En 1932, Miguel de Unamuno reflexionaba sobre la “Fiesta de la Raza” y utilizaba la pregunta retórica que precede a estas líneas para argumentar que, a pesar de las independencias decimonónicas, España seguía vinculada a sus antiguas colonias gracias al uso de una lengua común. Las palabras del escritor bilbaíno entroncaban con discursos públicos coetáneos que empleaban el idioma, la historia u otros aspectos compartidos por españoles y latinoamericanos para justificar la existencia de una comunidad identitaria supranacional: la “Hispanidad”2. Precisamente, este tipo de apelaciones a una unidad cultural transoceánica fueron recurrentes y transversales, en sus diferentes acepciones, a todas las variantes del nacionalismo español después del “Desastre del 98"3. La historiografía reciente ha dado cuenta y razón de ello, atendiendo particularmente a la progresiva apropiación que círculos reaccionarios hicieron de este utillaje conceptual —desde su inclusión en estrategias de nacionalización durante la Restauración hasta su conversión en parte del cuerpo doctrinal franquista— para mantener vivo el sueño imperial4. Junto a estas formulaciones oníricas, no obstante, el primer tercio del siglo XX también fue testigo de un proyecto liberal distinto, tendente a “reforzar la presencia cultural y diplomática de España en América, difundir el idioma y el libro español o encauzar las ingentes corrientes de emigración que cruzaban el Atlántico hacia las repúblicas más prósperas, en particular Argentina"5.

De ahí que, como aquí se estudia, el hispanoamericanismo proyectado oficialmente desde la antigua metrópoli a principios de la pasada centuria basculara, no sin dificultades, entre el anhelo regeneracionista y la añoranza imperial, en función del régimen político del momento. Este marco de referencia nutrió la propaganda del libro español en Latinoamérica durante el periodo de entreguerras; un tiempo complejo y cambiante no exento de continuidades tanto en los objetivos de la política exterior del Estado —devolver al país una posición internacional prominente— como en las problemáticas y prácticas editoriales. Porque, más allá de planes diplomáticos e infraestructuras institucionales, este trabajo también pretende visibilizar la influencia que editores y empresarios culturales españoles ejercieron en la dinamización de las relaciones de España con aquellas naciones. Sin duda, esta fue una vertiente importante del “hispanismo pragmático”, basado en los intercambios comerciales, que sufrió los avatares propios de la contracción económica desatada tras 19296.

El libro español, en tanto que vehículo de expresión de una lengua común a los países hispanohablantes y baluarte del pretendido liderazgo “espiritual” de España, fue articulándose como una valiosa herramienta para la diplomacia española de la época. A principios del siglo XX y, sobre todo, al estallar la Gran Guerra, los propios editores y libreros españoles fueron subrayando este valor7 y empleándolo como acicate para involucrar al Estado en la búsqueda de soluciones a los problemas que tenían para exportar publicaciones a América. Conocidas son las dificultades que entonces hostigaban a la industria editorial española: desde los elevados precios de las materias primas, el desfase técnico y la acuciante competencia extranjera hasta la propia estructura del tejido empresarial de un sector carente de apoyo gubernamental8.

Si bien diversas investigaciones ya han abordado tanto la posición comercial de España ante el mercado editorial latinoamericano en los albores del siglo XX como el papel de los editores españoles en el proceso de modernización de la industria en esas repúblicas9, la historiografía ha prestado menor atención a la trascendencia que la promoción oficial del libro español tuvo para la acción cultural que Madrid desplegó en la región durante el periodo de entreguerras. Para contribuir a paliar esta carencia, el presente artículo analiza los objetivos que esta política exterior persiguió para, en última instancia, valorar su alcance. Actualmente contamos con meritorias contribuciones sobre la proyección cultural de España en el extranjero a lo largo de la pasada centuria10 y con historias de algunas instituciones que estuvieron implicadas en esa labor11. Hasta la fecha, sin embargo, prácticamente ningún estudio examina específica y sistemáticamente la articulación de la lengua española y de la cultura impresa como instrumentos de “poder blando" de España en América Latina12. Así, nace este trabajo que, a medio camino entre la historia internacional y la del libro y la edición, busca contribuir a ensanchar los horizontes de ambos espacios historiográficos resaltando sus sinergias.

El estudio de esta temática implica necesariamente atender, en primer lugar, a las condiciones de producción y circulación de las publicaciones españolas a principios del siglo XX, así como a las problemáticas propias del mundo editorial en ese momento. Por eso, en la primera parte se examinan artículos de prensa e informes relativos al sector para analizar los condicionantes históricos que hicieron del fomento del libro español en territorio latinoamericano una cuestión de interés nacional. Después, partiendo de documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, se reconstruye la labor que la Junta de Relaciones Culturales (JRC) realizó para promover obras españolas al otro lado del Atlántico entre 1926 y 1936. Así, pretendemos demostrar que esa tarea fue parte de una estrategia diplomática más amplia que aspiraba a mejorar la posición internacional del país mediante la reafirmación de su hegemonía cultural en el mundo hispanohablante. La forma de implementar estos planes varió con el cambio de régimen en 1931, pero, como veremos, el libro continuó siendo un recurso fundamental para que España desarrollara sus relaciones con dichas repúblicas.

Gustavo Gili Roig escribía estas palabras en su informe para el Tercer Congreso Sindical de Artes Gráficas que se celebró en Madrid en 1944. Ahí, el vetusto editor volvía sobre los problemas que acuciaban a la industria española del libro y a su proyección en América Latina desde antes de la Gran Guerra. De hecho y durante ese conflicto bélico, él mismo había anticipado estos asuntos en un proyecto asociativo que presentó a la Conferencia de Editores y Amigos del Libro (Barcelona, 1917)14. Ya entonces había resaltado que el idioma de Cervantes era fundamental para que el editor español pudiera desenvolverse y afianzarse en el mercado latinoamericano: “porque la lengua y el libro son inseparables, cuestión es esta de vida o muerte para nosotros"15. Y es que, después del “Desastre del 98”, la existencia de una comunidad lingüística a ambos lados del Atlántico hizo que, además de un elemento básico de la cultura nacional, el libro fuera el "instrumento más activo de expansión, no solo económica, sino espiritual" de los que España dispuso en la primera mitad del siglo XX. A pesar de este valor estratégico, a mediados de la centuria, los editores españoles hacían balance y rememoraban el desamparo gubernamental que habían sufrido en su lucha “tenaz” por superar “toda suerte de obstáculos” en las antiguas colonias, donde sus obras habían sido frecuentemente suplantadas por ediciones hechas en otros países16.

No en vano, a la piratería editorial en el continente americano —donde el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886) no tenía efecto17— se unía, a principios del siglo XX, la asfixiante competencia extranjera, principalmente de editores franceses de libros traducidos al castellano. La publicación de traducciones en español de la producción cultural europea copó entonces tanto el mercado latinoamericano como los catálogos de las editoriales españolas con una mayor vocación americanista —entre otras— Gustavo Gili, Montaner y Simón, Espasa o Sopena18. Esta era una de las señas de identidad de los editores más dinámicos de un sector que, en España, se enfrentaba a problemas enquistados, como los elevados costes del papel o el escaso apoyo estatal. En aquella época, el editor Saturnino Calleja ya mostraba su preocupación por la desconsideración gubernamental hacia los promotores de esta industria, a los que, si bien los poderes públicos ensalzaban retóricamente como “centinelas avanzados” o “hijos heraldos del progreso” del país, “en la práctica” —apostillaba Calleja— no era “verdad tanta belleza”19. Y es que la política arancelaria que caracterizaba la economía nacional entorpeció la competitividad del libro español. Los gravámenes proteccionistas, el tamaño reducido de las tiradas y el alto precio de la peseta en el cambio internacional dificultaron la exportación de publicaciones. Por si fuera poco, las casas editoriales españolas apenas contaban con un reducido número de representantes en la región y estos no podían competir con los medios y técnicas de sus colegas franceses, los cuales dominaban el mercado americano del libro en castellano20.

Si bien los intereses económicos estuvieron detrás de la proyección editorial española hacia Hispanoamérica de principios de siglo XX, esta también se nutrió del impulso que el movimiento regeneracionista dio al surgimiento de una incipiente diplomacia científica que, entre otras cosas, aspiraba a robustecer las relaciones intelectuales de España con sus antiguas colonias21. Por eso y cada vez con más frecuencia, los editores españoles introdujeron consideraciones políticas e identitarias en sus quejas comerciales. En 1916, por ejemplo, la Asociación de la Librería de España publicaba un opúsculo del bibliófilo asturiano Antonio Graíño Martínez con el título La industria del libro en España y la codicia extranjera del libro español en los mercados de nuestra raza y lengua. Ahí criticaba las prácticas de piratería literaria y tipográfica que venían produciéndose en Francia, con la reimpresión de obras españolas para su envío a puertos latinoamericanos. Aunque estas denuncias eran entendibles, se presentaban en una retórica imperialista que convertía el mercado hispanohablante en una propiedad inalienable de los españoles:

Desde un punto de vista comercial, la defensa de estos derechos, tanto de editores como de autores, estuvo entre las motivaciones que llevaron a la creación de las primeras sociedades corporativas del sector en España, tales como el Centro de la Propiedad Intelectual de Barcelona (1900) y la Asociación de la Librería de España radicada en Madrid (1901). Estos organismos trataban de fomentar la publicación y difusión del libro español en el país, pero también en otras naciones hispanohablantes. De hecho, miembros destacados del segundo organismo, tales como Julián Martínez Reus y Ángel San Martín, presentaron en la Segunda Asamblea Nacional de Editores y Libreros (Valencia, 1911) el “Proyecto de expansión comercial del libro en las repúblicas hispanoamericanas”, cuyos efímeros frutos serían la Sociedad Editorial Hispanoamericana (1911) y el Centro de Expedición de la Librería Española (1912)23. Sin embargo, esta ambición americanista se afianzó en la mencionada Conferencia de Editores y Amigos del Libro (Barcelona, 1917), donde, según explicó el historiador Rafael Altamira, el libro español se definió como “medio de fomentar en el Nuevo Mundo los intereses espirituales de España vinculados en el habla castellana”24. Desde entonces, comercio y política exterior acercaron posiciones e intereses en lo relativo a la difusión del libro español, que no solo era un negocio editorial, sino, como Gustavo Gili argumentaba, un asunto que afectaba a España en “su prestigio e influencia en todas las naciones de lengua española”25. Esa aspiración de autoridad latía también en el corazón del proyecto inconcluso de Cámara del Libro Español, aprobado por unanimidad en el citado encuentro de la ciudad condal para, entre otras cosas, “servir de elemento de conexión entre España y América, tanto en el terreno comercial como en el terreno intelectual”26.

Todavía habría que esperar para ver hecha realidad, al menos en parte, esa vinculación entre los poderes públicos y las problemáticas de la industria. No sería hasta 1922 cuando se oficializaron tanto la Cámara del Libro de Barcelona como la de Madrid. Ambas ejercieron como cuerpos consultivos de diversas instituciones estatales como el Comité Oficial del Libro (1920) o la Oficina de Relaciones Culturales Españolas (ORCE, 1921). Este último organismo fue creado en el Ministerio de Estado “con carácter provisional y a título de ensayo” para orientar “la difusión del idioma castellano y la defensa y expansión de la cultura española en el extranjero”27. Entre sus tareas estuvo “la sistematización del comercio y difusión del libro y las publicaciones periódicas españolas en América”28. Por eso, en 1922 y a instancias de la citada Cámara barcelonesa, la ORCE envió cuestionarios a los consulados de España en las repúblicas latinoamericanas para conocer las dificultades que el libro español afrontaba en la región. Los resultados del sondeo arrojaron temas conocidos, tales como la necesidad de intensificar la propaganda y la conveniencia de rebajar los precios del papel para abaratar costes29.

Los problemas eran los mismos, pero la situación estaba cambiando. En sus Notas sobre el comercio del libro español en América en general y en la República Argentina en particular, presentadas en el Primer Congreso Nacional del Comercio Español en Ultramar (marzo-abril 1923), el librero de Buenos Aires Juan Roldán y Ocáriz reiteraba entonces los consabidos defectos por los que las publicaciones españolas no habían alcanzado la repercusión esperada: “Nuestro libro continuaba siendo el librote pesado y de transporte caro. La presentación siempre la misma con su eterna encuadernación de pasta española. Nada de novedades ni de atractivos”30. Estos inconvenientes no impidieron al propio Roldán llamar la atención sobre las ventajas que la Gran Guerra había traído para los productores españoles, que vieron como las ediciones procedentes de las naciones beligerantes europeas menguaban hasta casi extinguirse temporalmente en América Latina. Así y a pesar de la ausencia de apoyo estatal, este contexto beneficioso y el movimiento asociativo de editores y libreros dieron lugar al “renacimiento del libro español” al otro lado del Atlántico. A lo largo de la década de 1920, de hecho, España fue consolidándose como la principal nación exportadora de publicaciones a América. En 1923, ya enviaba al extranjero prácticamente el 50 % de su producción editorial, siendo —según Roldán— el primer suministrador en Argentina, y casi el exclusivo de libros en castellano, por delante de Francia o Estados Unidos. Por aquel entonces, no obstante, el abaratamiento de las obras en español —editadas tanto por casas extranjeras como por medio de ediciones clandestinas de compañías autóctonas— ya era evidente en territorio argentino. Además, la articulación de un mercado interno en expansión y el elevado precio del libro español llevaron a descensos efectivos en las importaciones, haciendo necesario atinar en la selección de lo que desde España se remitía a América, donde las obras especializadas y académicas cobraron especial interés, a pesar de que estos contenidos seguían todavía monopolizados por editoriales francesas. En este sentido, Roldán pensaba que la “influencia” del “libro científico español” había aumentado en Argentina, gracias a la labor realizada por "la Institución Cultural Española” de Buenos Aires y por las visitas de eminentes figuras como “Altamira, Posada, Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Rey Pastor, Cabrera, Pi y Suñer y Gómez Moreno”31.

En la misma línea se expresaba el librero madrileño Luis Romo, quien, en 1925 y desde las páginas del órgano de expresión de las Cámaras Oficiales del Libro, Bibliografía General Española e Hispanoamericana, defendía que el libro era “el más perfecto introductor de la actividad intelectual de un pueblo”, con cuya lectura en América y en el resto del mundo, “se conocería más a España, a la España que trabaja y que estudia”, eliminando esa “leyenda de la España de pandereta”32. Un año después, el abogado y recién designado secretario de la Cámara Oficial del Libro de Madrid, Leopoldo Calvo Sotelo publicaba un informe consagrado al estudio de las potencialidades que las repúblicas hispanoamericanas podían ofrecer a España y a su industria editorial. En este trabajo, afirmaba que el “porvenir del libro español” estaba en América y, más concretamente, en suelo argentino. Y es que, según sus datos, Argentina volvía a figurar como el mercado preferente para la producción editorial española y, por la dimensión de su demanda, como el más influyente de la región. Así quedaba claramente reflejado en las cifras de exportación de publicaciones españolas para el año 1925, que la tabla 1 muestra.

Sin embargo, Calvo Sotelo destacaba también los factores culturales que seguían haciendo de Francia una potencia de prestigio intelectual y político en América Latina, a pesar de carecer de una emigración apreciable, uno de los baluartes con los que, en cambio, sí contaban tanto Italia como España. En su estudio, tampoco descuidaba los elementos geográficos y principalmente económicos que hacían de Estados Unidos el competidor más poderoso en la región33. En definitiva, el éxito de la proyección editorial española debía atender a otros asuntos que no eran estrictamente mercantiles: era necesario comprender las dinámicas propias de modernización de los Estados latinoamericanos, así como su reinterpretación de la herencia hispana. Este era un ejercicio imprescindible en términos de promoción nacional, para poder contrarrestar la percepción americana de España como un país atrasado con ínfulas imperialistas, sobre la que difícilmente podría erigirse en “meridiano intelectual de Hispanoamérica”, tal y como atestiguaría la famosa polémica transatlántica de 192734.

Precisamente para mejorar la imagen de España en América Latina y en el resto del mundo, se había creado la citada Oficina de Relaciones Culturales Españolas en el seno del Ministerio de Estado. Américo Castro fue el ideólogo de este organismo, que, entre otras cosas, pretendía contrapesar el influjo cultural que otras potencias ejercían sobre las repúblicas hispanoamericanas35. Estas aspiraciones eran, ciertamente, muy ambiciosas para los escasos medios con los que se contaba. Hubo que esperar a que, bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), una nueva institución, la Junta de Relaciones Culturales (JRC), oficializara la proyección “espiritual” de España en América. Sin embargo, la falta de un plan orgánico de actuación y los conflictos del régimen con la clase intelectual española lastrarían el quehacer de dicha corporación, que, como veremos, alcanzó sus mayores logros tras la instauración de “una República de profesores” en 193136.

A todo ello se dedican las próximas páginas, que estudian la acción de la JRC para promocionar el libro español en América Latina. Así, se presta atención a una primera etapa (1926-1930) en la que estuvo dirigida por el duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart, quien también presidía la Unión Iberoamericana, una asociación fundada en 1885 que actuó como “portavoz de los intereses económicos y de los deseos de expansión comercial de las burguesías españolas hacia el «mercado natural» americano”37. Además, se analiza un segundo periodo (1930-1936) en el cual el director de la Real Academia Española de la Lengua y del Centro de Estudios Históricos, Ramón Menéndez Pidal, sustituyó al citado aristócrata al frente de la JRC, que, en sus inicios, tuvo vocales provenientes del Comité Oficial del Libro, como José Jorro (Conde de Altea) y Salvador de Madariaga38.

La Junta de Relaciones Culturales fue la primera infraestructura diplomática sólida con la que España contó para tratar de aumentar su influencia en el extranjero mediante recursos de poder blando como la lengua. Esta organización venía a reemplazar a la mencionada ORCE, que careció de presupuesto propio, y a complementar la actividad de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), con la que se solapó en algunos asuntos. De esta forma, se seguía la estela de otras naciones que habían empezado a preocuparse por “fomentar en los diversos órdenes de la actividad humana su vida exterior”. Ahora bien, la creación de esta institución también respondía a particularidades propias, pues surgió cuando Primo de Rivera activó el proceso para retirar al país de la Sociedad de Naciones, después de que se le negara un sillón permanente en su Consejo. Más aún, existía la percepción de que España estaba perdiendo terreno en América Latina, donde las potencias europeas y los Estados Unidos tenían cada vez mayor presencia comercial e influjo político. Para la diplomacia de la dictadura era fundamental recuperar la posición hegemónica en la zona. Por eso y ante la ausencia de un imperio material, se aspiraba a formar uno “espiritual” que estuviera basado en el liderazgo cultural de la antigua metrópoli39.

Para cumplir con este ambicioso plan, la JRC tenía varias funciones asignadas. Una de ellas era “la difusión del idioma español y, como vehículos suyos, del libro, de la revista y del periódico español en el extranjero” para contribuir a “su conservación y fijeza en los pueblos de lengua española”40. En 1927, durante una de las primeras reuniones del nuevo organismo, sus miembros acordaron las líneas básicas de actuación para acometer esta tarea. A grandes rasgos, se establecieron dos tipos de acciones: el envío de publicaciones y la edición de textos. En relación con la primera, aceptaban peticiones de colectividades de migrantes españoles, de profesores de castellano en instituciones educativas foráneas y de autores hispanohablantes que quisieran darse a conocer en otras naciones. También se estipuló la expedición de “obras de consulta sobre España”, tales como el Diccionario de la Real Academia de la Lengua o tomos de la Enciclopedia Espasa, a las delegaciones y embajadas que el país tenía repartidas por el mundo. En cuanto a la producción editorial, se pretendía auxiliar a “sociedades españolas de carácter científico o patriótico” que quisieran publicar algo de valía y, también, subvencionar la traducción de trabajos académicos que versaran sobre la cultura española y que contribuyeran a la “rectificación de errores o inexactitudes publicados acerca de ella”41.

En esta hoja de ruta, el aspecto comercial quedó supeditado a una estrategia claramente política y con tintes imperialistas. En vez de ayudar a editores españoles a exportar obras, se usaba el libro como una fuente de promoción de España en el extranjero. No obstante, la JRC adoptó una postura pasiva en estos planes, ya que, si bien se mostró abierta a recibir y valorar solicitudes que contribuyeran a sus fines, solo en contadas ocasiones, sus miembros plantearon iniciativas concretas para el envío o edición de publicaciones. En otras palabras, más que embarcarse en proyectos propios, su labor era decidir qué se subvencionaba, seleccionando las mejores propuestas entre las numerosas y variadas peticiones que recibieron.

Además, y aunque trataron de complementarla de manera indirecta, la inversión económica en estas actuaciones fue bastante escasa. Al principio, la JRC reservó anualmente una pequeña cantidad, 20.000 pesetas, para la difusión del libro español, lo cual apenas representaba un 4 % de su presupuesto total por ejercicio fiscal, 500.000 pesetas. Eso sí, también subvencionó organizaciones —la Unión Iberoamericana— y actividades —viajes de escritores— que debían contribuir en alguna medida a este mismo fin42. A esto habría que añadir la colaboración con otros departamentos gubernamentales —como el Ministerio de Instrucción Pública— para apoyar puntualmente acciones encaminadas a la promoción de obras o autores españoles en otros países. A pesar de todo y aunque carecemos de cifras exactas, resulta evidente que el gasto en la promoción del libro español en el extranjero durante la dictadura fue relativamente bajo en comparación con otras partidas presupuestarias.

Los limitados fondos, la lengua común, los nutridos grupos de expatriados españoles y la vocación imperialista del régimen llevaron a la JRC a centrarse en los países latinoamericanos. Esta predilección geográfica fue evidente en la temática de los libros publicados con ayuda de dicha institución. Y es que uno de sus principales objetivos fue contrarrestar las críticas que, desde esas repúblicas y otras naciones, se vertían contra el pasado colonial español. De ahí que trataran de editar obras históricas sobre los pueblos precolombinos y la conquista del continente. En varias ocasiones, esto se realizó a través de otros organismos. Ya en 1927, por ejemplo, se aprobó una subvención de 25.000 pesetas para que la Sociedad de Historia Hispano-Americana de Madrid continuara “publicando documentos inéditos españoles” de época colonial. Esta asociación promovía una colección que, bajo el título Biblioteca de Historia Hispano-Americana, había lanzado voluminosos estudios y compilaciones de materiales archivísticos sobre temas relativos a los pueblos americanos bajo el dominio español43. Así y gracias a esta ayuda, en 1928, el médico argentino Eliseo Cantón publicó Historia de la medicina en el río de la Plata: desde su descubrimiento hasta nuestros días 1512 a 1925 (Madrid: Biblioteca de Historia Hispano-Americana) y Juan Carlos García Santillán, Legislación sobre indios del Río de la Plata en el siglo XVI (Madrid: Biblioteca de Historia Hispano-Americana).

En alguna ocasión, la JRC tomó la iniciativa y contactó a autores para reeditar obras de historia colonial que se ajustaban a sus fines. Sin embargo, estos proyectos no siempre llegaron a buen puerto. Un ejemplo de ello se dio a la altura de 1929, cuando representantes de dicha institución establecieron conversaciones con el historiador de origen español Carlos Bosque para hacer una edición de sus trabajos sobre “historia de América y de la colonización argentina" y darle “amplia difusión” en las repúblicas hispanoamericanas. Todo parece indicar que, a pesar de la buena disposición este escritor y de las gestiones realizadas con la editorial Espasa-Calpe, la publicación nunca acabó concretándose44.

No todo fueron fracasos. La JRC alcanzó un gran éxito con la edición facsímil del Códice Tro-Cortesiano, el libro maya más antiguo y extenso que existe. Este texto se conservaba en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y, en 1930, la JRC decidió publicar una reproducción que incluía introducciones críticas en español, inglés, francés y alemán. A pesar de que la tirada inicial solo era de 300 copias, la obra fue muy bien acogida por investigadores de diferentes nacionalidades. Las crónicas de la época señalaban que una parte importante del XXIV Congreso Internacional de Arqueología e Historia de América, celebrado en Hamburgo en 1930, se dedicó a comentar esta publicación. De ahí que los congresistas acordaran enviar un telegrama de felicitación y agradecimiento al presidente de la JRC por la edición del citado códice45.

La aparición de este tipo de textos ocurrió en un momento clave de la “ofensiva hispanista” del régimen46. En mayo de 1929, se inauguraba la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que suponía el evento culmen de la “reconquista espiritual” de América Latina que la dictadura había emprendido. Huelga decir que el Gobierno español y sus instituciones, incluida la JRC, se involucraron en la organización de la muestra. Una de las acciones llevadas a cabo con motivo del encuentro internacional fue la edición del Libro de oro ibero americano, que consistía en dos voluminosos tomos en un lujoso formato publicados a modo de catálogo. Esta obra conmemorativa fue promovida por la Unión Iberoamericana, que, si bien era una asociación privada, dependía financieramente de la JRC. Así, este último organismo corrió indirectamente con los gastos de la tirada y directamente con el coste que generó el envío de ejemplares a las legaciones y consulados españoles alrededor del mundo47.

Conviene detenerse en este catálogo, ya que difundió “la imagen de España que los dirigentes de la época quisieron mostrar" en el extranjero48. En el tomo inicial de ochocientas páginas, distinguidas personalidades de la vida social y cultural españolas —del duque de Alba a Federico García Lorca— firmaron textos breves que, o bien describían alguna ciudad o región del territorio nacional —incluyendo el protectorado de Marruecos y la Guinea Española—, o bien resaltaban el avance de la ciencia, la educación, el arte, las comunicaciones o la industria de su patria. Las numerosísimas fotografías e ilustraciones que integraron el volumen ponían de manifiesto su misión propagandística. El segundo tomo era mucho menos voluminoso y, tras centrarse en describir Portugal y las repúblicas americanas, repasaba la historia y actualidad de las relaciones iberoamericanas. Como el propio Primo de Rivera dejó escrito, este libro no solo era “testimonio perdurable” del desarrollo de la España del momento, sino también de “tantos países que con sus grandezas la enaltecen, ya que los descubrió, colonizó y dio su sangre, su religión y su cultura, realizando la más grande y desprendida obra de civilización”49. Así, se trataba de destacar que España seguía liderando cultural y simbólicamente el mundo hispanohablante, mediante una publicación que cumplía los fines imperialistas de la Exposición sevillana.

Durante aquel evento, también se prestó atención a la situación comercial del libro español al otro lado del Atlántico. Este tema se abordó en el II Congreso Nacional del Comercio Español en Ultramar, celebrado en Sevilla en junio de 1929. En una de sus sesiones, varios participantes plantearon la conveniencia de que España alcanzara “tratados de propiedad intelectual con las Repúblicas hispanoamericanas” para remediar los “daños” que las editoriales españolas sufrían en algunas de ellas. Al parecer, sus publicaciones eran censuradas en naciones latinoamericanas por razones morales o de otro tipo. Según se afirmaba, con cierta exageración, en la revista madrileña Gran Vida, Puerto Rico había llegado a tildar “injustamente de pornográficos o eróticos a todos los libros españoles”. De ahí que las conclusiones del congreso solicitaran al Gobierno de Primo de Rivera que implementara medidas de promoción, tales como la organización de exposiciones del libro español, la creación de una marca de garantía o el establecimiento de envíos postales contra reembolso50.

Los problemas comerciales persistían y la dictadura mostraba poco interés en apoyar a editores y libreros españoles para mejorar su situación en América Latina. Por un lado, la JRC estaba exclusivamente centrada en la vertiente política. Por el otro, las instituciones mercantiles de España en el extranjero tenían escasos fondos económicos y bibliográficos para contribuir a la promoción, exportación y distribución. Por eso, cuando estos últimos organismos recibían auxilio estatal para difundir el libro español, sus acciones eran limitadas y respondían a fines diplomáticos. En 1929, por ejemplo, se subvencionó a la Cámara Oficial de Comercio Española en México para crear una biblioteca pública “destinada a que los estudiantes y lectores mexicanos” encontraran en ella “todo lo que el espíritu español” generara51. Además de que primaba la dimensión ideológica, estas ayudas fueron tan insuficientes y puntuales que implicaron cierto desamparo. A la altura de 1931, de hecho, la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Sao Paulo solicitó que, al menos, se enviaran catálogos de publicaciones para difundir las obras españolas en Brasil, donde existía “buen mercado” gracias al elevado número de migrantes hispanohablantes52.

Quedaba mucho por hacer en el aspecto comercial, pero también en el político porque algunos proyectos no se concretaban. Quizás, el ejemplo más claro de estas acciones inacabadas fue la anhelada Exhibición del Libro Español en Buenos Aires. Desde mediados de la década de 1920, asociaciones de migrantes españoles, editores, libreros y otros colectivos estaban promoviendo este evento, que, ante la falta de un decidido apoyo institucional, no se hacía realidad. Ya en 1928, el incipiente comité organizador planteó la idea a la JRC, solicitando 25.000 pesetas para su realización. Los miembros de este organismo no rechazaron la propuesta, pero pidieron más datos sobre “presupuestos de gastos e ingresos, cuota exigida a los expositores, extensión y constitución del Comité y fines que se persigue”53. Como veremos más adelante, esta exposición no se celebró hasta 1933.

Y es que, durante la dictadura, la labor de la JRC para internacionalizar el libro español se centró casi exclusivamente en publicar monográficos sobre historia colonial y en remitir lotes de obras al extranjero. Latinoamérica fue un destino recurrente de estos envíos, que solían responder a peticiones previas de asociaciones de migrantes españoles e instituciones de otro tipo, sin seguir ninguna planificación, ni distribución sistemática. A finales de 1930, por ejemplo, se mandó una colección de obras al Casino Español de la ciudad de Asunción, tras una solicitud aislada54.

La JRC tuvo una actividad modesta durante estos primeros años, en los que las complicaciones propias de los inicios de todo proyecto, la falta de suficientes fondos y la inestabilidad política que el régimen dictatorial experimentó no ayudaron a alcanzar grandes éxitos. A partir de 1931, esto cambió con la proclamación de la II República española, la cual no solo proporcionó un presupuesto más holgado y una estructura más profesionalizada a su diplomacia cultural, sino que también reorientó ideológicamente su política exterior. Como veremos, la acción española en América Latina dejó de perseguir una hegemonía de corte imperialista para buscar una colaboración menos jerárquica. Esta aproximación tuvo mejor acogida en los países latinoamericanos y, con limitaciones, trató de solucionar algunos de los problemas comerciales que editores y libreros españoles afrontaban en la región.

Una de las decisiones iniciales del primer Gobierno provisional de la II República (abril-octubre 1931) fue la reorganización la Junta de Relaciones Culturales para hacerla más eficiente y adaptar sus fines al nuevo régimen. A pesar de estos cambios, la “difusión del libro y el idioma españoles en el extranjero” continuó siendo una de las principales tareas del organismo. Eso sí, se definieron actuaciones concretas para ello, tales como las “exposiciones periódicas del libro español" o el “envío de obras españolas a los Centros culturales en el extranjero”55.

Durante la época republicana (1931-1936), la JRC tomó una actitud más proactiva en la promoción de publicaciones españolas en otros países. Si bien sus miembros siguieron considerando solicitudes que llegaban desde diferentes puntos del mundo, comenzaron a diseñar una estrategia que incluía iniciativas propias como la creación de una red de bibliotecas en el extranjero. Todo ello se realizó con una inversión económica mayor, ya que el presupuesto total de la corporación aumentó hasta casi el millón de pesetas anuales. Esta cierta holgura financiera permitió diversificar las actuaciones de la institución y potenciar aquellas encaminadas a fomentar la difusión del libro español. Aunque no se prestó tanta atención a la edición como en el periodo anterior, se continuó enviando lotes de obras y, como veremos, se colaboró con entidades e iniciativas que surgieron para ayudar a libreros y editores en el ámbito comercial. Latinoamérica fue una vez más el objetivo prioritario de estos planes de la JRC, que, a pesar de los vaivenes gubernamentales, trató de acomodar su acción a una visión más colaborativa de la relación de España con sus antiguas colonias.

La JRC gastó 10.000 pesetas anuales en remitir “lotes de libros españoles” a instituciones educativas y sociedades culturales que lo solicitaran y fueran de “confianza". Los peticionarios solían ser centros de enseñanza donde se impartían clases de español (la Universidad de Friburgo) y organizaciones de expatriados (la Casa de España en Bruselas). Entre 1931 y 1933, según datos de la JRC, se enviaron 2.614 volúmenes a un total de 31 países, de los cuales nueve eran latinoamericanos: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, México, Paraguay, Perú y El Salvador. Al igual que pasaba en términos generales, las solicitudes que venían del otro lado del Atlántico pertenecían a establecimientos docentes (el Colegio Americano en Río de Janeiro), socioculturales (la Sección “Cultura Femenina” de Paraguay) y de migrantes españoles (el Centro Español de Valparaíso). Alguna de estas partidas de libros tuvo una finalidad social, como la que fue destinada a la biblioteca de la cárcel de mujeres de La Habana en Cuba56. En 1934, se continuó con esta tarea, repartiendo un total de 1.281 volúmenes en 25 países, entre los que se encontraban diez latinoamericanos: Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, México, Puerto Rico, Guatemala, Colombia y Panamá. Así, entre mediados de 1931 y finales de 1934, se distribuyeron cerca de 4.000 ejemplares por distintos lugares del mundo, siendo América Latina una de las zonas que más recibió57.

A partir de 1934, estos envíos empezaron a compaginarse con el gran proyecto de la JRC para la difusión del libro: la fundación de una red de “bibliotecas españolas en Hispanoamérica”. Un año antes, habían arrancado los trabajos para llevar a cabo esta iniciativa, que aspiraba a “lograr un mayor acercamiento espiritual” entre España y “los países unidos a ella por el idioma y por la tradición histórica”. No se trataba de ofrecer novedades bibliográficas, sino de poner a disposición de intelectuales y lectores latinoamericanos “un conjunto sistemático” de obras españolas a las que pudieran acceder fácilmente. Las limitaciones presupuestarias hacían que las colecciones enviadas fueran entendidas como un “punto de arranque” de las bibliotecas, las cuales, en el futuro, tendrían que ser ampliadas por el Gobierno español o las naciones receptoras. Según el público al que iban dirigidas, estas eran de dos tipos: las de “cultura superior”, pensadas para conformar salas específicas sobre España en las bibliotecas nacionales de las repúblicas latinoamericanas, y las “populares”, que debían instalarse en instituciones españolas que ya funcionaban en la región. Las primeras eran las más importantes. Estaban formadas por más de 1.000 volúmenes cada una y fueron remitidas a Bogotá, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro, Santiago de Chile, San José de Costa Rica y, aunque no pertenecía a América, a Manila58.

Algunas de estas colecciones de “cultura superior” llegaron a su destino y conformaron salas específicas en las bibliotecas nacionales de los respectivos países. Ese fue el caso de la de Colombia. En su antigua sede, el edificio histórico de la Casa de las Aulas (hoy, Museo de Arte Colonial), se habilitó un espacio para el fondo de 1.268 volúmenes remitido desde Madrid. Además de obras de autores clásicos españoles (Cervantes, Fernando de Rojas, Lope de Vega, Santa Teresa y otros muchos), el envío recibido en Bogotá también incluyó libros de escritores contemporáneos como Unamuno y Ortega y Gasset. La selección bibliográfica iba más allá de trabajos literarios, abarcando un gran número de disciplinas académicas, desde la historia y el derecho hasta la física y la biología. También se mandaron revistas especializadas en filología, pedagogía y otras ramas del saber. Para dejar constancia imperecedera de la donación, se estampó el exlibris de la JRC en estas publicaciones, que quedaron registradas en un catálogo propio. En 1938, bajo la dirección de Daniel Samper Ortega, la Biblioteca Nacional de Colombia inauguró el edificio en el que hoy está emplazada. Los actos de celebración por el cambio de sede motivaron la organización de una exposición internacional del libro. Este evento contó con una “Sala Española” que mostraba parte del mencionado lote. En la actualidad, la Biblioteca Nacional de Colombia conserva este fondo y ha digitalizado alguno de los ejemplares59.

Sin embargo, no todas estas bibliotecas tuvieron la misma suerte. Un ejemplo fue la enviada a Lima, la cual llevó el nombre del antiguo alcalde de la ciudad, Luis Albizuri Ejalde. Este político y empresario de origen español había fallecido en 1933, dejando consignada una pequeña cantidad económica en su testamento para financiar la fundación de una biblioteca de autores españoles y de extranjeros que hubieran escrito sobre España. Tras su fallecimiento, sus familiares y los representantes diplomáticos españoles —en especial, Antonio Pinilla Rambaud— comenzaron a juntar los cerca de 7.000 volúmenes que el fondo bibliográfico iba a tener. La JRC aprovechó la iniciativa e incorporó el proyecto a su red de bibliotecas hispanoamericanas. Así, remitió un importante lote para conformar “una colección casi completa de los autores españoles más notables, clásicos y modernos”. Aunque la Biblioteca Española “Luis Albizuri” fue inaugurada oficialmente en 1935, varios datos sugieren que nunca funcionó a pleno rendimiento. De hecho, esta debía ser instalada en el edificio Hidalgo, en el centro de Lima, pero todo apunta a que nunca salió del consulado de España, donde, tras la Guerra Civil española, quedó abandonada60.

La selección de las capitales a las que se enviaron estas colecciones de “alta cultura” pareció responder al prestigio que esas urbes tenían como centros culturales. Así, el hecho de que San José de Costa Rica fuera la única ciudad centroamericana en la lista de receptores seguramente tuvo que ver con la importancia que adquirió su Biblioteca Nacional, que, a mediados de la década de 1930, era la que custodiaba un mayor número de volúmenes, tenía más lectores y disponía de más empleados de todas las instituciones análogas sitas en Centroamérica61. A su vez, la intermediación del personal diplomático fue determinante. Según la prensa local, el ministro plenipotenciario español en territorio costarricense Lluís Quer i Boule desempeñó un papel clave para que dicho envío tuviera lugar62.

Por su parte, las llamadas “bibliotecas populares” tenían un “carácter más bien literario” y estaban conformadas por 500 volúmenes aproximadamente. Al ser pensadas para centros españoles localizados en las principales ciudades de América Latina, debían instalarse en las salas de lectura que estos establecimientos tuvieran y, además, ser de acceso gratuito. A lo largo de 1934, la mayoría de ellas fueron enviadas a las Cámaras de Comercio Españolas de algunas capitales latinoamericanas: México D.F., La Habana, San Salvador, Guatemala y Caracas. Asimismo, Casas de España (La Paz y Santo Domingo), Sociedades Españolas de Beneficencia (Panamá y Asunción) e incluso salas de bibliotecas municipales (Quito) o nacionales (Montevideo) recibieron estas colecciones, que habían sido seleccionadas por un grupo de académicos españoles. A la altura de 1935, se planteó remitir un lote a Puerto Rico y, yendo más allá de la región, otros dos a lugares que, como París y Argel, acogían a muchos migrantes hispanohablantes63.

Aparte de estas acciones, la JRC colaboró con algunos proyectos que el Estado español puso en marcha para promocionar las publicaciones patrias en el mundo. Uno de los más celebrados fue la mencionada Exposición del Libro Español en Buenos Aires, que, tras varias demoras, se inauguró finalmente en julio de 1933. Como hemos visto, se habían realizado esfuerzos infructuosos para impulsar esta muestra en la década de 1920. Sin embargo, fue durante la II República cuando el Gobierno de España asumió decididamente la organización del evento. Aunque la comisión encargada de los preparativos incluía a miembros de la JRC y de otras entidades públicas y privadas, la dirección fue asumida por el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio que dirigía Marcelino Domingo. Este hecho causó algunas críticas en la prensa española, que atribuía la intervención de esta cartera ministerial al “profundo y enorme desconcierto” de la diplomacia cultural del país64. No obstante, esta preeminencia tenía que ver con la dimensión comercial asociada a la exhibición. Y es que esta se planteó como una “muestra viva y signo atrayente” de la “madurez cultural” española para, en último término, desarrollar “una considerable propaganda para la industria y comercio anejos”65.

Este dualismo entre cultura y comercio también caracterizó a otros proyectos que, con la colaboración de la JRC, se impulsaron para promover las publicaciones del país en América Latina. En abril de 1935, por ejemplo, el Gobierno republicano de Alejandro Lerroux creó el Instituto del Libro Español dentro del Ministerio de Instrucción Pública de España. El nuevo centro debía contribuir a la “expansión exterior” de obras españolas a través de delegaciones en otros países —sobre todo, en naciones hispanohablantes— y de la organización periódica de “ferias y exposiciones” en el extranjero. También tenía que ocuparse de “intensificar el mercado interior”, atendiendo tanto a la vertiente cultural como a la comercial de la actividad editorial. En el seno del Instituto había representantes de entes públicos —miembros de la JRC— y privados —editores, exportadores, etcétera. Esta fundación ponía el foco en el aspecto mercantil, que tanto habían descuidado gobernantes anteriores, pero mantenía una clara dimensión política, que, empero, respondía a la reformulación que el Gobierno español estaba realizando de su política cultural en América Latina. Esto último quedaba claro en el preámbulo del decreto que creaba el ente:

La idea seguía siendo la misma: unidad a través de la lengua. Eso sí, el espíritu que guio a este nuevo organismo y a la JRC en aquella época apostaba por la “cooperación” con los países hispanohablantes más que por la reconquista cultural que Primo de Rivera había defendido. La creación del Instituto del Libro Español representaba un cambio de rumbo, ya que aspiraba a responder a las reclamaciones comerciales de libreros y editores que la diplomacia cultural del país había desatendido. Sin duda, sus acciones no estuvieron exentas de tensiones, al invadir competencias de las Cámaras Oficiales del Libro. Y es que la tan anhelada implicación del Estado también motivó recelos por el intervencionismo estatal en la exportación de libros: un enfrentamiento que reproducía el sempiterno conflicto de intereses entre la iniciativa privada y la pública67. Así y a pesar de crear delegaciones en ciudades latinoamericanas como México D.F. y Santiago de Chile, la acción del Instituto fue limitada y, como otros proyectos, quedó truncada por la Guerra Civil española. Este conflicto bélico también paralizó a la JRC, que, aunque retomó su actividad bajo la dictadura franquista, fue drásticamente transformada de acuerdo con parámetros nacionalcatólicos y la voluntad de imperio del nuevo régimen68.

En 1925, el diplomático José Antonio de Sangróniz publicaba la versión definitiva del informe sobre la expansión cultural de España en el extranjero que había venido preparando desde que, en diciembre de 1923, se puso al frente de la ORCE. Con la cita que precede a estas líneas, apostaba por incluir el envío de obras y la formación de bibliotecas entre las acciones de la política exterior española en América. Siendo un firme defensor del “carácter superior” del libro español y de su “omnipotente influencia” como instrumento propagandístico, el marqués de Desio diferenciaba también la cantidad y la calidad de los títulos “en castellano” a remitir, en función de los fines a que estaban destinados. Así, mientras los libros de “cultura superior” debían ir a centros universitarios e institutos, las colecciones “de nuestros clásicos”, diccionarios y manuales de España podían conformar las bibliotecas circulantes de instituciones y sociedades culturales españolas en América Latina, en las que cabían también autores españoles contemporáneos, siempre “que no ofrezcan un panorama demasiado desolador o (…) pintoresco de nuestra patria”70.

Con estos postulados imbuidos de una mirada profundamente difusionista, Sangróniz establece para la acción exterior de España un modelo claro de centro-periferia en el “área cultural” de Hispanoamérica71. Sin embargo, su programa de expansión no ocultaba las problemáticas a las que el Estado debía enfrentarse entonces en materia de “política del libro español”72: por un lado, la especificidad latinoamericana y el desigual desarrollo de sus mercados internos, y, por el otro, la propia debilidad comercial y financiera de España en la región. Ambas cuestiones ya han aparecido en este artículo, donde hemos visto que, para reposicionarse en el mercado hispanoamericano, los editores y libreros españoles tuvieron que afrontar diversos problemas y una fuerte competencia, tanto legal como clandestina, durante el periodo de entreguerras. La Gran Guerra abrió una ventana de oportunidad que el sector editorial español quiso aprovechar para granjearse el apoyo estatal a su negocio. En ese contexto, el potencial que el “libro español” tenía como medio para reforzar las relaciones de España con sus antiguas colonias convirtió un asunto comercial en político.

Aunque el citado informe de Sangróniz estuvo ideado para orientar la labor de la ORCE, sirvió finalmente para sentar las bases programáticas sobre las que se erigió después la JRC, que también tuvo en la difusión de las publicaciones españolas uno de sus principales objetivos. Como ha revelado el estudio de la estrategia de propaganda editorial de la JRC durante el periodo de entreguerras, esta voluntad de promoción nacional y las medidas para implementarla se mantuvieron prácticamente inalterables a lo largo de los años, a pesar de desarrollarse bajo regímenes políticos tan distintos. Fueron los marcos de referencia y legitimación que sustentaban estas políticas los que sí cambiaron, basculando claramente entre las pretensiones de alcanzar una hegemonía cultural de corte neocolonialista durante la dictadura primorriverista y las esperanzas de la II República de que España se erigiese “en el polo alternativo de una política de cooperación pacifista e igualitaria con los países del otro lado del Atlántico frente a la dependencia norteamericana”73.

En todo caso, hablamos siempre de políticas españolas de proteccionismo de su mercado cultural y lingüístico en América Latina, que, durante el periodo analizado, atravesaron por contextos internacionales cambiantes: de una fase expansiva de la economía mundial durante la dictadura a otra de contracción del comercio exterior en un escenario internacional de depresión económica en la II República. Todos estos condicionantes deben ser tenidos en cuenta a la hora de calibrar el alcance de unas políticas estatales de propaganda editorial que, en última instancia, no trataron tanto de favorecer el negocio de los editores españoles como de mantener y reforzar la implantación de España y su cultura en las naciones hispanohablantes de América. En este sentido, aunque la JRC nunca lideró las mejoras de los aspectos comerciales de la exportación de publicaciones, sí participó, desde un punto de vista pragmático, en las actividades —la Exposición del Libro Español en Buenos Aires— e instituciones —Instituto del Libro Español— que los Gobiernos republicanos implementaron para ayudar a libreros y editores españoles a afianzar su posición en el mercado latinoamericano.

Los problemas financieros y la inestabilidad política lastraron la actividad de la JRC, haciendo que, en muchos casos, la proyección cultural de España en América Latina se debiera más a la labor de las empresas editoras españolas que al propio Estado, que no tenía mayor presencia que una incipiente red de bibliotecas confeccionadas ad hoc, partiendo, a su vez, de tipologías a priori de lectores. A pesar de ello, contar los libros, enumerar los títulos y sondear su presencia —o ausencia— en los catálogos de estas bibliotecas no carece de valor y es una tarea aún por hacer, sobre todo si con ello de lo que se trata es de evaluar el papel de las obras y la promoción de la lectura como herramientas para aumentar la influencia nacional en el tablero geopolítico internacional. Esta es una línea de investigación de gran interés, aunque relativamente poco transitada más allá de informes oficiales y de algunos trabajos académicos reseñables centrados principalmente en las actuaciones que grandes potencias —los Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia— desarrollaron en África, Asia y, en menor medida, América Latina durante la Guerra Fría74. Con este artículo hemos pretendido dar unos primeros pasos en esa dirección, tratando de entender el rol que publicaciones y bibliotecas han desempeñado como embajadores de un país, situando, para ello, a la cultura impresa en el centro de nuestro análisis. Sin embargo, a la hora de implementar un proyecto más ambicioso, debemos ser conscientes de las limitaciones de este tipo de estudios para no caer en las consabidas “pretensiones abusivas de la historia cuantitativa de los objetos culturales”75. Y es que, más allá de reflejar tan solo una parte de la producción editorial española —la oficial y autorizada, quedando aún sin calibrar el peso y el impacto comercial y “espiritual” de las ediciones fraudulentas en América Latina—, lamentablemente, por sí solas, esas listas de autores y títulos dicen poco acerca de la recepción real de estos objetos-libro y de cómo se utilizaron y leyeron —si es que llegaron a leerse— sus textos. Así, queda todavía mucho trabajo por hacer para ofrecer una historia más completa de la apropiación cultural de estos contenidos con los que España pretendió difundir “las modalidades de nuestra cultura y civilización (…) en países de cultura hispánica”76.