asentamiento y concentración de poblaciones o la dinamización del sector minero, habían quedado desfondados frente a una realidad que todo lo frenaba. Pero hubo más. Hasta la unanimidad con la que se había estado funcionando en los dos cuatrimestres precedentes se rompió cuando hubo que decidir mediante votación la forma con la que se debía proceder a renovar la mitad de los miembros de la corporación ⁴¹ . Ni el resultado de las batallas de Torata y Moquegua sirvieron como revulsivo. Al contrario, la cercanía de la guerra a la provincia, aunque fuese a modo de victorias, más allá de la retórica panfletaria, oscurecía los ánimos del gobierno provincial. Para colmo, la sesión del 20 de febrero puso a la diputación definitivamente a la defensiva frente al virrey. La Orden de 31 de enero de 1823 que reclamaba un empréstito forzoso de 25.000 pesos a cubrir por los contribuyentes con más de 2.000 pesos en rentas y los curatos fue recibida con el máximo recelo y se decidió declarar a la diputación en sesión permanente. Asimismo, la ejecución de la operación entrañaba serias dificultades porque contemplaba un plazo muy corto de recaudación que finalizaba el 6 de marzo. La diputación, compuesta por insignes representantes de las haciendas, las minas, el comercio y el estamento eclesiástico, todos ellos grupos marcadamente afectados por la citada orden, desplegó una notoria resistencia. Primero, denunció el esfuerzo fiscal que la provincia venía desempeñando en comparación con otras con una riqueza ostensiblemente superior, como era el caso del Cuzco y Arequipa. Y segundo, planteó de forma explícita la existencia de discrepancias que hasta el momento no se habían puesto de manifiesto, tales como la desigualdad en los contingentes mensuales, la urgente rectificación de las revisitas de indios y la revisión de las cuentas relativas a los Bienes de Comunidad administrados desde el Cuzco.

El desánimo era patente. En la sesión del 3 de marzo, el jefe político verbalizó la imposibilidad de desarrollar el trabajo ordinario y de ejecutar los acuerdos, ausentándose en la sesión el día 5 de marzo. Al día siguiente, una diputación sensiblemente disminuida prosiguió con las tareas en torno al empréstito de guerra en doble sesión, diurna y nocturna. Las relaciones con el gobierno virreinal siguieron enrareciéndose y, exceptuando las órdenes y circulares relativas al fomento de la minería que fueron bien recibidas ⁴² , el resto de las disposiciones eran despachas con destemplanza. Buena prueba de ello fue la notable oposición a la decisión del virrey de paralizar los concursos eclesiásticos tras desvelarse una amplia red de corrupción sobre los aranceles religiosos ⁴³ . Asimismo, los balances del Estado de la Caja Nacional del Puno desde marzo de 1820 iban mostrando un agotamiento fiscal imparable ⁴⁴ . Finalmente, la guerra y su avance hacia la provincia del Puno obligó a cerrar abruptamente el primer año político, sin posibilidad de sesionar.

El segundo año político, arrancó con la sesión de 2 de junio de 1823. El discurso a cargo del jefe político no dejó dudas sobre el momento crítico que vivía el gobierno regional. A pesar de la explícita defensa que hizo del cuerpo central de la legislación liberal y de que remarcó las virtudes del código constitucional, en su opinión, las extraordinarias circunstancias habían acabado por ahogar al régimen y sus aspiraciones ⁴⁵ . Las noticias esperanzadoras sobre la expedición marítima preparada en Cádiz con el objetivo de sostener la presencia militar española en el Perú, publicadas por la Gaceta Extraordinaria del Gobierno Legítimo del Perú el 25 de mayo de 1823, tampoco mejoraron los ánimos ⁴⁶ . En opinión de Tadeo Gárate, la guerra y la crónica escasez de recursos habían convertido a la diputación provincial en una institución fallida en la que las providencias eran irrealizables y todo quedaba a expensas de la llegada de los días tranquilos que traerían los tiempos de paz. La consecuencia de ese estado de ánimo público era que las sesiones se sucedían carentes de pulso político ⁴⁷ . Con debates sobre las dietas de los diputados a Cortes, imposibles de hacer efectivas sin comprometer a la Hacienda Nacional, e inútiles reclamaciones a los subdelegados de partido sobre los censos y estadísticas que seguían sin ser remitidos, el tiempo corría estérilmente para una diputación que iba adoptando cada vez una posición menos comprometida. Como la situación económica del gobierno del virrey La Serna no dejó de agravarse, los peores presagios se confirmaron en la sesión del 9 de junio de 1823, cuando se hizo pública la Orden de 4 de junio que establecía una contribución forzosa de 60.000 pesos, que debían repartirse entre los propietarios de haciendas y ganados de todas clases de la provincia.

El anuncio llegaba en un momento en el que la provincia aún no había recuperado el resuello tras el envío de los últimos caudales a la Caja Matriz del Cuzco ⁴⁸ . Y el impuesto, pagadero en dos mitades correspondientes al 15 de julio y al 15 de agosto, fue recibido con fuerte contestación. Martínez Camacho lo despachó como impracticable, el intendente interino subrayó la dificultad de su justo cumplimiento por la falta de estadísticas, Bornas protestó por los cortos plazos de ejecución, y Pelotieri y Pino se quejaron por el trato discriminatorio en comparación con otras provincias. A pesar de todo, fue nombrada una comisión especial compuesta por ocho miembros, tres pertenecientes a la diputación, el intendente interino, Bornas y Pelotieri, y cinco externos, Miguel María Aguirre, en calidad de ministro tesorero, Miguel Garcés, administrador de rentas, Juan Oviedo, contador, y los subdelegados de Chucuito y Lampa, Pedro Miguel de Urbina y Francisco Sánchez Quiñones. Y tras varias sesiones preparatorias, el 19 de junio se discutió ampliamente la propuesta elaborada por la comisión. La diputación rechazó la contribución, reforzó los argumentos que debían esgrimirse en la correspondiente respuesta oficial a las autoridades virreinales con un manejo solvente de la legislación liberal en torno a las controversias fiscales, y acordó solicitar audiencia con el virrey para poder presentar personalmente el proyecto alternativo. El argumento fue que incumpliendo el concepto de haberes líquidos recogido en el Decreto de 3 de septiembre de 1812, la contribución forzosa venía a suponer un impuesto que gravaría el 75 % de la riqueza líquida provincial ⁴⁹ . Además, y tomando como referencia el estado de la Caja y Tesorería principal de Puno en 1823, la contribución representaba un notable incremento de la presión fiscal para las capas sociales al margen de la población indígena, que hasta el momento era la que sostenía el sistema a través de su participación en la contribución de naturales ⁵⁰ . Por otra parte, la escasez de numerario en circulación suponía un obstáculo añadido que ya había complicado la imposición de una iniciativa anterior de menor envergadura, el empréstito forzoso de 25.000 pesos. Con todo ello, la comisión armó una propuesta que reducía la aportación a 20.000 pesos. La contestación del virrey no se hizo esperar. Después de escuchar las razones expuestas por las autoridades provinciales ofreció una rebaja de 10.000 pesos, dejando el monto final de la contribución en 50.000 pesos ⁵¹ . A partir de ese momento, la diputación adoptó una actitud de resistencia pasiva, se abstuvo de participar en el proceso y cedió al jefe político el encargo de tratar en exclusividad con el virrey. La respuesta ponía de manifiesto el distanciamiento político entre la diputación y el gobierno virreinal, y la ausencia de varias firmas en el acta indicaba la existencia de un acatamiento imperfecto. También quedaron sin rubricase las actas de las juntas de los días 8, 9 y 11 de julio, cuando de nuevo el cuatrimestre finalizó de forma inesperada. La guerra volvía a llamar a las puertas de la provincia. Ante la inminente entrada en el territorio del grueso de las fuerzas patriotas involucradas en la segunda Campaña de Intermedios, el jefe político redactó una carta que, cerrada y sellada, debería ser entregada al invasor mediante persona seleccionada. Y más allá de algunas comunicaciones puntuales entre el intendente de Hacienda, Tadeo Gárate, y las autoridades del Cuzco relativas al posicionamiento de los ejércitos y los movimientos de las tropas, la diputación quedó en suspenso mientras los ejércitos se enfrentaron dentro de los límites de la provincia ⁵² .

La actividad se reinició en la sesión del 26 de noviembre de 1823, una vez resuelta con éxito la campaña militar. Tomaron juramento los nuevos vocales elegidos, Francisco Javier Loayza, Agustín Narváez y Casimiro Rudensindo Bravo. Asimismo, y con el objetivo de ganar agilidad ejecutiva, fueron suprimidas las comisiones sectoriales, sustituyéndolas por una única y extraordinaria, compuesta por los diputados Reyes, Loayza y Narváez, que trataría todos los asuntos derivados por el pleno. A pesar de los relevos y del parón impuesto por la guerra, el ambiente en la institución no dejó de deteriorarse. Tadeo Gárate volvió al discurso derrotista de la inoperancia, poniendo el énfasis en la asfixia económica y en la escasez de recursos que conducían a la renuncia de facto en el ejercicio de las funciones ordinarias ⁵³ . Y, tras la entrega en el mes de noviembre de 139.458 pesos a la Tesorería General del Cuzco, la tensión entre la diputación y el virrey escaló con motivo del pulso fiscal ⁵⁴ . La diputación manifestaba su falta de sintonía al asumir un déficit irrecuperable de 36.000 pesos correspondiente al contingente extraordinario cuatrimestral de 1823 de la provincia, al aprobar para 1824 un presupuesto irreal basado en «bulas y baldíos» y al recibir con desgana el proyecto de contribución general del virreinato. Y así se pasó del disimulo ejercido desde una colaboración obligada a una postura institucional de confrontación que denunciaba los abusos y desórdenes que el ejército realista cometía de forma sistemática en los pueblos de la provincia ⁵⁵ . El acta recogía expresiones que recordaban las declaraciones públicas de los representantes del Ayuntamiento Constitucional de Lima en 1821, a pocas semanas de que el virrey evacuara la capital ⁵⁶ . Se trataba de manifestaciones propias de quienes, al no sentirse ni partícipes ni corresponsables, no reconocían la obligación de ser organizados. A finales de 1823 la atmósfera no podía estar más enrarecida.

Las sesiones del tercer cuatrimestre correspondientes al segundo año político se reiniciaron el 13 de febrero de 1824 con la solicitud por parte del virrey de un amplio pedido de información administrativa, y la reclamación de acelerar el proceso de acotación y ejecución de la contribución única y general. La respuesta por parte de la diputación fue diletante. Por una parte, informaba de que la contribución general avanzaba lentamente en la fase inicial de división por cuarteles de la capital; por otra, insistía en los excesos cometidos por el ejército en las estancias y tránsitos por la provincia. La última sesión de 27 de febrero de 1824, sin rúbricas, fue fiel reflejo de un tiempo marcado por el distanciamiento político. El régimen constitucional daba sus últimas bocanadas. Su caída arrastraba con la novedosa arquitectura institucional y legislativa que el liberalismo hispano había representado, aunque su poso experimental quedase a modo de acervo colectivo. Y las diputaciones provinciales no fueron una excepción. José Manuel Salas, en calidad de secretario, depositó y custodió la documentación oficial de la diputación hasta su entrega en febrero de 1826 a las nuevas autoridades republicanas.

A partir de 1808, la eclosión juntista peninsular y americana fue el espacio propicio para el surgimiento embrionario de una nueva cultura política en el mundo hispánico que comprendía desde giros inesperados del discurso público hasta nuevos modelos de representación, pasando por innovadoras prácticas sobre lo político y lo económico. La Constitución de 1812 fue el resultado de un complejo proceso de decantación que debía armonizar la tradición con los ánimos de reforma, y, a la vez, hacer compatible un esquema liberal con los estamentos identificados con el «viejo orden». Cádiz facilitó la tarea. Fue el escenario propicio en el que incubar un proyecto de nueva planta que señalaba a la Nación como sujeto colectivo, y establecía el sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, y el derecho de propiedad. A estas líneas maestras se sumaría el reconocimiento de la ciudadanía a todos los nacidos en los territorios peninsulares y de Ultramar. En el tiempo comprendido entre 1808 y 1814 germinó en los territorios americanos, y particularmente en el peruano, una conciencia nacional que, enraizada en los previos recorridos fidelistas y autonomistas de las juntas hispanoamericanas, se vería reforzada con el acatamiento del liberalismo hispánico. Y tras el impase que supuso el sexenio fernandino, el Trienio Liberal volvió a recuperar el aliento reformista impactando en los territorios americanos bajo administración española.

Las guerras constituyen un fenómeno sumamente complejo para el historiador y le obligan a realizar un doble esfuerzo. Reducir el análisis a los aspectos militares conduce a empobrecer la historia, pero prescindir del hecho militar y atender únicamente a los fenómenos políticos, económicos y sociales la hacen ininteligible. Solo resta la apuesta por un relato integrador que enlace también esa mixtura con los acontecimientos peninsulares. En este texto, se ha querido mostrar a la Diputación Provincial del Puno como uno de los hilos comprensivos y conductores de un nuevo modelo de gobernanza en lo político y en lo económico que, durante la guerra de la Independencia, se pretendió poner en marcha en el Perú. El bienio liberal, que vino a representar los años políticos de 1822 y 1823 en las provincias bajo control del ejército realista, se muestra, de ese modo como un periodo clave para interpretar el virreinato en sus últimos compases y la República en sus pasos iniciales. La investigación en torno a sus protagonistas, a la elección de los temas que formaron parte de la agenda política, a la atmósfera cambiante que, a su vez, influyó en los personajes y en los debates, nos revela la historia de una institución, la diputación provincial, representante de un régimen liberal y con mayor recorrido e impronta de los que hasta el momento se han reconocido.

Como resultado de su discurrir, aparece un bienio complejo, con interrupciones e inestable, pero también de rápido aprendizaje en los nuevos modelos de gobernanza. En los primeros meses, comprometiéndose en la celebración de 90 sesiones anuales, la diputación provincial asumió con decisión las atribuciones contempladas en la Constitución. Empeñando esfuerzos en la formación de estadísticas, planificando la colonización de territorios ignotos con la fundación de misiones, impulsando la creación de ayuntamientos constitucionales y centros de enseñanzas públicas, y apostando por el cierre político de una guerra que ponía en peligro la viabilidad de cualquier proyecto, la diputación desplegó una intensa actividad gubernativa. Sin embargo, el entorno fue mutando según se fueron produciendo los acontecimientos. Mientras las iniciativas eran inverificables, las reclamaciones fiscales del virrey para poder seguir resistiendo en una posición cada vez más comprometida sobrepasaron los límites asumibles. Como consecuencia, la diputación fue deslizándose hacia una inacción voluntaria.

En definitiva, un primer año político caracterizado por la determinación con la que se pretendió gobernar fue seguido por un segundo año en el que la cercanía de la guerra interrumpió el funcionamiento regular de la corporación. La suma de las consecuentes y crecientes tensiones con el gobierno virreinal, a raíz de las sucesivas exigencias hacendísticas, y la frustración institucional, derivada de las debilidades con las que se venía ejerciendo el poder en el seno de la provincia, fueron orillando a la diputación hacia la irrelevancia y el desánimo. Pero hubo algo más que su desarrollo convulso. La acción de la diputación representó una coda, sin la que resultan ininteligibles la guerra y la independencia en 1824. El análisis de las actas de la diputación del Puno, desde junio de 1822 hasta febrero de 1824, permite la reconstrucción de una parte de la historia política, social y económica del Perú a través de una de las más importantes instituciones que la recuperación de la Constitución de Cádiz trajo de la mano de un revivido liberalismo hispano a los territorios de Ultramar. Un bienio que tuvo ecos más allá de la independencia. Pero eso es otra historia.