La polémica sobre la población de la Nueva España, en particular sobre el crecimiento de la población indígena en el siglo XVIII, habría que ubicarla dentro de la historia demográfica en su relación con los “proceso de identificación” (más que de identidades) de la población indígena y mestiza. En el siglo XVIII, un siglo de grandes crisis demográficas, hay quien ha destacado el crecimiento de la población indígena, mientras que para otros autores fue el siglo de mayor mestizaje. Esta polémica se dio desde fines de la colonia a raíz de las estimaciones realizadas por Fernando Navarro y Noriega, por un lado, y por el otro, de los cálculos del barón de Humboldt, lo cual es una buena forma de ejemplificar esta aparente contradicción. El presente ensayo, con base en la historia demográfica de la parroquia de Aguascalientes y de la historia de la fundación del “otro” San José de Gracia, pretende aportar elementos para continuar la reflexión.

La Memoria escrita por Navarro y Noriega, presentada a la Diputación Provincial de México en julio de 1814, corrigió la que Humboldt había presentado en enero de 1804 al virrey Iturrigaray. No solo consideró un incremento del 20 % de la población registrada en el Censo de Revillagigedo, como lo había hecho Humboldt, sino que elevó la estimación hasta en un 45% para el año 1810. Humboldt había calculado que la población indígena ascendía a 2.500.000 personas, mientras que Navarro y Noriega, con base en las matrículas de tributos, la elevó a más de 3.700.000, considerando una tasa de crecimiento anual de 1,5 % para los 17 años que transcurrieron entre 1793-1810, y agregaba un 19,5 % adicional para compensar la resistencia de la población indígena a ser censada1.

En un estudio de los años sesenta del siglo pasado, la historiadora López Sarrelangue consideró que el cálculo de Navarro y Noriega era “más acertado” y confirmó el crecimiento de la población indígena para el siglo XVIII, teniendo como base el trabajo de Villaseñor y Sánchez de 1742 y las matrículas de tributarios para fines de siglo2. El tema siguió resultando atractivo para los historiadores porque permitía poner en cuestión la idea de que el régimen colonial había limitado el crecimiento de la población indígena. En uno de los primeros trabajos de historia demográfica sobre Oaxaca, José Miranda dibujó a grandes trazos cómo la línea descendente de la población indígena del siglo XVI “se vuelve ascendente entre principios y mediados del siglo XVII, y así continúa hasta las postrimerías de la colonia”. Subraya la existencia de un crecimiento mayor para el siglo XVIII, lo cual de alguna manera corroboró la información proporcionada por Navarro y Noriega para una región en particular3.

Victoria Lerner, historiadora que se adentró especialmente en la información proporcionada por Humboldt y por Navarro y Noriega, cometió los mismos “errores” que Humboldt al calcular la población de los grupos étnicos: sobreestimación de los españoles y mestizos, y subestimación de los los indígenas. En buena medida esto se debió a la imprecisión de los resultados del censo de Revillagigedo y a la tasa de crecimiento estimada de la población que Humboldt llegó a calcular en un 2 %, una tasa “sumamente difícil de aceptar para finales del siglo XVIII” debido a las altas y diferenciadas tasas de mortalidad. La autora reconoció finalmente la necesidad de ampliar las fuentes y los estudios a partir de metodologías más precisas que permitieran ofrecer resultados más confiables4.

La historia demográfica ha experimentado un importante desarrollo desde los años setenta del siglo XX, sobre todo en los últimos años a partir de la creación de la Red de Historia Demográfica con sede en México. En una integración de los estudios recientes sobre historia demográfica, Chantal Cramaussel mostró las diferencias regionales y sobre todo los cambios en la asignación de la “calidad” a un mismo individuo, de tal manera que en una misma familia existían hijos con diferentes calidades, de ahí la existencia de “familias pluriétnicas” o de calidad múltiple que había estudiado David Carbajal, en el sentido de que existía una suerte de negociación de calidad por estrategias de sobrevivencia, como disminuir el pago del tributo. Por esta razón, según comenta la autora, se produjo el declive numérico de los indios y el incremento de las castas, por lo que “hay una contradicción entre la endogamia grupal predominante entre españoles e indios (…) y el aumento del mestizaje, en particular entre los mulatos, a mediados del siglo XVIII. La principal contradicción radica en la polémica sobre el crecimiento de la población indígena frente al aumento de la población mestiza, en el marco de lo que hemos definido como un proceso de identificación. En última instancia, esta controversia marca el inicio de la discusión sobre el mestizaje, un tema que, cabe destacar, sigue vigente en la actualidad. Este artículo, a partir de un estudio de caso centrado en la historia demográfica, busca aportar una contribución significativa a un debate más amplio.

Esta política identitaria comenzó en los años sesenta del siglo XX con la propuesta de Peter L. Berger, Thomas Luckmann y Erving Goffman sobre la construcción social de la realidad, en donde se pueden encontrar recursos para una identificación “suave”, ya que se trataba de comprender un proceso en la “construcción o invención” de las personas. Años después, el seminario propuesto por Claude Lévi-Strauss sobre “La identidad” (1974-1975) terminó por considerar la identidad como: “un centro virtual al cual nos referimos para explicar ciertas cosas, sin que exista realmente”, es decir, como una representación, tema, por cierto, en el que se ha basado la historia cultural5. En la versión más historiográfica, los trabajos, por ejemplo, de Anderson sobre las identidades criollas, de Gellner, Hobsbawm y Ranger sobre el nacionalismo y los regionalismos a través de un concepto como “la invención de las tradiciones” ampliaron la investigación y siguen planteando todavía nuevas preguntas desde una perspectiva histórica, es decir, sobre cómo surgen, cambian y concluyen las tradiciones 6.

A comienzos de este siglo, reflexiones como las de Brubaker y Cooper señalaron los límites del concepto de identidad frente a realidades fluidas y complejas, o incluso de los riesgos políticos contemporáneos al pensar todo en función de identidades fijas o “duras”7. Más allá de la identidad suave, que implica el reconocimiento de identidades fluidas, móviles, múltiples, la introducción por estos autores del concepto de “identificación” ha abierto nuevas discusiones y ha posibilitado estudios sobre realidades complejas. La identificación de uno mismo y de los otros es consustancial a la vida social, mientras que el de identidad sobre todo esencialista no lo es. Podemos identificarnos (a unos o a otros) como parte de una familia, una clase o grupo social, y distinguirlo del proceso de categorización de instituciones poderosas y autoritarias.

A comienzos de este siglo, reflexiones como las de Brubaker y Cooper señalaron los límites del concepto de identidad frente a realidades fluidas y complejas. Alertaban también sobre los riesgos de la fragmentación política al pensar todo en términos de identidades fijas o “duras”. Más allá del reconocimiento de identidades móviles, múltiples y fluidas, lo que algunos denominan “identidad suave”, el concepto de “identificación” que estos autores introdujeron abrió nuevas discusiones y posibilitó estudios sobre dinámicas sociales más complejas. La identificación, entendida como el proceso mediante el cual las personas se reconocen a sí mismas y a los demás en relación con determinados contextos, es consustancial a la vida social. En contraste, la noción de identidad, especialmente en su vertiente esencialista, resulta más rígida y limitada. Podemos identificarnos (o identificar a otros) como miembros de una familia, clase o grupo social, y al mismo tiempo distinguir este proceso de las categorizaciones impuestas por instituciones poderosas y autoritarias que muchas veces buscan homogeneizar o controlar.

De acuerdo con Bourdieu y Foucault, el Estado, con su vasto poder y recursos simbólicos, es uno de los agentes más poderosos en la identificación y categorización de individuos, evidenciado en prácticas como los censos y la emisión de pasaportes. Sin embargo, el Estado no es el único identificador. Los movimientos sociales, por ejemplo, ofrecen identificaciones alternativas, de ahí la importancia de analizar las prolongadas luchas por la identificación. Es crucial distinguir entre “identificación” e “identidad”. La identificación implica procesos complejos y frecuentemente ambivalentes, mientras que la identidad se refiere más a un estado o condición establecida que un proceso7.

Con base en estos criterios, este trabajo se centra en el estudio de un proceso a nivel micro, a través del análisis específico de la dinámica de la población indígena en la parroquia de Aguascalientes, Nueva Galicia, durante el siglo XVIII. Es preciso mencionar que los registros parroquiales son representaciones sociales y, en ese sentido, constituyen un excelente testimonio de cómo las personas se identificaban a sí mismas, o bien cómo eran identificadas por sus familiares o por los sacerdotes. El estudio de los registros tributarios durante dos siglos también puede proporcionar valiosas referencias sobre el proceso de identificación en la época colonial. Estos documentos ofrecen información detallada sobre cómo se categorizaba y registraba a la población.

En aras de evitar un análisis racializado, adoptaremos el concepto de “calidades” para referirnos a los diversos grupos sociales. Este término, como han demostrado varios académicos no solo abarca aspectos fenotípicos, sino también elementos culturales y socioeconómicos8. Asimismo, emplearemos el concepto de “castas” en un sentido más inclusivo, englobando todos los grupos mezclados, incluidos los propios mestizos, tal como se ilustra en los cuadros de castas históricos. Este significado de castas es más apropiado para el siglo XVIII, porque antes estuvo vinculado a los linajes familiares de las diferentes calidades y en ese sentido a la no mezcla; sin embargo, para evitar una mayor fragmentación para el periodo, utilizo el concepto más bien como integrador de todo tipo de hibridaje social. Presentar de esta manera la información nos permitirá hacer comparaciones más amplias y encontrar las proporciones para cada calidad. El concepto de “castas” que empleamos en este análisis refleja una evolución histórica significativa. Mientras que en periodos anteriores al siglo XVIII, este término estaba estrechamente vinculado a los linajes familiares de distintas calidades y enfatizaba la ausencia de mezcla, nuestra aplicación se alinea más con la concepción del siglo XVIII. En este contexto, utilizamos “castas” como un concepto integrador que abarca todo tipo de hibridación social.

De esta manera, utilizaremos las calidades de “indios”, “españoles” y “castas” para nuestro análisis. Esta categorización nos permite una aproximación más precisa a la estructura social de la época colonial, especialmente en el siglo XVIII. Tradicionalmente, las calidades de “indios” y “españoles” se han considerado no solo como elementos fundamentales del mestizaje, sino también como las que poseen una mayor solidez y fortaleza identitaria. Sin embargo, integrar las diversas mezclas bajo la categoría de “castas”, sin que esto implique un grupo homogéneo, permitirá observar con mayor claridad su relevancia para el propio mestizaje.

En un estudio que sigue siendo un referente sobre el tema, John K. Chance, en una crítica a la idea del avance del mestizaje durante la colonia, utilizó el término “mestizo” de manera literal para evidenciar el bajo porcentaje de esta categoría y, por lo tanto, la escasa relevancia del proceso de interacción social en ese contexto9. Sin embargo, a pesar de que se refiere a las “castas” como grupos mezclados, no integra en su argumento a los grupos de afrodescendientes que fueron precisamente fundamentales en el proceso de mestizaje.

Recientemente, el estudio de Joanne Rappaport cuestiona también el concepto de “castas” en su crítica a la denominada “sociedad de castas”, un sistema rígido de clasificación que resulta una herramienta inadecuada para comprender los procesos de identificación, que son ambiguos y flexibles. Su libro se presenta como un excelente ejemplo del uso del concepto de “identificación” en lugar de “identidad”. Mientras que la identificación considera los contextos y, especialmente, el lugar desde donde se realizan las clasificaciones, el concepto de identidad tiende a perpetuar categorías socio-raciales rígidas que no reflejan la complejidad y dinamismo de las relaciones sociales10.

Sin utilizar el concepto de “castas” de manera rígida, sino solamente como un concepto integrador del mestizaje, el presente trabajo está más cercano al estudio de Ben Vinson III “Before the mestizaje…”, es decir, a un proceso que bien podría denominarse “castizaje” para evitar confusiones al asociar al mestizaje con las identidades forzadas por el nacionalismo. Tanto Rappaport como Vinson III contribuyeron a reexaminar nuestra historia colonial a partir de conceptos más flexibles y dinámicos que permiten visualizar un sistema caracterizado por su gran movilidad y adaptabilidad11.

A partir de estos planteamientos, es necesario analizar la información que ha sido más citada respecto a los últimos años del periodo colonial. El estudio de Navarro y Noriega de principios del siglo XIX proporciona tanto una visión de conjunto como un enfoque específico para cada región, permitiendo trazar un mapa de las distintas “calidades” sociales. La descripción del cuadro pone de manifiesto un proceso de diferenciación de las calidades a nivel regional: mientras que la mayor concentración de los "indios" se encuentra en el centro y sur de la Nueva España, el septentrión se caracteriza por un predominio de las castas y los españoles. En general, la mayor proporción de la población, un 60 %, estaba compuesta por “indios”, seguían las castas, con un 21,9 %, y los españoles con un 18,1 %. Atendiendo las divisiones por intendencias y provincias, el mayor porcentaje de población indígena se asentaba en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Mérida, Tlaxcala y México en ese orden; el de las castas en Nuevo México, Zacatecas, Nuevo Santander, Baja California, Durango y Coahuila; finalmente, el de los españoles en Nuevo Reino de León, Texas, Guadalajara, Valladolid y Guanajuato.

Por su parte, Humboldt había descrito a la población novohispana como un auténtico “crisol”, destacando que este fenómeno era incluso más evidente que en el sur del continente. Reconoció, además, que había sido en la Nueva España donde, tras largas travesías, convergieron poblaciones que provenían de los cuatro continentes entonces conocidos, configurando una sociedad profundamente diversa y única en su composición. Los mestizos, según Humboldt, representaban el 25,4 % de la población y los criollos el 21,2 %12, de tal manera que la población indígena era ocho puntos porcentuales menor de lo que había considerado Navarro y Noriega.

La diversidad en las metodologías y estimaciones, como en el caso de la tasa de crecimiento no solo refleja diferentes enfoques técnicos, sino que también representa distintas formas de comprender las identidades involucradas en los procesos demográficos y económicos. Esta variedad de perspectivas se manifiesta en diversos aspectos: La diferencia, como he comentado, entre Humboldt y Navarro y Noriega se debe no solo a las distintas metodologías que emplean y las diferentes estimaciones que realizan, por ejemplo, de la tasa de crecimiento, sino también a su distinta manera de entender las diferentes identidades involucradas. A continuación, se realiza un análisis de esta aparente contradicción mediante el estudio de los registros de una parroquia específica. Este examen revela que, a diferencia de lo observado en los censos generales, los registros parroquiales muestran una tendencia a favorecer la inscripción de individuos como “indios”. Esta discrepancia entre los dos tipos de registros ofrece una perspectiva interesante sobre las prácticas de clasificación étnica de la época y sus posibles motivaciones.

Más de cincuenta años después del ensayo de Lerner, aún no se dispone de información suficiente para aclarar la contradicción que ella identificó claramente entre los datos de Humboldt y los de Navarro y Noriega. Los estudios de historia demográfica, debido a la dificultad de coordinar proyectos y equipos interdisciplinarios, se han llevado a cabo principalmente a través de esfuerzos individuales y de manera fragmentada, centrados en un pueblo o villa específicos durante periodos concretos. Esto ha limitado la posibilidad de realizar análisis más detallados sobre el periodo colonial, dejando el campo dominado por interpretaciones generales y tendencias historiográficas amplias.

El esfuerzo de Elsa Malvido, por ejemplo, es digno de reconocimiento13; sin embargo, todavía no es posible disponer de información más precisa de la “población total” o incluso de la de una región como Nueva Galicia. El criterio comúnmente aceptado es que después del despoblamiento en el siglo XVI, y de una etapa de reposición durante el siglo XVII, en el siglo XVIII comenzó un periodo de crecimiento sobre todo de la población indígena. Sin embargo, sabemos poco sobre los distintos ritmos e intensidad de este crecimiento no solo de la población indígena, sino de las diferentes calidades.

Existe un debate sobre si fue la población indígena o la mestiza la que experimentó un mayor crecimiento durante el periodo colonial. Algunos estudios señalan que a fines de este periodo la población mestiza representaba el 37 % del total, convirtiéndose en el grupo más numeroso14. Sin embargo, como puede observarse en el cuadro de Navarro y Noriega, la población indígena representaba el 60 % de la población total y las castas solo el 21,9 %.

El trabajo que realizamos a nivel de la parroquia de Aguascalientes permite analizar los registros de bautizos, matrimonios y defunciones de las diferentes calidades durante los siglos XVII y XVIII. Ello ofrece la posibilidad de observar cómo los registros, que a fin de cuentas son representaciones, fueron comportándose en el largo plazo. Se han revisado más de 190.000 registros para construir una base de datos que ha hecho posibles algunas reflexiones15.

Si comparamos la información de los gráficos 1 y 2, crecimiento vegetativo o natural (bautizos menos defunciones) durante los siglos XVII y XVIII, se pueden observar las tendencias del crecimiento de la población indígena.

El crecimiento de la población en el siglo XVII comenzó en los años sesenta, y no fue hasta los ochenta cuando comenzó a destacar el registros de la población indígena,+. No obstante, por lo general, las tendencias y los ritmos de crecimiento son muy similares para las diferentes calidades.

Durante el siglo XVIII, aunque en el largo plazo se evidencian las crisis de mortalidad, incluidas crisis intermitentes y algunas muy profundas, como la de 1785-1786, se puede observar una tendencia general de crecimiento poblacional. Este incremento se manifiesta especialmente en la población indígena, mientras que la población española, tras la crisis de finales de siglo, experimentará un notable crecimiento. Las castas, sin embargo, experimentaron una notable disminución. El debate suscitado a partir de las estimaciones de Humbolt acerca de si fueron los mestizos o la población indígena quienes experimentaron mayor crecimiento en el siglo XVIII se inclina claramente a favor de esta última, según los datos de bautizos y defunciones. Esto sugiere que el aumento fue impulsado principalmente por el crecimiento vegetativo o natural de la población indígena.

Aunque quizá parte de la problemática se debe a que los padrones y censos registraron otra información para las diferentes calidades, en la que el crecimiento de la población indígena no es tan claro. Por ejemplo, para la Intendencia de Guadalajara y la Subdelegación de Aguascalientes se dispone de la información siguiente:

A partir de la información del Padrón y Censo de Revillagigedo, la población española en la Subdelegación de Aguascalientes era proporcionalmente la más numerosa (39 %), seguida de la indígena (33,5 %) y de las castas (27,5 %). Estas cifras están en contradicción con la población registrada en los archivos parroquiales, donde el mayor porcentaje corresponde a la calidad indígena.

De acuerdo con estos registros parroquiales de Aguascalientes, la proporción de las calidades era la siguiente:

El cuadro muestra la evolución, por ejemplo, de los registros de la población indígena, los cuales alcanzaron una proporción general de prácticamente el 50 % en la segunda mitad del siglo XVIII, mientras que, para las otras calidades, españoles y castas, las proporciones totales se distribuyeron respectivamente en 23,8 y 23,7 %, respectivamente, con una baja considerable de los registros para castas.

El porcentaje de los individuos cuya calidad no se especificaba fue disminuyendo, lo que demuestra que los registros fueron adquiriendo mayor rigor en cuanto a la clasificación más precisos, especialmente en el siglo XVIII. Pasaron del 30 % en los primeros años de siglo a solo un 1 % en los últimos años del período. Los registros sin calidad definida muy probablemente correspondían a las castas, ya que la formalización de las repúblicas de indios y de españoles en el siglo XVII permitía registros más definidos para estas calidades, pero no para las castas. El gráfico 3 muestra la evolución de los registros de las diferentes calidades.

El tema a reflexionar se centra precisamente en la notable disminución de los registros de las castas durante el siglo XVIII, la tendencia decreciente en los registros de los españoles y, en marcado contraste, el significativo crecimiento de la población indígena documentada. El ritmo del crecimiento se muestra en el cuadro 4, en el que se ofrecen las tasas de crecimiento para cada una de las calidades.

Considerando a toda la población indígena de la parroquia de Aguascalientes, la tasa de crecimiento supera el 3 % hasta el primer cuarto del siglo XVIII, lo cual difiere de su evolución en otras regiones novohispanas, por lo que veremos con más detalle la fundación de los “pueblos de indios” para observar la dinámica interna de la población y algunas causas de su crecimiento. En términos más generales, las tasas de crecimiento en los tres últimos cuartos del siglo XVIII fueron menores, en torno al 1,7 %, prácticamente para todas las calidades, en buena medida por el impacto de la crisis de mortalidad en este periodo.

Ahora bien, el tema central tiene que ver con el amplio crecimiento de los registros de bautizos de indios a pesar de las crisis de mortalidad (recuerden que la base de los datos es el crecimiento vegetativo que implica la diferencia entre bautizos y defunciones, ya que ello permite estabilizar la información). El crecimiento contrasta con la información que proporciona el Padrón y Censo de Revillagigedo de 1791-1793, como se aprecia en el cuadro 2, en el que los españoles constituían el grupo más numeroso de la población.

Una primera explicación de esta contradicción puede buscarse en las distintas funciones de los diferentes registros: los parroquiales estaban vinculados a un mandato del Concilio de Trento que requería el mantenimiento de un registro de las personas evangelizadas. En cambio, el Padrón y Censo de Revillagigedo había nacido con fines principalmente militares y tributarios, si bien ambos registros se complementaban entre sí.

Precisamente, una respuesta más convincente habría que encontrarla con la llegada de los borbones y el establecimiento de políticas tributarias más amplias, pero también más exigentes. Es decir, mulatos y castas en general, incluso algunos mestizos, comenzaron a pagar tributos más elevados proporcionalmente que la propia población indígena. De ahí que frente a la mayor exigencia de los registros y de los cobros en este periodo, la estrategia seguida por las diferentes castas fue la de registrarse como indios, porque pagaban un tributo menor que como mulatos o incluso mestizos. Otro aspecto fundamental para analizar esta estrategia es el acceso a la tierra como privilegio de los indios tributarios, en contraste con las castas, que carecían de este derecho. En este contexto, la idea de la desaparición o el desvanecimiento de las castas y mestizos, y, por el contrario, la “indianización” de la población mezclada, debe interpretarse a la luz de estas estrategias.

Una de las primeras congregaciones de indios (una institución que permitió la fundación de pueblos de indios de diferentes culturas) en la primera mitad del siglo XVII, en la ya entonces Alcaldía Mayor de Aguascalientes, fue la de San Marcos, muy cercana de la villa de las Aguascalientes y probablemente formada por indios provenientes de la jurisdicción de Juchipila, de tarascos y purépechas de Michoacán e incluso otomíes de Querétaro. Luego siguieron las fundaciones de Jesús María y de San José de la Isla, entonces en Aguascalientes, y de San José de Gracia, a cuyo estudio dedicaremos un apartado para conocer la fundación de un pueblo de indios por “indios criollos”.

Un caso que ejemplifica claramente el acceso a la tierra por parte de “indios criollos” o mezclados y congregados es el del “otro” San José de Gracia, este situado en la parroquia de Aguascalientes. Me refiero a el “otro” porque a diferencia del San José de Gracia de Michoacán, excelentemente historiado por Luis González, el San José de Gracia de Aguascalientes al que se hace referencia aquí es un pueblo de indios “criollos o laboríos” del siglo XVII, como se les llamó, y no un pueblo de rancheros del siglo XIX, lo que nos lleva a considerar que la experiencia del San José de Aguascalientes fue más antigua y de mayor densidad histórica por la mezcla de diferentes culturas indígenas y afrodescendientes, particularmente en el centro norte novohispano.

A diferencia de la creación de las repúblicas de indios en el centro y sur de la Nueva España, donde ya existían asentamientos indígenas previos a la conquista, la fundación de muchos de los pueblos de indios en el septentrión estuvo más vinculada a las prácticas de congregación, especialmente durante el siglo XVII, y a la expedición de mercedes o títulos otorgados por la Corona. Así, la conformación de los “pueblos de indios” fue un proceso largo, con ritmos y pautas diversos, orientado a la obtención de seguridad sobre la tierra y al reconocimiento por parte de las autoridades como pueblos legítimos16.

Dada la inexistencia de una clara política o reglamentación al respecto, la ocupación y el acceso a la tierra en la Nueva Galicia en los siglos XVI y XVII tuvo que ver más con la capacidad de negociación de cada comunidad. Las primeras entregas de títulos se dieron gracias a las composiciones de tierras del siglo XVII, y en la frontera a partir de la ordenanza de 1746; Sin embargo, en los siglos XVIII y siguientes, muchas propiedades quedaron expuestas a la presión de los hacendados y especuladores debido a la falta de mediciones precisas, límites definidos de las tierras y títulos primordiales claros17.

La historia de San José de Gracia en Aguascalientes es un buen ejemplo de lo ocurrido en la región en comunidades consideradas de indios que surgieron sin tener antecedentes prehispánicos y que se originaron en el siglo XVII. De acuerdo a los documentos sobre su fundación existentes en la Audiencia de Guadalajara, debido a una queja presentada por el propietario Matías López de Carrasquillas sobre la posesión de las tierras en un sitio llamado Marta, el 9 de mayo de 1682, Juan Domínguez, Domingo de la Cruz, Juan Esteban, Nicolás de los Reyes, Marcos de la Cruz, Antonio Rodríguez, Pedro Domínguez, Mateo Rodríguez, Diego de la Cruz, Juan Cristóbal, Juan Cristóbal el mozo y Jacinto de Castro, comparecieron ante escribanos y testigos en la villa de Aguascalientes para manifestar a su Majestad la necesidad de:

Los naturales del puesto o sitio de tierra de Marta estaban convencidos de la necesidad de “hacer pueblo” para poder disponer de las tierras en propiedad conforme al derecho que les daba el pago de tributos y diezmos:

Es importante destacar que, en el contexto de la discusión sobre los derechos de los de los naturales que proporcionaba el pago de tributos a la Corona, uno de los argumentos que esgrimieron los indígenas fue precisamente el derecho a que se les otorgaran tierras. Esta reclamación surgió como parte de su lucha por la justicia y la equidad, dado que a cambio del tributo esperaban recibir el reconocimiento de su derecho a la tierra. En su opinión, era una forma de compensar su contribución al imperio y de asegurar su supervivencia y estabilidad como comunidades20.

En la parte inferior del documento se asienta la recomendación del fiscal de la Audiencia:

Ante esta recomendación favorable del fiscal, el 21 de noviembre de ese mismo año de 1682 Alonso de Cevallos Villa Gutiérrez, del Consejo de su Majestad, gobernador del Nuevo Reino de la Galicia y presidente de la Real Audiencia concedió licencia a los indígenas solicitantes

La resolución había sido relativamente rápida, de mayo a noviembre del mismo año de 1682, pero contenía una condición que complicaría el caso: abandonar la barranca en la que estaban asentados y situarse en el Camino Real. Además, si el terreno tenía propietario tendrían que adquirirlo.

Tres días después de la resolución de Alonso de Cevallos, el representante de los indígenas argumentó con mucha claridad que el deseo de sus representados era “fundar pueblo en forma de república, [con] alcalde y demás oficiales” en el mismo lugar en que se encontraban “rancheados y poblados”. Por ello, solicitaba que se enmendase la resolución acordada, que ocasionaría a sus representados “graves daños perjuicios e inconvenientes”. Además, el cambio de ubicación a terrenos que ya estaban ocupados por grandes haciendas, como las de Santiago, San Lorenzo y Garabato les impediría disponer de cosechas, por lo que siendo “pobres y miserables” no tendrían los recursos necesarios para pagar la tierra que se les asignaba. El argumento de ser “pobres y miserables” es central en este documento, ya que, de acuerdo con la tradición legal iusnaturalista, la defensa de las personas en esas condiciones era un derecho bien establecido y con una larga tradición desde las Siete Partidas.

La respuesta del fiscal y del presidente de la Audiencia ante la negativa de los indígenas a fundar pueblo en el Camino Real fue suspender la licencia otorgada y disponer que el alcalde mayor y el cura de Aguascalientes visitaran el lugar para determinar si se trataba de tierras realengas, quiénes eran sus propietarios y de dónde eran naturales aquellos indios.

El alcalde mayor de Aguascalientes, Joseph Berdín y Codar, emitió un informe en el que indicaba que el terreno en cuestión pertenecía a Matías López de Carrasquilla, un minero de Sombrerete, que se lo había comprado a Francisco Orozco y este, a su vez, a Antonio Bonilla, y que en el mencionado sitio de Marta se hallaban “poblados doce indios casados, un soltero y una viuda, con más de cincuenta muchos indiesuelos (…), los cuales dichos naturales tienen en dicho puesto mucha tierra sembrada (…) las cuales dichas tierras reconoce ser muy útiles para las dichas siembras”. Por ello, concluía, lo que pretendían los naturales sería de mucha utilidad porque les permitiría ir congregándose, lo que no sucedería en el Camino Real que conducía a Zacatecas “por la poca conveniencia que en él podrán tener de agua, leña y tierras útiles de que se carece”.

Un aspecto fundamental del informe del alcalde era la descripción que se hacía de los pobladores, “ya que dichos naturales son los más de ellos criollos y nacidos en esta jurisdicción y en la estancia de Garabato”, una hacienda que había pertenecido a Antonio Bonilla y que abandonaron tras su fallecimiento. Entonces, habían decidido arrendar el llamado sitio de Marta a Bernabé de Orozco, hijo del mencionado Francisco, quien administraba la hacienda de Santiago.

El nombre de “criollos” a fines del siglo XVII se utilizaba en este informe para designar a la población indígena mezclada de alguna manera, calidad que posteriormente tendría algunas repercusiones en el caso, ya que se trataba de una categoría especial de indios con mezcla, que hablaban el español y que habían sido jornaleros de una hacienda.

En el informe del cura Manuel Sarmiento, después de realizarse un padrón de la población que se anexaba, se confirmaba que había hallado:

Indios criollos y de padres indios laboríos, una clasificación que confirmaba que se trataba de indios que hablaban el español, que no pertenecían a un pueblo de indios sino más bien a una hacienda, en la que habían trabajado y formado sus familias posiblemente con otras calidades. Tanto el alcalde como el cura terminaban recomendando “que se les conceda la merced que piden, porque será lástima que una congregación como esta se desparrame”. El fiscal de la Audiencia anotó el documento e indicó al presidente que podía “conceder a estos indios la licencia que piden para fundar pueblo con calidad, [y] de que si don Matías de Carrasquilla verifica de ser suyo el sitio le paguen su valor”21.

En enero de 1683, el presidente de la Audiencia indicaba nuevamente:

La respuesta de López de Carrasquilla se demoró hasta agosto de 1683. En su nombre, Bartolomé de Guzmán presentó los “recaudos” de que su representado era dueño de los sitios de ganado mayor que estaban en la jurisdicción de la Villa de Aguascalientes en el Valle del Potrero que llamaban de Ibarra, en donde se encontraba el sitio de Marta, que compró a Francisco de Orozco de acuerdo a la composición de su Majestad. Agregaba “que en el sitio nombrado de Marta que es medio de dicho potrero han empezado a edificar una iglesia o capilla unos mulatos o lobos que llaman los Domínguez, con pretexto de poder hacer fundación de pueblo o de iglesia de naturales”. Comentaba también que los “dichos mulatos o lobos” arrendaban el mencionado sitio en cincuenta pesos según un recibo que mostraba, y solicitaba a la Alcaldía que “dichos mulatos o lobos” (volvía a repetirlo), llamados Juan Domínguez y sus hermanos, fueran informados sobre la propiedad del sitio y se les notifique que cesasen la obra y que se dispusiera su demolición.

La Audiencia con su presidente y oidores, dos días después de haber recibido el documento, hizo constar que habían visto los “recaudos” o documentos referidos y ordenaba a “dichos mulatos o lobos” que cesasen la obra de iglesia o capilla “con el pretexto de hacer fundación de pueblo o iglesia de naturales, que dada la dicha información se mande demoler en él toda la dicha obra, imponiéndoles graves penas”. En los mismos términos se daba Real Provisión para que el alcalde mayor y los ordinarios llevasen a cabo la resolución de la Audiencia24.

Se ha discutido mucho sobre las cambiantes calidades o categorías socio-raciales de acuerdo con los distintos contextos en los que se realizaba la clasificación. En este caso, los diferentes argumentos para fundar o no un pueblo de indios y, desde luego, para tener o no acceso a la tierra dada su condición de indios tributarios. Lo que hizo López de Carrasquilla fue descalificar a los solicitantes al considerarlos “mulatos o lobos”. Llama la atención que la Audiencia no reparara en su propia resolución de enero de 1683, en la que había otorgado la licencia a “indios criollos” con la salvedad de que si las tierras tenían propietario se le pagara.

La institución no se limitó a actuar como un árbitro neutral en este conflicto. Al ordenar la demolición de la capilla, en lugar de simplemente valorar el terreno para su compensación, tomó una posición activa en la disputa. Esta acción reveló que no solo participaba en la clasificación de la población en diferentes categorías sociales, sino que también adoptaba la perspectiva del propietario. Al hacerlo, desacreditaba a los solicitantes descalificándolos como “mulatos o lobos”. Es decir, la negociación de las calidades se producía desde la propia jerarquía y de los rituales del poder. Juan Fernández de Castro, regidor y alcalde ordinario de Aguascalientes, al recibir la orden de la Real Audiencia “la cogió por sus manos, besó y puso sobre su cabeza como carta de su rey y señor natural, que Dios guarde muchos años, y en su cumplimento dijo: Que está presto hacer lo que por ella se le manda, y para que conste de su obedecimiento, así lo proveyó y firmó”.

El día 6 de septiembre del mismo año de 1683 se notificó a “Juan Domínguez, alcalde del pueblo de San Joseph de esta jurisdicción, y a Diego de la Cruz, regidor de él, y a Domingo de la Cruz y a Nicolás de los Reyes y a Pedro Domínguez y a Cristóbal Domínguez, que nombrasen a los testigos que considerasen25. Esta notificación reconocía a las autoridades del pueblo y, por lo tanto, suponía su confirmación como República, lo cual iba a tener una significación importante.

Por su parte, todos los testigos del propietario confirmaron que el sitio era propiedad de Matías López de Carrasquilla, quien lo había adquirido junto con otros sitios a Francisco Orozco, y que lo tenía arrendado a los Domínguez. La respuesta de Juan Domínguez como alcalde de San José, Juan Domínguez a la Audiencia, fue en el sentido de recordar que obtuvieron la licencia para constituirse como pueblo de indios de la propia real Audiencia, y que ahora se les pide que cesen la obra de la iglesia porque Matías de Carrasquilla considera “que no somos indios naturales sino lobos o mulatos”, para lo que presenta “recaudos” o pruebas para defender su derecho.

Una de las pruebas presentadas fue el acta de bautizo del propio Juan Domínguez, transcrita por el cura de la Villa de Aguascalientes, la cual decía que el bautizo era “de Juan hijo de Juan y de María indios criados de Antonio Bonilla, en Garabato, fueron sus padrinos Juan Domínguez y Juana Ruiz su mujer criados del dicho”, lo cual les permitió demostrar que eran indios naturales e hijos legítimos26. Los testigos de Juan Domínguez, alcalde de San José, declararon fundamentalmente que los naturales “eran indios porque por tales los vido, ser, habidos y tenidos”.

El cura Miguel Sarmiento presentó el 20 de septiembre de 1683 por su parte el Padrón con “los vecinos del pueblo nuevo de San Joseph de Gracia que se compone de hasta ochenta personas chicas y grandes”, sin incluir a los advenedizos. Y finalmente, el alcalde Juan Domínguez y los vecinos de San José de Gracia presentaron las resoluciones dadas por el presidente de la Real Audiencia que confirmaba la licencia para fundar nuevo pueblo de indios desde el 6 de febrero de 1683. Dos días después de que el cura presentara el Padrón del pueblo, el 22 de septiembre de 1683, recordaban los indios naturales, es decir los indios nacidos en este reino según el propio documento, que el alcalde de Aguascalientes, Joseph Berdín y Codar, les dio posesión del sitio de Marta,

Aprovechando el momento de la fundación, los naturales:

El alcalde de Aguascalientes aprobó la elección y procedió a hacer la entrega de las varas de la Real Justicia27. Este documento, que da testimonio de la fundación del pueblo de indios por parte del alcalde de Aguascalientes, refleja un acto crucial en la conformación de la República de indios: la asignación de tierras, la elección de sus autoridades y la entrega de la vara de justicia.

Además de las pruebas presentadas, a través de Marcos Tapia de Palacios, los naturales del pueblo nuevo de San José de Gracia presentaron ante la Audiencia un escrito en el que solicitaban que se dispusiera el cumplimiento de “la merced hecha a mis partes por nuestro presidente y Gobernador de este Reino, y en caso necesario mandar se avalúe el sitio sobre [el] que se ha fundado dicho pueblo”28.

El caso adquirió un giro inesperado cuando el 9 de noviembre de 1683 el propio Marcos de Tapia Palacios, defensor de los indios de San José, presentó un escrito en nombre del bachiller Francisco de Orozco Agüero, presbítero e hijo legítimo de Francisco Orozco, que había sido el vendedor de los terrenos en el Valle del Potrero al capitán Matías López de Carrasquilla. En el documento se hacía constar que López de Carrasquilla aún debía dos mil pesos de los cuatro mil en que se le habían vendido dichos sitios. En el escrito se solicitaba a la autoridad que rechazara la pretensión de López de Carrasquilla de poseer, arrendar y aprovechar todos los sitios, declarando que no había lugar a tal pretensión. Asimismo, se pedía que se ejecutara el cobro de la deuda de dos mil pesos, argumentando que el plazo de pago ya había vencido.

La respuesta de la Audiencia fue favorable a Orozco al considerar que no procedía la pretensión de López Carrasquilla, y que debía ejecutarse la deuda de dos mil pesos a favor de Orozco. Los argumentos de los abogados de López de Carrasquilla se basaban en que este nunca había contado con los títulos originales, por lo que solicitaba a la autoridad el “saneamiento'” para obtenerlos. Me

El juicio quedó suspendido durante quince años, hasta que Manuel Vidal Picazo, abogado de López de Carrasquilla, envió a la Audiencia un escrito en el que indicaba:

Reconocía entonces a los “indios y mulatos” su derecho a continuar con la merced, y “suplico se sirva mandar se haga despacho para que con citación de dichos indios y mulatos se avalúe el referido sitio por personas inteligentes que nombren ellos y mi parte”. Para ello solicitaba que se les informase y se les citase.

La respuesta de los pobladores de San José, que no se dieron mucha prisa, fue acordar la realización del avalúo, aunque manifestaron sus dudas sobre la propiedad de López de Carrasquilla. En mayo de 1698, el presidente de la Audiencia ordenó que cada una de las partes designar “avaluadores”. Ante las diferencias en los avalúos, se designó a otro evaluador, Nicolás de Esparza, “labrador y criador de ganados mayores y menores, persona capaz e inteligente para realizar dicha tasación”. Esparza confirmaría el valor del terreno se confirmaría el valor del terreno entre dos mil y tres mil pesos.

En mayo de 1702 la parte propietaria aceptó que se valorase en mil trescientos pesos, sin embargo, en su excelente defensa de los indios de San José, el fiscal Dr. Don Joseph de Miranda Villayzan sostuvo el argumento de que López de Carrasquilla carecía de los títulos de propiedad. Además, recordaba que la Ley 14, título 3 del libro 6 de la Recopilación de Indias ordenaba “no se paguen las tierras, aguas y montes que se quitaren a los españoles y que se diesen a las nuevas reducciones o pueblos”, y que era una “monstruosidad” que se hiciese a un pueblo pagar un precio tan elevado. Por tal motivo, solicitaba “volver el de dicho sitio para que los dichos indios y pueblos lo gocen libremente (…), sin que padezcan inquietud de un tan largo pleito en que por varios medios se ha intentado el destruirlos”, ya fuera impidiendo la concesión de la licencia o mediante el avalúo realizado.

La claridad de los argumentos del fiscal contrastaba con la confusión de los esgrimidos por los abogados del propietario, en su mayoría escasamente fundados, solicitando el pago a pesar de no disponer de los títulos de propiedad. Ciertamente, los defensores de López Carrasquilla tuvieron que abandonar el argumento de que se trata de “mulatos o lobos” o de “indios y mulatos”, con el cual trataban de invalidar la formación de un pueblo de indios. En este sentido, es de subrayar nuevamente la argumentación impecable del fiscal en favor de los pueblos de indios, cuando en mayo de 1705 declaró “no estar en obligación los indios de pagar a dicho don Matías de Carrasquilla precio alguno por razón del sitio nombrado de Marta, en que con licencia de este superior gobierno se halla fundado dicho pueblo de San Joseph de Gracia”30.

Seis años después, en julio de 1711, la hija y heredera de López de Carrasquilla, Margarita de la Escalera, y su esposo, Andrés Tello, volvieron a solicitar que los indios del pueblo de San José de Gracia -ya existía al menos el reconocimiento de que no eran “lobos o mulatos”- pagasen en “su justo valor” el mencionado sitio de Marta, para lo cual pedían que se citara nuevamente a sus habitantes y compareciesen ante la Real Audiencia. Encabezados por su alcalde Juan de Ibarra, los habitantes de San José recurrieron a la Audiencia solicitando amparo para evitar el pago por dicho sitio; además, alegaron que habían sido engañados por Andrés Tello y su mujer al pagar 350 pesos para que les entregaran la licencia para fundar su pueblo.

Finalmente, en septiembre de 1711 la Audiencia dispuso la aprobación del convenio celebrado entre Andrés de Tello y Margarita de la Escalera, heredera de López de Carrasquilla y los habitantes del pueblo de San José de Gracia para que pagasen a plazos, trescientos cincuenta pesos anuales hasta agosto de 1714. El 18 de mayo de 1712 Andrés Tello de Lomas a través de su representante declaró: “Que este pleito está fenecido por haberse convenido mi parte y dichos indios”31.

De modo que a pesar de que la Audiencia había dispuesto que los naturales no tenían que aponar cantidad alguna por el sitio en el que habían fundado su pueblo, finalmente acordaron el pago con los herederos de López de Carrasquilla y pusieron fin a este largo proceso. Gracias a la excelente defensa de sus derechos que realizaron, los naturales de San José de Gracia pudieron conservar sus tierras y, sobre todo, obtuvieron el reconocimiento formal por parte de la Audiencia, e incluso de sus detractores que los habían descalificado como “lobos o mulatos”, de que eran un “pueblo de indios” con todos los derechos que las leyes les otorgaban y así conformarse como República.

Como se ha mostrado en este apartado, la lucha de los naturales del pueblo de San José de Gracia representa el valor y defensa de la calidad de “indios”, ya que ello permitía el acceso a la tierra además de otros derechos propios de una República de indios, como el poder elegir a sus autoridades y tener las varas de justicia. Más allá de la identidad, la defensa de su calidad era por el acceso a ciertos derechos garantizados por las leyes de Indias. De esta manera, los “indios criollos” hijos de indios laboríos habían logrado construir una República de indios, y con ello mostrar las ventajas y privilegios de construir un “pueblo de indios”.

Otro factor que puede explicar el aumento de la identificación como indios de otros sectores de la población fue la estructura del sistema tributario, que, en un contexto de creciente presión fiscal, establecía cargas diferenciadas según las categorías étnicas. Existen algunos estudios sobre las trasformaciones del sistema tributario en las Indias, en particular sobre las reformas introducidas por el visitador José de Gálvez en la Nueva España (1765-1771), que servirían de modelo para el sistema peruano32. ´

El propósito de las reformas presentadas por Gálvez fue mejorar la numeración y el empadronamiento de los contribuyentes, así como la fijación de las tasas y el sistema de administración tributaria. En cuanto al primer aspecto, se estableció con claridad que, además de los indios, también serían sujetos a tributación los mulatos, negros libres, indios arrendatarios, vagos, jornaleros y laboríos. La inclusión de estos grupos marcaba una diferencia con el sistema peruano, que solo consideraba contribuyentes a los indios. En todo caso, el sistema peruano también se modificó, incorporando a zambaigos y cholos como sujetos tributarios alineándose así con el novohispano, 33.

El régimen novohispano había incorporado a las castas en su sistema tributario desde etapas tempranas de la colonización, aunque este proceso fue gradual y se consolidó con el transcurso del tiempo. Si bien el sistema tributario de las Indias tiene antecedentes castellanos, el régimen novohispano destacó por su originalidad, influenciada por las tradiciones de los pueblos nativos. En este contexto, la cuantía del tributo se determinaba de acuerdo con la capacidad económica de cada comunidad e incluso de cada familia, considerando las diferencias socioétnicas y de edad. A pesar de los esfuerzos por uniformar la cobranza, especialmente en el siglo XVIII, esta diversidad persistió en la práctica. Los caciques y las mujeres indígenas estaban exentos del pago de tributos, de ahí la importancia de que se reconociera a aquellos su cacicazgo34.

En un meticuloso estudio, Viqueira y Obara revelaron la evolución del sujeto tributario de tributario en Chiapas. En las primeras décadas del siglo XVII, se amplió la base tributaria y se incluyó a viudas y solteras entre los contribuyentes, considerándolas como un tercio de tributarias, en un sistema en el que existían tributarios enteros y medios (los viudos y solteros), lo que dio lugar a la formación de un tercer grupo. A finales del mismo siglo, las viudas y solteras pagaban como medias tributarias, y desde la reforma de 1757 todas las mujeres quedaran exentas del pago de tributos35 ^..

En 1574 se dispuso en las Leyes de Indias que los negros y negras, mulatos y mulatas libres pagaran tributos, y en los siglos XVII y XVIII se realizaron esfuerzos, muchas veces infructuosos, para que los mestizos también contribuyeran. En el caso de Chiapas, los indios naboríos o laboríos, que habían roto sus lazos con la comunidad y trabajaban en estancias o haciendas, pagaban tributos, aunque en menor cuantía que los tributarios de los pueblos. Además, los mulatos y otras castas pagaban como laboríos, lo que hizo más compleja la percepción de tributos, porque se trataba de mulatos o negros que se habían asentado en pueblos de indios, pero que, por lo general, tenían gran movilidad. A partir de 1767, se ordenó levantar un padrón específico para los indios laboríos, de tal manera que para finales de siglo el número de laboríos se había duplicado36.

Las reformas del siglo XVIII, iniciadas desde los años cuarenta en las islas Filipinas y posteriormente en la Nueva España, procuraron reducir las exenciones y ampliar la base tributaria. Además, se implementó una nivelación en el pago del tributo, estableciéndose una tasa fija de 16 reales para los indios y de 24 reales para las castas. Esta medida tenía como propósito incorporar a todos los grupos sociales en al sistema tributario37. Las reformas adoptadas a finales del periodo colonial indudablemente mejoraron la recaudación. La mayor centralización desde el establecimiento de las intendencias favoreció las reformas y modificó las relaciones entre las comunidades y el rey, lo cual influiría para que algunos pensadores comenzaran a proponer la abolición del tributo, algo que se lograría formalmente con la Constitución de Cádiz en 1811, erradicando así el tradicional pacto con el rey.

Las reformas borbónicas efectivamente expandieron el poder económico de la Corona española, principalmente a través de una mayor racionalidad administrativa y una recaudación fiscal más eficiente La propuesta de Gálvez (1765-1771) fue elevar la recaudación entre los indios de 400.000 a 600.000 pesos, es decir, en un 50 %, y la de los negros y mulatos, y en general la de las castas, de 10.200 a 200.000 pesos, en un 2.000 %. En cualquier caso, se discute si el incremento experimentado por la recaudación fue simplemente fruto del crecimiento demográfico o bien se debió a una mayor eficiencia en la cobranza38.

En el análisis de la Real Hacienda y los tributos que realizaron en 1791, en plena etapa de reforma hacendística, Fonseca y Urrutia se hicieron eco de algunas de las dificultades por las que había pasado la Administración tributaria, como la quiebra de quienes arrendaban la recaudación y las dificultades para cobrar a los indios forasteros o fuera de su comunidad, así como a las diferentes castas. Concluían así:

El estudio de Fonseca y Urrutia muestra ciertamente las dificultades que existían para el cobro de los tributos, al mismo tiempo que permite conocer las tensiones generadas por la presión fiscal. A fin de cuentas, durante el siglo XVIII se observa un considerable crecimiento de la recaudación. Ciertamente, la curva correspondiente a la recaudación de los impuestos es muy similar a la del crecimiento demográfico, particularmente al de la población indígena. Los datos que Fonseca y Urrutia proporcionan sobre el valor de los tributos durante los siglos XVII y XVIII permiten observar esta tendencia.

Aunque persiste el debate sobre si el cobro del tributo tenía como principal objetivo mantener el pacto entre el rey y sus vasallos, ya sea para garantizar su derecho a la justicia real o para obtener y mantener la propiedad, lo cierto es que llegó a ser motivo de descontento e incluso ocasionó alguna rebelión entre la población. El aumento de la recaudación tributaria, especialmente durante el siglo XVIII, puede atribuirse en gran medida al crecimiento del número de contribuyentes, que presenta una particularidad interesante: se produjo a pesar del aumento de la población indígena, que pagaba menos impuestos, en los registros bautismales. En efecto, diversas castas adoptaron la estrategia familiar de registrarse como indios con el objetivo de obtener acceso a la tierra y, al mismo tiempo, de reducir su carga tributaria. Se trata de un proceso fruto de la estrategia de sobrevivencia que permitió disminuir claramente el porcentaje de las castas o población mestiza en el siglo XVIII; pero un proceso no impulsado mediante políticas públicas a diferencia del de “desindianización” que se produciría a partir del siglo XIX.

El trabajo realizado por Joanne Rappaport para Nueva Granada sobre el “desvanecimiento” del mestizo, basado en la etnohistoria, muestra no solo la fluidez de las diferentes categorías socio raciales, sino también la importancia de los contextos para advertir quién y para qué se clasificaba. Ann Twinam también ha estudiado la flexibilidad de la sociedad hispanoamericana en el siglo XVIII apoyándose en los registros de “gracias al sacar”, es decir, del pago de un impuesto a la Corona para ascender y legitimar el estatus en la jerarquía de la élite blanca. Ben Vinson III ha mostrado asimismo la movilidad y fluidez del “castizaje”, es decir, de los distintos grupos, especialmente de las castas, para acceder a diferentes posiciones sociales. La propuesta de David Carbajal permite hacer referencia a las “familias pluriétnicas” en diferentes regiones de Nueva España e incluso de Hispanoamérica, de tal forma que entre los hijos de una misma familia podían darse registros de diferentes calidades40. En definitiva, toda una historiografía que comienza a dar cuenta de las diferentes estrategias de la población, tanto indígena como de castas, para sobrevivir y también, en ciertos aspectos, transgredir el orden social novohispano.

El análisis de los registros parroquiales de Aguascalientes, realizado durante un período aproximado de doscientos años, revela un notable sobre registro de indios en los bautizos, en detrimento fundamentalmente de la población de las castas. Esta tendencia resulta aún más evidente al observar, a través del estudio de matrimonios mixtos, cómo la endogamia fue disminuyendo progresivamente, reflejando un cambio en las dinámicas sociales y culturales del mestizaje41. Todo ello ha permitido reflexionar sobre la contradicción que se observa entre los censos y los registros parroquiales sobre las diferentes calidades, entre las cifras o aproximaciones de Humboldt y de Navarro Noriega42, y entre el incremento de los registros de la población indígena en detrimento de los registros de las castas.

Con base en el estudio de los registros parroquiales de Aguascalientes durante los siglos XVII y XVIII, se ha identificado un incremento notable en la población indígena frente a la española y las castas, medido a través del crecimiento vegetativo o natural (diferencia entre bautizos y defunciones). Sin embargo, al analizar los registros de matrimonios, se observa cómo la endogamia fue disminuyendo progresivamente tanto entre españoles como entre indígenas y, por lo tanto, cómo se producían más matrimonios mixtos entre las diferentes calidades, siendo las castas el elemento “catalizador” de dicho mestizaje. Para la construcción de la sociedad novohispana, esto supuso un proceso más amplio de mestizaje, entendido no solo a partir de la unión entre españoles e indios, sino también de la incorporación de las llamadas castas.

Este fenómeno se evidencia también a través de la fundación del “otro” San José de Gracia, que permitió comprobar cómo unos “indios criollos” (o mezclados), descendientes de indios laboríos, lograron congregarse para fundar un pueblo de indios, lo que les permitió defender sus derechos como comunidad en un prolongado proceso de identificación.

Ahora bien, la contradicción entre el incremento de los registros de población indígena y el avance del mestizaje ya se había presentado desde los trabajos de Humboldt y de Navarro y Noriega, ya que los censos y padrones mostraban la existencia de un porcentaje mayor de castas que los que sugerían los propios registros parroquiales de bautizos. De ahí que la propuesta de este ensayo es profundizar en tal contradicción, señalando la existencia de algunas estrategias de diferentes grupos a nivel familiar y social para convertirse en “indios”, una calidad que permitía el acceso a la tierra de manera organizada, así como el pago de menos tributos.

Al mismo tiempo, el siglo XVIII sobre todo la segunda mitad, significó una mayor presión fiscal para todas las calidades, en las que se incorporaron nuevos sujetos tributarios. Sin embargo, el incremento de los registros sobre todo de bautizos entre la calidad de “indios” permitió que los diferentes grupos de las castas accedieran a algunos de los privilegios de la población indígena, por una parte, un menor pago de tributos, por otra, un mayor acceso a la tierra. Esta estrategia pudo verse apoyada por las autoridades, ya que permitía un mayor control sobre las obligaciones.

En términos más amplios, podemos concluir que no existieron identidades fijas sino más bien un proceso de identificación contradictorio, que en el siglo XVIII favoreció principalmente “el ser indio”, lo que implicó una nueva relación política y de consolidación de instituciones indígenas con el Estado borbónico43. No obstante, socialmente la población vivía un proceso de hibridación social que caracterizaría a la sociedad novohispana.